3.000 millones

Tres mil millones de euros es una cantidad lo suficientemente abultada como para que su inversión en un proyecto de infraestructura de transporte esté precedido por un amplio debate político, financiero, técnico y social. Pero al parecer no ha lugar. Aquí el Cabildo de Tenerife pretende (y quizás consiga) desayunárselo, almorzárselo y cenárselo él solito, con chucrut de guarnición en las tres comidas, sin molestas intervenciones ajenas, en aplicación de un modelo de despotismo ilustrado que, como el propio transrapid, levita sobre las cabezas de los mortales tinerfeños, sean ingenieros o no sepan cambiar una bombilla eléctrica (no son cualidades incompatibles: conozco casos espeluznantes). Más de medio billón de las antiguas pesetas, la inversión pública más descomunal realizada jamás en el Archipiélago, y aquí la gente (la universidad, los colegios profesionales, las organizaciones empresariales y sindicales) sestean (los más) o chillan (algunos menos y varios memos) desde el tendido de la perplejidad, el asombro, la satisfacción o la ira.
¿De dónde saldrán los 3.000 millones? Misterio insondable. El consejero Carlos Alonso (una persona habitualmente seria) no es capaz de contárnoslo, pero indica que el presidente Ricardo Melchior “ha mantenido conservaciones con el Estado alemán” para ver si abaratan la cosa. A mí me impresiona mucho esto del Estado Alemán. Suena como si Ricardo Melchior hubiera hablado de tú a tú (y como sabemos todos, sin necesidad de intérprete) con el canciller Otto von Bismark y le hubiera recitado a Rilke con ojitos prusianos:
Wie soll ich meine Seele halten, dab
Sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
Hinheben über dich zu andern Dingen?
Bismark o Merkel – es más o menos lo mismo: llevan la misma ropa interior y tienen una sensibilidad social similar– se quedarán tan impresionados que seguro que sacarán la chequera.
Todo este debate – es decir, la inexistencia de este debate – es tan sintomático como apasionante, no lo niego, pero mientras tanto se resuelve, es decir, se omite entre píos deseos, causaría una impresión indescriptible que la autopista del Sur, por ejemplo, estuviera libre de socavones, esos socavones que harían las delicias de un espeleólogo, o que la conexión entre la autopista del Norte y el Sur, en ese punto tan cercano al cementerio de Santa Lastenia, estuviera en condiciones decentes y no supusiera a diario una ocasión para agradecerle a Nuestro Señor (y no me refiero a Melchior) haber sobrevivido.

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Comparativas

Ya se ha convertido en una puntual costumbre el que los coalicioneros aprovechen la festividad de la Constitución para exigir “un mayor autogobierno” y, en los últimos años, demandar una perentoria reforma de la Carta Magna. La costumbre se ha instalado incluso en los actos institucionales. Anteayer el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, insistía en la terruñera cantinela, y nos hemos acostumbrado tan pronto a este insólito ventajismo que ya nadie se escandaliza porque en un discurso en el que solo cabe la exaltación de los valores constitucionales se incrusten burdamente reivindicaciones partidistas. Los nacionalistas (aquí como en todas partes) tienden a creer que el Parlamento es suyo, la Constitución es suya, la reivindicación es suya y gobierno no hay más que uno y yo no lo encontré en la calle, precisamente. La presidenta de CC, Claudina Morales, también ha arrimado el hombro, exigiendo, faltaría más, la reforma de la Constitución, que se ha quedado obsoleta. Para esta ilustre clerecía la Constitución de Estados Unidos debe ser una verdadera antigüalla, aunque ciertamente el devenir político de este país ha derivado en un federalismo imperfecto que debería regularse definitivamente para establecer los límites competenciales – y un modelo de financiación estable – de las comunidades autonómicas. Antes convendría, no obstante, una reforma de la función pública y de las propias administraciones, cuyo gigantismo, ineficacia y duplicación constituyen uno de los principales problemas financieros y económicos de España. Una reforma que nadie quiere emprender, y menos que nadie, las fuerzas nacionalistas de la periferia del Estado español.
Hace un cuarto de siglo que las competencias educativas fueron transferidas a Canarias. Y durante ese cuarto de siglo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes siempre ha permanecido en manos de las Agrupaciones Independientes de Canarias y, posteriormente, de CC. El último informe PISA nos sitúa de nuevo en la cola de la calificación nacional en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Por supuesto, el pavoroso fracaso escolar que padece el Archipiélago (la ruina inminente, en términos de formación de capital humano, de nuestra putrefacta educación pública) no tiene en el Gobierno el único responsable. Pero sí el mayor. Sobre todo por la brutal desinversión de los últimos años, por su negativa sistemática al diálogo con la comunidad escolar, por su avestrucismo mentiroso y suicida. ¿Más autogobierno? ¿Para idiotizarnos mejor?

