Retiro lo escrito

Sneg

Hace unos años paseaba por San Petersburgo disfrutando de una mañana hermosamente gris y en un instante el aire pareció detenerse y comenzaron a caer diminutas motas blancas del cielo. Tuve que convencerme que comenzaba a nevar, y como cualquier hijo subtropical esperé emocionado el espectáculo. Pero un anciano se detuvo a mi altura y con expresión de nerviosismo alzo un poco los brazos y dijo, como una maldición:

Sneg.

Los viejos recibían las heladas y las nevadas como un peligro existencial. Enfermaban en habitaciones con una deficiente calefacción y resbalaban en el hielo y se rompían las piernas o la espalda con macabra frecuencia. La nieve no era un hermoso espectáculo, sino una amenaza a su integridad física, un frio recordatorio de que quizás no llegarían a la próxima primavera. La nieve, en resumen, era un puñetero asco, y su llegada una pésima noticia. El viejo, a mi lado, se encasquetó mejor el gorro y muy cuidadosamente aceleró el paso.

En el pasado las campañas electorales se me antojaban trifulcas emocionantes. Ahí estaban los partidos y sus líderes  emborrachándonos con sus propuestas energizantes en la fiesta de la democracia y dejando un reguero de anécdotas y chascarrillos maravillosos. Pero hoy, cuando empiezan las asambleas y los mítines, me calo el gorro hasta las orejas, como el viejo ruso temeroso, y solo intento sobrevivir hasta el próximo verano, cuando ya se hayan repartido el botín de guerra – los presupuestos y las administraciones públicas – y empiecen inmediatamente las siguientes campañas. Porque  me parece muy poco discutible que llevamos cuatro largos años instalados en una campaña política interminable, planteada por el Gobierno autonómico como una necesidad para su legitimación cotidiana, su cohesión y su imagen reputacional. Entiendo que muchos cargos gubernamentales y de la mayoría parlamentaria no quieran verlo, como el pez en la plácida pecera no ve el agua, pero jamás un Ejecutivo como el presidido por Ángel Víctor Torre se ha dedicado tan intensa y continuadamente a exaltarse a sí mismo, a cantarse como un gestor insuperable, a dar campanadas con los fondos económicos que vienen o dicen que vienen de Madrid o de Bruselas, a presumir entre fanfarrias wagnerianas de cada dato positivo como de un milagro propiciado por una Liga de la Justicia que encontró una Canarias al borde de la inanición y la ha transformado en un edén donde manan la leche y la miel. Un gobierno como espectador extasiado de sí mismo. Un gobierno que en circunstancias excepcionales no movió un dedo para alcanzar acuerdos con la oposición, y una oposición que, en cambio, a veces fue responsable, pero otras decididamente idiota a la hora de consensuar y rubricar con su voto planes y leyes pintipiradas a mayor gloria del cuatripartito. Pero también un gobierno que se ha abstenido cuidadosamente de cualquier reforma en profundidad de las administraciones públicas, de los servicios educativos y sanitarios, de la fiscalidad, de las estructuras e instrumentos empresariales que aumentan el precariado, la pauperización de las clases medias, la marginación laboral de los jóvenes y una brutal desigualdad.

Francamente no sé qué más campaña puede hace el Gobierno y los cuatro partidos que lo han sostenido. Como no se monten una edición particular de Firsts Dates, con cenas picaronas con Torres, Román Rodríguez o Noemí Santana. Yo me pido una mariscada con Casimiro Curbelo. En caso de indigestión nos atienden en el hospital público más cercano saltándonos cualquier lista. ¿Y la oposición? Es la alternativa, dicen los pobres. Que gobiernen ellos es la mejor garantía de que no gobiernen los otros. Una oferta irresistible. Sneg. Aprieten los dientes. No dejará de caer.

