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Juan José Delgado

Juan José Delgado fue mi primer jefe, si vale la exageración Todavía ignoro lo que me llevó a aparecer por La Gaceta de Canarias la víspera de tirar el primer número. Delgado estaba ahí, embutido en una rebequita, los ojos oscuros de sultana tímida mirando una pantalla en blanco mientras empezaba a extendérsele una alopecia testaruda pero casi invisible, como él mismo.  Alguien – un pibito joven pero increíblemente desenvuelto que se llamaba Víctor Álamo – nos presentó. Delgado sonrió con escaso entusiasmo, me tendió la mano y me saludo:
– ¿Qué tal, señor?
Era su estilo habitual. Un fisco de ironía, pero con respeto. O un fisco de respeto, pero con ironía. Juan José Delgado parecía (y sin duda era) un hombre ahormado en el respeto a los demás. Le repugnaba hasta lo fisiológico el chismorreo maldicente. Cumplía invariablemente las normas de la urbanidad. Pero siempre podía detectarse  en él una actitud ambigüa entre el reproche y el elogio, entre el entusiasmo y la desconfianza, entre la calidez y la indiferencia. A menudo Juan José estaba ahí y no estaba. Incluso en plena conversación,  mientras analizaba inteligentemente una novela, por ejemplo, Delgado desaparecía y dejaba su inteligencia hermenéutica flotando en el aire, como un polen. Entonces descubrías que se marchaba o que ya se había marchado:
–Hasta luego, señor.
Juan José Delgado estuvo en La Gaceta diez meses como jefe de Cultura pero, sinceramente, creo que el periodismo le interesaba muy poco. Había aceptado ese disparate para poder crear y dirigir un espléndido suplemento cultural, que se llamó inicialmente Gaceta de las Artes o algo por el estilo, y que fue la mejor publicación en su género en Canarias (años después el periódico se demostró capaz de prohijar otro suplemento igual de contundente, nutricio y brillante, conducido por Daniel Duque). Delgado era el hombre perfecto para impulsar y coordinar revistas, editoriales o entidades culturales como el Ateneo lagunero: tenía una curiosidad vigilante, tenía seductor talento formativo, tenía una intensa y tranquila capacidad de trabajo y tenía, sobre todo, la inusual facultad de no molestar a nadie por acumular tantas y tan discretas virtudes. Nunca supe si la literatura –el ejercicio ininterrumpido de la literatura desde una solitaria adolescencia –le servía de precipicio o de máscara. Tuvo de poeta la gracia que no quiso darle el cielo y de narrador las ganas, demasiado bien satisfechas, de entender, pero no de sorprender y, menos aún, de divertir. Pero fue un excelente ensayista y crítico literario, la actividad escritural que mejor se correspondía con su calidad de caballero honesto, congruente, lúcido, valeroso e inexistente. Yo lo apreciaba, lo apreciaba mucho, y no hay alumno suyo que no lo respete cabalmente  y a menudo lo admire, a la vera de la llama de su amor por los libros y los versos. Lo he recordado, corrigiendo y ajustando texts de otros en la pantalla luminosa de las mediasnoches de la redacción, mesándose la barba corta y entrecana, y he abierto una puerta, esa puerta cada vez más chirriante y dolorosa, para despedirme finalmente:
– Buenas noches, señor.

 

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Notas sobre la situación política en Venezuela

