Crisis económica

El Gobierno en la trinchera

Hace un par de días, en la comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias, la oposición criticó las insuficiencias del decreto ley de medidas urgentes contra los efectos económicos de la guerra en Ucrania. El decreto salvífico se había publicado esa misma mañana en el Boletín Oficial del Estado y, ciertamente, no se trataba de cuatro folios: era un texto largo y, como todos los similares, ligeramente farragoso. El consejero de Hacienda y Relaciones con la UE – que apenas ha pisado dos veces Bruselas en los últimos dos años y medio — ni siquiera se preocupó en aclarar la voz al contestar que no se había leído el decreto. Yo creo, sinceramente, que ha sido uno de los momentos culminantes de la legislatura. En medio de una crisis universal, con el caos apoderándose de los mercados y bajo una inflación incontrolable que nos empobrece a familias y empresas día a día – absténganse los cardiacos de consultar el IPC de marzo – el vicepresidente y titular de Hacienda del Gobierno autonómico les traslada a los diputados que no se ha leído un decreto cuyas medidas afectarán –para bien o para mal; seguramente para poco – la fragilizada economía de su país. Meneño. Igual no duerme bien. Igual estuvo en un asadero que se prolongó hasta las tantas. Igual está leyendo En busca del tiempo perdido y se le ha atragantado la magdalena. Igual es un político ya anacrónico que solo sabe gobernar pastoreando vacas gordas y rodeado de serviciales palmeros. Igual.

Todas las señales indican el alto riesgo de una recesión en Canarias, en España y en Europa. Es una delicia – bueno, no – descifrar el rostro estupefacto o irritado de toletes socialdemócratas o comunistoides que no entienden a qué viene esto de la inflación. Bueno, suele ocurrir cuando te dedicas a meter dinero a espuertas en circulación. La invasión rusa ha terminado por empeorar aún más la situación. La inflación conspira contra el potencial de dinamización y arrastre de las inversiones de los fondos europeos extraordinarios: está comprometida la anunciada creación de puestos de trabajo y el efecto modernizador que las perras del programa Next Generation ejercerían sobre el sistema económico español.  Hace poco, con una imprudencia que tiene algo de demencial, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres redujo a un 25% su previsión de crecimiento del PIB canario. Blas Acosta, viceconsejero de Economía gracias a sus problemas judiciales, soltó con ejemplar necedad que en un escenario “intermedio” el PIB canario crecería un 6,3%  y se crearían unos 24.000 puestos de trabajo. Es la fiesta de Blas, de la que todo el mundo sale con un gráfico de más. Yo entiendo que organizaciones empresariales y sindicales le deben mucho al Gobierno. A todos los gobiernos. Pero no sería superflua alguna reacción en beneficio de nuestra supervivencia y de la viabilidad de Canarias. Ya está bien de sandeces, fantasías, excusas,  inercias, propaganda indecente, narcisismo ridículo, retóricas épicas, desprecios tontainas.

El mismo Torres anunció que el decreto ley incluiría “medidas específicas para Canarias”. Las medida es en realidad es una –aumentar las bonificaciones al transporte de mercancías, y encima han excluido el transporte interinsular de mercancías. Por su parte nada. Absolutamente nada mientras empeora la borrasca económica e inflacionista. Porque las fuerzas que sustentan al Gobierno están paralizadas por el miedo y en una coyuntura excepcionalmente grave no están dispuestas a tomar medidas excepcionales, como recurrir al endeudamiento de la Comunidad autonómica. Han cavado una trinchera y esperan a que escampe para no tomar ninguna iniciativa que conlleve riesgo político. Una trinchera maloliente y profunda como una tumba. 

