Fernando Clavijo

Fragmentos del diario de Asier Antona

 Lunes, 6.15. Despierto bruscamente y bañado en sudor. Empiezo a temblar hasta que me doy cuenta que todo era una pesadilla y que José Miguel Barragán no está bailando desnudo sobre la mesa de noche, mirándome libidinosamente y arrojando sobre mi cabeza las cenizas de un puro rechupado. Sin duda estoy muy estresado por esta maldita negociación. Después de ducharme suena el teléfono móvil. Es Barragán y antes de que yo pueda exigirle una nueva cita para negociar me lanza una pregunta que me deja helado: “¿Por qué no te gusta la cumbia?” Por primera vez cuelgo yo y no él.

Miércoles, 08.05. He tenido una idea para que Barragán no siga rehuyéndome. Me he plantado en su casa. A grandes males grandes remedios. No podrá huir en su propio domicilio. Para no ponerle sobre aviso, toco el timbre del portero electrónico y digo ser un testigo de Jehová, incluso llevo bajo el brazo un ejemplar de la revista ¡Despertad! Me quedó estupefacto cuando Barragán me recibe con un cálido abrazo y me comunica que también él es testigo de Jehová. Media hora más tarde salgo de su domicilio cargando con media docena de biblias encuadernadas en símil piel, una suscripción para cinco años de las revistas ¡Despertad! y La atalaya y un autógrafo notarialmente autenticado de Charles Taze Russell. Todo por 89’20 euros. Tengo la impresión de que esto se pone difícil.

Jueves, 11.05. En el Parlamento nadie me mira como al próximo vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, aunque hoy me puse mis mejores alzas. Es increíble, ni siquiera la élite política se entera de nada. El camarero de El Derby me sirve el cortado como si yo fuera mortal. Pobre hombre. El móvil de Barragán sigue ocupado.

Viernes, 12.25. Breve conversación con mi gran compañera María Australia Navarro. Parapetados detrás de un ficus en el patio del Parlamento a fin de conseguir la máxima intimidad, me cuenta que ayer coincidió con José Miguel Ruano, quien después de un par de whiskys con leche le prometió la Consejería de Marina. Le hago notar a María Australia que el Gobierno autonómico no cuenta con una Consejería de Marina y Asuntos Náuticos. Me dice que es verdad, pero que menos es nada. También me cuenta que siempre le ha parecido sospechoso que Barragán y Ruano se llamen igual y que eso le hace pensar que no quieren soltar la Consejería de la Presidencia. Me da la bajona de nuevo.

Sábado, 17.05. Una casualidad extraordinaria. A la salida de almorzar en Los Cuatro Postes me tropiezo con José Miguel Barragán, que andaba muy dicharachero fumándose un puro. “José Miguel, no podemos posponerlo más; vamos a reunirnos ahora mismo, Canarias necesita un gobierno estable”. Barragán accede, pero de repente tuerce la cara con un gesto de dolor, se echa la mano al pecho y se derrumba a mis pies. Mi desconcierto es interrumpido medio minuto después por la llegada de una ambulancia. Dos enfermeros aparecen y se llevan al secretario general de CC en camilla. Lo meten en la ambulancia y cuando me acerco Baltar abre la puerta y me grita: “Este hombre ha sufrido un infarto. No puede negociar con el PP”. Antes de cerrar de nuevo la puerta Barragán me cierra un ojo desde la camilla con una sonrisita que mordisquea otro puro. La ambulancia sale disparada como una bala.

Lunes, 21.20. Se acabó. No lo soporto más. Llamo a Fernando Clavijo, que se pone enseguida. Le digo que o negociamos ya nuestra entrada en el Gobierno o rompemos la baraja. Clavijo me pregunta qué baraja es esa. Le digo que la baraja del Gobierno. Me dice que en el Gobierno no hay barajas, pero que está dispuesto a cederme un tablero de parchís que se encontró en la sede de la Presidencia. Admito que es un paso adelante, pero le digo que debo consultarlo a Madrid. Vuelvo a tener esperanzas.