1. La legítima protesta estudiantil es reprimida por el Gobierno y manipulada por un sector de la oposición. ¿Qué ocurrió en la plaza de Venezuela el 12 de febrero? En primer lugar un éxito sin precedente de la convocatoria de los colectivos estudiantiles. La espita del descontento no se ha abierto por el desabastecimiento crónico o la inflación desbocada.  El detonante ha sido la inseguridad pública y la criminalidad desatada en Caracas y en otras grandes ciudades del país: entre 60.000 muertes (según las autoridades) y 90.000 (según fuentes extraoficiales) en la última década, sin contar con robos, asaltos, secuestros y agresiones callejeras. La multitudinaria manifestación dejó al Gobierno estupefacto. Y no solo por las decenas de miles de manifestantes, sino por la expresión terminante de sus propuestas. Simplemente, Maduro debería dimitir y largarse. He leído que resulta muy sospechoso que los estudiantes de la plaza de Venezuela (como los que les precedieron en las marchas de Mérida o Táchira) no reivindicasen solicitudes económicas o sociales concretas, sino que exigieran el fin del chavismo. Es una crítica trufada de cinismo. La violencia verbal que ha empleado el Gobierno y los dirigentes del PSUV en los últimos años, no se diga en los últimos meses, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, ha sido extraordinaria. Han calificado a la oposición de antipatriotas, espías, agentes de la CIA, criminales, golpistas, miserables, canallas, gusanos, terroristas, una y otra vez, pero, al parecer, pedir explícitamente la dimisión de Nicolás Maduro es una grosería intolerable. La concentración de la plaza de Venezuela ya había acabado, estaba prácticamente disuelta, cuando comenzaron a actuar grupúsculos que parecían bien coordinados y entre los que abundaban encapuchados dotados de armas de fuego, que levantaron barricadas y comenzaron a disparar, consiguiendo incluso quemar furgonetas de la policía política, el Sebin. Pronto estalló una balasera infernal en la que decenas de personas resultaron heridas y se produjeron tres muertos: un joven chavista y dos jóvenes opositores. Resulta perfectamente verosímil que en esta ocasión, como en otras, el sector más derechista de la oposición al chavismo haya infiltrado a agentes provocadores. Porque si el chavismo está acorralado por el estrepitoso fracaso de su gestión económica, pretextando una guerra económica para enmascarar el resultado inevitable de su asombrosa estupidez gestora, su obcecación ideológica y su imperioso deseo de supervivencia, la unidad de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, ha empezado a desquebrajarse, y lo ha hecho por la facción más conservadora, más furibundamente anticomunista, que considera a Henrique Capriles un blando, cuando no un traidor, al reconocer la estrecha pero incontestable victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado año, y apostar por la vía institucional y electoral. Esa facción derechista, en cambio, sueña con una vía insurreccional disparatada y abocada a un sangriento fracaso.  Tampoco cabe descartar –más bien lo contrario — que el Gobierno haga lo propio e infiltre en las manifestaciones a sus propios provocadores.   Quizás la destitución del director del Sebin,  el general Manuel Bernal, por instrucción de Maduro, no solo tenga que ver con el incumplimiento de la orden de acuartelar a los funcionarios de la  policía política el pasado día 12.  Tal vez los agentes del Sebin hicieron algo más  que desobedecer una directiva presidencial. En Venezuela existen y actúan impunemente bandas paramilitares — generalmente motoristas — cuya principal misión es amedrentar, amenazar y, cada vez con mayor frecuencia, agredir impunemente a los que se atreven a mostrar su disidencia en las calles y plazas del país.

2. No es tolerable ni verosímil la simetría valorativa. Por ejemplo, y solo es un ejemplo, en la desinformación propagada desde ambos bandos. Al parecer es imprescindible insistir en una obviedad: el Gobierno de Nicolás Maduro tiene a su disposición todos los resortes del poder (ejecutivo, legislativo, judicial, militar, policial) mientras la oposición en general, y los colectivos estudiantiles en particular, deben acudir a sus propios y rudimentarios medios. Es innegable que desde Venezuela se han difundido, por opositores al Gobierno chavista, información tergiversada, infundios ridículos y fotografías estúpidamente manipuladas. Pero por encima de este material fraudulento y deleznable está un Gobierno con amplísimas facultades que ha intentado, con todos los medios políticos y técnicos a su alcance, suprimir la libertad informativa sobre las protestas callejeras dentro y fuera del país. En realidad el régimen chavista ha llevado a cabo un progresivo estrangulamiento jurídico y económico de los medios de comunicación convencionales en Venezuela, que tiene uno de sus últimos capítulos en la agonía de los periódicos nacionales. Como el Gobierno ha establecido un control cambiario absoluto es el Gobierno quien autoriza la compra de dólares, y los periódicos necesitan  papel que solo puede comprarse en el exterior.

