Alfonso González Jerez

Ralea

Hace unos días una diputada se dirigía al Parlamento de Canarias para asistir a una comisión. La diputada en cuestión jamás se ha visto envuelta en ningún escándalo ni han recaído nunca sospechas sobre su actuación política. En una esquina, como un chorro de agua que brotara limpiamente de un retrete, aparecieron los rostros desencajados de varias señoras cincuentonas. La diputada, estupefacta, advirtió que se dirigían a ella: “¡Sinvergüenza, ladrona, vividora!”.  La diputada se detuvo unos segundos, los suficientes para comprobar que había sido un error hacerlo. Con las venas del cuello hinchadas las ciudadanas – un surtido de damas mesocráticas que probablemente se había reunido para tomar un cortadito mañanero– continuaban ululando como posesas y señalándola con el dedo. La diputada apretó el paso pero los gritos continuaron un buen rato. Y las indignadas señoras, por supuesto, volvieron a indignarse: “¿Pero has visto cómo ha salido corriendo? No tienen vergüenza, no tienen vergüenza”.

Los diputados, cuando no andan por la calle, demuestra que no tienen interés por esa elástica abstracción, la vida real; cuando se trasladan moviendo las extremidades inferiores, es que no tienen vergüenza. Si usted, al leer el párrafo anterior, ha asentido en algún momento, es que forma parte de una mayoría creciente y lo entiende perfectamente. Como echar a la gente de las manifestaciones. Por fortuna ya disponemos de personal autorizado que reparte el derecho a manifestarse que, por cierto, es un derecho constitucional individual y no sometido a condiciones colectivas: soy yo quien me manifiesto como ciudadano, no como militante de un partido, una plataforma o un equipo de bolas y petancas. Pero, ¿qué interés tiene ya la Constitución, si los que tienen ahora treinta o cuarenta años no la votaron? Como puede verse los argumentos imbéciles son ilimitados y todos respaldan una mística maniquea y adolescente de quien tiene toda la razón, solo la razón y nada más que la razón. De esta manera, cuando un eurodiputado como López Aguilar, a cuya lista votaron más de 6.100.000 ciudadanos, es insultado en una manifa y debe retirarse para no ser agredido, se está consiguiendo purificar la protesta con el lúcido exorcismo del abucheo. Ah, esas manifestaciones durante el Bienio Negro, en la II República, en la que terminaban atizándose socialistas, anarquistas y comunistas. Al final llegaba la policía del Gobierno de Lerroux y aporreaba a los vencedores, a los que habían dejado claro, a patadas y puñetazos, que la protesta era suya y bien suya.

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ILP

En la mañana de ayer el jabalí Pérez Pujalte se desgañitó en la radio justificando que el PP votase en contra del debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma Antidesahucios  y avalada por más de 1.400.000 firmas. Este ríspido botarate  repetía como principal argumento que la dación en pago “dejaba a la gente en la calle y sin casa”, frente a la opción de quedarse en la calle, sin casa y pagando la hipoteca, que al parecer le parecía más caritativa. En el fondo de todos los discursos que he escuchado al PP – desde las lagrimitas de la vicepresidenta Saénz de Santamaría a las reflexiones asnales de Pujalte – siempre se encuentra ese sabor, ajeno y aun contrapuesto a cualquier concepto de justicia social: el sabor de la caridad bien entendida. Claro que la caridad bien entendida empieza, como nadie ignora, por los bancos mismos. Por la tarde llegó la sorpresa: el grupo parlamentario del PP admitía tramitar la ILP y el figurín conservador que, desde la tribuna de oradores, anunciaba la buena nueva, exhibía una jerola elefantiásica al dirigirse a la Plataforma y proclamar que el Partido Popular tenía los mismos objetivos que Ada Colau y sus compañeros y simpatizantes. No basta con ser un provocador para afirmar tal cosa: hay que ser un poquito miserable.

