pobreza

Monótonamente chungo

A servidor le provoca un profundo sentimiento de zozobra y retortijón contemplar como la vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anuncia como nuevos programas estrella de su departamento  artilugios administrativos que consisten básicamente (y de nuevo) en estimular la contratación laboral a través de subvenciones a las empresas. Más treinta años lleva Canarias – como España – tirando de subvenciones y descuentos fiscales a los empresarios que contraten trabajadores en determinadas condiciones y los indescriptibles resultados están a la vista. En nuestras ínsulas baratarias se cumplen ya ocho años ininterrumpidos con un desempleo superior al 20% de la población activa (actualmente supera el 27%) y casi un lustro con un paro superior al 50% entre los menores de 25 años. La señora Hernández, como cualquier político canario que se precie, ha mostrado su indignación por el estrangulamiento financiero del PIEC por el Gobierno de Mariano Rajoy, otra noble causa. Lo cierto es que soy incapaz de calcular el coste presupuestario del Plan Integral de Empleo de Canarias desde los dorados años noventa hasta la Crisis del Fin del Mundo, pero suman, sin ninguna duda, varios cientos de millones de euros. Riegue usted a empresarios, sindicatos y agencias de colocación con un chorro de docenas y docenas de millones de euros durante una década prodigiosa para alcanzar una de las tasas de desempleo más altas (y cronificadas) de la Unión Europea. Y luego aparezca con un apaño similar, nutrido por la misma y fracasada filosofía subvencionera, pero limitada ahora a unos humildes trece millones de euracos. Y sonría en la foto, por favor. Con modestia. Como si supieras que, simplemente, estás haciendo lo que debes hacer.
No, no se hace lo que debe hacerse. No se reforma realmente la legislación laboral para implantar un contrato único y acabar con la dualidad brutal del mercado. No se articula y desarrolla una red pública o con capital mixto de guarderías que permitan que las madres jóvenes puedan trabajar. No se negocian esquemas de flexibilidad laboral ni se corrige el disparatado horario de trabajo en España. No se ha planteado una auténtica reforma de la FP ni se le ha dotado de los medios económicos y técnicos imprescindibles desde tiempos inmemoriales. Ni siquiera se han podido consensuar las políticas de empleo y las políticas sociales entre las distintas administraciones para maximizar los recursos disponibles y transformar en acciones y programas realmente transversales las políticas públicas. El problema del desempleo crónico en Canarias es estructural y no se corregirá, siquiera ligeramente, con trece millones de euros en subvenciones. Es que ni siquiera es chachi, como diría la señora consejera. Al contrario: es bastante chungo, colega.

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Desigualdad, pobreza y democracia