3. Ni hay peligro de golpe de Estado ni el Gobierno está dispuesto a abandonar o consensuar nada que cuestione la perpetuidad del régimen. Solo la ingenuidad política puede hacer creer a los estudiantes venezolanos contrarios al régimen chavista que manifestándose a diario caerá el Gobierno, no se diga el sistema político en su conjunto. De la misma manera, solo una fantasía ideológica –cebada por una propaganda a ratos hilarante — puede sostener que lo que está en marcha en Venezuela es un golpe de Estado contra un Ejecutivo que tiene en sus manos a las fuerzas armadas, los cuerpos policiales, las finanza petroleras y casi todas las administraciones públicas.  Nicolás  Maduro no es Salvador Allende.  El chavismo ha arruinado a Venezuela y ha montado un régimen basado en la estatalización de la economía y en un gigantesco sistema clientelar gracias al control de la renta petrolera. La corrupción ha alcanzado niveles inimaginables incluso en la época de Carlos Andrés Pérez y toda la estrategia de desarrollo del socialismo del siglo XXI ha fracasado palmariamente: el país es más dependiente del exterior y del petróleo y el gas que en toda su historia. Pero el chavismo todavía dispone de un muy amplio –aunque mengüante — apoyo popular. Son todos aquellos millones de venezolanos que ni viven sustancialmente peor que en 1999 — salvo por la delincuencia callejera –  ni escrutan en la oposición política un programa ni un proyecto alternativo nacional verosímil. “Sí, puede que Maduro sea un huevón, y el otro día escapé de vaina de unos malandros ahí mismo, en la esquina, pero, si vienen otros, seguro que me van a quitar todas las ayudicas, hermano”.