El cambio de actitud del PP – y antes de los socialistas- solo se debe a un motivo: la presión organizada de la sociedad civil, el activismo dinámico y comprometido de varios miles de ciudadanos en todas las comunidades autonómicas, la información que ha puesto nombres y rostros, a través de las redes sociales, a los condenados a quedarse en la calle y arruinados de por vida por una de las leyes hipotecarias más brutales de toda Europa. Al mediodía llegaba otra terrible noticia: dos jubilados, a punto de ser desahuciados, se suicidaban en Palma de Mallorca. Ya es más, mucho más que suficiente. Es probable que algunas de las afirmaciones en televisión de Colau sean desafortunadas, es posible que algunas de las estrategias informativas de otras plataformas y colectivos resulten de todo punto censurables, pero que estos ganapanes sigan apoltronados en sus escaños, mientras crece el hambre, la desesperación y la ruina entre la gente no tiene ninguna excusa democrática. Finalmente quienes están demostrando que el sistema político puede tener una oportunidad son los de la Plataforma Antidesahucios; los diputados del PP, en cambio, y el propio Gobierno de Mariano Rajoy, son los que actúan como fuerzas antisistema y colaboran activamente en su creciente deslegitimación.

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Eugenio Trías

 

Entre las últimas crónicas de empresarios trincones y papas dimisionarios ha muerto el filósofo Eugenio Trías. Murió trabajando y curioseando, como debe ser, como debería morir cualquier hombre, si todos los hombres pudieran celebrar el prodigio de estar vivos. Eugenio Trías representó una anomalía en este país, un país que, por un momento, pareció más o menos normalizado, pero que ahora esta a punto de destartalarse, y me cuesta no caer en metáforas ineptas comparando un destino colectivo con otro individual. Como Lledó, como Manuel Sacristán, el profesor Eugenio Trías creció en las aulas universitarias del franquismo duro, finales de los cincuenta y principios de los sesenta, y se largó a respirar filosofía alemana a pleno pulmón. Qué jaulas nauseabundas deberían ser esas Facultades de Filosofía patrias, todavía trufadas de excombatientes por sus cojones y curas casposos para los que la última palabra correspondía a Santo Tomás de Aquino.  Trías no se resignó a difundir críticamente a los pensadores del siglo (y a algunas luminarias menores, pero estimulantes) en los páramos culturales del franquismo. El profesor Eugenio Trías, rodeado de fragmentarismo filosófico, filosofías narrativas y apologías del pensamiento débil, tomó una decisión enloquecida: construir, en el último tercio del siglo XX, un sistema filosófico. Hay gente, con la que no consigo estar totalmente en desacuerdo, para la que construir actualmente un sistema filosófico es como diseñar un refugio en previsión de un apocalipsis zombi. Trías lo hizo con una testarudez que es un ejemplo de inteligencia, coherencia, rigor y elegancia. Quizás los sistemas filosóficos ya no sean otra cosa que palacios deshabitados – o mejor, inhabitables – que se visitan para volver con algunas emociones fuertes, algunos deslumbramientos definitivos, algunos estímulos que nos llevarán a entender lo cotidiano con una mirada ligeramente distinta. Tal vez no puedan aspirar a más, pero el sistema  especulativo de Trías nunca conseguirá menos.

Eugenio Trías intentó desecularizar la razón. Bajarla de su condición de oráculo inapelable para liberarla, precisamente, de cualquier instrumentalización filosófica, política, burocrática, ideológica. Lo hizo desde un diálogo interminable con otras tradiciones filosóficas, con la religión, la música o el cine y gracias a su lúcido entusiasmo en cualquier libro suyo hay mucho que aprender.