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Autogobierno

Ya se ha convertido en una puntual costumbre el que los coalicioneros aprovechen la festividad de la Constitución para exigir “un mayor autogobierno” y, en los últimos años, demandar una perentoria reforma de la Carta Magna. La costumbre se ha instalado incluso en los actos institucionales. Anteayer el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, insistía en la terruñera cantinela, y nos hemos acostumbrado tan pronto a este insólito ventajismo que ya nadie se escandaliza porque en un discurso en el que solo cabe la exaltación de los valores constitucionales se incrusten burdamente reivindicaciones partidistas. Los nacionalistas (aquí como en todas partes) tienden a creer que el Parlamento es suyo, la Constitución es suya, la reivindicación es suya y gobierno no hay más que uno y yo no lo encontré en la calle, precisamente. La presidenta de CC, Claudina Morales, también ha arrimado el hombro, exigiendo, faltaría más, la reforma de la Constitución, que se ha quedado obsoleta. Para esta ilustre clerecía la Constitución de Estados Unidos debe ser una verdadera antigüalla, aunque ciertamente el devenir político de este país ha derivado en un federalismo imperfecto que debería regularse definitivamente para establecer los límites competenciales – y un modelo de financiación estable – de las comunidades autonómicas. Antes convendría, no obstante, una reforma de la función pública y de las propias administraciones, cuyo gigantismo, ineficacia y duplicación constituyen uno de los principales problemas financieros y económicos de España. Una reforma que nadie quiere emprender, y menos que nadie, las fuerzas nacionalistas de la periferia del Estado español.
Hace un cuarto de siglo que las competencias educativas fueron transferidas a Canarias. Y durante ese cuarto de siglo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes siempre ha permanecido en manos de las Agrupaciones Independientes de Canarias y, posteriormente, de CC. El último informe PISA nos sitúa de nuevo en la cola de la calificación nacional en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Por supuesto, el pavoroso fracaso escolar que padece el Archipiélago (la ruina inminente, en términos de formación de capital humano, de nuestra putrefacta educación pública) no tiene en el Gobierno el único responsable. Pero sí el mayor. Sobre todo por la brutal desinversión de los últimos años, por su negativa sistemática al diálogo con la comunidad escolar, por su avestrucismo mentiroso y suicida. ¿Más autogobierno? ¿Para idiotizarnos mejor?