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Panes y peces presupuestarios

En su momento de mayor gloria político-electoral (correspondiente a los gobiernos de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín) Coalición Canaria protagonizó una reactualización del secular pacto entre las élites políticas canarias y el Estado español: a cambio de lealtad institucional ventajas presupuestarias, legislativas o fiscales, a lo que se sumaba la renta de situación que suponían los fondos de la Unión Europea. La progresiva debilitación electoral de los coalicioneros (han pasado de cuatro diputados en los noventa a un solitario escaño) y el cambio del ecosistema político español desdibujaron ese papel. El grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados representaba un instrumento político de orden estratégico y sus escenificaciones y frutos legitimaban al peculiar y muy pragmático nacionalismo de CC. Quizás por eso, después de  dos legislaturas y media de atonía pactista, y al encontrarse Mariano Rajoy urgido por articular una mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar los presupuestos generales del Estado, Coalición se ha apresurado a proclamar que el proyecto de Cristóbal Montoro es “magnífico” para los intereses de Canarias, y aun más, que se trata de unos presupuestos “históricos”, porque por primera vez se cumple con que la inversión en la Comunidad autonómico llegue a la media española por habitante. Montoro ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, su REF sacramentalmente seccionado del sistema de financiación autonómica, su condición insular, su origen volcánico, la sabrosura del mojo, la originalidad de las letras de las murgas y la temperatura primaveral de nuestros luminosos inviernos.

El entusiasmo de CC por el proyecto de ley presupuestario es tal vez comprensible, pero imprudente. El PNV está a punto de cerrar un acuerdo con Rajoy, que incluye ventajosas reformas y renovadas garantías respecto al cupo vasco, no revisado desde 2007, que se elevan a un monto superior a los 1.600 millones de euros, y el señor José Eskoreka no se ha puesto de llorar de emoción ni ha agradecido al Gobierno central la generosidad de haber redimido a Euzkadi. Pontificar solemnemente que “Madrid cumple”, aunque se suponga que es gracias a la perseverancia negociadora de CC, deviene simplemente coronar al PP como la fuerza política más comprometida con las islas. Así Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional corre el riesgo de que Asier Antona lo califique maliciosamente – y así lo ha hecho — como “el mejor delegado del Gobierno de España en Canarias”. Es difícil imaginar a un nacionalista recibir un (envenenado) piropo semejante.

Y también es una imprudencia (o una cierta insensibilidad ante el cambio de clima político) considerar que apoyar a Mariano Rajoy en medio de la gusanera vomitiva de la corrupción – que en sí misma supone un ataque en toda regla al sistema democrático – será ampliamente comprendido porque Canarias va a disponer de unos 220 millones de euros más para su financiación en la segunda mitad del año en curso. Entre 1995 y 2010, aproximadamente, esta comunidad dispuso de muchos miles de millones de las antiguas pesetas para sostener la actuación del Plan Integral de Empleo o para alimentar el siempre hambriento Plan de Carreteras, y después de semejante maná presupuestario, el desempleo sigue situado por encima del 25% de la población activa, el paro juvenil sobrepaso y la productividad no deja de caer, y la precariedad crece y los salarios no se recuperan, y el consumo interno apenas se levanta temblequeante. El 43% de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo. Los ciudadanos isleños se han vuelto muy razonablemente escépticos sobre los efectos taumatúrgicos de las negociaciones presupuestarias.

Los ciudadanos isleños, al igual que los del resto de las comunidades autonómicas, han visto recortados sus derechos laborales, han caído en un precariado laberíntico, han sufrido el mantenimiento o incremento de la presión fiscal, han comprobado el desprecio brutal –cuando no la beligerancia  — del Gobierno conservador contra la libertad de expresión, han padecido las consecuencias del estrangulamiento de la financiación de los servicios sanitarios y asistenciales, han levantado acta de defunción de la ley de Dependencia, han perdido becas o se han debido a resignar a abandonar proyectos de investigación científica y tecnológica porque no les soltaban un duro, y se les antoja sumamente improbable que estas circunstancias – y las decisiones políticas que las han creado – cambien en lo principal porque la Comunidad canaria mejore sustancialmente su financiación. No se trata de negar la importancia de los fondos conseguidos para las islas en el proyecto presupuestario, sino de alertar sobre el mecanicismo implícito en la suposición de que el incremento de recursos financieros deriva venturosamente hacia la satisfacción de los intereses generales y la prosperidad económica. Una estrategia económica nunca funciona con piloto automático. En todo caso la batalla interminable (y publicitada hasta la náusea) por la mejora de las asignaciones presupuestarias a cargo del Gobierno central debería estar inserta en una estrategia coherente, flexible y abierta que – no estaría mal leer y escuchar a economistas como el profesor José Ángel Rodríguez – descarte éxitos del pasado, como la construcción desaforada y la promoción inmobiliaria, evite improvisaciones aguijoneadas por urgencias,  seleccione programas, acciones e iniciativas de carácter estructurante en el sistema económico canario, identificando servicios y productos con efectos multiplicadores y promueva el arraigo de prácticas orientadas a desarrollar  redes asociativas y de cooperación. Los objetivos no son demasiado discutibles: crear empleo de calidad, estimular actividad empresarial que genere valor añadido, levantar la productividad, recuperar la cohesión social, emprender reformas educativas inaplazables, introducir nuevos criterios de profesionalidad y rentabilidad en las administraciones públicas para conseguir mayor eficacia y eficiencia, atraer recursos públicos y privados a las universidades y al desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación, avanzar para una implementación de un auténtico mix de energías alternativas en el archipiélago.