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La atracción del abismo

Siempre se ha desconfiado de la política. Y especialmente de la política de aspiración democrática. La desconfianza hacia la política parlamentaria es tan antigua como el parlamentarismo mismo. Como escribió hace tiempo Hannath Arendt, todos nosotros (con una excepción parcial entre los políticos profesionales) albergamos prejuicios contra la política. “Pero estos prejuicios”, apunta Arendt, “no son juicios y lo que muestran es una situación a la que hemos ido a parar en la que, políticamente, no sabemos cómo movernos”. En cierto sentido la política siempre ha tenido algo de pesadilla, porque se interfieren en ella los proyectos de convivencia en común, invariablemente motivados en aspiraciones éticas y en promesas de redención, con las trapacerías de innumerables intereses personales y colectivos. La política, sí, es una pesadilla de la que se ansia despertar: conseguir que desaparezca la siempre sospechosa gestión de las relaciones entre dominantes y dominados, entre poderosos y débiles, entre élites y contribuyentes, a través de cualquier ocurrencia utópica: un gobierno mundial, el comunismo, un mercado libre de cualquier atadura administrativa, legal o reglamentaria. La política es una suerte de maldición. Una actividad desprestigiada por su mismo origen y sus condiciones de desarrollo. Un lugar connaturalmente sucio, la política. Puede que al hacer política no conviertas tu corazón en un inodoro, pero te ensuciarás las manos a diario. En la todavía recordada obra teatral de Sartre uno de los protagonistas, Hoederer, le reprocha irónicamente al horrorizado muchacho que no quiere emporcarse en el terrorismo revolucionario: “A ti te interesa mucho la pureza, ¿no? Bueno. La pureza es el ideal del faquir y del monje. No hacer nada, permanecer inmóvil, apretar los puños, llevar guantes. Yo tengo las manos sucias, hasta los codos. Las he hundido en el excremento y en la sangre. ¿Y qué? ¿Piensas que se puede gobernar limpiamente? (…) Tú no quieres a los hombres, tú sólo amas los principios”.

La triple crisis que nos arrastra actualmente (económica, social, institucional) ha acabado por adquirir una dimensión política, es decir, se han interconectado todas las zonas podridas del espacio público en un gigantesco aquelarre en el que llamean o son ya cenizas los referentes valorativos. De significar tantas cosas (y tan aceleradamente) todo esta a punto de convertirse en insignificante. Solo los sentimientos colectivos (la indignación, la cólera, la desesperación) gozan de buena salud expresiva. Lo demás se entiende como palabrería hueca que no vale, aporta ni clarifica nada. Los sólidos indicios y pruebas de corrupción de los principales dirigentes del partido en el poder (incluyendo al presidente del Gobierno) en los años noventa, gracias a los apuntes contables de un tesorero al que se descubre una cuenta multimillonaria en un banco suizo y que blanquea parte de la misma gracias a una amnistía fiscal diseñada por el Ministerio de Hacienda, ofrece un espectáculo de hundimiento wagneriano de todo un sistema político.

Lejos de pretender ocultar la extraordinaria  gravedad de la situación, cabe sospechar que las noticias son acogidas con tal premiosidad porque queremos, deseamos, anhelamos que todo se vaya al diablo de una vez: una reacción muy propia de los estados de desesperación y miedo. Un mecanismo similar al que explica el éxito de las películas apocalípticas: el placer de contemplar una catástrofe definitiva bajo cuyos cascotes desaparezca hasta la última brizna de porquería. Una deliciosa catarsis para el desahogo del fin de los tiempos. Es una fantasía. Termine como termine la crisis política – y en primer lugar la situación del Gobierno del PP, su presidente y el resto de los dirigentes del partido – no habrá un minuto siguiente limpio de pasado, un punto y final triunfal, un amanecer irreprochablemente dichoso. Para acabar con la corrupción política no bastaría con ahorcar a media docena de banqueros, imponer varias multas millonarias y cambiar la ley electoral. Es necesaria una mínima, modesta  reflexión: el sistema político y constitucional será una porquería cargado de defectos, pringues  e hipotecas, pero gracias a la prensa, los jueces y las investigaciones policiales sabemos lo de Bárcenas, lo de los sobres en la calle Génova, lo de Ana Mato y su exmarido y lo que saldrá en los próximos días y semanas. La corrupción política (y empresarial) es un terrible y agudo problema del país, y se menciona ya la italianización de España y la tangentópolis, pero quizás deba recordarse que el caso italiano comenzó con la investigación de unas obras públicas en Milán. Gracias a los documentos de los constructores quedó demostrado que deberían pagar una cuota parte a los tres principales partidos con influencia en la ciudad y en el gobierno nacional: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PCI. Un 15%, un 10% y un 5%. Todavía no se ha visto nada similar en España.

