laicismo

El caso de Rita Maestre

Es muy fácil exponer lo siguiente: “Sí, Rita Maestre puede haber cometido un delito, está imputada en un proceso judicial, pero la hemos incluido en la lista Ahora Madrid convencidos de su inocencia”.  Pero eso es un argumento de la vieja política. Por tanto quedan básicamente dos opciones. La primera, que puede ejemplificar el artículo de ayer Ignacio Escolar en eldiario.es, es desviar la atención de la actuación de la señora Maestre y centrarla en el hecho de que esté abierta una capilla católica en una universidad pública. ¿Es eso aceptable en un Estado aconfesional? La táctica de Escolar es un poco burda. Personalmente me repatea mucho que existan espacios de culto abiertos en las universidades públicas españolas, pero es extremadamente dudoso que puedan ser consideradas un ilícito legal. En cambio, el artículo 523 del Código Penal español establece que  “el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonia o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia, será castigado con la pena de prisión se seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en un lugar destinado al culto”. Y no se trata de un particularismo jurídico español: pueden encontrarse artículos muy semejantes en los códigos penales de Francia, Alemania o Noruega (si quieren leerlos consulten la entrada correspondiente en https://tsevanrabtan.wordpress.com). Contra lo que esputan algunos al respecto, el Estado aconfesional – tampoco el Estado laico – no tolera o alienta los ataques contra la libertad religiosa sino, al contrario, en el marco de una separación tajante entre Iglesia y Estado, la protege.

La otra vía apologética consiste en que, por supuesto, las leyes son una mierda, un subproducto infecto de la lucha de clases, un armazón coercitivo con el que se defienden los intereses de los poderosos, y por tanto cualquier denuncia – no se diga un procesamiento judicial – es una cínica farsa, y la señora Rita Maestre, una víctima en la lucha a favor de los verdaderos derechos democráticos, cívicos, laicistas. A partir de ahí a llenar la copa de twitter de denuestos, insultos y bromas chocarreras. Sinceramente no me parece un buen camino, como no resulta una vía muy práctica para estimular el laicismo irrumpir en una ceremonia religiosa enseñando las tetas y gritando consignas guerracivilistas.  Me temo que esto no parará aquí. No solo por el interés de la derecha política y sus medios de comunicación afines en desprestigiar la experiencia electoralmente exitosa de Ahora Madrid, sino porque estos conflictos son inevitables cuando se diseña una lista incorporando a activistas sociales dispuestos a transgresiones legales (todo activista no sirve para político y viceversa) y,  mucho peor aun, a mocosos y mocosas que confunden sus chutes hormonales con procesos revolucionarios más o menos inmediatos. No se les ha elegido para transformar el universo mundo, sino para gestionar decente y eficazmente una ciudad a favor de la mayoría social.

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Adoctrinamiento y BOE

Los denuestos y las gracias sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los contenidos de la asignatura de religión  religión empiezan produciendo asentimiento y terminan generando cefaleas. Una de los rasgos que ha desvelado la actual crisis política y económica es el vuelo gallináceo del progresismo convencional español. Así que repentinamente se encuentra uno en las redes sociales a miles y miles de furibundas cluecas picoteando en el BOE contra el grano de su indignación. ¡Qué se publique en el Boletín Oficial del Estado que Dios creo el Universo en menos que tarda Jorge Javier Vázquez en insultar a Belén Esteban (o viceversa)! ¡O que el tal Jesucristo resucitó a los tres días, sin duda sin pestañear! Al parecer en el BOE solo se publica aquello que es puntillosamente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cabe deducir que imprimir en esos sagrados folios que el cosmos tiene un origen divino supone una suerte de monstruosa profanación y un síntoma de la degradación aterradora del país, cuando no en un motivo añadido para votar, por ejemplo, a Podemos.
Lo cierto es que no hay más remedio – desde un punto de vista técnico-administrativo – que publicar en el Boletín Oficial del Estado los contenidos establecidos para la asignatura de religión (católica, apostólica y romana, por supuesto).  Solo faltaría que tales contenidos fueran secretos y se los guardase solícitamente el Nuncio Apostólico en el braguero. Lo realmente inadmisible en un Estado aconfesional (y en este punto las diferencias afiligranadas entre laicismo y aconfesionalismo resultan insignificantes) es que se imparta la religión como asignatura en las escuelas sostenidas con fondos públicos. Es decir, que el Estado financie total o parcialmente el adoctrinamiento religioso de los ciudadanos. El hecho de que en este programa de adoctrinamiento se entrecrucen milagros, creacionismos, vírgenes, santos y papadioses es secundario, porque no sería menos intolerable (y constitucionalmente discutible) la inculcación en los centros escolares de contenidos propios del judaísmo, del islamismo o del culto del Espagueti Volador. En una sociedad democrática las religiones son un asunto meramente privado. Adherirse a creencias y prácticas religiosas representa  un derecho del ciudadano pero en ningún caso puede establecerse desde los poderes públicos como un deber reglado escolarmente. La crítica debe dirigirse a un Gobierno derechista y catolicorro, cuyo liberalismo político es tan verosímil como los Reyes Magos, que abre puertas y ventanas de las escuelas públicas a la religión, mientras considera absolutamente irrelevante (cuando no sospechosa) la enseñanza de los principios y valores constitucionales que fundamenta un Estado democrático.

