Gran Canaria

Qué querrán

Es una anécdota que he escuchado en muchos sitios, yo la oí por primera vez en boca de Gilberto Alemán, que me definió una vez el insularismo como “un delito de lesa patria canaria” o algo así. A principios de los años cincuenta dos chicharreros bajaban en el viejo tranvía a Santa Cruz y en el horizonte se dibujó, nítida, la silueta de la isla de Gran Canaria, y uno de los amigos le dijo al otro: “Carmelo, que clarita se ve hoy Gran Canaria”, y el otro, frunciendo el ceño, declaró: “Sí. Qué querrán”. Si confío en que el insularismo ya no forma parte de la dinámica real de la vida pública de Canarias, y ha quedado reducido a un (peligroso) recurso propagandístico de partidos y líderes, es porque hoy no escucho en el tranvía conversaciones tan ocurrentes como esa, y porque para miles de adolescentes y jóvenes Gran Canaria (o Tenerife) es una prolongación de su propia isla, de sus experiencias y sus expectativas vitales.
El insularismo tienen su explicación histórica, como el cáncer tiene su explicación médica, pero es una patología política sumamente dañina y sus restos incandescentes contribuyen aun a dificultar la construcción de una comunidad unitaria con capacidad para dedicarse enteramente a sus problemas estructurales: su modelo de desarrollo y conexión en un mundo globalizado, ferozmente competitivo y en mutación continua; su declinante productividad y escasa cualificación profesional; su altísimo desempleo, la rampante desigualdad social, su insuficiente (y deficiente) sistema de servicios públicos y la baja calidad de su democracia. “La ideología dominante”, escribió Marx, “es la ideología de la clase dominante”, y este aserto se cumple escrupulosamente con el insularismo, ideología de combate entre las oligarquías tinerfeñas y grancanarias durante más de siglo y medio que terminó contaminando con sus ridículas miasmas hasta a las clases más humildes, especialmente en la isla occidental. El insularismo no deja de ser una manifestación doctrinal (y una estrategia política en su momento) de la tesis del enemigo exterior. Si algo marcha mal – advertía el bloque de poder isleño en uno u otro territorio — la culpa es de los de fuera. Que los de fuera sean zarrapastrosos como yo que viven a cien kilómetros de la costa no tenía apenas importancia. Tenerife impedía el crecimiento de Gran Canaria. Gran Canaria amenazaba el futuro de Tenerife. En un espacio físico y mental tan diminuto – el parterre de nuestra estupidez idiosincrásica – incluso tuvimos ocasión de construir estereotipos. El grancanario era un negociante capaz de vender a su madre al mejor postor y el tinerfeño un gandul presuntuoso con ínfulas de grandeza insoportables que hablaba del Teide como si fuera producto de su esfuerzo personal.
Las élites de las islas centrales no actuaban irracionalmente desde la óptica de sus intereses a corto y medio plazo. Tal y como señala el historiador Antonio Macías “la vía de acceso al capitalismo decimonónico fue la isla, no el Archipiélago; de ahí que las élites insulares rivalizaran por el control de los recursos externos que podían maximizar sus estrategias productivas, y de ahí que no fraguara un movimiento nacionalista potente en este periodo histórico”.  Para la captación de recursos externos devenía imprescindible la capitalidad, y más tarde, la provincia propia, es decir, el control de la administración local, la vía para un diálogo autónomo con Madrid,  una palanca política y burocrática para la presión, la influencia y la innovación, y en eso se volcó el bloque de poder de Gran Canaria, mucho más lúcido, proactivo y ambicioso que el tinerfeño durante la Restauración canovista, y que tuvo además un inteligente paladín en la figura de  Fernando León y Castillo. Después de un breve periodo de distensión  signado por la Ley de Cabildos de 1912 se recrudeció la batalla política y periodística hasta que un decreto de Primo de Rivera vino a crear la provincia de Las Palmas en 1927. Después de la guerra civil, el insularismo quedó congelado durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, pero las fiebres pleitistas arreciaron de nuevo en la creación de la Comunidad autonómica. El insularismo redivivo fue el caldo de cultivo de las Agrupaciones Independientes de Canarias y sin duda influyó notablemente en que se eligiera como circunscripción electoral la isla y no la provincia.  El último episodio embadurnado de insularismo fue la reclamación de un nuevo colegio universitario residenciado en Las Palmas de Gran Canaria en 1989.
El insularismo como praxis política no puede prosperar en la Comunidad autonómica: el partido que lo practique tenderá a suicidarse en el plazo de pocas legislaturas.  Pero el insularismo sigue funcionando como mecanismo propagandístico y como método de descalificación política. Cuando Carlos Alonso o Antonio Morales adoptan posturas insularistas están dedicándole carantoñas a su parroquia, sin prejuicio de que lleven encriptadas mensajes a sus socios de coalición, sus superiores jerárquicos o sus propias ambiciones. Alonso lo emplea sobre todo para coagular su liderazgo todavía demasiado líquido y Morales busca a la vez ser el supremo defensor de Gran Canaria y el guardián de las esencias de la izquierda frente a un Gobierno autonómico que, pese a la presencia socialdemócrata, considera básicamente conservador.  Por ese camino, por supuesto, se corren riesgos innecesarios. Alonso puede juguetear con la estabilidad del Ejecutivo regional. Morales y sus compañeros de partida hablar del Cabildo de Gran Canaria como un “contrapoder” frente a las instituciones controladas por “la vieja política reaccionaria y enemiga del cambio”. Pero los cabildos no son instrumentos de contrapoder, sino instituciones de la Comunidad autonómica, y pervertir su naturaleza política y administrativa a favor de un proyecto político concreto supone todo un aldabonazo antidemocrático.
El pleitismo es, en definitiva, un viejo y reconocible fantasma que todavía nos visita cuando arrecia una crisis, fracasa la voluntad de diálogo o se busca fidelizar electoralmente a los tuyos o conseguir titulares martirológicos. El mismo Fernando Clavijo es acusado de insularista porque “enfrenta a las islas menores con las mayores”. Es difícil entender en qué puede beneficiar a Clavijo y a Coalición tan maquiavélico designo dentro o fuera de las urnas.  Todo el que llega al glorioso matadero de la Presidencia del Gobierno sabe que su supervivencia política pasa por la multiplicación infinita y agotadora de equilibrios y los dirigentes de CC son agudamente conscientes de que su debilidad político-electoral en Gran Canaria es el principal problema para la continuidad en el poder del proyecto nacionalista y que esa debilidad no puede ser sustituida por nada. En todo   caso, cada vez que veo a responsables políticos mostrarse como desaforadas víctima del recalcitrante insularismo ajeno siempre pienso lo mismo: “¿Qué querrán?”.