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La jauría

Un amigo se encoge de hombros y musita: “Pero si esto es lo que siempre repiten los socialdemócratas en coyunturas de crisis: hacerle el trabajo sucio a la derecha”. Mi amigo, al fin y al cabo, es un optimista. Todavía piensa que esto es una crisis, no una mutación histórica que acabará, más pronto que tarde, afectando a los sistemas políticos democráticos, a la titularidad pública de los servicios sociales y asistenciales, a nuestra visión de nosotros mismos y a la definitiva obsolescencia de los propios valores socialdemócrata. Esto no es una crisis cíclica, sino una crisis estructural, y en la noche oscura de los mercados todos los gatos son pardos, lleven cascabel liberal, conservador o socialdemócrata. José Luis Rodríguez Zapatero (como Papandreu en Grecia o Sócrates en Portugal) lo ha vuelto a demostrar, al igual que ha vuelto a desdecirse después de afirmar hace un par de semanas que el Gobierno no contemplaba nuevas medidas de ahorro. A partir de febrero los parados de larga duración dejarán de percibir los 426 euros de ayuda. Los mismos 426 euros que la exvicepresidenta, Fernández de la Vega, garantizó que se prolongarían “mientras fuera necesario”.
Alrededor de 600.000 personas en España (y varias decenas de miles de ciudadanos en Canarias) se quedarán sin un duro para enfrentarse al desempleo. Los sociólogos explican que la supervivencia de los desempleados pivota, precisamente, en dos soportes: los subsidios y la solidaridad en el ámbito familiar. A esta cantidad de personas al borde del abismo de la mendicidad habrá que sumar – según los cálculos de las centrales sindicales – otras 250.000 a finales del próximo año si la creación de puestos de trabajo sigue en negativo o simplemente estancada. Respecto a la solidaridad de las redes familiares, los rumores acerca del recorte de las pensiones – los abuelos representan un recurso económico nada despreciable para las familias desempleadas — señalan que el Gobierno se plantea un recorte medio del 10% a partir de enero, sin perjuicio de seguir metiendo tijera si los malabarismos para ajustar el déficit fiscal así lo demandan.
En un viejo cuento ruso, una madre escapa con sus hijos de una jauría de lobos conduciendo vertiginosamente un trineo. Como ve que las bestias se acercan empieza a sacrificar hijos tirándolos al camino. Rodríguez Zapatero nos está echando a los lobos sin pestañear, ni siquiera a la hora de mentir. Lo hace con una sonrisa de circunstancias. Mariano Rajoy lo haría fumándose un puro. Es la única diferencia.

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Se acabó

Repaso las reivindicaciones de los controladores aéreos en las huelgas y paros del último año. Lo hago para intentar una prosa tranquila y sosegada y con un punto de ecuanimidad, imitando a Stendhal, que todas las noches leía varios artículos del código civil para tomar ejemplo de laconismo. Pero no lo consigo. La golfada de los controladores aéreos es demasiado miserable, sucia y canallesca como para andarse con martingalas. Si no convocaron una huelga, y optaron por multiplicar como tahúres las bajas por enfermedad, ha sido precisamente para conseguir un impacto más desgarrador en la ordenación del espacio aéreo español. Y lograron. A esta hora — el atardecer del viernes –se ha cerrado el espacio aéreo en casi todos los principales aeropuertos españoles, incluidos los canarios. Los dirigentes de esa turba matonesca que se presenta como sindicato, el USCA, han dicho que la protesta es “espontánea” y que obedece a la disconformidad de los señoritos con el nuevo modelo de gestión que se avizora en Barajas y en el Prat, en el que entrará el capital privado. Pero a) no cabe hablar de espontaneidad cuando cientos de personas solicitan urgente y simultáneamente una baja por incapacidad y b) a mí también me disgusta la privatización parcial de AENA y no me dedico a causar trastornos a más de 250.000 personas y a provocar pérdidas en la imagen exterior y los beneficios de las zonas turísticas españolas y canarias. Especialmente en una situación de excepcional crisis económica y social, con más de 4.000.000 de desempleados en España y cerca de 300.000 en Canarias.
Deben acabar definitivamente las contemplaciones con estos sujetos privilegiados que se llevan crudo a sus casas sesenta, ochenta, cien, ciento veinte, ciento cincuenta mil euracos anuales. El estado de alarma que ha decretado el Gobierno no puede tener un carácter de apósito coyuntural y vuelva usted mañana porque aquí no ha pasado nada. La militarización de la ordenación del espacio aéreo tiene, por supuesto, limitaciones operativas, porque las Fuerzas Armadas no cuentan con recursos humanos y técnico-profesionales como para encargarse indefinidamente del control de los aeropuertos, descuidando sus propias obligaciones legales y funcionales. Pero el modelo de relaciones laborales, ese convenio colectivo de millonarios que deciden por sus sagrados testículos colapsar un servicio estratégico de interés público como es el transporte aéreo tiene que saltar (precisamente) por los aires. Apertura de expedientes, sanción y despido. Que vayan luego a reclamar a los tribunales si les place, pero esto se acabó. Debe acabarse. Esta misma noche. Ya.

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