Javier González Ortiz

La evaporación del REF

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias se evapora como un charco en el largo verano de la indiferencia de las élites políticas y empresariales isleñas. La reforma del REF en una coyuntura tan crítica como la de los últimos seis martirizantes años debió consumir debates, análisis, pronunciamientos, deliberaciones y propuestas, pero si usted, caro lector, repasara los espacios dedicados en los periódicos o las horas ocupadas en cadenas de radio y televisión se llevaría una sorpresa. La prensa del tardofranquismo se ocupó más del REF de los setenta que lo que lo hemos hecho nosotros, por no hablar de la tinta y las discusiones consumidas por la incorporación de Canarias al Mercado Común (después Unión Europea) y por la reforma de 1993. Una catástrofe silenciosa y de baja intensidad política y mediática que desenmascara el estado de emergencia de un país estratégicamente desarbolado. En realidad la banalizacion política y técnica del REF supone un síntoma más de esta crisis estructural que ha patentizado las insuficiencias, contradicciones y disfunciones de un sistema autonómico cuya utilidad institucional y social parece cada vez más marginal. La pésima gestión de las negociaciones que ha desarrollado el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz,  ha llevado a que la discusiones de la parte económica del REF se retrase nada menos que hasta 2016 y se realice, asombrosamente, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que legitima los temores de analistas como Antonio González Viéitez, para quien el Régimen Económico y Fiscal podría quedar devaluado a una suerte de Plan de Desarrollo Económico supuestamente garantizado por un compromiso de gasto plurianual. Tres añitos como mucho. Lo que dure (como un problemático unicornio) el Marco Presupuestario de la UE 2014-2020.

La reforma del REF no era solo inevitable, sino también necesaria. Pero no se han hecho los deberes que corresponden a una sociedad democrática madura que cuenta con una sociedad civil articulada, dinámica y exigente. Probablemente porque no lo somos. Y quizás ese mismo – defectos de diseño institucional al margen – explique que el REF, y en especial sus instrumentos fiscales, haya resultado un fracaso. Entre 1993 y 2013 apenas se contabilizan 7.700 millones de euros de  inversión directa extranjera en Canarias, lo que representa un 0,75% de la inyectada en España en el mismo periodo. Más de un tercio se invirtió en la construcción de hoteles, servicios turísticos y negocios inmobiliarios. Pero ni el Gobierno regional ni las élites empresariales han querido o podido subsanar esta situación. Han optado por la vía más fácil y descansada: sacrificar herramientas fiscales y planificación estratégica a la rebatiña de una negociación pesetera. Lo pagaremos muy caro.

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Lo que no pasa en el Ritz

Una de las señales de un Gobierno decente – en ambos sentidos: en el de la ética política y el de la eficacia operativa  — es el seguimiento y fiscalización de las mismas políticas que articula e impulsa. De nada vale el diseño y la ejecución de un programa político si no se somete a una revisión y evaluación continua que los ciudadanos tienen derecho a conocer puntualmente. Es superfluo decir que esta higiénica praxis resulta casi desconocida en Canarias. Hete aquí que el presidente Paulino Rivero, en el pasado otoño, se sentó en una mesa de caoba del Hotel Ritz con representantes de los principales bancos españoles y anunció créditos específicos, por valor de 1.825 millones de euros, destinados a la rehabilitación de la planta turística. Y efectivamente, en los meses siguientes, el Gobierno autonómico firmó varios convenios con las entidades bancarias (desde el Santander hasta La Caixa) sobre cuya letra pequeña, eso sí,  jamás se ha proporcionado demasiada información, y no cabe esperarla de Javier González Ortiz, que como consejero de Economía y Hacienda se dedica básicamente a enjalbegar todas las chiripitifláuticas ocurrencias de Rivero y a hacer calceta con los presupuestos regionales, para lo cual utiliza rítmicamente las manos, los pies y hasta las orejas.
Varios meses después no se ha ofrecido, por supuesto, información sobre el destino de los créditos para la rehabilitación turística, que además de evitar la obsolescencia de la planta alojativa, tiene como objetivo estratégico la creación de empleo. Pero todo el mundo – incluyendo alcaldes, concejales de Urbanismo y funcionarios técnicos – sabe cómo se está llevando a cabo la todavía insuficiente rehabilitación turística  — y no sólo turística – en el Archipiélago. Una mañana, repentinamente,  aparece cerrada a cal y canto una o varias plantas en un hotel de cuatro estrellas. Puede ocurrir igualmente en un centro hospitalario o en un restaurante postinudo. Los residentes y visitantes escuchan un ruido incesante y observan atónitos como obreros esquivos entran y salen por una puerta oculta tras una polvorienta cortina de plástico. Y al cabo de seis, siete, ocho meses todo – operarios, bolsas de cemento, palas, cabillas, carretillas, encofrados – desaparece mágicamente sin dejar rastro. No se ha solicitado licencia de obras. La contrata fantasmal que se ha dedicado a los arreglos no ha contratado a un albañil, ni a un aparejador, no se diga a un arquitecto. La rehabilitación ha culminado sin dejar el más modesto rastro en la hacienda local o en la lista de desempleados. Ese es el modelo habitual de intervención rehabilitadora que se practica hoy en los centros hoteleros canarios.  Estas cosas en el Ritz no pasan…

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Más pedradas

El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, confía en que sea posible mantener el solemne compromiso de Paulino Rivero de no introducir más ajustes presupuestarios en el año 2014, pero sus píos deseos se antojan un cascado recurso retórico bajo las brutales restricciones recogidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014. Naturalmente que se producirán nuevas restricciones y afectarán a los servicios sociales y asistenciales públicos (educación, sanidad, dependencia) y previsiblemente a los salarios de los funcionarios de la administración autonómica. Pero los presupuestos generales del Estado no serán, ni por asomo, el único problema presupuestario y hacendístico de González Ortiz y su equipo en los próximos meses, ni la última borrasca de granizo negro y amargo como la hiel que amenaza a los ciudadanos.
El primero es un reto operativo. Gestionar y gastar ordenada y eficazmente los 200 millones de crédito extraordinario regulado por una ley que aprobaron Coalición Canaria y PSC-PSOE sin darle apenas una oportunidad a la oposición parlamentaria. Si el Ejecutivo regional tenía tanta prisa por aprobar el crédito extraordinario – que solo dedica a políticas y programas sociales, por cierto, el 45% de su monto total – y optó por no aguardar el proyecto legislativo del señor Montoro y compañía es porque ese dinero, esos 200 kilos, deben gastarse y justificarse antes del próximo 31 de diciembre. Si se considera la rapidez procedimental de nuestra nunca bien ponderada administración autonómica, se trata de un desafío tormentoso que debe embridarse y materializarse en apenas tres meses.
La segunda tormenta de miserias y canalladas, mucho más grave y de carácter estructural, llegará con la promulgación el próximo año de la reforma de la ley de administraciones locales, por las que se trasladarán las actuales competencias de los ayuntamientos en servicios sociales y sociosanitarios a las comunidades autonómicas: servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones, comedores y albergues, servicios de atención a la mujer, talleres ocupacionales. Con la situación financiera que soportan las comunidades autonómicas las opciones más obvias serán el cierre o la privatización. En Canarias son unas 30.000 personas las que podrían quedarse desatendidas y alrededor de 6.000 puestos de trabajo los que estarían directamente amenazados.

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