Cabildo de Gran Canaria

Fruslerías Morales

Después de dos años de mandato ya puede aventurarse cual es la estrategia política de Antonio Morales: el insularismo progresista. El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha armado un discurso que juega a una suerte de territorialización ideológica: es quien resiste a Tenerife que, además, está gobernada por la derecha o, si se prefiere es el que lidera la  resistencia a la derecha, que mora en Tenerife y a través del control del Gobierno autónomo quiere imponer los crasos intereses que defiende en todas las islas. Con esto se puede ir tirando otros dos años sin mayores problemas. Se adoba este progreinsularismo con un montón de comisiones palabreras y programas rimbombantes – y estériles – sobre las energías sostenibles o el empleo solidario y ya está. Morales, sin embargo, ha tenido un tropiezo, por otra parte, perfectamente pronosticable: Podemos le ha salido rana. Podemos se equivocó, ciertamente, y la razón correspondía al presidente. Pero la ruptura ya es insuperable. De hecho, en el plazo de quince días, el presidente pasó de ser el compañero Morales a un diabólico representante de las fuerzas más retrógradas que jamás se arrastraron por Gran Canaria.
El problema es que el tripartito deviene prácticamente irrepetible con los únicos votos de NC y el PSOE. Si las urnas confirman en 2019, con ligeras variaciones, la actual correlación de fuerzas, Antonio Molares tendría muy difícil repetir como presidente. Por eso ha mimado a  Juan Manuel Brito, que una vez expulsado de Podemos –donde pusieron precio a su cabeza desde antes de tomar posesión: cosas de Meri Pita y sus odios sarracenos — quiere convertirse en la franquicia de Sí se Puede en Gran Canaria. Brito trata a Morales como al Papá Pitufo de la izquierda grancanaria y le consulta con piedad filial sus movimientos.
– Con Podemos no se puede ir a ningún lado.
– Está en riesgo la continuidad de un gobierno de izquierda.
– Si puedo voy a  montar  aquí Sí se puede.
–Soy de la misma pitufopinión.
Ahora el Partido Popular – la única oposición real en el Cabildo, porque Bravo de Laguna se limita a elegir chalecos y ofertas políticas  — ha revelado que  una modificación de crédito que figura en el orden del día del próximo pleno está destinada a concederle una subvención directa de 45.000 euros al Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales, una entidad más o menos cabalística entre cuyos fundadores está Juan Manuel Brito, que a su vez figura desde junio como coordinador de actividades (sic). Como bien han recordado los conservadores,  otra asociación liderada por Brito hasta pocos meses antes de ser elegido consejero, Acción en Red Canarias, ha recibido, ya con el flamante heraldo de Sí se Puede como vicepresidente de la corporación, subvenciones de decenas de miles de euros. Pueden dedicar ustedes la tarde para intentar justificar estos comportamientos. No lo conseguirán. Verán, la matriz moral de semejantes indecencias admite reconocer que se trata de comportamientos reprobables, pero que, al fin y al cabo, están justificados por una buena causa. Si lo hacen las derechas (o los corruptos) para sus innobles fines, ¿por qué no hacerlo para procurar el bien, un objetivo que coincide con que sigamos gobernando?
En el libro El Flaco, en el que el escritor argentino José Pablo Feinmann recoge conversaciones con Néstor Kirchner en su etapa presidencial, el líder peronista le cuenta que, para ganar unas elecciones, debe corromper a un intendente del interior del país. “Por suerte podemos convencerlo y no saldrá muy caro pero…¿imaginás lo que pensarían las almas bellas del partido si se enterasen que hacemos esto?” Feinmann asiente, asiente profusamente. Porque no es la izquierda quien habla, sino el poder, y el poder es inapelable y tiene como primer objetivo u autoreproducción. Fruslerías Morales: qué eslogan para las próximas elecciones, qué nombre para una mercería de bisutería ideológica.