La lucha contra la corrupción política y la imprescindible depuración de responsabilidades  es también una acción política, y lo seguiría siendo, incluso, si la situación no deriva, como demandan las voces más deliciosamente maximalistas, en un proceso constituyente y en la proclamación de la III República (la idolatrada república anterior no fue, precisamente, ni a izquierda ni a derechas, un ejemplo de higiene democrática e incorruptibilidad política, pero es inútil insistir en esto). Los propios militantes y cuadros del Partido Popular deberían ser los primeros interesados en la limpieza de su propia casa, por escasos que sean sus incentivos políticos y electorales para hacerlo: el riesgo de hundimiento y fragmentación de su organización, antes o después de los próximos comicios, no es precisamente bajo, y aumentará si los dirigentes bajo sospecha decretan cerrar filas, negarlo todo, barbotear insensateces en ruedas de prensa cerradas a preguntas.

Reclamar reformas legislativas (una ley de financiación de partidos políticos, una ley de transparencia que no sea el paripé que se arrastra actualmente por el Congreso de los Diputados, una reforma del código penal que endurezca las penas y responsabilice a los gestores de las organizaciones políticas y sindicales, un freno y marcha atrás en la planificada trituración del Consejo del Poder Judicial y de la judicatura en su conjunto) y exigir incansablemente explicaciones y responsabilidades por los casos abiertos de corrupción, incluida en su caso la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales es, contra lo que puede creerse, un programa político tremendamente pragmático y realista. Confiar en los acabóses depurativos y las auroras históricas, en cambio, deviene un esfuerzo no solo inútil, sino contraproducente, porque terminará aumentando la desafección no hacia el actual orden o desorden constitucional, sino hacia cualquier sistema político democrático. Hacia la política en general. Hacia la siempre sospechosa grandeza y servidumbre de gobernar ciudades, países o estados.

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Si no se está de acuerdo en algo, quizás sería conveniente decidir previamente qué es lo que entendemos por estar de acuerdo o no.  En una situación de emergencia política, económica y social como la que padecemos – y que en Canarias muestra rasgos catastróficos – la perpetuación de un modelo de debate público caracterizado por las posiciones excluyentes, la demonización del adversario, la sentimentalización de la política o las fulminantes terquedades ideológicas solo es útil para adornar una cacofonía interminable y perfectamente estéril. La imbecilidad consuetudinaria ha calado tan hondo que para muchos, a izquierda y derecha, estas taras patológicas son virtudes excelsas de sus respectivos discursos y motivaciones políticas. Desde cierto punto de vista, al menos puede imaginarse y exponerse argumentalmente una salida a este soleado guirigay: un modelo de debate alternativo basado en una perspectiva analítica y en el uso de las ciencias sociales.

Dos de los intelectuales del grupo Politikon (cuya web, www.politikon.es, debería ser de obligada lectura en este país de cabestros) han explicado esa alternativa en un artículo publicado recientemente en el diario El Mundo bajo el título Un debate político basado en la evidencia. Jorge San Miguel y Kilo Llaneras apuntan, más que justificadamente, que el debate político en España (sobre la vertebración institucional del Estado, la sanidad pública, las pensiones o la política de transportes: sobre cualquier cosa)  se ha planteado tradicionalmente desde enfoques “que priman la experiencia y la subjetividad del analista”, quien se expresa con frecuencia con una rotundidad “con la riqueza de datos ni con la fortaleza de argumentos que ofrecen”. “El panorama general de los medios”, sentencian San Miguel y Llaneras, “acaba dominado por un estilo de análisis impulsivo, basado en impresiones y juicios de valor, que a menudo se desplaza sin término medio de la obviedad a la pura especulación”. Los autores, por supuesto, no pretenden que el conocimiento empírico que ofrecen las ciencias sociales (teorías, modelos explicativos, correlación de datos) suplante el proceso democrático. El papel de las ciencias sociales sería “fijar las reglas para que el debate público, ayudar a distinguir los hechos objetivos de los que no lo son y, sobre todo, atribuir a cada argumento el valor que merece de acuerdo con la evidencia disponible”. Para los escépticos, Llaneras apunta que conceden a la expresión “evidencia” un significado preciso: sería sinónimo de prueba, conocimiento objetivo o hecho empírico que soporta una afirmación.

