desempleo

A punto

Primero, toda la infecta trompetería propagandísticca alrededor de las cifras de la Encuesta de Población Activa: esos 72.000 puestos de trabajo creados en el anterior trimestre del año en curso. Pues bien, si se desestacionalizan los datos, el paro no baja, sino que se incrementa, muy moderadamente, pero se incrementa todavía en un par de décimas porcentuales.  La caída de la población activa no se interrumpe y baja un 1,6% respecto al mismo trimestre del año anterior: gente que ya no busca empleo porque se las arregla con las chapuzas, vive gracias a la pensión de los padres o abuelos o ha emigrado echando leches. La inmensa mayoría de los empleos creados en julio, agosto y septiembre son temporales y su duración media es de apenas dos meses. Basurientos y fugaces empleos, como demostrará la EPA a principios del próximo año. ¿Se ha superado la recesión? Desde un punto de vista técnico, puede que sí. Pero el crecimiento del PIB será a corto y medio plazo apenas un eructo, el empleo que se generará será corto, de pésima calidad y ligado a factores estacionales y al rumbo de las exportaciones, y así no hay manera de garantizar el pago puntual de la deuda pública ni es viable el casi desarbolado Estado de Bienestar que todavía resiste en este país. La crisis ya no es una coyuntura económica, sino un estilo de gobierno, un programa político dirigido a transformar un modelo social, una catástrofe institucionalizada.
Canarias ha sumado 22.000 desempleados más y ya ha superado el 35% de la población activa en paro. Que ocurra durante los meses de verano –cuando las contrataciones aumentan empujadas por el turismo, que ha presentado buenas cifras de ocupación –exige un diagnóstico inmediato, descarnado, brutal incluso, y no una carta al Rey más mago. Porque esto está a punto de estallar. Ni la economía sumergida, ni la solidaridad familiar, ni los paliativos de unos servicios sociales escuchimizados pueden desactivar una bomba de relojería cada día más cebada por la miseria, el miedo, la humillación. Están absolutamente equivocados los que creen lo contrario. Están absolutamente errados los que suponen que la somnolienta (y suicida) paz social  se mantendrá se haga lo que se haga a los ciudadanos, a los que se está tratando como basura biodegradable. En el Archipiélago la combinación entre la medicina diabólica de los recortes públicos y el aumento de la fiscalidad y la supresión de programas y ayudas que compensaban la insularidad y la lejanía está destruyendo cualquier futuro democrática y socialmente tolerable para los canarios. Está a punto de ocurrir algo. Por una vez quisiera equivocarme, pero no creo que sea nada bueno.

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Un fracaso de 900 millones

La respuesta de la ministra Fátima Báñez al diputado nacionalista  Pedro Quevedo, la réplica airada del también dirigente de NC, la irritación consiguiente, todo, en fin, sigue una pauta que consiste en obviar cuidadosamente la siempre puñetera realidad. Y por un motivo muy sencillo: en la crasa realidad intervienen todos, en la impertinente realidad se entrecruzan fraternalmente todas las responsabilidades. Si la ministra de Empleo fuera realmente una política, y no una desdichada figurante con un talento excepcional para cincelar estupideces, hubiera explicado que los compromisos contraídos por el Gobierno central en los distintos planes de empleo canarios (incluido el PIEC) fueron eliminados de un plumazo por la imperiosa necesidad de adelgazar los presupuestos generales del Estado. Pero la ministra no puede afirmar tal bestialidad. La ministra Báñez elige sus bestialidades libre y cuidadosamente y no está dispuesta a regalarle una a los diputados de CC-NC. Por lo tanto la  ministra opta cínicamente por mentir desde una altanería de charcutera displicente, acusando al Gobierno autonómico de incumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria. Claro que si la Comunidad canaria ha incumplido la ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿cómo el Ministerio de Hacienda ha certificado su cumplimiento de los objetivos de déficit público y le ha permitido un respiro sustanciado en un crédito extraordinario de 200 millones de euros? Lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy ha prescindido abiertamente de cualquier instrumento específico para la lucha contra el desempleo y la reinserción laboral. No forma parte de su programa político ni presupuestario: eso es todo.

