Alfonso González Jerez

I Año Triunfal

Encontramos al presidente  Mariano Rajoy realizando su habitual y gimnástico paseo de 45 minutos diarios por los jardines de La Moncloa, con unos cascabeles sujetos a los tobillos y dos guardias de las SS que lucían un escote corazón trotando tras él. Finalmnte el presidente tomó asiento a espaldas de un seto y respondió a todas las preguntas con una amplia sonrisa.

–Buenos días, señor presidente. Le agradecemos la concesión de esta entrevista.

–Hombre de Dios, si yo estoy encantado. Lo que más me gusta del mundo es hablar con la buena gente de España. ¿Usted es buena gente de España, no?

— No lo sé. ¿Cómo es la buena gente de España?

–Es la gente con sentido común que quiere progresar y mantener la familia unida, la gente orgullosa de pertenecer a esta gran y milenaria nación, aunque esté cansada de que siempre gane el Barça y, sobre todo, la gente que sabe que todo esto es culpa de Zapatero…

–Bueno, llevan ustedes ya un año en el Gobierno…

–Pero usted no sabe como encontré esto. Es que daba pavor, hombre. Que mandaba a pedir un café en La Moncloa y no había porque el del colmado de al lado no nos fiaba.

–Usted afirmó que no se escudaría en el argumento de la herencia recibida…

–Y no me he escudado, porque no nos han dejado ninguna herencia, sino deudas por todas partes…

— Pero con usted ha subido el desempleo…

— Ya veo por donde va usted. No entiende que hay que darle tiempo a las reformas para que funcionen. Además, esos empleos eran ficticios…

–¿Cómo qué ficticios?

–Verá usted, y se lo digo porque me gustan las cosas claras, eran ficticios porque no se podían mantener. Y lo que no es razonable es tener una economía ficticia, totalmente ficticia, donde la gente tenía empleos ficticios y pagaba ficticiamente la hipoteca y el colegio de los niños, que, por tanto, estaban siendo ficticiamente educados… Es la hora de la realidad y no de las carísimas ficciones socialistas…

— ¿Cómo la sanidad pública?

–Estamos embarcados en una cruzada para salvar la sanidad pública. Salvarla, sobre todo, de sus usuarios. La iban a quebrar.

–¿Su Gobierno pedirá el rescate a la Unión Europea?

–Tengo que ser claro: se pedirá el rescate cuando se decida, si finalmente ocurre así, y ni antes, ni después. ¿Alguna otra pregunta o me puedo fumar un puro?

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EAC

Los profesores de la Escuela de Actores de Canarias decidieron ayer suspender toda actividad lectiva en el centro, una medida que se suma al encierro que numerosos alumnos comenzaron hace días. La Consejería de Educación del Gobierno autonómico adeuda al Centro Superior de Arte Dramático más de 300.000 euros del presupuesto de 2012 y desde hace varios meses ni el profesorado ni el personal de administración y servicios cobran un euro. El mutismo de José Miguel Pérez y su equipo ha sido perfecto porque el consejero de Educación – lo ha demostrado desde que asumió el cargo – vive instalado en una superstición: si se está calladito conseguirá que la gente no sepa quien es el responsable de la gestión de la educación pública en Canarias. Puede que, incluso, se olviden de su existencia mientras él sigue deambulando como un zombi herbívoro – los zombis socioliberales son herbívoros — entre su despacho y su pijama y su vacinilla.  Mientras viene y va sigilosamente, con una corbata raída para connotar su progresismo intachable, se hunden los comedores escolares, se suspenden servicios de acogida, se preparan nuevos cierres de escuelas rurales y las universidades se asfixian financieramente.

