Los tres grandes partidos del sistema político canario han perdido apoyos electorales el pasado domingo. Incluso el PSC-PSOE, que celebró convertirse en la fuerza más votada con la retórica delirante de un acontecimiento histórico, pierde unos 10.000 votos aproximadamente respecto a los comicios autonómicos de 2011. Más o menos los que hubiera conservado sin la anomalía del curbelismo desatada en La Gomera por los propios socialistas. El PP pierde cerca de 120.00 votos en lo que seguramente es el mayor castigo electoral que registra nuestra breve crónica parlamentaria, pero no esperen dimisiones, es que la gente no ha pillado el mensaje. Les ha faltado piel, que diría Floriano viendo el poster de María Australia Navarro. Gracias al régimen electoral y su implantación en cinco de las siete islas, Coalición Canaria es el partido con mayor número de diputados, pero por primera vez sufre un golpe fulminante en su espina dorsal municipal, especialmente en Tenerife. Es Antonio Morales (y no Román Rodríguez y su disparatada política de pactos) el que consigue grupo parlamentario para Nueva Canarias. Podemos suma nada menos que 130.000 sufragios, pero paga obviamente su escaso desarrollo organizativo y su presencia prácticamente testimonial en la mayoría de las islas no capitalinas. Incluso con siete diputados en la mochila es precipitado afirmar que Podemos llega para quedarse. Dependerá de  gestionen semejante capital en la oposición y de su capacidad para construir partido dentro y fuera de las grandes ciudades de la región. Pero anoche algún que otro dirigente podemista, además de feliz, se le veía súbitamente tranquilizado. Podrán oponerse hasta el frenesí frente a todos los malignos matices de la casta (clavijos, patricias, romanes) sin arriesgarse a pagar ningún coste de imagen. Ciudadanos se queda a un puñado de votos para entrar en la Cámara regional.

Aunque la suma aritmética resulta evidente, el pacto de gobierno entre CC y PSOE no será precisamente sencillo porque, según es tradición en nuestras ínsulas baratarias, se interferirán los acuerdos y desacuerdos en cabildos y ayuntamientos (entre los primeros el de La Palma y entre los segundos el de La Laguna son dos buenos y espinosos ejemplos). Pero sobre todo corresponde a Fernando Clavijo y a Patricia Hernández consensuar un conjunto de reformas políticas, económicas y sociales que los anteriores gobiernos no quisieron ni pusieron poner en marcha, y al mismo tiempo, reformar estructuralmente sus respectivas organizaciones políticas, para cuyos máximos puestos de responsabilidad (en CC y el PSC-PSOE) están legitimados por sus resultados electorales.