El IV Plan Integral de Empleo de Canarias fue firmado en los últimos meses de la anterior legislatura entre la entonces consejera de Empleo, Margarita Ramos, y la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, e incluía una primera anualidad de 42 millones de euros que jamás fue transferida a Canarias. Pero en sus tres anteriores ediciones significó una aportación de 900 millones de euros. Hay que repetir la cifra: 900 millones de euros en un plazo de doce años. Ese fenomenal esfuerzo financiero – al que deben añadirse, parcialmente, unos 5.800 millones para cobertura de desempleados – no ha impedido que la mejor cifra del paro en Canarias haya sido un escandaloso 10% (en 2007) y que actualmente estemos encallados en un preapocalíptico 33%. Casi 150.000 millones de las desaparecidas pesetas que se han desintegrado con un impacto prácticamente nulo en el tejido empresarial canario, en la dinámica de su mercado de trabajo y en la formación profesional y ocupacional de los isleños. Con Coalición, el PP y el PSOE participando en el Gobierno regional.

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El precariado

Al que suscribe no le importa correr el riesgo de ser tachado de cenizo, disconforme o incrédulo, pero me las traen al pairo las cifras victoriosas de reducción del desempleo de la Encuesta de Población Activa. Ciertamente, incluso si las relativizamos aplicando el abandono de miles de ciudadanos de la búsqueda de empleo y los factores estacionales, se ha creado empleo en España. Pero se ha creado, obviamente, el único empleo que puede generarse con una economía plana que sigue arrojando descensos en su PIB: trabajo sumamente precario, con salarios de supervivencia y concentrados en muy pocas actividades económicas, porque lo cierto es que se sigue destruyendo tejido empresarial y comercial en este país. “La flor de invernadero” de la que habla con metafórico y cursi cinismo el ministro Luis de Guindos no es una flor, sino un diminuto cardo borriquero. Anuncia la rápida configuración de una nueva clase social, a la que un sociólogo británico, Guy Standing, ha llamado el precariado, un término cada vez más ampliamente utilizado en la bibliografía académica desde finales de los noventa. La inmensa mayoría de los que han conseguido un contrato basura en los últimos meses no se integrarán de manera estable en el mercado de trabajo ni podrán construir, sobre unas mínimas garantías profesionales y salariales, un proyecto vital autónomo y responsable.
“Contrariamente al proletariado, la clase industrial trabajadora sobre la que se construyó, política y electoralmente, la socialdemocracia tradicional del siglo XX, las relaciones de producción del precariado se definen por una implicación parcial en el sistema laboral combinado con un trabajo por obra o servicio extensivo a un abanico creciente de actividades”. Como explica Standing, el precariado no presenta ninguna unidad interna y sus miembros no comparten identidad ideológica, referencias simbólicas ni memoria profesional. La propia naturaleza de su estilo de supervivencia – contrato por horas durante tres meses, agónicas chapuzas varias, subsidio de desempleo, otro curro efímero y vuelta a empezar – explica su fragmentación, su ausencia de lazos de solidaridad o compromiso,  su desprecio o hartazgo ante la afiliación política o sindical, su profundo escepticismo sobre cualquier cambio: el mismo exhausto escepticismo que compartiría un ratón corriendo sobre un barrilete dentro de una jaula metálica. La crisis financiera y económica ofrece así una oportunidad magnífica para establecer condiciones laborales que devienen un óptimo soporte político para la reproducción de un capitalismo oligárquico de amiguetes y mamones tutelado por el Estado con un carnet del PP en la boca.