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José Miguel Bravo de Laguna: “Lo que le ocurre a Asier Antona es que se ha dejado la barba demasiado pronto”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, nos recibe en su despacho, en el que ha sustituido su mesa por un modesto spa de metacrilato. El señor Bravo de Laguna lleva un gorro de ducha con los colores azul y amarillo y a su alrededor flotan sobre el agua varios juguetes, entre ellos un patito Lucas, con el que charla animadamente. Nada más entrar, y como un auténtico liberal, nos invita a participar en el spa, “pero deje los pantalones bien doblados en esa silla, si es tan amable, que a mí el desorden me pone nervioso”.
–¿Qué tal? ¿Está cómodo o no? – nos pregunta alborozado el presidente.
– Rasguña un poco. ¿A qué viene esto del spa?
–Es para visibilizar metafóricamente una reclamación bien fundada: Gran Canaria debe tener su propia política turística. El spa este lo hemos hecho en dos horas aquí mismo, en el Cabildo, con el asesoramiento de un ferretero amigo de don Fernando Fraile. Mire, esa insistencia en hoteles de cinco estrellas no tiene ningún sentido. Un hotel de cuatro estrellas puede presentar una oferta capaz de satisfacer al cliente más exigente. ¿Quiere un spa? Pues en un par de horas lo tiene.
–¿No le parecen curiosa las críticas de la patronal grancanaria? Podrían haber optado por construir hoteles de cuatro y cinco estrellas en los años noventa, pero no lo hicieron…
–Yo soy un defensor del libre mercado y ni entonces se les debía obligarles a hacerlo ni ahora se les debe prohibir, hombre, que tenemos un 33% de desempleo…Haga el favor de poner más espumita…Así…
–Es curioso. El nivel de desempleo en Tenerife es muy similar, con sus hoteles de cinco estrellas y todo…
–Pues que construyan más hoteles de cinco estrellas en Tenerife…A mí no importa, eh…
–Lo que le pregunto es que si prolongar como panacea el binomio construcción-turismo es la única fórmula para la recuperación económica.
– Es usted un utopista y yo soy un hombre práctico. Más me vale si quiero ser reelegido.
–El secretario general del PP, Asier Antona, le ha criticado por utilizar el pleitismo como argumento político…
–No, no, para nada, Antona lo que ha hecho es criticar el pleitismo y yo comparto esa crítica. Lo que pasa con todos estos jóvenes como Asier Antona y Carlos Alonso es que se han dejado la barba demasiado pronto. No tienen diez minutos para reflexionar todos los días frente al espejo del baño. El bigote, en cambio, es una señal de madurez.
– ¿Quiere decir que usted no es pleitista porque lleva bigote?
– Más o menos.
–¿Se presentará usted a la reelección en las elecciones de 2015?
–Bueno, todavía falta mucho tiempo.
–Mucho no. Estamos en 2014.
–No me diga. En 2014 ya. Como dijo Ortega y Gasset, uno pierde el sentido del tiempo metido en el agua….
–¿Dónde dijo eso Ortega y Gasset?
–Bueno, si no fue Ortega fue Jacques Cousteau.  Pero no quiero evitar su pregunta. Mi reelección depende de dos factores. Primero, mi partido. Me refiero a que mi partido me apoye y Soria no esté en contra o quizás sea al revés.
– ¿Y el segundo?
– ¿Mencioné un segundo?
– Sí.
– Pues no sé. Ah, espere  — el presidente se acerca el pato Lucas al oído y le comenta algo en voz muy baja  –. La segunda es que no puedo separarme de mi patito. Es como de la familia.
–¿En ningún momento, durante estos casi tres años, ha lamentado usted llegar a la Presidencia del Cabildo gracias al apoyo de dos tránsfugas?
–Hombre, gracias precisamente a ese apoyo, me puedo arrepentir. Quiero decir que no solo como presidente sino como cristiano y hombre de fé agradezco la actitud de Juan Domínguez y Antonio Hernández Lobo. Me han fortalecido no solo política, sino espiritualmente. ¿Y cómo vas a desconfiar, no se diga ya sentir asco, por personas que te mejoran como persona?
–Pero son tránsfugas.
–Esa es una situación coyuntural. Si un hombre se resfría, ¿le va a usted llamar mocoso toda la vida? Como diría Shakespeare, si pinchas a Juan Domínguez, ¿acaso no sangra? Si le haces cosquillas, ¿acaso no se ríe? Si le das la Vicepresidencia, ¿acaso no te vota?
—Muchas gracias, presidente.
–Encantado. Tendrá que disculparme, pero recibo ahora a Manrique de Lara…Antes de marcharse, ¿me pasa esa escobilla? Es que se cabrea si no le froto la espalda…

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Política, tribunales y democracia