Un reciente informe sobre la desigualdad de Oxfam Intermón se suma – con sus peculiaridades analíticas – a los análisis de la OCDE y a consultorias españoles y extranjeras para evidenciar de nuevo que la desigualdad es a la vez resultado y estímulo del malestar económico y social que llamamos ahora mismo recuperación económica. Lo más obvio – la reacción inmediata – es que la desigualdad  — una desigualdad cada vez más amplia y brutal – representa una injusticia. Desde luego que lo es. Y la desigualdad de oportunidades no comienza en el sistema escolar, sino mucho antes, en la misma salud perinatal, como explica un reciente artículo de Héctor Cebolla y Leire Zalazar en politikon.es. Existen evidencias que sostienen que la desigualdad comienza en el primer minuto de la vida. En España el porcentaje de niños que pesa al nacer menos de 2.500 gramos ha crecido hasta llegar al 7,8% de los partos en 2013, lo que supone un incremento de más del 100% respecto a 1980. La inmensa mayoría de madres de ese 7,8% era desempleada, de clase trabajadora o media baja y con estudios primarios. Un escaso peso al nacer suele significar estadísticamente una morbilidad y mortalidad más tempranas y una salud adulta más frágil. Pero la desigualdad en las rentas – es decir en el acceso a la sanidad, a la educación y a la cultura – no es únicamente una injusticia estructural. Pasado cierto umbral – y sostenido además en el tiempo – equivale a una pésima noticia para el sistema económico en general y para un crecimiento sostenido y sostenible en particular.
Canarias es un mal ejemplo que viene estupendamente al caso. En los últimos treinta años el archipiélago ha sido incapaz de descender del 10% de desempleo; actualmente los parados todavía superan el 28% de la población activa, aunque se repitan con monótono entusiasmo que se están creando muchos empleos. Y se crean, pero para destruirse en pocas semanas o meses: en la hostelería turística, por ejemplo, el modelo de rotación de contrataciones funciona tan operativamente como en los años noventa, pero con peores condiciones laborales. El salario medio es inferior a los 1.400 euros mensuales y fuera del casi privilegiado mundo funcionarial apenas llega a los 900. Solo el 2% de la población gana más de 60.000 euros anuales. Las clases medias apenas representan el 25% de las familias. ¿Cómo puede tirar el consumo en estas condiciones? De ninguna manera: el pequeño comercio ha sido una víctima fulgurante de la recesión económica y han cerrado cientos de establecimientos desde 2008. ¿Cómo puede mejorar la productividad? Es imposible: la curva de la productividad desciende desde mediados de la primera década del siglo; aquí solo se entiende la mejora de productividad como salarios mezquinos y precariedad temporalizada. ¿Cómo puede crearse valor añadido en una sociedad económicamente dualizada, con una economía basada en la explotación intensiva de servicios turísticos y un desempleo estructural descomunal? Simplemente no hay manera.  Las altas tasas de desempleo, los salarios modestos, la decreciente productividad, el bajo valor añadido que genera la actividad económica no son circunstancias coyunturales, sino factores necesarios para la continuidad de un modelo de crecimiento económico basado en la construcción y el turismo de sol y playa. El turismo, ciertamente, nos quitó el hambre canina, pero amenaza con condenarnos a una desnutrición crónica.
Y como ocurre en el resto del mundo, la desigualdad – el nuevo nombre de la pobreza – es aquí, en estas ínsulas baratarias, la mayor amenaza para la supervivencia de los maltrechos principios e instituciones democráticas. Porque las transforma en cascarones amargos y vacíos, en muecas burlonas y doloridas de lo que una vez pudo haber sido y no fue.

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Algunas propuestas sencillas

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha calculado en unos 200.000 los canarios en situación de desempleo que no reciben absolutamente ningún apoyo económico de las administraciones públicas y la cifra coincide poco más o menos con las de instituciones públicas, organizaciones empresariales o fuerzas sindicales. Para cada una de esas 200.000 personas el día comienza con una pregunta elemental: qué va a comer hoy, qué podrá poner hoy en la mesa a sus hijos. Mantener a decenas de miles de personas angustiadas cada día porque deben encontrar cómo llenar el estómago no solo es política y moralmente indigno, es económicamente estúpido y socialmente peligroso. Una parte sustancial – aunque muy probablemente no mayoritaria – de ese ejército de reserva laboral sobrevive, en parte, gracias a apaños y chapuzas que se engloban en la economía sumergida. Canarias tiene ahora y en los próximos años un grave problema: un contingente de entre 200.000 y 225.000 personas que difícilmente obtendrán un empleo en la economía formal, es decir, un nivel de pobreza estructural e insalvable, un gueto donde conviven estadísticamente cincuentones y veinteañeros con unos efectos brutales sobre el consumo, la productividad o la cohesión social. ¿Medidas? Sí, sí las hay, aparte del objetivo fundamental (y complejo) de mejorar la empleabilidad de los afectados a través de la formación ocupacional. Hace un par de años los amigos de la web politikon.es  debatieron sobre estrategias y medidas para redistribuir renta y atacar la pobreza, con una eficacia o rendimiento basadas en la evidencia empírica. He aquí algunas de las señaladas que creo que no resultan ajenas a nuestros problemas.