Coalición no está apoyando los presupuestos de un Gobierno moderado y auroral como era el de José María Aznar en 1996, al que su entonces portavoz en la Cámara Baja, José Carlos Mauricio, llegó a advertir “estaremos vigilantes para que no abandonen el camino del centro político y la negociación”. Está avalando con su voto a un Gobierno abierta y activamente derechista, que ha practicado una dolorosa devaluación interna desde una concepción patrimonial de las administraciones públicas y una voluntad inequívoca de rechazar la aconfesionalidad del Estado y sustituirla por una redivida cultura nacionalcatólica.  Las pruebas de una corrupción cuasiestructural en el seno del PP – muchos de cuyos dirigentes han funcionado como cuadrillas extractivas de las arcas públicas – se suceden diariamente: detenciones, registros domiciliarios, investigaciones policiales, procesamientos, declaraciones escandalosas, encarcelamientos.  Se trata de una honda crisis política que puede llegar a desembocar en una crisis de Estado. Y la gente suele construir sus interpretaciones – y reaccionar emocionalmente – por lo que ve  y nota cotidianamente en su piel, no por lo que es incapaz de ver: esos cientos de millones que llegan en la oronda panza de los presupuestos generales del Estado, la dorada llave de una felicidad inimaginable pero siempre postergada.

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Financiación autonómica

Si se emprendiera –cosa harto improbable – una reforma de la Carta Magna de 1978 durante los próximos años la conferencia de presidentes autonómicos debería ser constitucionalizada, como demanda la estructura cuasifederal del Estado español. Por el momento la insuficiencia mayoría parlamentaria del PP y la evolución de la hacienda española durante la interminable crisis económica – que ya no es una crisis, sino un cambio de paradigma político y una deconstrucción del Estado de Bienestar – han propiciado una reunión de esta conferencia territorial, con las excusas majaderas de los que gobiernan en Cataluña y el País Vasco, con el objetivo básico de avanzar hacia el consenso de un nuevo sistema de financiación autonómica. El último compromiso financiero del Gobierno central con las comunidades autonómicas se produjo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y ha resultado bastante desastrosa para Canarias. Cuando el Gobierno regional repite hasta la naúsea que cada canario recibe 1.570 euros anuales menos que lo que recibe de media cada español en los presupuestos generales del Estado olvida que Coalición Canaria bendijo el muy deficiente sistema de financiación que ha conducido a esta situación.
Lo cierto es que España está obligada a cumplir su compromiso de consolidación fiscal con Bruselas reduciendo su déficit al 3,1% del PIB antes de finalizar 2017. Hace un par de meses Cristóbal Montoro aseguró que la mejora de la recaudación – y la inercia de las medidas económicas y fiscales ya adoptadas – conseguirían que se llegue al 3,6%, y esas cinco décimas que se resisten significarán un recorte presupuestario de unos 5.500 millones de euros aproximadamente. Es difícil que Canarias – ni nadie –consiga mejorar su financiación, aunque se intente por la vía de que los recursos del REF no se computen como financiación general: ese es un criterio político y no contable. El Gobierno autonómico solo tendrá una oportunidad de mejorar ligeramente (o no) la financiación de la comunidad si deviene imposible un acuerdo presupuestario entre el PP y el PSOE y Mariano Rajoy y su equipo se ven obligados a pactar con Ciudadanos, en cuyo caso necesitarán el auxilio de los votos del PNV y de CC.
En todo caso vale la pena hacer una reflexión. Ciertamente a Canarias le urge una mejor financiación para que los sistemas públicos de educación y sanidad puedan respirar tras un largo y angustioso periodo de asfixia económica. Pero resulta realmente curioso que con mejor o peor financiación, con convenios generosos o con presupuestos ajustados, este pequeño país se enfrente a un desempleo estructural excepcional en Europa – actualmente superior al 28% de la población activa y nunca inferior al 10% desde los años noventa –, a salarios entre los más bajos de España, a una concentración de renta escandalosa y a una desigualdad galopante. Mientras este  doloroso escenario no cambie – y lleva un cuarto de siglo sin cambiar sustancialmente – Canarias verá aumentar cada vez más su dependencia financiera de los presupuestos generales del Estado para pagar sus servicios sociales y asistenciales. Es un curioso nacionalismo el que consigue aumentar más la dependencia financiera al Estado año tras año, legislatura tras legislatura. Pocos empleos, mal pagados y escasamente productivos se traducen en un consumo débil, en una recaudación fiscal misérrima, en unas asignaciones para la jubilación claramente insuficientes para garantizar las pensiones de pasado mañana. A un proyecto dizque nacionalista este horizonte le debería intranquilizar, tanto como debería entender que ganar una batallita en la financiación estatal no supone consolidar Canarias como una comunidad política y económicamente viable.