 

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Pequeñeces

Sentirse pequeño ante la pequeñez de los que mandan. Que sea imposible escuchar en el Parlamento de Canarias una reflexión de mínima solvencia política e intelectual sobre la situación de Canarias en el contexto de la crisis abierta con la invasión de Ucrania por la Federación Rusa y una previsión, al menos general, sobre sus impactos negativos y las medidas que se pueden tomar en caso de agravamiento de la catástrofe. Casi todo el primer día del pleno parlamentario que finalizó ayer se dedicó supuestamente a eso y, sin embargo, no se pudo escuchar nada que no fueran ocurrencias, titulares, bobadas cantinflescas. A uno y otro lado, aunque lo peor, sinceramente, es que el presidente del Gobierno autónomo no asumiera en esta hora cierto liderazgo. Nada. Absolutamente nada. Ha estallado una guerra cerca del centro de Europa, los rusos amenazan a varios países de su entorno, la Unión Europea toma decisiones legales, normativas y financieras inéditas en su historia pero nuestra élite política se dedican a papar moscas o, todo lo más, a soltar discretas y solidarias necedades. Una diputada de CC, Nieves Lady Barreto, se dirigió a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, la también palmera Alicia Vanoostende,  para señalarle como en muy pocos días, a raíz de la crisis ucraniana, se había incrementado casi un 40% el precio medio del pienso ganadero que se consume en las islas.  Ucrania es primer productor del mundo en centeno y el tercero en maíz. Este encarecimiento tiene otros orígenes, por supuesto, como la sequía y la especulación (los fondos de inversión están penetrando fuertemente en el mercado de los cereales en Estados Unidos y Europa).  Barreto concluyó su intervención advirtiendo que los precios, muy probablemente, seguirán escalando, y en muy pocas semanas podrían ser inasumibles para los ganaderos, y pidió que la Consejería de Agricultura y Ganadería estableciera inmediatamente nuevas ayudas directas a los productores. La respuesta de Vanoostende – que es, desde un punto de vista técnico, de lo mejorcito del Gobierno de Torres – ejemplifica perfectamente lo que intento decir. Primero, por supuesto, se ha reunido con todo el mundo;  segundo, su departamento “plantea” una nueva ayuda extraordinaria del sector ganadero de unos 7,5 millones de euros; tercero sus técnicos “están preparando” una propuesta de modificación del REA; y cuarto, no hay que olvidar los planes forrajeros de los cabildos, al que el Ejecutivo ha destinado la estratosférica cifra de 1.300.000 euros. La diputada Barreto se quedó con las ganas y una cara de estupefacción indescriptible. ¿Es que la consejera no ha entendido que los ganaderos necesitan las perras ya y que el sector se puede hundir en un par de meses? ¿Qué otra puñetera cosa se debe entender? Siempre es lo mismo: anuncios, reuniones, titulares, millones por aquí y por allá y nada entre mis manos ahora mismo que es cuando nos la estamos jugando.

Gobernar es también sobreponerse sobre el instante de una crisis oscura y compleja y tomar decisiones inmediatas, no atender los asuntos públicos como si el poder ejecutivo fuera una papelería. Las ayudas a los ganaderos isleños para garantizar el forraje de sus animales deberían estar ya disponibles. Las reservas de combustible  en Canarias (supuestamente en las islas están depositadas el 4% de las reservas de petróleo de España) durarían, en caso de desabastecimiento, poco más de dos meses, y tal vez lo más prudente sería duplicarlas. Nada impide al Gobierno autonómico aplicar medidas de alivio fiscal desde pasado mañana mismo. La recuperación económica está comprometida y cerrar los ojos a la realidad no es quietismo político u optimismo antropológico – las golosinas preferidas por el presidente Torres – sino algo parecido a la irresponsabilidad que, entre otras cosas, pueden llevarse por delante la mitad de los empleos creados en el último medio año.