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Un gran éxito

Dale bebida al sediento, dale comida al hambriento, dale esperanza al desesperanzado y suscribe la peculiar lectura de los últimos datos sobre el empleo que perpetra el Gobierno: el fin de la recesión económica está cerca. Muchos sugieren o defienden esta práctica como un acto de caridad evangélica. Hay que animar a la gente. Quizás sea meritorio animar a la gente en un velatorio, pero a los ciudadanos se les debe tratar con respeto, es decir, como personas adultas y más o menos racionales. En realidad si se dispara toda esta trompetería política y periodística sobre las exitosas cifras de (des)empleo es porque le conviene a casi todo el mundo: a los gobiernos, a las patronales, a los sindicatos, a los grandes grupos de comunicación de las diversas Españas. La cosa está todavía muy mal, hijos míos, pero se está revertiendo la tendencia y allá, en lontananza,  nos espera la prosperidad y el pleno empleo…
Lo mejor sería esperar los datos de la EPA. Según el Ministerio de Trabajo han disminuido en unos 127.000 el número de desempleados, entendiendo como tales los ciudadanos registrados en las oficinas públicas. Pero, curiosamente, no aumentan, sino que siguen decreciendo si se desestacionalizan los datos, los afiliados a la Seguridad Social, y ese resulta el baremo para conocer la calidad y cantidad del empleo creado (633.000 afiliados menos en los últimos doce meses). Cualquier técnico le explicará en una esquina, a cambio de la voluntad o medio de choped, las razones de esta asimetría. Los ciudadanos dejan las oficinas de los servicios públicos de desempleo porque se les agota la prestación, porque están hartos de realizar cursillos que no sirven para nada, porque han encontrado un currelo en la economía sumergida o porque han abandonado el país. La media de afiliados en los seis primeros meses de 2012 fue de 16.950.000 personas; la media de afiliados en el primer semestre del presente 2013 no llega a 16.252.000.  En Canarias el número de desempleados registrados bajó en 3.308 personas, pero la Seguridad Social perdió 919 afiliados el pasado junio.
Es imposible adivinar lo que debemos celebrar con estas cifras espeluznantes. ¿Es una dicha indescriptible que disminuya la presión asistencial en la red pública de oficinas de desempleo? ¿Debemos agradecer al Gobierno central – y a sus homólogos autonómicos – que vista su patética incapacidad para acabar con este infierno social, tan arduamente apuntalado por restricciones presupuestarias y normativas tarugas,  estén aplicando brillantemente su talento y energías en una incesante y miserable campaña publicitaria?  Tal vez en el fondo sea comprensible que el Gobierno entienda como un éxito que los ciudadanos abandonen la administración y se inclinen por la postración silenciosa o el darwinismo de alcantarilla antes de exigirle más cuentas y menos cuentos.

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Ya basta

Asombrosamente (o no) la reunión del Consejo de Política Fiscal Económica celebrado la pasada semana bajo la presidencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha merecido demasiados comentarios públicos en Canarias. Quizás porque, de la misma manera que no se considera piadoso hablar de enfermedades delante de un desahuciado, no parece conveniente referirse al terrorífico palo recibido por la Comunidad canaria, que junto a Cataluña, Andalucía y Asturias votó negativamente a la propuesta de Montoro. Inútilmente. La relajación del esfuerzo fiscal concedido por Bruselas se la reserva el Estado al 75%, mientras las comunidades autonómicas deberán pasar del 1,7%  del PIB – conseguido en Canarias a cambio de sucesivos serruchazos con un impacto terrible en los servicios públicos y asistenciales – a un 1,3%. Ni un respiro. Estas cuatro décimas porcentuales pueden significar unos 300 millones de euros más de recortes en el gasto público autonómico. Unos 300 millones menos en una coyuntura en el que los servicios públicos sanitarios y educativos han llegado al límite severo de su sostenibilidad financiera y comienzan a emitir señales de implosión operativa y organizativa. Por supuesto han volado por los aires los vagos ensueños de financiar determinadas carreteras, poner en funcionamiento ciertos hospitales o dotar financieramente la llamada Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, una fantasía burocrática que Inés Rojas ya puede dejar de tartamudear, porque no hay perras ni para pagar el papel en el que ese estúpido galimatías  está impreso.
Esta catástrofe ha dejado impávido al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que apenas tres días más tarde blogueó casi estentóreamente que ya comienza a columbrarse el final de la crisis económica y que – por supuesto – Canarias empezará a recuperarse en los próximos meses y antes incluso que la Península, según reza uno de sus mantras predilectos. Rivero conoce perfectamente lo ocurrido en el Consejo de Política Financiera y Fiscal y sus consecuencias. Lleva años anunciando una milagrosa recuperación económica y la creación de cientos, miles, decenas de miles de puestos de trabajo a través de una pinturera geometría de titulares, reuniones, discursos y planes nigrománticos. Yo creo que ya está bien, que ya es más que suficiente. ¿De veras cree que los sindicatos, las patronales, los grupos parlamentarios, las universidades, los periodistas, las asociaciones de vecinos, las organizaciones no gubernamentales, los funcionarios y, sobre todo, los 300.000 desempleados de este Archipiélago somos idiotas congénitos? ¿Dos millones y pico de tarados irremediables utilizados como un frontón sobre el que rebotar una y otra vez ocurrencias egomaniacas cada vez más grotescas, más groseras, más insultantes? Déjelo ya, presidente. Deje de tomarnos por estúpidos dignos de burla  una y otra vez.

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