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Una amnesia desvergonzada

En un ensayo breve y delicioso Roland Barthes llamó a Voltaire el último escritor feliz, porque jamás sufrió ni la hiperconciencia del lenguaje ni conflictos ideológicos internos ni las ambigüedades morales de quienes le sucedieron. El último (y quizás el único) presidente del Gobierno de Canarias feliz, indescriptiblemente feliz de ser presidente, fue Román Rodríguez.  Su gorja naturaleza, su buen humor casi inalterable, su ciega confianza en sí mismo lo convertían en una excepción, porque los presidentes, aunque anhelen mucho su condición (“se puede llegar a presidente por casualidad, pero no sin desearlo mucho”, como dijo Abraham Lincoln) suelen  mostrarse como esclavos de un ideal, estrictos servidores de los intereses públicos, monjes trapenses de la gestión institucional,  víctimas de su propia entrega acogotadas por una responsabilidad  que devoraba sus días y sus noches. Rodríguez jamás pisó semejantes pantanos. Dormía a pierna suelta sin perdonar breves y reparadoras siestas, bebía bien y comía mejor, bromeaba con unos y con otros, proyectaba una imagen entre deportiva y hedonista del poder en época de presupuestos gordos y mantecosos. Pero, por supuesto, era un presidente, un presidente bastante común y corriente, y quería seguir siéndolo.
Ahora Román Rodríguez le pide a otro presidente, Fernando Clavijo, que presente una cuestión de confianza en el Parlamento. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Rodríguez cambió cuando los restantes dirigentes de CC incumplieron tramposamente el acuerdo en virtud del cual le correspondería la Vicepresidencia y la Consejería de Economía y Hacienda a partir de la victoria electoral de 2003. Fue entonces cuando decidió marcharse y fundar con la mayoría de los cargos públicos (y los militantes) de la CC grancanaria un partido, Nueva Canarias. Cambió entonces, no antes. Pero no se trata de afear los cambios de posición política, sino de subrayar esa amnesia empapada en cinismo con el que Román Rodríguez, reverdecido izquierdista, se desenvuelve hace años. Reclama conocer los apoyos de Clavijo y olvida la espectacular y follonera inestabilidad que presidió buena parta de su mandato. Al parecer no lo recuerda. No recuerda cuando destituyó a Guillermo Guigou, secretario general del PP de Canarias, como consejero de Agricultura y Pesca. No recuerda tampoco que el PP decidió abandonar el Gobierno autonómico, pero sus tres consejeros – Lorenzo Suárez, Tomás van de Valle y Rafael de León – se negaron a dejar el gabinete: los tres se negaban a reconocer el liderazgo de José Manuel Soria. Es difícil imaginar una inestabilidad más circense: gobernar con tres consejeros que no reconocen la autoridad de tu socio parlamentario y que se niegan a seguir las instrucciones de su propio partido. Esta grotesca situación duró más de cinco meses. La oposición socialista le solicitaba casi a diario una cuestión de confianza, pero a Rodríguez el infecto vodevil que copaba la información política le importaba un rábano. Finalmente el PSOE de Juan Carlos Alemán presentó una moción de censura pero ya por entonces se había recuperado la confianza entre Coalición y el PP, y los votos de la derecha acudieron prestos a salvarle el pescuezo a Rodríguez.
Como ejemplo de inestabilidad – incluso de inestabilidad en el seno de CC – podría citarse también esa monstruosa comisión de investigación sobre Tindaya: montaña sagrada y violentada que parió un ratón parlamentario. Que un político con estos antecedentes describa ahora mismo un escenario cuasiapocalíptico y siempre dudas sobre la legitimidad del Ejecutivo regional – cuya gestión, sin duda, reclama duras críticas – no es más que una lección de desmemoriada sinvergüencería.

