Como suele ocurrir la abstención no ha merecido una particular atención en los primeros análisis de los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas. Pero un 36,06% de los andaluces con derecho a voto decidieron quedarse en sus casas. Más de 2.260.000 personas. Si en la mayoría de los comentarios esta abstención se orilla, por supuesto, es porque ninguna de las fuerzas políticas contendientes queda precisamente embellecida porque cientos de miles de ciudadanos de Andalucía les dieran la espalda. Decidieron no premiar ni castigar a nadie. Ahora la abstención – que apenas ha bajado un 1,6% respecto a 2012 — se escucha menos que nunca porque los nuevos partidos (leáse Podemos y Ciudadanos) ya participan en el juego y reclaman victoriosamente sus resultados con argumentarios que mimetizan los de las fuerzas del establishment. Pero que en esta coyuntura agónica, en una situación económica y social exasperada, en un territorio estragado por un desempleo espeluznante, una pobreza creciente y una corrupción que atesta los juzgados, más de dos millones y cuarto de personas decidan no participar en las elecciones, no activar su principal método de participación política, resulta un fracaso en toda regla. Lo es especialmente en el caso de Podemos, cuyo mensaje central llama, precisamente, a la participación política, al empoderamiento de los ciudadanos para participar activa, crítica e indelegablemente en los asuntos públicos. El magnífico resultado de Podemos (quince diputados) se debe sobre todo a la fagocitación del voto de Izquierda Unida ymuy poco a la activación de antiguos abstencionistas, de la misma manera que el éxito de Ciudadanos – Podemos consiguió menos del doble de sus votos después de un año de incandescente protagonismo mediático – se ha alimentado muy mayoritariamente de la caída del PP.
El entusiasmo socialista incluye olvidar que en las elecciones generales el PSOE suele obtener, desde los años noventa, entre siete y ocho puntos porcentuales menos que los que cosecha en Andalucía. La confianza del PP en su capacidad de resistencia en la mayoría de las capitales de provincia consiste en distraerse de que sus gobiernos municipales ofrecen una alta volatilidad (en estas autonómicas el PSOE los ha superado en Sevilla y Podemos en su plaza fuerte de Cádiz) después de más de una década de mayorías absolutas. La dignidad que pregona IU demuestra su incapacidad de entender que Podemos no significa una fortalecimiento de la izquierda y el germen de una unidad popular, sino el competidor que los desintegra. La abstención demuestra los límites de la transformación del mapa político andaluz y español, que son los límites (también) del sistema democrático representativo. Y quien no le entienda está incapacitado para hacer política, no se diga para llegar al poder y gestionarlo democráticamente.
Atragantados por las incesantes encuestas electorales, cada vez es más frecuente escuchar, casi como una súplica, que los sondeos metroscópicos no sirven absolutamente para nada. Es una bobada, por supuesto. Nadie se gasta los cuartos para abonar inutilidades cochambrosas. No hay que confundir una encuesta electoral rigurosa y técnicamente solvente con los sucedáneos que partidos y dirigentes emplean como menesterosos instrumentos propagandísticos. Un penúltimo ejemplo de estas patéticas seudoencuestas es el ligero eructo del CCN según la cual Ignacio González Santiago decidirá quien será el próximo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y puestos a elegir, seguro que optará por él mismo. Todas estas bromas, sin embargo, no deben distraer de los cambios que se perfilan en los sucesivos sondeos, según los cuales se avanza (o retrocede) desde un bipartidismo imperfecto a tetrapartidismo inestable, con Podemos y Ciudadanos disputándose la centralidad de la izquierda y la derecha respectivamente mientras el PP y el PSOE apenas se sobreviven a sí mismos. De confirmarse este nuevo mapa político las consecuencias obligarían, desde luego, a coaliciones parlamentarias capaces de sostener un Gobierno estable, pero habría otras, entre las cuales no sería la menor la pérdida de peso en ecosistema político español de los nacionalismos y sus marcas electorales: CiU, el PNV y Coalición Canaria.