La incorporación de la Escuela de Actores de Canarias, cuyas primeras actividades regulares arrancaron en los años setenta, a las enseñanzas universitarias, su reconocimiento como centro superior en 1996, constituyó una recompensa a la labor tesonera y paciente de un equipo de actores y técnicos teatrales y enmendó una carencia histórica. Han bastado menos de veinte años, sin embargo, para que de nuevo se considere a la Escuela de Actores un lujo que la sociedad canaria en general y la comunidad universitaria en particular no puede permitirse, y así se ha dictado su sentencia de muerte cobardemente: por un lado ni una explicación racional y por el otro un recorte del 50% de su presupuesto para el próximo año, un porcentaje muy superior al de cualquier otro centro, escuela o facultad universitaria del Archipiélago. Lanzar un puñal y esconder la mano. Tapiar una ventana al futuro sin haber tocado siquiera la puerta. En un breve poema Bertold Brecht dice “Conozco muchos que andan por ahí con la lista/de lo que necesitan./Aquel a quien la lista es presentada dice: es mucho./ Más aquel que la ha escrito dice: esto es lo mínimo./Pero hay quien orgullosamente muestra/su breve lista”. Profesores y alumnos, unidos, solo reivindican su derecho a aprender. Esa es su lista. Su breve y hermosa lista.

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Reforma constitucional

Sería una agradable sorpresa que una mañana, antes o después de desayunar, un presidente nacionalista (canario) improvisara algo diferente sobre ese gran y trascendental asunto, digno de una edición completa de Sálvame: la reforma de la Constitución. No sé, que se pronuncien sobre si república o monarquía, la estructura político-administrativa del Estado, la supresión del Senado o el reforzamiento o aniquilación de los deberes y derechos de los ciudadanos. Pero tendremos que esperar. Ayer, en los fastos celebrados en el Senado por el primer centenario de los cabildos insulares, el presidente Paulino Rivero repitió de nuevo, agónicamente, el discurso de sus predecesores: es necesario reformar la Constitución para que “plasme mejor” la singularidad de Canarias a fin de conseguir un “mayor encaje” en el Estado español. Esto quiere decir, más o menos, que se piden más perras, y en todo caso las florituras técnicas pues ya se verían en su momento. A continuación los presidentes de los cabildos emitieron emocionadas y carrasposas obviedades, entre las que destacan las palabras de un conspicuo constitucionalista como Alpidio Armas, que encuentra impensable a Canarias sin los cabildos. También es cierto que para el señor Armas es impensable prácticamente cualquier cosa.

La reforma de la Constitución ha pasado de ser un asunto puntual y melindroso a convertirse, por primera vez desde 1979, es centro de un debate de cierta intensidad, como fruto de la catástrofe económica y social que padece el país. Desde la izquierda (y no hablo del PSOE, porque los dirigentes socialistas están encapsulados en una parálisis letal) se entiende que la Constitución en vigor corresponde a un régimen político, el pactado durante el posfranquismo, que evidencia una descomposición apabullante. Correspondería, por tanto, abrir un proceso constituyente y superar instituciones, mecanismos y disposiciones que ya no garantizan siquiera la vigencia de los principios básicos de una democracia parlamentaria.  Yo no estoy tan seguro de que impulsar un proceso constituyente para usarlo como una trinchera política desde la que disparar al desorden del capitalismo financiero y globalizado sea la estrategia más viable y más inteligente. Más bien creo que esta meta, todo lo generosa e indignada que se quiera, es una promesa de derrota y que solo se logrará un amplio consenso social (y en última instancia político y electoral) apostando por una estrategia reformista.

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Esta democracia no aguanta tres años más

La imagen perfecta que simboliza este precipicio en el que caemos incesantemente es ese concurso convocado por comerciantes de Santa Cruz de La Palma y patrocinado por el Cabildo Insular, en el que el premio es un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo indefinido, si bien esta última expresión resulta un poco confusa: gracias a la reforma laboral del Gobierno del PP los contratos indefinidos son tan indefinidos…Ya en los Manuscritos de economía y filosofía explicó Marx que el trabajo no era otra cosa, para el régimen del capitalismo industrial, que una mercancía que vendía el obrero: su fuerza de trabajo. Los comerciantes de Santa Cruz de La Palma son, por lo tanto, marxistas, profundamente marxistas, como marxista debe ser la presidenta Guadalupe González Taño, a medio camino entre un marquesote y una Rosa Luxemburgo. El regreso del trabajo como mercancía (exactamente igual que una nevera, un televisor o un jamón de bellota) es un ligero pero valioso síntoma epocal, una modesta clave de la degeneración de la cultura democrática y la consciencia cívica del país, cuya salud, si somos sinceros, no ha sido muy robusta nunca.