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Partidos en crisis y crisis del pacto

Una de las raíces de la actual crisis del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSC-PSOE — es la extremada debilidad de ambas organizaciones políticas y la ausencia quebradiza de sus liderazgos. Supuestamente tanto los coalicioneros como los socialdemócratas abrían legislatura y sellaban un acuerdo que coronaría la llegada de una nueva generación política al poder autonómico, encarnada en Fernando Clavijo y Patricia Hernández.  Y en efecto, ha cambiado algunos (pocos) nombres, pero se trata de un asunto puramente nominal. Tanto CC como el PSC no han cambiado lo más mínimo ni es previsible que lo hagan. Como todas las viejas fuerzas políticas casi se han reducido a maquinarias electorales: partidos cártel que funcionan como lobbys incrustados en las instituciones. No se transformarán, entre otras razones menores, porque ni Clavijo ni Hernández cuentan con la suficiente potencia política y con unos aliados sólidos para intentarlo. Hablando con propiedad: ni uno ni  otra tienen incentivos para hacerlo. Jóvenes sí, pero profundamente conservadores también, porque introducir cambios en la praxis de sus partidos, en sus criterios de organización, en sus programas y sus relaciones con la sociedad civil, en el método de selección de su personal político, en fin, pondría en marcha una dinámica interna de democratización y fragmentación a la vez que muy probablemente no podrían controlar. Ni el presidente ni la vicepresidencia están dispuestos a jugársela. Cambios, los mínimos indispensables, en un proceso cuyo control esté en sus manos.

El caso de Clavijo es particularmente agónico. Después de alcanzar la designación para la candidatura presidencial, y de conseguir encabezar el Ejecutivo regional, Clavijo reparó en que si pudo desplazar a Paulino Rivero fue porque logró la secretaria general d la Coalición tinerfeña. El fin de Rivero, en el seno de CC, llegó cuando perdió el control partidista de Tenerife, que le cuidaba como una huerta   –al final como un chalet que visitaba un par de veces al mes –  Javier González Ortiz.  Era, por tanto, inexcusable mantener el control de la organización insular,  aunque suponga una muy llamativa circunstancia – por decirlo suavemente — que el presidente del Gobierno desluzca su neutralidad regional – o nacional – asumiendo los intereses de una de las islas. El presidente se ha encastillado en esta posición, empujando de una patada el balón del Congreso Nacional de CC hacia 2017, y ha contaminado su pequeña magistratura con las crisis municipales en su isla de origen. Es disparatado y contraproducente. Es irracional. Es impolítico. Pero entre los tinerfeños de la cúpula de CC se pretende hacer pasarlo como normal, como se pretende hacer pasar como normal que no se debata políticamente con tu socio político, hasta llegar a un consenso operativo,  un buen proyecto legislativo como es la Ley del Suelo o un criterio de reparto caprichoso como supone el propuesto para la inversión del ahora Fondo de Desarrollo de Canarias: es perfectamente posible una fórmula mixta que integre la priorización de proyectos concretos con el equilibrio interinsular a partir de la aportación de cada territorio al PIB regional.

Sí, existe una crisis política que pone en peligro la continuidad del pacto que sostiene al Gobierno autonómico. Pero no es únicamente el precipitado de intereses bastardos, fulanismos exasperados, desconfianzas y puñaladas municipales. Es una crisis de cohesión y coherencia de los grandes partidos, de una concepción inteligente e integradora del liderazgo político, de responsabilidad hacia un país que está perdiendo sus penúltimas oportunidades para no terminar como un balneario abaratado, envejecido y destartalado al oeste de África.

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