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El elefante

Hasta hace tres meses Miguel Concepción fue presidente del CD Tenerife. Lo siguió siendo después de que en octubre de 2020 la Audiencia Provincial le condenase por estafa agraviada continuada a 23 meses de cárcel y a una indemnización de casi cuatro millones de euros, que deberá abonar personalmente al 50%, correspondiendo la otra mitad a sus hijas, igualmente procesadas y condenadas. Concepción falsificaba documentos para simular la venta de plazas aéreas de su compañía Canarias Arways y cobrar así las subvenciones que concede el Estado. Cuando las cosas se pusieron procesalmente peliagudas Concepción mismo reconoció este modus operandi frente a los tribunales. El recurso de casación que interpuso en el Tribunal Constitucional solo buscaba ganar tiempo: conseguir que se modificara el tipo delictivo era imposible después de la confesión. Simplemente necesitaba un plazo para ordenar varias cosas y, en particular, su sucesión al frente del equipo de fútbol que dirigía desde febrero de 2006. La excusa, por supuesto, fue esa refitolera patochada, la celebración del centenario del club. ¿Cómo podía festejar el equipo tan gran efemérides si no estaba él al frente como grímpola y maestro de ceremonias? Mientras tanto maniobraba para vender sus acciones, llegar a acuerdos con otros accionistas y dejar como sucesor a Paulino Rivero, en justa correspondencia con la operación que urdió Rivero para colocarlo como gerifalte blanquiazul a principios de siglo.

Porque Concepción y Rivero han formado una sociedad política limitada que ha operado durante más de 30 años en Tenerife con una incidencia perfectamente detectable en el espacio público insular, desde que se conocieron, a finales de los años ochenta, el primero, un joven constructor llegado de La Palma que terminaría fundando Transformaciones y Servicios (Traysesa), el segundo, un consejero del Cabildo que se ocuparía  del área de Planificación e Infraestructura durante la década de los noventa. Fue un amor instantáneo. Concepción tenía de todo, menos contactos con el poder político. Rivero encontró a alguien que  habitaba en palabras trisílabas, muy listo pero que se dejaba llevar. Antes y después de convertirse en jefe del Gobierno autónomo impuso dos objetivos en la agenda común: hacerse con el Tenerife y crear una compañía aérea. Control del mayor capital emocional acumulado en la isla y bloqueo a un monopolio empresarial no controlable. No les han salido las cosas demasiado bien. Islas Airways terminó siendo un instrumento delictivo. El CD Tenerife, pese al muy generoso bombeo de dinero público y los auxilios empresariales privados que se convocaban en La Ermita, jamás ha salido del pozo de la insignificancia y la desilusión. No es lo mismo edificar un proyecto deportivo solvente que construir carreteras y rotondas. El Tenerife de Concepción es una aplastante y cíclica mediocridad sobre la que se sienta ahora Paulino Rivero, petit prince blanquiazul que terminará abdicando más temprano que tarde.

Durante más de año y medio, ya con una sentencia encima y una admisión de culpabilidad, los poderes políticos y empresariales tinerfeños han seguido rindiendo respeto, reconocimiento y a veces hasta pleitesía a Miguel Concepción. Nadie se le plantó jamás. Nadie exigió su dimisión inmediata y mantuvo esa exigencia con un mínimo de gallardía. Nadie le negó el saludo y señaló que una persona en su situación judicial y procesal ensuciaba la imagen de un club que hace lustros fue arrancado a sus seguidores y transformado en un negocio del poder para el poder. Concepción era el oscuro elefante en la habitación que nadie estaba dispuesto a ver; quizás porque era simultáneamente el elefante, el domador y el dueño de la habitación misma. Nos ha enseñado cuál es la temperatura moral de la sociedad tinerfeña. Bajo cero.

