patrimonialización

Gobierno y gobernanza

Este verano que comienza lentamente a despedirse he estado muy ocupado en volver a aprender a respirar,  a tomar resuello sin razones demasiado poderosas para hacerlo, y no pude escuchar el solemne anuncio de Fernando Clavijo de inminentes cambios en el Gobierno autonómico. Por el momento no se ha producido ningún cambio. En realidad se trata de una hipótesis bastante inverosímil por una única y suficiente razón: Fernando Clavijo –como cualquiera de sus predecesores al frente del Ejecutivo – no es el arquitecto de su Gobierno. Como mucho, estrictamente, es un  casero obligadamente bondadoso que permite que se acumulen los alquileres y vigila con parsimoniosa desconfianza las entradas y salidas de los despachos.  Por eso los presidentes coalicioneros se han limitado invariablemente a destituir a consejeros y otros altos cargos del Partido Popular o a emprender cambios en el organigrama general y felizmente consultados con los menceyes insulares. Los presidentes coalicioneros – exagerando apenas un poco – no nombran a nadie, salvo a la exigua cuota que corresponde a su isla: su  staff en Presidencia, la dirección de alguno de los departamentos horizontales, un puñado de directores generales y varios asimilados y para de contar.
El hecho de que el presidente no designe realmente a su equipo gubernamental es uno de los rasgos más grotescos – y ya insostenibles – de la praxis de Coalición Canaria en el último cuarto de siglo. Una praxis tan invariable y testaruda que todos nos hemos acostumbrado a semejante disparate, es decir, a que cada organización insular de CC decida quien va a representarle en el Gobierno autonómico y repartir buena parte de la pedrea de cargos en su área de influencia. Por ese camino, por ejemplo, una señora como Soledad Monzón puede terminar como consejera de Educación sin atesorar ninguna experiencia, cualificación profesional o interés político o personal en tan enorme y delicada responsabilidad.  Lo cierto es que si a alguno de los que ya peinamos canas nos hubieran asegurado en los años noventa que la señora Monzón, alegre compañera de la pequeña corte del siempre anocturnado Julio Bonis, llegaría a encargarse de la gestión sistema de enseñanza pública en Canarias, nos hubiéramos carcajeado y pedido otro whisky. Qué tiempos aquellos en los que lo más terrible y estúpido todavía se nos antojaba inimaginable.
Un Gobierno que no es elegido por su presidente, sino en el mejor de los casos consultado con el jefe del Ejecutivo, atenta contra cualquier principio de buena gobernanza, democrática y operativamente. Una de las reflexiones que los coalicioneros deberían plantearse en su congreso, si es que el congreso se celebra algún día, es buscar un mecanismo sustitutivo de esta viciosa y enviciada metodología para construir un Gobierno que, con semejante formato, se asemeja demasiado a un botín y trasluce una intolerable concepción patrimonial de las administraciones públicas El problema no es que Clavijo no pueda cambiar libremente de gobierno. El problema – como ocurre en el último cuatro de siglo – es que le gustaría cambiar su gobierno porque no lo hizo él.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Patrimonialización

Francisco Pérez de Cobos se define como un “modesto profesor universitario”. Y es casi verdad. Su currículo académico es muy respetable, pero nada deslumbrante. La evolución del Tribunal Constitucional de España se puede medir por la distancia que media entre Manuel García Pelayo o Francisco Tomás y Valiente –sus primeros presidentes – y el doctor Pérez de Cobos, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baleares. En los años ochenta hubiera resultado impensable que García Pelayo o Tomás y Valiente militaran en un partido político. Tan impensable que fue después cuando los miembros del Constitucional decidieron que podían militar en un partido político, aunque imponiéndose, con inigualable lucidez, el prudentísimo límite de establecer como incompatible la pertenencia al tribunal con el desempeño de un cargo directivo en una organización política. Esta decisión de los magistrados que deben velar por el orden constitucional era y es  mayoritariamente desconocida entre los ciudadanos, sin excluir políticos, juristas y periodistas. Los jueces y magistrados no pueden militar en un partido, pero el Tribunal Constitucional no está integrado en el Poder Judicial. En rigor sus miembros no deben formar parte – muchos no son ni han sido jueces – de la carrera judicial.
Antes de colgar – metafóricamente – al señor Pérez de Cobos por sus pecadores tobillos, por lo tanto, resulta más pertinente reparar en los errores de diseño de la institución que preside desde hace menos de mes y medio. Es notablemente distinto que un miembro del Tribunal Constitucional tenga instalada, en el alma o en las vísceras, una identidad ideológica más o menos intensa, a que dicho caballero milite activamente en un partido político. Y esta distinción debería quedar perfectamente salvaguardada en la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC. Del mismo modo la atención crítica debería centrarse en los senadores que, en apenas media hora, concedieron su placet a la entrada en el Constitucional al doctor Pérez de Cobos. Ni una sola pregunta de mediana enjundia le dirigieron sus señorías al aspirante propuesto por el PP. Todos fueron felicitaciones, parabienes y reconocimientos. Por supuesto, y quizás por modestia, tal vez por un olvidadizo descuido, Pérez de Cobos no musitó una palabra sobre su militancia política.
¿Y si el doctor Pérez de Cobos hubiera quemado su carnet del PP el pasado 10 de junio las sospechas sobre su parcialidad serían menores? Me temo que no. Esas sospechas están alimentadas por un procedimiento de selección para una institución clave del Estado de derecho que es deudor de un concepto patrimonial la res pública. El doctor Pérez de Cobos en absoluto está obligado a dimitir. Pero supone un sórdido estropicio de la democracia constitucional el que, tan modestamente, haya llegado a ese Empíreo.

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