En apenas un año de Gobierno – ahora a punto de cumplirse – Mariano Rajoy y su equipo ministerial se las han arreglado estupendamente para destartalar la cultura democrática del país y las condiciones políticas, institucionales, jurídicas y económicas de las que se nutre y por las que puede testarse la salud de los derechos y libertades de un sistema político. No ha sido necesario colocar en el poder Ejecutivo a un falso tecnócrata a la italiana: el líder del PP esta dispuesto a cumplir escrupulosamente los compromisos económicos y fiscales con la Unión Europea. Por supuesto, el ajuste fiscal está destinado al fracaso. Ni este año ni el próximo conseguirá el Estado español los objetivos porcentuales de déficit público por una razón básica: porque es imposible. No puede someterse a una economía a semejante esfuerzo fiscal sin agudizar todavía más la crisis económica: los efectos contractivos  del ajuste se proyectan inmediatamente en la caída de la demanda interna, lo que lleva a la paralización de la actividad económica. En España más de un 90% del ajuste fiscal descansa en recortes de gasto e inversión. El aumento de ingresos, a través de una actitud más diligente de los inspectores de Hacienda y de cambios normativos que afecten a grandes patrimonios y empresas, ha quedado cuidadosamente descartado. Un ajuste vía ingresos castiga a los perceptores de rentas y a los consumidores, mientras que un ajuste como el diseñado y ejecutado – con un trazo técnico a menudo chapucero –por el Partido Popular penaliza a los empleados y a los beneficiarios de las prestaciones y servicios ofrecidos por el Estado. La llamada consolidación fiscal, con el objetivo último de una sempiterna estabilidad presupuestaria,  tiene, por lo tanto, una dimensión distributiva que masacra a las rentas del trabajo y se ceba con la mayoría social. Y esta masacre no tiene horizonte para finalizar. Cinco millones de desempleados (casi 300.000 en Canarias) lo certifican.  Tanto el FMI como el Banco Mundial no prevén un crecimiento del PIB español por encima del 2% (justo el suficiente para comentar a generar empleo neto) hasta el año 2018. ¿Puede soportar un país cifras de cinco o seis millones de parados durante otros cinco años? ¿Qué ocurrirá cuando más de la mitad de los desempleados – quizás tres millones de personas a principios de 2014 — carezcan de cualquier subsidio?

Mientras se recorta una y otra vez el gasto y se penaliza la inversión desde el Estado se obvia cualquier reflexión sobre el modelo de crecimiento económico sobre el que deberían proyectar las potencialidades del país para comenzar a crecer, pagar deudas, arrojar beneficios y crear empleo. Solo se escuchan loas disparatadas sobre el excelente comportamiento de las exportaciones españolas, como si las ventas de naranjas, aceite de oliva y fregonas pudieran sostener la economía de un país que ha visto abandonada su industria tradicional en los años ochenta y noventa y no ha podido incardinarse en la economía de la información y el conocimiento: el espacio dificultosamente recorrido en los últimos veinte años (con resultados notables en biotecnología, por ejemplo) ha sido devastado por la acelerada supresión de la muy modesta inversión en investigación y desarrollo, el raquitismo sobrevenido de los centros universitarios y científicos, la extirpación de las becas de investigación. Es repulsivo que se siga difundiendo la expectativa de un regreso colectivo a la situación socioeconómica de 2006. Este viaje no tiene regreso. No hay casilla de partida a la que retroceder. Esto no es una crisis económica intensa pero coyuntural, sino una mutación política, económica y social que pauperizará, segmentará y adelgazará a las clases medias y creará un nuevo y amplio lumpenproletariado entre los trabajadores más humildes. Y que como colofón gestará una democracia jibarizada y minimalista que flotará como nata agria sobre un tejido social que no facilitará, sino que dificultará estructuralmente la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

La democracia no es únicamente un mercado electoral y un conjunto de derechos como el de expresión, reunión y asociación. La democracia es, precisamente, un régimen proactivo a favor de la igualdad de oportunidades, y su principal instrumento para alcanzar este objetivo ha sido el Estado de Bienestar.  Uno de los grandes pensadores políticos actuales, Adam Przeworski, ha establecido tres condiciones que se han de cumplir para que pueda admitirse la ciudadanía  sea efectiva en un Estado democrático: 1) Los gobiernos y sus funcionarios deben estar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, 2) la efectiva regulación del Estado en las relaciones privadas que garantice la neutralización de los conflictos, y 3) el ejercicio real de los derechos de los ciudadanos debe de contar con el requisito previo de la existencia de condiciones económicas y sociales mínimas. En España, y en otros países europeos como Italia, Portugal o Grecia, los dos últimos requisitos de esta definición de ciudadanía democrática están, al menos, en cuarentena.