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Ascanio, con reparos

A primera hora de ayer, en una furtiva lágrima tuitera, Rubens Ascanio, primer teniente alcalde del ayuntamiento de La Laguna, advirtió que contra lo afirmado por este periódico y un servidor, él no era el coautor de la denuncia contra Fernando Clavijo por levantar reparos en su etapa como alcalde que muy recientemente ha archivado el Tribunal Supremo.  Ascanio, desde luego, tiene razón. Ni él personalmente ni su organización política redactaron ni firmaron la denuncia, por lo que cabe hacer es reconocer el yerro y presentar las debidas excusas, y así lo hago.

Pero inevitablemente he debido reflexionar sobre el origen de mi lamentable equivocación. ¿Por qué me he confundido? Y la conclusión se me antoja francamente melancólica: es el propio Rubens Ascanio el que me ha llevado a un error tan execrable. Porque, efectivamente, el concejal de Sí se Puede,  que el próximo mayo será de nuevo candidato a la Alcaldía, no interpuso junto a Santiago Pérez la denuncia, pero la explotó políticamente a menudo y a veces con cierta gozosa intensidad. Cuando hace cuatro años hizo pública su candidatura — sus candidaturas en La Laguna son las oposiciones que hace periódicamente para disponer de plato en la mesa — Ascanio se refirió, para variar, a los reparos, y mostró su convencimiento de que tanto Fernando Clavijo como José Alberto Díaz terminarían procesados por “la gravedad” de los mismos. Para ser sincero tampoco es que necesite encontrar demasiadas referencias. Recuerdo personalmente numerosas intervenciones en el pleno municipal de Ascanio en los que se escandalizaba por los reparos levantados en los últimos años, difundía oscuras sospechas sobre los mismos y los calificaba como un síntoma inequívoco de la putrefacción democrática del ayuntamiento. También es cierto que dijo tantas cosas Rubens Ascanio en esos años de fuego inquisitorial y retórica excrementicia. Por ejemplo, llamar a Clavijo mafioso, Corleone lo bautizó en un momento de supremo ingenio. O describir a Coalición Canaria como una cuadrilla de delincuentes. O insultar a los cargos de confianza del gobierno municipal. Seguro que Ascanio, una memoria privilegiada, lo recuerda perfectamente, cómo insultaba con una sonrisa amarillenta a la gente, a mí por ejemplo, en los plenos municipales, porque los trabajadores eventuales del gobierno de CC – un gobierno que compartió con el PSOE hasta ocho meses antes de las elecciones locales de 2019 —  eran una recua de indeseables, no como los suyos, los de entonces y los de ahora, donde figuran candidatos fracasados de otras listas de SSP en diversas corporaciones.

Como Ascanio se ha hecho ahora un hombrecito hecho y derecho –un hombrecito de Estado — ya sabe lo que es un reparo. Incluso ha debido levantar alguno en su área de gobierno. Podrían hacerse hipótesis verosímiles. Por ejemplo, que lo que ocurrió políticamente, en su momento, fue un reparto de papeles: para Ascanio y los suyos el caso grúas y para Santiago Pérez – y Santiago Pérez – el caso reparos. Por conveniencia organizativa o porque el primero no estaba dispuesto a poner un euro más de su grupo municipal en acciones legales y el segundo disponía de más libertad al respecto. Pero yo no puedo creerlo. En todo caso Ascanio y sus compañeros denunciaron agriamente –y con argumentos en algunos puntos muy similares a los incluidos en la demanda de Pérez – los levantamientos de reparos de ambos alcaldes y con ese material combustionaron varias trifulcas plenarias. Nada de esto le merece una reflexión a Ascanio que, sin embargo, eleva un error periodístico a la categoría de iniquidad moral y se victimiza ciceronianamente, como si le hubiera adjudicado un crimen. Yo, como dije al principio, no tengo problemas para excusarme. Pero con reparos. Con todos los reparos irreparables que pueden extraerse de la patética carrera política de Rubens Ascanio.  