1. Créditos fiscales. Cualquier persona que esté trabajando recibe un crédito fiscal. En Estados Unidos este programa es llamado Earned Income Tax. El monto del crédito disminuye conforme aumentan los ingresos. La medida estimula el curro, no crea incentivos perversos, el dinero va dirigido a quien más lo necesita, mueve a  la emergencia de actividades en economía sumergida…Y pueden añadirse suplementos crediticios en caso de hijos o ancianos dependientes.
2. Guarderías y educación infantil. Una política social prioritaria. Sí, recuperar y aumentar las inversiones en I+D universitaria es importante, pero a efectos de igualdad de oportunidades y futuro educativo y cultural de los hijos de padres de rentas bajas meter dinero en guarderías y en educación infantil (hasta los 3 años) supone la inversión pública con mejor retorno, por no hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar (a favor, sobre todo, de las mujeres).
3. Alargar el año escolar: más horas lectivas anuales. La información disponible evidencia una mejora el rendimiento y las notas de los alumnos de clases medias y trabajadoras.
4. Reforma fiscal: sobre todo eliminar deducciones. Se puede recaudar más dinero más sencillamente sin aumentar tipos impositivos (unos 15.000 millones de euros anuales suplementarios) suprimiendo la mayoría de las deducciones fiscales.
5. Reforma del mercado laboral: implantación del contrato único con indemnización creciente para acabar con la dualidad del mercado laboral, manteniendo el salario mínimo interprofesional y fortaleciendo jurídicamente la negociación colectiva.

Son cinco medidas extremadamente razonables, operativamente sencillas, políticamente capaces de sumar muchos apoyos dentro y fuera de parlamentos y ayuntamientos. Porque en Canarias, quizás, solo quizás, haya que dejar de pensar prioritaria y obsesivamente en grandes inversiones de obra pública — carreteras, carreteras, carreteras — como método infalible para crear (no se diga mantener) puestos de trabajo.

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Chicharrero de corazón

No recuerdo donde leí por primera vez eso de que Santa Cruz de Tenerife es (o fue) una ciudad abierta, liberal y cosmopolita. Parece la afirmación de un humorista, pero en Santa Cruz jamás ha existido un humorista, otra prueba más de que esta soleada y pinturera desolación no ha sido una ciudad abierta, liberal y cosmopolita nunca. Cualquier humorista se expondría a ser lapidado aquí en cuanto ironizara sobre las murgas, o el fracasado ataque de ese cojo resentido, Horacio Nelson o las procesiones de las vírgenes o la inhabitabilidad en invierno o en verano de la playa de Las Teresitas. Como todas las ciudades pequeñas, y aun más las empequeñecidas por sus moradores, las bromas se pagan caro. El simulacro de ciudad no la soporta y te cae encima como un decorado. Todo aquel que ha intentado conquistar esta ciudad con la inteligencia, el humor o la ironía  han terminado, en el mejor de los casos, arrastrando una patita, desde el almirante Nelson a Luis Alemany.
Santa Cruz de Tenerife carece, sobre todo, de sentido eucarístico de ciudad, de intuición de pertenencia, de identidad más o menos compartida que no pase por la libertad irrestricta de mear en las calles los restos de whisky de garrafón durante los carnavales. Nadie se siente especialmente concernido por nada y, menos aun, por lo que ocurre a más de 500 metros de su domicilio. Lo que ocurre a menos de 500 metros, no se diga en los alrededores de mi casa, en cambio, es asunto mío y solo mío. Los vecinos de la avenida de Venezuela, que rechazan la apertura de un centro de acogida de indigentes, se comportan, en fin, como chicharreros normales y corrientes. Chicharreros de corazón: sal a la calle y coge el tambor.  Como si fuera la primera vez. Ni albergues, ni comedores, ni prisiones, ni comisarías o dependencias de la Guardia Civil: en todas esas ocasiones, en diversos puntos de Santa Cruz y del resto de la Isla, se levantan airados los belfos y cloquean las protestas. Mucho cuidado con eso. Los pobres tienen enfermedades, pueden ser violentos, quizás su origen cultural – andaluz, argelino, rumano – les conduzca con naturalidad y un punto de trágica desgana al robo, al asesinato o a la violación. Muy astutamente nadie le ha informado de nada sobre la apertura del centro a los vecinos, caramba, qué distracción más tonta. Cuando aparece la nariz de la izquierda verdadera lanza un suspiro de alivio: las instalaciones del centro de refugio, y en particular las camas, son deplorables, y la izquierda verdadera podrá eludir el peliagudo asunto de si se abre en la avenida de Venezuela o no se abre.
¿Y los míseros canarios? Todo llegará. En un futuro no muy lejano los pobres canarios sabrán defender frente a los mendigos canarios su probidad, su rectitud, sus valores, sus pantallas de plasma y sus móviles. Aunque meen juntos, que no revueltos, en carnavales.