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El perseguidito

Es muy difícil encontrar entre los políticos (sean de izquierdas o de derechas, céntricos, centristas o centrados, de partidos tradicionales o de organizaciones emergentes) una comprensión cabal del papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Sin periodismo no existe democracia, por supuesto, y sin democracia el periodismo solo puede ser la pálida promesa que se dibuja en la crítica a desperfectos municipales (el único contenido crítico en el ABC de finales de los sesenta, por ejemplo, era la columna de Cándido sobre las obras del ayuntamiento de Madrid). El periodismo no es necesariamente subversivo, pero su misión es contar lo que pasa y eso, a muchísimos responsables políticos, suele molestarles si lo que pasa les pasa por encima o, menos cruentamente, les pisa los callos. Cuando su vanidad o sus juanetes son atropellados por lo que cuenta el periódico, en fin, el dirigente político sabe lo que hacer por instinto: denunciar una crasa conspiración, una manipulación artera, una conjura atroz.  Es una víctima del atropello de comunistas sin entrañas o fascistas que buscan sangre. Es lo que le ha ocurrido a Antonio Morales con una información publicada por LA PROVINCIA, que recogía las críticas empresariales a su gestión como presidente del Cabildo de Gran Canaria. “Los empresarios ven un cabildo parado y en riesgo de perpetuarse en la inacción”, rezaba el titular de la información que provocó una airada réplica de Morales en su página de facebook. “El periódico me trata mal una vez más”, apunta el presidente en una frase muy reveladora.  La función de un periódico no es tratar bien o mal a nadie.  Pero, por supuesto, Morales lo que quiere es que lo traten bien, es decir, cómo se merece. Y como el periódico tiene el atrevimiento de reproducir la opinión de un grupo de empresarios Antonio Morales solo encuentra una explicación: LA PROVINCIA desarrolla una campaña contra él “al servicio de la derecha más intransigente” – él es la izquierda más estupenda, aunque no esté dispuesto a transigir con críticas empresariales ni periodísticas — y para darle “un balón de oxígeno a CC” – como si Fernando Bañolas pudiera hacer otra cosa con un balón que sufrir un infarto.
En realidad no es necesario ser un empresario para detectar la parálisis política que vive el Cabildo de Gran Canaria. Es evidente, como es perfectamente reparable en los tres años que quedan de mandato. El Cabildo grancanario necesita, en primer lugar, reformarse a sí mismo para modernizarse organizativa y técnicamente como órgano de gestión insular. Por supuesto, y como todos sus antecesores, Morales se ha cuidado muy mucho de intentarlo. En vez de ensuciarse las manos con el puerco dinero, puaj, el presidente prefiere crear comisiones y subcomisiones para diseñar un modelo de desarrollo sostenible donde se intercambian tópicos y buenas intenciones con un beatífico ritmo de conversa cafetera, apostólica e interminable. Esa doble tensión – la aversión por el sórdido billetaje y los crasos intereses empresariales y la inclinación irresistible por la cháchara progresista como medalla de buen comportamiento – es la que alimenta el hueco discurso de Morales, que siempre es una defensa del Bien frente al Mal, porque él está, por si no se han enterado, a favor del Bien y en contra del Mal. Y si es necesario se ayuda al bien con alguna medida valiente, como cuando durante su larga etapa de alcalde de Agüimes llegó a establecer una suerte de toque de queda para adolescentes tentados por los demonios del alcohol y la carne (en) fiesta. Este espíritu, cristianón y pobrista, jalonado por una jerga izquierdosa y autosatisfecha, no da para un programa de gobierno. Pero Morales lo intenta, y si es necesario posar de perseguidito, se hace. También en facebook.