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El poder de un Gobierno rico en una sociedad empobrecida

 

Román Rodríguez: "No vamos a tocar la fiscalidad ni recortaremos el gasto  público" - La Provincia

Estoy aplastado en la tribuna de prensa del Parlamento de Canarias. Sobre mí, como sobre el espinazo de todos los presentes, caen las decenas, cientos, miles de millones que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anuncia un día tras otro desde que salimos del confinamiento pandémico. No sé cuánto dinero es ya. Un río de euros incesante que salen triunfalmente de la boca de Rodríguez para salpicarnos de gozo y dejar claro a la oposición que no tiene nada que hacer y a los ciudadanos que no hay que preocuparse: Dios (es decir, el Gobierno) proveerá. Y entonces se consolida mi convicción de que esto no va a salir bien. No quiero decir que, necesariamente, todo este dineral esté cebando una catástrofe, pero no se van a conseguir los objetivos que cacarea el vicepresidente, más retóricos que económicos. En primer lugar la administración autonómica – por no hablar de cabildos y ayuntamientos – no está en condiciones –y me refiero a condiciones técnico-administrativas y organizacionales– de gastar toda esa pasta. ¿Recuerdan esos 1.144 millones en ayudas directas a pymes y autónomos transferidos por el Gobierno central? “Canarias recibirá más dinero que nadie y más que nunca”, gritó entusiasmado Román Rodríguez. Pues bien: el plazo de solicitud se cerró el 28 de julio, y hasta el día de hoy, dos meses después, solo se habían concedido 100 millones. Lo mejor hubiera sido, por supuesto, y tal y como se ha hecho en Estados Unidos, Alemania o Japón, que el propio Estado inyectase este dinero a las empresas desde el conocimiento que tiene el Ministerio de Hacienda de su situación fiscal. Se manda un cheque o se hace un ingreso en la cuenta corriente y sanseacabó. En el hispánico modo se actúa como si esto no fuera una emergencia y las pymes pudieran esperar semanas o incluso meses para disponer de una mínima liquidez. Pese a la ayuda de las Cámaras de Comercio se está haciendo mal, y no por ánimo destructivo o deliberada torpeza: sencillamente los procedimientos administrativos tradicionales son demasiado lentos,  torpes y, en este caso, letales, para una intervención de esta naturaleza.

Pero no es solo eso. En los análisis – o los tropos – del vicepresidente Rodríguez está un fondo perturbador, un fondo ligeramente turbio en el que late la confianza de que el Estado –en este caso la comunidad autonómica – puede y debe jugar a la ingeniería económica y empresarial desde la gestión de fondos financieros muy amplios, como los asignados por la Unión Europea y el propio Gobierno central. Este Gobierno de Canarias, el presidido por Ángel Víctor Torres, es el más poderoso e influyente de toda la crónica autonómica, y tiene a la élite empresarial comiéndole de la mano y a una sociedad civil complaciente y temerosa que no se ha reorganizado y galvanizado por la crisis sino que, muy al contrario, se ha acurrucado en su propia debilidad, una sociedad civil agotada que anhela una gubernalización sistemática las actividades económicas como única vía de salvación. Por eso es tan ridículo, por mencionar solo una estridencia, que Podemos proteste por las campañas contra el Gobierno de Canarias. A este Gobierno ningún poder está en condiciones de hacerle una campaña. Dentro del Gobierno y su zona de influencia estás relativamente a salvo de la catástrofe, fuera crece una oscuridad en la que no hay salvación y como explican las Escrituras, “la noche de Dios es infinita”.

El consejero de Hacienda suele repetir eso de las políticas anticíclicas que le enseñó el vice Fermín Delgado hace varias legislatura, pero es falso. El Gobierno canario no hace políticas económicas anticíclicas. Si ni siquiera sabemos aún si algún proyecto de inversión en las islas será respaldado por los fondos Next Generation. Políticas anticíclicas no son ayudas a pyme, prolongación de los ertes o esmaltar una y otra vez el escudo social, sino crear viviendas, sustituir infraestructuras,  levantar colegios, rehabilitar de edificios y entornos urbanos: dinamización de la economía real y creación de empleo. Y eso ni está ni se le espera.       