En la mañana del pasado viernes ocurrió de nuevo. Un auto del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el llamado caso Gürtel sobre la hipotética financiación ilegal del Partido Popular, tardó cinco minutos en llegar a las agencias informativas y ediciones digitales de todos los diarios. El titular básico o más común venía a decir, poco más o menos, que el magistrado “confirmaba que el PP había utilizado una cuenta B (es decir, opaca e ilegal) a lo largo de años”. A partir de ahí colgaban otros floripondios llameantes, por ejemplo, que el PP no había pagado impuestos. A media mañana ya ardían las redes sociales y poco después los dirigentes políticos competían con tertulianos todólogos en múltiples charlatanerías hermeneúticas. Finalmente el PSOE anunció con gran fanfarria que pedirían la comparecencia urgente del presidente Mariano Rajoy para explicar semejante escándalo, al mismo Rajoy que había reiterado tajantemente, hace apenas mes y medio, que el PP jamás se había financiado de manera ilegal. Rajoy había mentido. Que se marchara. Que dimitiera. Oh, indignidad, tienes barba, eres gallega y ocupas la Presidencia del Gobierno por una desdichada mayoría absoluta en las Cortes y solo por eso.
Pero todo es falso. El juez Pablo Ruz no ha corroborado nada ni considera probada la financiación ilegal del PP. Porque, a saber:
1) Los delitos no se presentan ni argumentan en los autos, sino en las sentencias.
2)  Un juez no está juzgando mientras instruye. Está investigando, precisamente, si existen pruebas de la comisión de un delito que puedan conducir a una imputación, y luego a una acusación formal y, llegado este caso, al consecuente procesamiento de sus autores.
3) El magistrado dispone en el auto un conjunto de actuaciones y plazos y para motivarlo y justificarlo utiliza varios informes policiales (especialmente uno, que recibió hace pocos días) de los cuales pueden derivarse indicios de una correspondencia entre pagos e ingresos ajena a la contabilidad presentada por el PP al Tribunal de Cuentas y reflejados, siquiera parcialmente, con las anotaciones entregadas al tribunal por Luis Bárcenas, extesorero nacional del Partido Popular.

Eso es todo. Puede considerarse interesante, espeluznante o esperanzador, según la sensibilidad política o ideológica de cada cual, pero lo que es palmariamente falso (o grotescamente inexacto) es que el magistrado Ruz haya confirmado que el PP se haya financiado ilegalmente en un pasado inmediato. Y sin embargo la marejada de comentarios, opiniones, artículos, tuits, titulares y análisis de baratillo creció abrumadoramente durante las horas siguientes y todavía no ha descendido. Es indiferente que no esté basada en ninguna realidad fáctica. Y si alguien se atreve a señalar una obviedad tan impecable como la arriba descrita (se trata de un auto, se está en periodo de instrucción, el magistrado no ha concluido nada) la respuesta va desde el anatema hasta el encogimiento de hombros. Ha ocurrido algo similar que con la sentencia sobre el caso Prestige, en el que se transformó una decepción judicial en una crítica política que abría causa general contra el sistema político e institucional. Decepción, irritación, desconfianza y, en los casos más extremos, un singular empecinamiento en que tal sentencia dejaba muy claro que no existía justicia, es decir, que no existía separación de poderes, en último término, que se trataba de una prueba más de que el Estado de derecho y la propia democracia poco menos había desaparecido del país. Pero la sentencia de la Audiencia de La Coruña muestra una excelente base argumental, equilibrada y plenamente ajustada a derecho, a la que solo se puede achacar ser el resultado de un proceso indebidamente extendido en el tiempo. Es incomprensible que los que, al parecer, buscaban una condena política, se enfurezcan o decepcionen porque solo se tratara de una sentencia judicial. Como si, por lo demás, ni quedaran abiertas vías de apelación para demandar sanciones por los daños causados ni tuvieran ninguna responsabilidad en el mismo las estrategias y tácticas procesales de los demandantes ni la propia y endiablada complejidad del hecho juzgado (con expertos testigos incapaces de ponerse de acuerdo en casi nada).

Y es que si la cultura democrática del país se demuestra enclenque y penosa día a día – entre los que mandan y entre los mandados – la cultura jurídica es prácticamente indetectable. Y las relaciones entre el Derecho y la Política ya son un terreno virginal para la clase dirigente en particular y la ciudadanía en general. Los derechos, fundamentados normativamente, son el objeto del Derecho y la práctica judicial. En cambio, el objeto de la política son pretensiones y expectativas articulados y dinamizados por valores socialmente deseables y acreditados: la igualdad, la libertad, el bienestar social, la misma justicia. Los derechos y las expectativas no siempre guardan ni deben guardar una simetría perfecta. Desde luego, los jueces emiten sus sentencias ateniéndose no solo a un sistema normativo (leyes y antecedentes judiciales) porque en la práctica del Derecho también operan principios e ideales que condicionan las decisiones de los magistrados. Pero esta autonomía valorativa no es discrecional y el valor fundamental está en determinar los hechos y aplicar la legislación vigente con la máxima precisión y pertinencia.A menos que se quiera aniquilar el Derecho positivo y regresar a la situación jurídica de hace 300 años, eliminando cualquier independencia entre Derecho y moral.

