El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha asistido a la Semana Santa Sevillana para estar presente en la procesión de una Hermandad que venera a la Virgen de Candelaria. En uno de sus habitualmente emocionantes tweets Alonso proclamó desde la capital andaluza que se sentía orgulloso de representar a Tenerife. No me resistí a preguntarle por qué un cargo público asumía la representación de todos sus conciudadanos en un ceremonia litúrgica de una organización eclesiástica y el señor Alonso, cortésmente, respondió que por tradición, por haber sido invitado, por hermandad (sic). La respuesta no resulta muy satisfactoria, pero es sintomática, y sobre todo revela la nula comprensión – cuando no una indiferencia ligeramente artera – sobre lo que significa la expresión Estado aconfesional y su calado constitucional y político.
Por supuesto que existe –en este como en otros casos – una tradición, pero se trata de una tradición religiosa de un culto determinado. Excluir la participación o el posicionamiento en asuntos religioso por parte del Estado y de sus representantes públicos no es una opción que se le presente a un dirigente político, sino una obligación constitucional que en estas ínsulas baratarias pisotean cotidianamente presidentes, consejeros, diputados, alcaldes y concejales. Es francamente difícil imaginar a Carlos Alonso o a José Miguel Bravo de Laguna asistiendo a ceremonias protestantes, budistas, mahometanas o de los hare krishnas aunque se cursaran primorosas invitaciones a sus respectivas secretarias. La mayor raigambre de una u otra confesión religiosa en un territorio determinado ninguna relación tiene con asumir y aplicar el principio normativo de la aconfesionalidad del Estado, que obviamente no está sometido a estadísticas. Si lo hacen es, simplemente, y al margen de sus respetables convicciones personales, por los réditos de imagen que obtienen entre los creyentes – desde los más activos hasta los más tibios –  a través una suerte de reverdecida alianza entre el Trono y el Altar, adaptada a nuestra débil y flatulenta democracia representativa.
Cabe temer que con motivo de la proclamación vaticana de José de Anchieta como flamante incorporación al santoral católico decenas de cargos públicos de Canarias acudan en tropel a Roma sin atormentar a sus propios bolsillos, por supuesto. Escucharemos entonces falsos pero muy parecidos argumentos entre orgullos terruñeros y gruñidos de emoción. Claro que no lo harán para tocar al santo. Lo harán para que les toque la televisión.