La exigencia de la destrucción del Estado de Bienestar – no de su reforma — puede proceder de las políticas financieras y económicas decididas en Bruselas, pero en su concreto modelo de desmantelamiento interviene la agenda conservadora del PP: es una ocasión espléndida para la privatización de la sanidad pública, por ejemplo, por el jugoso negocio que promete. La transformación de las políticas sociales en un asistencialismo minúsculo con más relación con la caridad que con los derechos ciudadanos también conspira activamente contra la democracia y su cultura política. Y simultáneamente a la voladura controlada pero imparable de los tres pilares del Estado de Bienestar (educación, sanidad y dependencia) el Gobierno de Mariano Rajoy ha quebrantado la tutela judicial efectiva convirtiendo la justicia en un supermercado donde solo podrán comprar el derecho a litigar o a defenderse los que puedan pagárselo, introduciendo al efecto unas tasas abusivas y miserables. Los principios democráticos se diluyen en una estrategia de hechos consumados y son sustituidos por las virtudes teologales: en el poder político que sabe lo que hace y me conviene, esperanza en que un día las cosas mejoren y caridad para los que caen a millares diariamente en la pobreza y la exclusión social. El concepto de ciudadanía se evapora: la participación en la actividad política consiste en refrendar lo único que puede hacerse y los derechos cívicos (a la salud, a la educación, a una jubilación digna) son crecientemente mercantilizados.

Para todo esto ha bastado un año. Solamente un año. Sinceramente, no creo que la democracia pueda sobrevivir tres años más bajo semejante ritmo de reformas.

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Al infierno

Una de las consignas más canallas que repiten el Gobierno de Mariano Rajoy y sus palmeros es que, superada la crisis económica, como un tuberculoso superaba a base de sopitas y aire tibio su padecimiento en los balnearios decimonónicos, brotarán de nuevo la leche y la miel y volveremos a los buenos tiempos de principios de siglo. Esta miserable engañifa, con sus menesterosas metáforas de luces al final del túnel y brotes verdes en un horizonte hortofrutícola prometedor, está empapada en cinismo y villanía. Ni se vislumbra ningún modelo de crecimiento fenecidas la construcción y la especulación inmobiliara y desinflada la burbuja financiera ni la desarticulación de los sistemas públicos de sanidad y educación –  por no hablar de la destrucción del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva – son reversibles como un calcetín en un futuro inmediato. Se está impulsando una acelerada mutación política y social del país por imposición de la política económica y fiscal europea decretada por Bruselas, es decir, por Alemania, y en el interim el Gobierno conservador introduce una parte sustancial de su agenda: privatización de servicios públicos, domesticación de los funcionarios, aumento del control sobre la administración de justicia, reforma educativa a favor de los centros concertados y religiosos, introducción del copago en múltiples esferas…

Cuando se advierte el coste electoral de esta operación para el Partido Popular sus dirigentes se suelen encoger de hombros, porque, según todas las encuestas, peores expectativas electorales sufre el PSOE en la oposición. En dos o tres años la situación puede derivar en una mayoría relativa del PP – en eso confían – con el resto del Congreso de los Diputados dividido en una decena de opciones políticas de izquierda, nacionalistas y regionalistas…Un caladero donde no es imposible, sino más bien todo lo contrario, encontrar aliados y compinches para bunkerizarse en el poder.

Si quieren asomarse al futuro real de España no se pierdan el informe Crisis, desigualdad y pobreza que ayer hizo público Intermón Oxfam, un documento estremecedor redactado en colaboración con Médicos del Mundo, Cáritas y UNICEF: la austeridad unidireccional llevará, en apenas diez años, a una sociedad dualizada con un 20% de la población en pobreza y exclusión social. Diez años apenas. Diez años camino del infierno.

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