Cabe pensar en que las leyes deben cambiarse. Sin duda el sistema judicial del país – basta con comprobar lo que ha pasado esta misma semana con la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial – necesita urgentemente reformas que no son, precisamente, las del Ministerio de Justicia de Ruiz-Gallardón. Quien quiera puede soñar con la dulce pesadilla de juzgados populares levantando horcas en las esquinas. Pero tanto la sentencia del Prestige como el auto del juez Pablo Ruz son exactamente lo que son y no lo que, desde la pasión política, el amarillismo periodístico o los catecumenismos ideológicos se pretende que deban ser.

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Añoche soñé que volvia a hacer periodismo en Manderley

El Parlamento de Canarias, más exactamente, su presidente y su mesa, han declarado personas non gratas a los periodistas parlamentarios, y lo han hecho con el silencio cómplice (o la pachorra indiferente) de los distintos portavoces y grupos políticos. Ni la Presidencia ni la Mesa, por supuesto, han emitido ninguna declaración institucional específica en este sentido, aunque observando el bochornoso transcurso de los acontecimientos de los últimos años, sus esfuerzos por entorpecer una y otra vez el trabajo de los profesionales de la información,  su cada vez más abierto desprecio hacia los periodistas, cabe colegir que quizás no fuera por falta de ganas. Los responsables del gobierno parlamentario comparten implícitamente el juicio de Bismark sobre los periodistas: son individuos que, sin excepciones, se han equivocado de vocación. Que se busquen otra y dejen de inmiscuirse en las digestiones plenarias de sus señorías y de reflejar críticamente sus brillantes diálogos de besugos.

Esta semana la humillación hacia los periodistas parlamentarios llegó a un límite insólito. Por primera vez en treinta años se les prohibió entrar en el Parlamento para realizar su trabajo. Con la crisis política originada por la moción de censura en el Cabildo de La Palma como punto único del orden del día, coalicioneros y socialistas habían convocado la mesa del seguimiento del pacto que sostiene al Gobierno de Paulino Rivero. Los representantes de Coalición Canaria y el PSC-PSOE decidieron reunirse en la Cámara por la tarde y ahí se presentaron los periodistas. La mecánica, en estas ocasiones, es muy sencilla. Los periodistas no entran en el Parlamento a huronear entre las cortinas o a buscar revistas porno  bajo los escaños vacíos. Esperan pacientemente a que termine la reunión (lo que puede durar quince minutos o tres horas) y recogen declaraciones de los negociadores. En esta ocasión no fue así. Un ujier les cerró el paso y el agente de la Policía canaria les invitó a salir a la calle. Ante las asombradas protestas el ujier aseguró que un diputado – se ha mencionado el nombre de su señoría Manuel Fajardo, portavoz del grupo parlamentario socialista, quien posteriormente negó que ordenara nada – había prohibido la entrada. Los periodistas debieron esperar en la vía pública. Esa misma noche el PSC-PSOE emitió varios tweets al respeto,  exculpando una y otra vez a Fajardo, que incluso se expresaba “dolido” porque alguien lo creyese capaz de fastidiar a los periodistas, a los que con un recochineo ejemplar mandaba un saludo cariñoso.  Por su parte, el diputado Asier Antona, presidente del grupo parlamentario del PP y su secretario general, aseguraba, en la misma red social, que pediría explicaciones al respecto.