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La amenaza del alquiler vacacional

El nuevo decreto de la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico que regula el alquiler vacacional es un poltergeist administrativos a cuyo borrador se le puede reconocer, como diría un escolástico, cierta naturaleza entitativa, pero no mucho más. Por supuesto la futura norma excluye las llamadas ahora “islas verdes” y desde el Ejecutivo se admite que cabildos y ayuntamientos puedan establecer “excepciones”, “marcos flexibles” y demás eufemismos pedantescos. Lo que no entiende el Gobierno es que no se trata de regular cierto tipo de alquiler de viviendas particulares para evitar abusos que son muy feos y deshonestos, sino de asumir legalmente los efectos de la turistificación de la sociedad canaria y la amenaza real que supone para la calidad de la vida cotidiana de los isleños. Presentar el alquiler vacacional como una suerte de democratización de la prosperidad turística – un bienaventurado fenómeno que solo reclama moderar las ambiciones pecuniarias de los propietarios – es un disparate. El alquiler vacacional tiene un alarmante potencial destructor en las economías domésticas y en la articulación social de ciudades y barrios. Pregúntenle ustedes a docentes que son destinados a Fuerteventura, Lanzarote o los sures de Gran Canaria o Tenerife. Pisos de una única, diminuta habitación, que sobrepasan los 1.000 euros mensuales, porque el propietario, alquilándolo por semanas, podría conseguir 2.000 euros más. Los alquileres altos no son ajenos precisamente a otro efecto turístico: la subida del precio de los alimentos e insumos en establecimientos que se hacen de oro con el turista y que no le a hacer una rebajita porque usted no lo sea. Ya son muchos centenares las familias encerradas en estas burbujas de encarecimiento de la vida al calor de la prosperidad del turismo. Individualmente el alquiler parece hacerte rico. Colectivamente nos empobrece. Y esta praxis febril se extiende rápidamente fuera de los ámbitos turísticos y contagia al alquiler tradicional. El sueño del rentista ocioso es el complemento del anhelo de convertirse en un funcionario de nómina eternizada aprobando un par de exámenes. Funcionarios, rentistas y subvencionados: la base para la creación de una moderna economía del conocimiento en el Archipiélago.
Hasta hace poco se me antojaba difícil de defender la existencia de procesos de gentrificación en las ciudades canarias. Ahora no estoy tan seguro. Una de las mejores conocedoras de la materia es la profesora Luz Marina García Herrera, como otros geógrafos, historiadores y urbanistas, prefiere hablar – y tiene razón – de elitización urbana. En un artículo magnífico, Vivienda y proceso de elitización en El Cabo-Los Llanos en Santa Cruz de Tenerife la doctora García Herrera describe los orígenes obreros e incluso marginales de la zona y su transformación en un entorno urbano destinado a la clase media-alta gracias a un conjunto de intervenciones de expropiación, remodelación y equipamiento a cargo de las administraciones locales. Las llamadas Torres de Santa Cruz materializan, sin duda, el símbolo de la urbanización de Cabo Llanos en el siglo XXI, dominando el frente marítimo de la costa chicharrera. Pues bien: cerca del 40% de sus propietarios no residen en ellas. Y aun más interesante: casi un 20% vive en Madrid, Barcelona y otras capitales peninsulares. Finalmente, un 3%  tiene su domicilio habitual en Londres, Miami y Cuba. Casi un 25% de los propietarios reconoce que compró la vivienda como una inversión, no para convertirla en su residencia familiar.
Sin duda se trata de un proceso de gentrificación aunque con rasgos propios especialmente marcados. Algunos otros pueden rastrearse en zonas propiamente turísticas. El decreto de regulación de alquiler vacacional es claramente insuficiente. El impacto económico, social y cultural del turismo en Canarias – y no únicamente sus agresiones medioambientales – han cambiado en los últimos veinte años. Y es imprescindible una respuesta política y jurídica global, transversal, interadministrativa y no vender la ficción de catorce inspectores de turismo controlando 131.000 camas para encontrar visitantes con la cartera infartada sobre el pecho.

