empresas públicas

Torpedo

El Cabildo de Tenerife carga con una deuda que supera muy probablemente los 477 millones de euros, es decir, la corporación insular adeuda un volumen similar al de su presupuesto anual. Según los datos del Ministerio de Hacienda, es la segunda entidad local supramunicipal más endeudada de España, después de la Diputación Foral de Vizcaya. Hace unos días una sentencia del Tribunal Supremo estableció que el Cabildo tinerfeño estaba obligado a devolver créditos solicitados durante el año 2010. En el origen de este pronunciamiento judicial está un decreto del Ministerio de Economía de 2011 –todavía gobernaba Rodríguez Zapatero – que, en pleno del pánico por una situación económica agónica, instaba al Cabildo a cancelar los créditos solicitados y le transmitía tajantemente que no podía solicitar otros nuevos. Finalmente el Supremo ha concedido la razón al Ministerio, observando en su sentencia varias causas de nulidad, entre otras, la utilización de los créditos solicitados para abonar la devolución de deuda comprometida en años anteriores. La corporación tendría que apoquinar este año más de 137 millones de euros de créditos suscritos en 2010. Su última trinchera es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que interpuso un recurso contra el decreto ministerial, aunque es al menos jurídicamente discutible que el Cabildo no deba ejecutar inmediatamente la devolución de los créditos, tal y como ha señalado Santiago Pérez.
Este asunto no es precisamente menor (supone el riesgo casi inevitable de un impacto brutal en los recursos públicos de Tenerife) pero extrañamente no ha sido objeto siquiera de un pleno extraordinario en el Cabildo Insular ni parece preocupar a los lánguidos agentes de la tibetana sociedad civil isleña. Nada, como si se tratase de un incidente meteorológico que se superará gracias al fondo de armario de gabardinas del consejero Víctor Pérez Borrego. Y ocurre tal pachorruda enormidad sin que el Cabildo, después de un lustro de crisis económica, haya avanzado un ápice en una reforma técnica, organizativa y administrativa para disminuir los costes estructurales y los lastres financieros de una corporación que mantiene vivas y zarzaleando un montón de empresas públicas (16 entre las participadas íntegra o mayoritariamente) y concediendo subvenciones a granel.

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Austeridades

Portentoso anuncio presidencial de Paulino Rivero. El Ejecutivo ha decidido eliminar cinco fundaciones y dos empresas públicas, lo que supondrá un ahorro anual de unos 25 milloncetes de euros. Que después de tres años de la crisis económica más destructiva del último medio siglo en Canarias el Gobierno haya sacado resuello para eliminar vaporosas naderías como la Sociedad para la Promoción Educativa o venerables reliquias como Canarias Congress Bureau no parece que sea una noticia excepcional. Porque, como es obvio, la pregunta es muy sencilla: ¿por qué no se hizo antes? Las mencionadas fundaciones y empresas públicas eran perfectamente inútiles antes, incluso, de que Paulino Rivero tomase posesión como presidente del Gobierno. Este anuncio heroico se produce apenas dos meses antes de que se convoquen las elecciones autonómicas y municipales y no resulta, precisamente, ajeno a ellas. A este paso el último ujier no cerrará la última puerta de Saturno – ese abrevadero estratosférico digno de la inteligencia rapaz de don Lorenzo Olarte — hasta mediados de siglo. El Gobierno, en fin, ha tenido tres años, tres años nada menos, para diseñar un plan de reforma de la administración autonómica que elimine obsolescencias, superposiciones, redundancias, anacronismos e inutilidades, pero no lo ha hecho, entre otras poderosas razones, porque las administraciones públicas hipertrofiadas e ineficientes tienen, como principal objetivo, servir a su propia supervivencia.
Y sin una reforma estructural de las administraciones públicas – una racionalización organizativa y operativa que no consiste en ajusticiar funcionarios convenientemente estigmatizados para disfrute del elector oligofrénico – todo el complejo edificio político-administrativo de Canarias amenaza ruina económica y simbólica. Ocurre, por lo tanto, lo contrario que en Tindaya, tal y como ha explicado amablemente el arquitecto jefe del supuesto proyecto de Chillida: igual si agujereamos la montaña, oiga, se viene abajo, que las montañas de traquita son muy suyas, muy resentidas, muy traicioneras. Don Lorenzo Fernández-Ordóñez ha sido muy amable. Quince años con esta maldita murga mesiánica, decenas de millones de euros malgastados en una trama que jamás se ha aclarado del todo públicamente, y ahora se nos advierte, con la mejor de sus sonrisas de escuadra y cartabón, que Tindaya se puede desmoronar. Menos mal que todo esto pasa con el mejor sistema educativo europeo. En Finlandia ya hubiéramos entrado en el canibalismo.

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