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Una cacería personal

Probablemente el nuevo presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha sido muy comedido al señalar que la denuncia por abusos sexuales contra  cabeza de lista de Podemos, Juan Manuel Brito, vicepresidente segundo del flamante gobierno insular, “huele bastante raro”. Aunque el rumor de la denuncia contra Brito circulaba – por lo que parece – entre algunos cargos públicos y dirigentes de Podemos absolutamente nadie movió un dedo hasta que se hizo pública. Según la denuncia Brito cometió abusos sexuales con la hija de una de sus exparejas hace nada menos que quince años. Ahora comentan algunos (dentro y fuera de Podemos) que el conocimiento de esta acción judicial fue lo que llevó a los dirigentes podemistas a apartar a Juan Manuel Brito de la negociación con Nueva Canarias y el PSC-PSOE para formalizar un pacto de gobierno en el Cabildo grancanario. Nada de contaminar los compromisos adquiridos con un asunto potencialmente escandaloso. Sin embargo, causa verdadera extrañeza que Podemos, sin que exista siquiera una imputación judicial, suspenda inmediatamente de militancia a su cabeza de lista, anunciándola en un extraño comunicado en el que subrayan que se trata de un tema “estrictamente privado y que consideramos que debe quedar fuera del debate político”. Si debe quedar fuera del debate político, ¿por qué se le suspende  temporalmente de militancia y el propio partido toma de decisión de pronunciarse sobre el asunto? Simultáneamente a la publicación de la denuncia – hay que repetirlo: se refiere a abusos contra un menor hace quince años – varios compañeros de Brito, así como el propio Antonio Morales, aluden a dos denuncias por malos tratos de la expareja del consejero presentadas en 2005, que fueron automáticamente archivadas sin practicar diligencia alguna, ya que el juez consideró que carecían de cualquier indicio de veracidad.
Quince años son muchos años pero existen personas (de uno y otro sexo) capaces de mantener una supurante cacería personal durante un tiempo virtualmente infinito. Juan Manuel Brito ha sido un ciudadano profunda y honestamente implicado en el activismo político, social y cultural del Archipiélago durante los últimos lustros, desde el movimiento ecologista hasta la Coordinadora Canaria por la Paz, sin olvidar su labor como profesor de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Que una persona como él – entusiasta, generoso y tan desinteresadamente interesado por su país y sus conciudadanos — pueda verse envuelto en esta asquerosa situación intranquiliza a cualquiera. Una última observación a sus compañeros de Podemos. Si mantienen la suspensión de militancia no será “hasta que demuestre su inocencia” sino hasta que quede probada su culpabilidad. En un Estado de Derecho cualquiera es inocente, precisamente, hasta que los tribunales demuestran lo contrario.

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El cinismo de Bravo de Laguna

Políticamente el señor Bravo de Laguna siempre ha sido un cínico. Un cínico imperturbable que ha entendido las exigencias de la política democrática como un chaleco que puede ponerse o no según la temporada. Basta recordar como, en su grisácea y sin embargo convulsa época como presidente del PP de Canarias, Bravo de Laguna, tras pactar con la recental Coalición Canaria, decidió aposentarse en la Presidencia del Parlamento de Canarias. Imagínense a José Manuel Soria instalado en dicha poltrona entre 2003 y 2007, cuando te tocó pactar con CC, para aquilatar el caprichoso disparate. Que el máximo responsable de uno de los partidos del pacto de gobierno fuera, al mismo tiempo, presidente de la Cámara, constituía una contradicción escandalosa, pero a Bravo, como a los dirigentes coalicioneros, este contrasentido democrático – que ponía en solfa la imparcialidad inherente a un cargo institucional tan relevante — le importaba un higo-pico. Cuando, en los primeros meses de esta disparatada travesía parlamentaria, se le preguntaba al respecto, Bravo de Laguna utilizaba su habitual técnica intelectual: estirar ligeramente el labio inferior, bajar la vocecita y preguntar acto seguido: “¿Y por qué? ¿Por qué es incorrecto? ¿Porque lo dice usted?”.  Y ya está. Cuando se siente atacado – porque Bravo de Laguna, bajo un barniz de caballerosidad vintage, entiende invariablemente la crítica como una agresión – siempre responde con otra pregunta cargada de desprecio, cuando no con un chiste malo, a veces incomprensible y a veces hiriente.
Años más tarde Bravo de Laguna, para conseguir una mayoría suficiente en el Cabildo de Gran Canaria, no mostró ningún reparo en pactar con dos tránsfugas, Juan Domínguez y Antonio Hernández Lobo, a fin de blindar su presidencia. El PP no musitó una palabra de condena al respecto, obviamente. Ayer viernes reverdeció su cinismo al proclamar que no es ningún tránsfuga, porque fue “elegido por los ciudadanos”. Es una boutade tan necia que incluso avergüenza refutarla: un tránsfuga no es aquel elegido por marcianos, sino el que sin abandonar el cargo público para el que fue votado se pasa a otro partido. Y Bravo de Laguna ha inscrito un partido propio para presentarse a las elecciones locales del próximo mayo. Es un tránsfuga de tomo, lomo y bigotito: el primer tránsfuga que mancilla con semejante sinvergüencería el Cabildo grancanario. Lo más penoso de esta situación, sin embargo, es que opaca la muy mediocre gestión política de Bravo de Laguna en los últimos cuatro años, en los que el Cabildo Insular ha perdido otra oportunidad de modernización organizativa y administrativa y ha continuado sesteando sobre el atormentado cogote de una isla sumida en la crisis económica y social más grave del último medio siglo. Tal vez por eso Bravo de Laguna se ha vuelto insularista. Para echarle la culpa a otros de lo que, con sus acciones e inacciones, ha contribuido a fraguar.