 

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Nada de perdón

Escucho y leo a mucha gente que demanda que Santiago Pérez y Rubens Ascanio pidan perdón después de que el Tribunal Supremo haya archivado la denuncia que interpusieron hace un lustro contra Fernando Clavijo y que se desarrolló bajo el membrete de caso Reparos. Eso es una tontería. Lo que hay que hacer es combatir políticamente a estos sujetos y desenmascararlos como lo que son: gente desvergonzada, malandrines henchidos de mediocridad, carentes de escrúpulos y dispuestos a cualquier marranada para acabar con los adversarios políticos, a los que niegan sistemáticamente, por sus sagradas gónadas izquierdistas, la legitimidad democrática que se arrogan en exclusiva para sí mismos. Porque uno puede equivocarse en sus apreciaciones al acudir a un juzgado, pero aquí no hay un error evaluativo, sino un sórdido método de competencia política para utilizar los tribunales de justicia como un instrumento de difamación pública. Primero fue la ridiculez del caso Grúas; después esta basura difamatoria a propósito de los reparos que un alcalde levantó, en una excepcional época de crisis económica y financiera, para garantizar la continuidad de servicios sociales prestados por el ayuntamiento lagunero.

A la espera de que los mendas hagan de nuevo el ridículo con explicaciones – una apuesta: a que lo que pasa es que Manuel Marchena es un atroz derechista y el Supremo está controlado por falangistas y requetés y todo el que no apoye mi fantasmagoría judicial es un vendido, un idiota, un indeseable – esta resolución no solo da carpetazo razonado a un lustro durante el cual se utilizó una denuncia, con el siempre diligente apoyo de la Fiscalía,  para insultar, escarnecer y vituperar a Fernando Clavijo, que jamás llegó a estar acusado de nada y menos aún fue procesado. En titulares de prensa, en intervenciones parlamentarias, en debates políticos y en mítines todo el mundo escuchó como Clavijo era un criminal que terminaría en la trena. Noemí Santana, en una sesión parlamentaria, lo llamó delincuente, y se quedó muy satisfecha. Recientemente la secretaria de Organización del PSOE,  Nira Fierro, habló de los perversos polimorfos que huyen al Senado para no afrontar acusaciones de corrupción, y seguro que hoy se estará callada. El auto de archivo también sirve para iluminar lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de La Laguna desde 2019: estos casi cuatro años en los que por fin los cruzados del Santo Advenimiento pusieron sus heroicas nalgas en las poltronas por las que suspiraban.

El actual alcalde de La Laguna –junto con otros compañeros del equipo de gobierno – está sometido a investigación judicial. El secretario general del pleno municipal denunció el pasado mes de enero el fraccionamiento ilegal de 32 contratos y ha exigido la revisión de los acuerdos con nueve empresas de servicios por un montante superior al medio millón de euros. El mismo secretario ha declarado “nulos de pleno derecho”  228 contratos menores adjudicados por el gobierno municipal  entre 2019 y 2021 que suman más de 2.600.000 euros. Después de incesantes reclamaciones Luis Yeray Gutiérrez y sus concejales continúan sin aportar todos los decretos ya no a los grupos de oposición, sino al propio secretario. Si no existen reparos en la corporación lagunera desde 2019 es porque se ha hurtado a la intervención municipal la herramienta de formular informes negativos previos a cualquier contratación menor. Es un truco payasesco urdido por Santiago Pérez, que ya ni se toma la molestia de asistir al pleno que aprueba el presupuesto municipal: se va a bailar con la Negra Tomasa a La Palma. Mientras se enfangaban en estas tropelías y gestionaban sin proyecto ni ideas (aunque, eso sí, triplicando el gasto en propaganda) seguían insultando miserablemente. No deben ser perdonados. Deben ser conocidos y reconocidos. No por sus comedias de enredo, sino por el cinismo abyecto de su concepción de la política.  