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Pisotear religiosamente la Constitución

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha asistido a la Semana Santa Sevillana para estar presente en la procesión de una Hermandad que venera a la Virgen de Candelaria. En uno de sus habitualmente emocionantes tweets Alonso proclamó desde la capital andaluza que se sentía orgulloso de representar a Tenerife. No me resistí a preguntarle por qué un cargo público asumía la representación de todos sus conciudadanos en un ceremonia litúrgica de una organización eclesiástica y el señor Alonso, cortésmente, respondió que por tradición, por haber sido invitado, por hermandad (sic). La respuesta no resulta muy satisfactoria, pero es sintomática, y sobre todo revela la nula comprensión – cuando no una indiferencia ligeramente artera – sobre lo que significa la expresión Estado aconfesional y su calado constitucional y político.
Por supuesto que existe –en este como en otros casos – una tradición, pero se trata de una tradición religiosa de un culto determinado. Excluir la participación o el posicionamiento en asuntos religioso por parte del Estado y de sus representantes públicos no es una opción que se le presente a un dirigente político, sino una obligación constitucional que en estas ínsulas baratarias pisotean cotidianamente presidentes, consejeros, diputados, alcaldes y concejales. Es francamente difícil imaginar a Carlos Alonso o a José Miguel Bravo de Laguna asistiendo a ceremonias protestantes, budistas, mahometanas o de los hare krishnas aunque se cursaran primorosas invitaciones a sus respectivas secretarias. La mayor raigambre de una u otra confesión religiosa en un territorio determinado ninguna relación tiene con asumir y aplicar el principio normativo de la aconfesionalidad del Estado, que obviamente no está sometido a estadísticas. Si lo hacen es, simplemente, y al margen de sus respetables convicciones personales, por los réditos de imagen que obtienen entre los creyentes – desde los más activos hasta los más tibios –  a través una suerte de reverdecida alianza entre el Trono y el Altar, adaptada a nuestra débil y flatulenta democracia representativa.
Cabe temer que con motivo de la proclamación vaticana de José de Anchieta como flamante incorporación al santoral católico decenas de cargos públicos de Canarias acudan en tropel a Roma sin atormentar a sus propios bolsillos, por supuesto. Escucharemos entonces falsos pero muy parecidos argumentos entre orgullos terruñeros y gruñidos de emoción. Claro que no lo harán para tocar al santo. Lo harán para que les toque la televisión.

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Virgencita

En Todo lo que era sólido, su lúcida y cívica requisitoria sobre la polvorienta prosperidad que nos ha traído el fango de la crisis, Antonio Muñoz Molina no olvida mencionar la decepción de los gobiernos municipales de izquierda. En 1979 los pactos municipales entre el PSOE y el PCE permitieron que la mayoría de los ayuntamientos del país fueran gobernados con programas progresistas. Pero aquellos primeros alcaldes y concejales resultaron pronto sustituidos por gente nueva “que seguían compartiendo la misma retórica, pero que se dispusieron a encabezar las procesiones y jalear a cristos y vírgenes”. Ciertamente. Pero en Tenerife, a veces, no hubo que esperar tanto. Ahí está el ejemplo del alcalde de Adeje, el señor Rodríguez Fraga, cuya afición a probar mantos y estolas a las vírgenes y a los santos lo muestran como un auténtico fashion victim de todas las capillitas de su término municipal. Hace pocos días, sin embargo, llegó la última noticia al respecto: la Virgen de los Dolores de la Montaña (sic) fue nombrada por el ayuntamiento de Fasnia Alcaldesa Honoraria y Perpetua.
El alcalde de Fasnia, un señor con carnet del PSOE llamado Damían Pérez Viera, proclamó en el solemnemente chiripitifláutico acto que “no hay mayor honor que podamos hacer a nuestra virgencita (sic) que concederle la más alta dignidad municipal”. Según afirman las crónicas Pérez Viera le entregó  a la efigie una copia del bastón de mando municipal, pero no consta que lo haya recogido. Contemplar a un sujeto mayor de edad, con sus facultades mentales supuestamente intactas y alcalde de su municipio dirigirse a una figurita policromada con perfecta seriedad y hasta con contenida emoción es un espectáculo manicomial que se acepta con pasmosa naturalidad por todo el mundo. En primer lugar, por los propios concejales, que en ese mismo momento están pisoteando la Constitución y el principio fundamental de la separación entre la Iglesia (Católica) y el Estado. El alcalde y los concejales de Fasnia, como los que han incurrido en la misma práctica en otros municipios, no muestran ni tolerancia, ni generosidad, ni respeto a tradición alguna: simplemente están incumpliendo su deber institucional de evitar cualquier exhibición o preferencia confesional en su actuación pública. Ni la Virgen de los Dolores, ni Alá el Misericordioso ni el Buda Iluminado merecen el bastón de mando. Y no solo porque no existan, sino porque esto, hasta que se decida lo contrario, sigue siendo un Estado aconfesional, y no hay anhelo de propaganda política que justifique su corrupción simbólica.

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