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Bravo en la trinchera

El comunicado emitido ayer por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo, su respuesta a las acusaciones de corrupción de un empresario pecholobo y cruelmente desilusionado, peca de insuficiente en el fondo y en las formas. Aunque se trate de un formato muy querido por las élites políticas españolas, el comunicado siempre desprende un ligero hedor a trinchera. El comunicado es una mínima apología erizada de precauciones y temores. Lo suyo es que el señor Bravo de Laguna se presentara a pecho descubierto en una rueda de prensa, armado con los documentos que estimara necesarios para fundamentar sus aclaraciones, pero el señor Bravo de Laguna jamás se ha distinguido por, digamos, un carácter heroico. Recuerdo cuando intentó articular una oposición en el primer Congreso del PP de Canarias que ganó José Manuel Soria, allá por 1998.  Si hubiera podido, en lugar de votar en el plenario, Bravo de Laguna hubiera emitido un comunicado.
En un lugar de su nota el presidente del Cabildo grancanario niega tajantemente que después del 20 de junio de 2011 –cuando asumió el cargo – haya intervenido profesionalmente como abogado, ni asesorado, ni percibo cantidad alguna de los propietarios del Centro Comercial Osasis ni de la sociedad mercantil Rodríguez Marichal y Correa. Sin embargo, Rodríguez Marichal le comunicó hace poco tiempo, utilizando, con obvios propósitos, el registro del Cabildo Insular, que denunciaba el contrato entre su sociedad y el prestigioso bufete de abogados que ha dirigido Bravo durante muchos años. Entre los extremos que el dirigente del PP debería aclarar, saliendo durante unos minutos de la placenta de cualquier fax, es precisamente ese.  Bravo de Laguna se desvinculó de su bufete en junio de 2011 – sin duda realizando los trámites precisos en su colegio profesional – pero el bufete al que pertenece, y no él personalmente, ¿continuó prestando servicios profesionales a Rodríguez Marichal y Correa en los dos años siguientes en relación con el Centro Comercial Oasis y los intereses empresariales enfrentados en el mismo?
A menudo se critica, y cada vez más ásperamente, el retiro dorado de los políticos hacia grandes empresas privadas (petroleras, gasísticas, constructoras, telecomunicaciones) una vez finiquitadas sus carreras en las instituciones públicas. En cambio no sería superflua una reflexión crítica sobre las proliferantes hipotecas políticas y morales que pueden adquirir a través de sus carreras profesionales antes de asumir un cargo público relevante.  A fuerza de estar en todas las salsas se corre el riesgo de terminar pringado.

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