Lo malo es que ni Fajardo, ni Antona, ni ningún diputado, en realidad, pueden ignorar verosímilmente el estúpido acoso que están sufriendo los periodistas que cubren el Parlamento de Canarias en los últimos años: los que coinciden con la presidencia de Antonio Castro Cordobez. Desde impedir a los periodistas (incluidos los gráficos) su estancia en los pasillos hasta prohibir tajantemente que los redactores que obtengan imágenes fotográficas, desde acotar la tribuna de prensa con un ridículo cordón – con lo que pocos pueden asistir a los debates en el mismo salón de plenos – hasta ralentizar hasta la desesperación cualquier información que se solicite, por parte de la prensa, a la Mesa de la Cámara, pasando por apagar – sí, apagar – las luces para que los informadores, simplemente, no puedan trabajar. La meta última deseada por el presidente y la Mesa del Parlamento – no puede extraerse otra conclusión – lleva a que los periodistas queden estabulados, como silenciosos corderos, en la sala de prensa y sigan el desarrollo de los plenos por el circuito cerrado de televisión. Se admite algún balido de espanto si toma la palabra su señoría Manuel Fernández.

Estas intolerables e intolerantes medidas coercitivas no figuran en ningún reglamento ni protocolo pergeñado por Castro Cordobez y sus compañeros de la Mesa ni mucho menos han sido negociadas con los periodistas. Han sido impuestas desde la arbitrariedad más despendolada, aunque nunca con un mal gesto por parte del presidente, al que le gusta actuar desde un paternalismo estratosférico que se sorprende sinceramente ante las quejas por su grosera prepotencia. Por supuesto que una de las claves de esta situación es la personalidad de Antonio Castro y el sello lacrado que (digámoslo así) ha impuesto al gobierno parlamentario. Castro Cordobez es particularmente celoso del protocolo, la jerarquía y la hipotética grandeur de su cargo.  Más que un diputado (y un político muy activo) del siglo XXI su figura, su estructura mental y su estilo se corresponde al de un senador de la Restauración canovista. Y desde ese punto de vista los periodistas tienen su lugar, por supuesto: una esquina dotada de un televisor para reproducir estenográficamente lo que mascullan, gritan o tartamudean los representantes parlamentarios. Que nadie ose pertubar el sagrado orden de la sede de la soberanía popular. De esta manera, Antonio Castro gobierna la Cámara como el ama de llaves de Rebeca gobernaba la mansión, su mansión, con sus pruritos inescrutables y cambiantes, sus miradas polisémicas y sus ternos oscuros. Y los periodistas deben saber que ni se puede corretear por las escaleras ni visitar las habitaciones cerradas a cal y canto en Mardeley.

Pero, ¿y la actitud del resto de la Mesa del Parlamento? ¿Y los presidentes y portavoces de los grupos?  Ni saben ni contestan, pero en ningún caso parecen excesivamente molestos por la situación. Las obsesiones persecutorias de Castro Cordobez no les perjudican en la coyuntura de mayor mediocridad política, intelectual y oratoria que se ha vivido en la Cámara. Los parlamentos de los años ochenta eran el senado de la República romana comparados con el hedor de la actual miseria que impregna el edificio de la calle Teobaldo Power. El desprecio cómplice hacia la prensa es una manifestación más de la partidización y burocratización de la praxis parlamentaria. Un parlamento al que algún diputado, en un pasado no demasiado lejano, me definió como “una cosa nuestra, de los partidos”. Una cámara entendida como cosa nostra, efectivamente. ¿Cómo conceder credibilidad a propósitos de transparencia y regeneración democrática cuando se obstaculiza a los periodistas informar en el propio parlamento?  ¿La desafección a la democracia representativa se corrige desinfectando de actividad periodística el recinto parlamentario para reducir al mínimo los molestos testigos presenciales? Cada día, en el mismo Parlamento de Canarias, se le está poniendo una zancadilla al derecho a la información y la propia legitimación política del sistema parlamentario.

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