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A vueltas con el pleitismo (y 3)

Sí, temo la coagulación de ese imaginario pleitista y victimista en Gran Canaria que caricaturiza el pasado, pero sobre todo emborrona y confunde el futuro. De nuevo el mantra de las sedes de las consejerías, verbigracia, robadas todas a tierras tinerfeñas, aunque jamás (jamás) se argumente con cifras, porcentajes y normativas semejante tremebunda acusación. Leo con estupor que el maestro Alemán incluso subraya la paciencia de Gran Canaria ante la circunstancia que en esta legislatura no solo el presidente, sino la mismísima vicepresidenta del Gobierno de Canarias sea tinerfeña. Realmente asombroso. Fue el PSC-PSOE quien designó a Patricia Hernández, a través de un proceso de primarias, candidata presidencial para las elecciones del pasado mayo. El PSOE, no Coalición Canaria, ni el PP, ni Podemos. ¿Por qué esto debe significar un baldón político para Gran Canaria? Los socialistas o los conservadores, ¿están obligados a proponer candidatos grancanarios si el de CC es tinerfeño?  ¿Y ese entrañable leyenda según en Gran Canaria no cuaja – se supone que por la indescriptible nobleza ideológica y/o genética de sus naturales – un partido insularista y así no han podido defenderse de los malvados insularistas de las restantes islas? Una leyenda, en efecto, porque en Gran Canaria también han surgido partidos insularistas, el penúltimo de los cuales se llama Nueva Canarias y está liderado por Román Rodríguez, exicánico y excoalicionero,  aunque el expresidente del Gobierno haya intentado con escaso éxito alcanzar acuerdos electorales fuera de su isla para enmascarar la naturaleza básicamente isloteñista – y desde hace mucho tiempo vergonzantemente pleitista — de su proyecto.
José Alemán apunta algo perturbador en Gran Canaria y que define como un “creciente pasotismo” que registra entre los grancanarios hacia la comunidad autonómica. Como si Gran Canaria – permítanme la expresión – se estuviera catalanizando en el contexto de la región: el regreso al insularismo como afán de hegemonía o entelequia de desconexión. Y eso es un disparate. Si Canarias debe cambiar la fuerza y la creatividad política, empresarial y cultural de Gran Canaria es indispensable. Y Gran Canaria, por supuesto, no puede cambiar y progresar – política y económicamente: mejor democracia, más prosperidad y más cohesión social  – encerrada en la retorta de la incredulidad o la indiferencia. Los problemas básicos de la sociedad grancanaria son idénticos a los de la sociedad tinerfeña: desde el mortífero desempleo estructural hasta el muy bajo gasto social per cápíta, desde nuestro fracaso escolar hasta la inaudita concentración de la renta y la ruinosa desigualdad social,  desde nuestra inserción en la economía globalizada hasta la degradación de nuestras ciudades, desde la corrupción hasta las excesivas insuficiencias de nuestro periodismo. Si distraídos por viejas banderas y verborreas no se unen fuerzas para exigir los cambios imprescindibles en las instituciones públicas y rechazar el cortoplacismo rentista y antirreformista de las élites del poder este país (y no solo el régimen autonómico) está perdido por los siglos de los siglos, por los pleitos de los pleitos.