San Miguel y Llaneras se declaran “relativamente optimistas” porque creen que en el futuro este modelo de debate se abrirá camino en España. Respecto a Canarias resulta imposible mostrarse siquiera “relativamente” confiado en el porvenir. Y no solo por la calidad de nuestras élites políticas (perfectamente homologables a la del resto del Estado) sino por la debilidad de las ciencias sociales en el espacio público canario y la deficiente articulación y madurez de la sociedad civil del Archipiélago. Es imposible averigüar dónde están metidos nuestros economistas, sociólogos, polítólogos, juristas o psicólogos sociales. Quizás han alquilado entre todos un apartamento para enhebrar sus tesis doctorales y han perdido la llave de la puerta. Tal vez trabajen de tarotistas en los programas televisivos de madrugada. Misterio.

Sería muy interesante abordar, con datos objetivos y conocimiento empírico, y desde una perspectiva impecablemente analítica, varios de los mantras embrutecedores que emiten dirigentes y organizaciones políticas en Canarias. Por poner simplemente cuatro logomaquias infectas a modo de ejemplo:

1. La superpoblación que han sufrido las islas en los últimos quince años es la responsable de los altísimos niveles de desempleo y la creciente exclusión social que atraviesa el país. Es una falsedad estupenda porque, para detectarla, es imprescindible comprometerse con cierta posición contraintuitiva.

2. Únicamente bajando los impuestos y tasas, suprimiendo los controles públicos y dejando una vía expedita a la inversión privada local y foránea podrá crearse una riqueza que beneficiará a todos. Esta clamorosa chorrada también es un atrapamoscas muy bueno. En los últimos años se la embadurna con una gruesa capa de pintura antipolítico (los políticos, el mamoneo, el chiringuito, ya saben ustedes) y queda más apetecible todavía, aunque sea un discurso un tanto incoherente en una región en la que gracias a la RIC se ha posibilitado una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de hasta un 90% del beneficio no distribuido y donde los alcaldes de los municipios turísticos han repartido (a veces con la correspondiente comisión) licencias de construcción de hoteles de muy dudosa legalidad a porrillo.

3. Gracias a la independencia política, y una vez constituidos como Estado con su bandera, su himno y su canesú, seríamos más libres, seríamos más ricos, seríamos más dignos y seríamos más altos, por no nombrar la mejoría instantánea de nuestros músculos abdominales.  Bueno. Lo que usted diga.

4. Canarias es en realidad una dictadura bananera donde las libertades políticas son una farsa, una oligarquía furiosa de docena y medias de familia somete a la indigencia y al analfabetismo a la inmensa mayoría y una oprobiosa ley electoral impide el triunfo de la Verdadera Izquierda y contribuye al mantenimiento de un régimen putrefacto. Sinceramente también es imprescindible un fuerte compromiso contraintuitivo para no suscribir este cúmulo de (digamos) inexactitudes que tanto disfrute moral proporciona a sus jaleadores.

Podríamos empezar por la contradicción de estas cuatro verdades reveladas, sometiéndolas a la exigencia crítica de la evidencia fáctica y el conocimiento social disponible en cada caso, y luego seguir esta controversia asfixiante que es Canarias y conseguir, algún día, que soportar este país no sea un patético acto de fé ambulante entre el paro, el mito lacrimógeno y los carnavales.

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