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Una herida que no cicatrizará

El descenso del desempleo en el pasado mes de marzo en Canarias ha sido relevante, pero no pasmoso  — unos 20.000 parados menos respecto a marzo de 2014  — y debe tomarse con pinzas si se recuerda la tendencia a contrataciones temporales muy cortas con motivo de la semana santa. No parece que marchemos a toda velocidad hacia el pleno empleo, una situación tan desconocida en las islas como las tormentas de nieve. Tal y como ha explicado José Conde-Ruiz (y su análisis es tan pertinente, con las cifras delante, en Canarias como en toda España) se ha iniciado una recuperación económica (y laboral) ya evidente, pero lastrada por los desequilibrios que la misma está generando: precariedad, aumento de las deudas paras las futuras generaciones y, muy especialmente, “un crecimiento no inclusivo que, por un lado, está dejando atrás colectivos importantes como los parados de larga duración, y por otro, provoca ajustes salariales desproporcionados”. Dos tercios de los isleños cobran menos de 1.000 euros mensuales, pero no es una situación inédita, sino una caída más pronunciada respecto a los bajos niveles salariales que ya se registraban en 2008.
La situación de los 133.000 desempleados canarios que no perciben absolutamente ninguna ayuda pública es particularmente angustiosa. Son decenas de miles de ciudadanos que en vez de vivir gastan todas sus energías en sobrevivir milagrosamente. Más de 90.000 cuentan con más de 45 años y su incorporación al mercado laboral se antoja muy incierta. Constituyen un problema político y social de primer orden pero, pese a que nos encontremos ya instalados en las espeluznantes delicias de la campaña electoral, resulta imposible encontrar una sola respuesta  específica para este problema sangrante y mendicante a derecha o a izquierda, entre las viejas fuerzas políticas o las nuevas. Como respuesta instantánea se escucha en las conversas de café electrónicas (vulgo chats) la reclamación inmediata de una renta universal acotada para los desempleados de larga duración en el Archipiélago: aquellos que han agotado todos los subsidios. Si estipulamos una prestación de 500 euros mensuales para cada afectado el coste anual de esta medida rondaría los 800 millones de euros anuales. A lo largo de la próxima legislatura significaría un desembolso global de unos 3.200 millones de euros aproximadamente. Es difícil concebir las fuentes fiscales que proporcionarían estas cantidades y más complejo todavía imaginar donde meter tijera en los gastos autonómicos para obtener semejante dineral cuando la situación de los servicios sociales y asistenciales se mantiene en un muy precario equilibrio entre la disfuncionalidad y el colapso. Mientras estallan los fuegos artificiales de la resignación ciega y sorda o de la fantasía voluntarista que todo lo puede un ejército de derrotados aprende a vivir de la limosna y el trueque y se ahoga en la indignidad en las calles y plazas de Canarias.

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