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Llamaradas

Los incendios forestales causan pavor, desolación y pesadumbre en cualquier sitio, pero estos sentimientos son particularmente intensos en estas ínsulas. Quizás porque esta todavía era una sociedad mayoritariamente rural hace apenas medio siglo y persisten aun fuertes lazos simbólicos con el campo y la naturaleza; tal vez porque, intuitivamente, los isleños temen por los pocos ecosistemas relativamente incontaminados que nos quedan. El hecho es que los incendios forestales, en Canarias, siempre se evalúan y viven como catástrofes indescriptibles, un furioso armageddon de fuego en el que se entremezclan lágrimas de impotencia y una rabiosa pulsión irrefrenable por buscar ya no responsables, sino culpables. Alrededor de las llamas los canarios  practican una catarsis tribal de dientes apretados y ojos aguachentos que suele durar todo lo que se extienden las transmisiones en directo de la tele autonómica.
El último incendio importante, el que ha afectado a las cumbres de Gran Canaria, ha supuesto de nuevo la repetición de todo el ritual. Por supuesto que un incendio – sobre todo si es extenso en superficie, alcanza barrancos poco accesibles y se prolonga varios días – produce daños económicos perfectamente evaluables para la comunidad, afecta a economías familiares y, menos habitualmente, puede costar vidas. Pero no se trata únicamente de eso, sino del histerismo que se genera, del patriotismo tuitero que reproduce, de la histérica atención mediática a la que sirve de pretexto, de las acusaciones multidireccionales que incendian el espacio público. Alguien tendría que decir que la inmensa mayoría de los incendios forestales que se producen en Canarias suponen, sin duda, un perjuicio material incontestable, pérdidas económicas, angustia vecinal, pero que los montes se recuperan en un proceso natural que dura varios años y al que conviene, sin duda, prestar todo el cuidado científico, técnico y normativo disponible.
En cambio, el incendio social que consume a Canarias, esa tasa de desempleo superior al 35% de la población activa, que alcanza el 55% entre los menores de 26 años, no es recuperable, como muy probablemente no lo son los servicios y programas sociales y asistenciales que se han sido estrangulados o extinguidos a golpe del Boletín Oficial del Estado. Para nuestra vida cotidiana y la de nuestros hijos y nietos, para el proyecto de una sociedad democrática, en fin, el desempleo estructural, la destrucción del Estado de Bienestar y el aumento de la pobreza y la exclusión social son una amenaza mucho más aterradora y fulminante que cualquier incendio. Pero los ciudadanos no reaccionan. Siguen embelesados por la belleza hipnótica de las llamas que no le alcanzarán mientras le carbonizan el presente y sepultan las cenizas de su futuro.

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Renovación turística

A uno le gustaría saber cuántos hoteles de cuatro estrellas se construirían en Gran Canaria si la normativa legal actual – y la inminente ley de renovación turística – permitiera hacerlo. Un hotel turístico de cuatro estrellas estándar tiene un coste de entre ochenta y noventa millones de euros, y de esa inversión total, tradicionalmente un 65% procedía de créditos bancarios. ¿Existe realmente una oferta para la construcción de hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria, existe una demanda que sea capaz de transformar esta inversión en un negocio anegados por coyuntura económica? ¿Dónde están los proyectos? ¿Qué empresarios sacan el cuello de las manifestaciones de protesta de la patronal hotelera grancanaria y están dispuestos a significarse? ¿Qué grupo de inversores disponen de 500, 700 u 800 millones de euros en cash o en créditos financieros para crear una decena de hoteles capaces de renovar la oferta turística isleña?  Tanto José Manuel Soria como José Miguel Bravo han apelado en las últimas semanas a “la oferta y la demanda” del mercado como el único criterio razonable para autorizar construcciones hoteleras en el Archipiélago. No es un argumento deleznable, pero es que ni el más benévolo observador atisba ni una voluntad inversora evidente ni una demanda acuciante. Lo único que resulta acuciante para el modelo hotelero (y turístico) de Canarias es insistir obsesivamente en la calidad alojativa y en unificar la terrible fragmentación normativa que todavía existe en la regulación de la actividad turística, algo en lo que insisten, cargadas de razón, las enmiendas presentadas por Nueva Canarias a la ley de Renovación Turística.
Sería interesante disponer de  una  alternativa viable (y diferenciada del suicidio chupóptero) a la  inteligente regulación pública del sector, a la que el proyecto legislativo del Gobierno autonómico no contribuye demasiado. En Hawai funciona una Autoridad Turística (la Hawai Tourism Authority) que ha desarrollado desde principios de siglo un plan estratégico que, por cierto, incluye incentivos fiscales y laborales para la rehabilitación hotelera. Debe estar plagada de comunistas, Hawai. Lo que es seguro es que no hay pleitistas nauseabundos que intentan enmascarar la insignificancia de su gestión (en materia turística, por ejemplo) con invocaciones a la patria mancillada y al despotismo tinerfeño.

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