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Democracia en tierra firme

El Tribunal Constitucional no ha declarado ilegal (todavía) la consulta impulsada por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas frente a la costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central y eso significa automáticamente la paralización cautelar de la misma. De inmediato algunos voceros del Ejecutivo regional han señalado que están seguros (sic) de que el Tribunal Constitucional dictará a favor de la legalidad de la consulta. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y Tú Más, Fernando Ríos, se ha atrevido incluso a aventurar que habrá sentencia definitiva en un plazo de cinco meses, a pocas semanas, por tanto, de la convocatoria de las elecciones autonómicas. A cualquiera le parecería imprudente convocar una consulta pocos días antes de la convocatoria de unos comicios, pero cabe colegir que al señor Ríos y a don Paulino Rivero no. Pero si uno se resigna a pensar como una persona adulta y un ciudadano responsable, debería admitir que la vía de la consulta popular está en punto muerto y, en cambio, los sondeos exploratorios de Repsol comenzarán antes de finales de mes.
Por supuesto, el argumento que aflora en esta coyuntura (y no ha dejado de manar desde hace meses) es que el Gobierno de Mariano Rajoy impide que los ciudadanos canarios se pronuncien sobre este asunto, es decir, perpetra un estrangulamiento democrático deliberado. Aunque se trata de asuntos de distinto calado político y jurídico, esta crítica es la que se practica hasta la exasperación en Cataluña a propósito de otro recurso al Constitucional que ha paralizado el referéndum enmascarado de consulta amable y enmarañadamente inquisitiva propuesto por la Generalitat. Hace unos días sostuve una discusión bastante demencial con un amigo convencido de la necesidad y la justicia del procés catalán. Desde su punto de vista, lamentablemente representativo, la democracia había sido prácticamente extirpada en Cataluña bajo la bota facistoide de un Gobierno aguasanado por la corrupción. La lucha por la celebración de un referéndum y la conquista de la independencia eran – según mi atrabilario interlocutor – ni más ni menos que el combate decisivo por la democracia. Tanto catalanes como canarios viven en un régimen autonómico con unas cuotas de autogobierno que jamás habían gestionado en su historia y votan periódicamente a sus parlamentos y sus corporaciones locales. El sistema democrático corre tanto peligro en Cataluña como en Extremadura, en Galicia como en Canarias. La democracia no se juega en un referéndum. La democracia se juega día a día en los gobiernos y las administraciones públicas y en Canarias, ahora mismo, la prioridad debería estar en los quebrantos, miserias, errores y latrocinios que se ramifican en tierra firme, no en mar abierto, y que son los que trituran cotidianamente nuestra depauperada condición de ciudadanos.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Babiecada histórica

Con el laconismo de los grandes momentos históricos, el presidente Paulino Rivero leyó ayer ante los periodistas la pregunta que se formulará en la consulta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por la prospecciones de gas y petróleo?” Más allá de la voluntad evidente de eludir una impugnación del Gobierno central en el Tribunal Constitucional, la pregunta que Rivero ha sancionado contiene, en sí misma, una información valiosísima, a saber, que la Comunidad autonómica tiene algo que merezca llamarse “un modelo medioambiental”, y es más, cuenta con un “modelo turístico”. Es una pena que la ciudadanía no pueda hacerle por el momento consultas al Gobierno, porque resultaría sumamente interesante que el señor Rivero detallara tales modelos. Por cierto, presentar un montón de planes incumplidos, moratorias ergonómicas, normativas legales superpuestas y a veces contradictorias y reformas reglamentarias cantinflescas no vale.
Me gustaría decir que la pregunta es tramposa. Pero no lo es. La pregunta propuesta, simplemente, es una bobería, y dirigirse a los ciudadanos para preguntarles babiecadas es una forma muy poco sutil de faltarles al respeto. La pregunta presupone  — y presuponer algo en una consulta representa, abiertamente, una voluntad de manipulación – que las prospecciones de petróleo y gas son incompatibles con un hipotético modelo turístico y medioambiental. Quizás lo sean, pero en ningún caso cabe deslizar tal implicación en una consulta ciudadana. Es como si en el referéndum sobre la continuidad de España como socio de la OTAN, celebrada en 1986, se hubiera puesto a los ciudadanos en la alternativa explícita de continuar en la organización militar o renunciar al Mercado Común Europeo. La alternativa que siempre supone el pronunciamiento de los ciudadanos en una consulta es, por naturaleza, excluyente, un sí o un no, pero no puede estar fundamentada en implicaciones arteramente introducidas en la pregunta para estimular la inducción a una  respuesta concreta.
Claro que esto no es un referéndum. Es una consulta cuyo resultado –de celebrarse – carece de cualquier vinculación jurídica o administrativa para el Gobierno de España. Pero exactamente igual que en Cataluña se intenta hacer pasar una consulta por un referéndum. Y lo que es más grave, como ha señalado el profesor Santiago Pérez,  es que se pretende, desde el Ejecutivo regional, sustituir la voluntad ciudadana por la fabricación de un pronunciamiento desnudo de las más elementales garantías procedimentales y judiciales propias de un procedimiento electoral democrático (juntas electorales, verificación de los resultados, neutralidad gubernamental, espacios es los medios de comunicación públicos, etcétera). Exactamente: esto es una operación de marketing político. Y no está impulsada por el Gobierno, ni por CC, ni por el PSOE, sino por Paulino Rivero, sumo sacerdote de sí mismo.

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