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La marcha de Ferrovial

Si alguien quiere enterarse de las razón que llevan a Rafael del Pino y a los accionistas de Ferrovial a marchase a  le basta con leer el clarividente artículo de Esteban Hernández sobre el asunto  en El Confidencial. Ferrovial no pretende –principalmente– ahorrarse impuestos y menos aún es ese el objetivo central del señor del Pino, uno de los empresarios más inteligentes y mejor relacionados del país, que lleva bastantes años compitiendo en el extranjero y captando la mejor mentefactura española. La decisión de Ferrovial se inserta en un movimiento que está tomando velocidad y que se intensificara en los próximos tiempos: el frenazo –parcial – de la globalización y la política de recolocación empresarial que está impulsando el gobierno de Joe Biden. Es lo que pretende Ferrovial: operar a lo grande en Norteamérica. Porque incluso si abona más impuestos ahí la cantidad de recursos en juego es descomunal y, por supuesto, vale la pena. Si Ferrovial pretende seguir creciendo en un horizonte de una década no le queda realmente otro camino en este contexto económico y geopolítico.

Desde finales del año pasado pueden leerse innumerables noticias, reportajes e informes sobre el temor en el seno de la UE –Comisión y Banco Central sobre todo – a que grandes empresas europeas se relocalicen en Estados Unidos. Bueno, es un éxodo complejo y ruidoso que ya está empezando. Es la consecuencia combinada de dos estrategias del gobierno estadounidense. Primero, el fondo obtenido por Biden a través de sus acuerdos con el Congreso para financiar su gigantesco plan de infraestructuras, dotado con 1,2 billones de dólares. De esta cifra, más de 110.000 millones de dólares se invertirán en creación y rehabilitación de autopistas y carreteras y otros 120.0000 millones en trenes de alta velocidad, ferrocarriles y vehículos eléctricos, todo, supuestamente, en los próximos ocho años.  Segundo, la llamada  ley de Reducción de la Inflación, que implica ayudas por valor de unos 430.000 millones de dólares y que incluye exenciones fiscales, subvenciones y reembolsos para tecnologías verdes y de ahorro energético. Muy rápidamente: Holanda proporciona a Ferrovial un marco regulatorio más estable y un acceso más directo a mercados financieros en mejores condiciones crediticias, y es un paso operacional hacia el objetivo de cotizar en bolsa en Estados Unidos. Un país en la que ya trabaja en gestión de autopistas y en la ejecución de varios tramos del AVE de California. También desarrolla proyectos en el Reino Unidos Australia o Chile. La gente que se altera ahora con el traslado de la residencia fiscal de Ferrovial a Holanda parece que no se sentía molesta cuando compraba empresas como Amey, en Inglaterra, y ajustaba un 10% de su plantilla (luego, ciertamente, la incrementó).

La compañía presidida por Rafael del Pino no intenta  salir corriendo para no pagar impuestos. Quien caricaturice así la decisión de Ferrovial evidencia que no se está enterando de nada. Simplemente transforma sus estrategias de desarrollo y crecimiento para adaptarlas a las nuevas estructuras y pautas del capital internacional: la relocalización empresarial contra una globalización a la baja, el neoproteccionismo norteamericano con sonrisa ecológica y la firme determinación de los estadounidenses de atraer a las mejores empresas europeas. No es una particularidad de Rafael del Pino y sus accionistas, ni una deserción pesetera, ni una falta de patriotismo donde jamás el patriotismo ha pintado nada. De hecho, Ferrovial arriesga. Y, por supuesto, su decisión  deviene jurídicamente inevitable. Lo mejor que podía hacerse es no montar autos de fé para condenar la acumulación capitalista e insultar a la empresa y su presidente como alumnos hiperventilados de segundo de Políticas, sino extraerles un compromiso público y explícito de mantenimiento de su actividad empresarial, de su inversión en innovación y de sus más de 5.000 puestos de trabajo directos en España.   

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