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Tomarse el desempleo en serio

La pregunta es muy interesante. Si el Producto Interior Bruto de Canarias lleva incrementándose por encima de la media española en los últimos tres años (un 2,2% en 2014, un 2,8% en 2015, un 3,8% en 2016), ¿por qué las islas registran una escandalosa tasa de desempleo que no ha podido descender del 25% y que en referencia al paro juvenil supera nada menos que un 54%?  El Partido Popular ha encontrado una respuesta sencilla y satisfactoria: la culpa es del Gobierno de Canarias, que lo tiene todo a su favor, pero que gestiona mal. Para superar esta sencilla pero enojosa situación, el PP, y más exactamente, su presidente regional, Asier Antona, ha ofrecido lo que llama una “agenda de reformas”, poniendo amablemente a su organización política al servicio de la misma, si Fernando Clavijo y sus compañeros tienen a bien asumirla. ¿Las reformas? Pues bajar los impuestos, reducir burocracia, internacionalizar los sectores productivos canarios (sic), promocionar las bondades del REF en el exterior, reformas las políticas activas de empleo, llevar la banda ancha hasta el último rincón del Archipiélago. No, no es broma.

La mayoría de estas pequeñas y relumbrantes panaceas se vienen escuchando en los últimos veinte años como un canto gregoriano de monjes sonámbulos, a veces interpretadas por el PP, otras por CC y, de vez en cuando, por el PSC-PSOE. Son mantras que en su mayoría resultan absolutamente inservibles para entender  — no digamos ya para solucionar – los problemas básicos de la economía canaria, sobre todo, el alto desempleo crónico, los bajos salarios, la exclusión social y la creciente desigualdad. Ni bajando sustancialmente los impuestos, ni reduciendo funcionario ni desplegando campañas sobre el REF en las capitales europeas se va a conseguir absolutamente nada. Porque los desajustes, disfunciones y fracasos de la economía canaria – y la resignada catástrofe de su mercado de trabajo — tienen otras raíces. Tal y como explica Juan Francisco Jimeno, la ampliación de las oportunidades de trabajo y el aumento del PIB dependen conjuntamente de un cúmulo de factores que se interrelacionan de manera compleja. Por eso una región alemana, creciendo a un 1,5%, crea más empleo que Canarias, creciendo un 3,8%. La variable que intercede entre incremento del PIB y creación de puestos de trabajo es la productividad. Solo una productividad creciente – que implica necesariamente la multiplicación de actividades empresariales que generen valor añadido – puede garantizar un crecimiento económico que genere empleo y un empleo que impulse el crecimiento económico. Y ocurre que la productividad en la economía insular es terriblemente baja y no ha dejado de decrecer en los últimos quince años. La construcción y la actividad turística no estimulan (sobre todo en el primer caso) el alza de la productividad. Y esta situación no cambiará hasta que sean reconocidas, asumidas y analizadas algunas verdades desagradables: nuestras empresas son demasiado pequeñas y demasiado ineficientes, la energía que necesitamos demasiado cara, nuestro mercado de trabajo está mediatizado y comprimido por la dualidad contractual, nuestra política educativa – desde las universidades hasta la formación profesional y ocupacional – ha fracasado, unas élites extractivas han sido las principales beneficiarias de los fondos europeos y han evitado con terror cualquier riego inversor bajo el paraguas de las ayudas y exenciones proporcionada por instrumentos como el REF y la Reserva de Inversiones, y en este contexto, obviamente, es inimaginable cualquier esfuerzo inversor, público o privado, en investigación, desarrollo e innovación.

Es muy improbable que ninguna fuerza política – nueva o vieja – esté dispuesta a metabolizar una situación tan puñeteramente compleja, dolorosa y arriesgada.  Ni intelectual, ni operativa, ni políticamente se toman el desempleo en serio. No digamos el PP de Asier Antona.

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