prospecciones petrolíferas

Democracia en tierra firme

El Tribunal Constitucional no ha declarado ilegal (todavía) la consulta impulsada por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas frente a la costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central y eso significa automáticamente la paralización cautelar de la misma. De inmediato algunos voceros del Ejecutivo regional han señalado que están seguros (sic) de que el Tribunal Constitucional dictará a favor de la legalidad de la consulta. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y Tú Más, Fernando Ríos, se ha atrevido incluso a aventurar que habrá sentencia definitiva en un plazo de cinco meses, a pocas semanas, por tanto, de la convocatoria de las elecciones autonómicas. A cualquiera le parecería imprudente convocar una consulta pocos días antes de la convocatoria de unos comicios, pero cabe colegir que al señor Ríos y a don Paulino Rivero no. Pero si uno se resigna a pensar como una persona adulta y un ciudadano responsable, debería admitir que la vía de la consulta popular está en punto muerto y, en cambio, los sondeos exploratorios de Repsol comenzarán antes de finales de mes.
Por supuesto, el argumento que aflora en esta coyuntura (y no ha dejado de manar desde hace meses) es que el Gobierno de Mariano Rajoy impide que los ciudadanos canarios se pronuncien sobre este asunto, es decir, perpetra un estrangulamiento democrático deliberado. Aunque se trata de asuntos de distinto calado político y jurídico, esta crítica es la que se practica hasta la exasperación en Cataluña a propósito de otro recurso al Constitucional que ha paralizado el referéndum enmascarado de consulta amable y enmarañadamente inquisitiva propuesto por la Generalitat. Hace unos días sostuve una discusión bastante demencial con un amigo convencido de la necesidad y la justicia del procés catalán. Desde su punto de vista, lamentablemente representativo, la democracia había sido prácticamente extirpada en Cataluña bajo la bota facistoide de un Gobierno aguasanado por la corrupción. La lucha por la celebración de un referéndum y la conquista de la independencia eran – según mi atrabilario interlocutor – ni más ni menos que el combate decisivo por la democracia. Tanto catalanes como canarios viven en un régimen autonómico con unas cuotas de autogobierno que jamás habían gestionado en su historia y votan periódicamente a sus parlamentos y sus corporaciones locales. El sistema democrático corre tanto peligro en Cataluña como en Extremadura, en Galicia como en Canarias. La democracia no se juega en un referéndum. La democracia se juega día a día en los gobiernos y las administraciones públicas y en Canarias, ahora mismo, la prioridad debería estar en los quebrantos, miserias, errores y latrocinios que se ramifican en tierra firme, no en mar abierto, y que son los que trituran cotidianamente nuestra depauperada condición de ciudadanos.

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Babiecada histórica

Con el laconismo de los grandes momentos históricos, el presidente Paulino Rivero leyó ayer ante los periodistas la pregunta que se formulará en la consulta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por la prospecciones de gas y petróleo?” Más allá de la voluntad evidente de eludir una impugnación del Gobierno central en el Tribunal Constitucional, la pregunta que Rivero ha sancionado contiene, en sí misma, una información valiosísima, a saber, que la Comunidad autonómica tiene algo que merezca llamarse “un modelo medioambiental”, y es más, cuenta con un “modelo turístico”. Es una pena que la ciudadanía no pueda hacerle por el momento consultas al Gobierno, porque resultaría sumamente interesante que el señor Rivero detallara tales modelos. Por cierto, presentar un montón de planes incumplidos, moratorias ergonómicas, normativas legales superpuestas y a veces contradictorias y reformas reglamentarias cantinflescas no vale.
Me gustaría decir que la pregunta es tramposa. Pero no lo es. La pregunta propuesta, simplemente, es una bobería, y dirigirse a los ciudadanos para preguntarles babiecadas es una forma muy poco sutil de faltarles al respeto. La pregunta presupone  — y presuponer algo en una consulta representa, abiertamente, una voluntad de manipulación – que las prospecciones de petróleo y gas son incompatibles con un hipotético modelo turístico y medioambiental. Quizás lo sean, pero en ningún caso cabe deslizar tal implicación en una consulta ciudadana. Es como si en el referéndum sobre la continuidad de España como socio de la OTAN, celebrada en 1986, se hubiera puesto a los ciudadanos en la alternativa explícita de continuar en la organización militar o renunciar al Mercado Común Europeo. La alternativa que siempre supone el pronunciamiento de los ciudadanos en una consulta es, por naturaleza, excluyente, un sí o un no, pero no puede estar fundamentada en implicaciones arteramente introducidas en la pregunta para estimular la inducción a una  respuesta concreta.
Claro que esto no es un referéndum. Es una consulta cuyo resultado –de celebrarse – carece de cualquier vinculación jurídica o administrativa para el Gobierno de España. Pero exactamente igual que en Cataluña se intenta hacer pasar una consulta por un referéndum. Y lo que es más grave, como ha señalado el profesor Santiago Pérez,  es que se pretende, desde el Ejecutivo regional, sustituir la voluntad ciudadana por la fabricación de un pronunciamiento desnudo de las más elementales garantías procedimentales y judiciales propias de un procedimiento electoral democrático (juntas electorales, verificación de los resultados, neutralidad gubernamental, espacios es los medios de comunicación públicos, etcétera). Exactamente: esto es una operación de marketing político. Y no está impulsada por el Gobierno, ni por CC, ni por el PSOE, sino por Paulino Rivero, sumo sacerdote de sí mismo.

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Calderonianamente changas

Viene hasta las ínsulas baratarias Antonio Brufau, el presidente de Repsol, como un butanero cargando con su corbata de gucci para repartir bellas esperanzas en cada casa, y la respuesta del presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, consiste en proclamar que los canarios no se venden por un plato de lentejas. Bueno, el problema más acuciante para la mayoría de los isleños no consiste en vender lentejas, sino en comprarlas. En todo caso la calderoniana declaración de Rivero no parece muy apropiada para un presidente del Gobierno. Los presidentes del Gobierno suelen disponer de voceros para largar metáforas populistas, bíblicas o simplemente zoquetas. Los presidentes del Gobierno no van por ahí como personajes de Echegaray (nota para los asesores y meatintas presidenciales: no se trata de un ex ministro socialista, sino de un autor dramático tan ilegible como cualquier blog de medianías) con el rostro crispado, el ceño torvo, la espada enhiesta y el verbo encendido. Es una pesadez insistir en las actitudes que debe o no debe mostrar un presidente del Gobierno – según las normas más elementales de la inteligencia política y el buen juicio institucional — pero llevamos seis años y pico así, y ya ven: no hay manera. Brufau no se mostró particularmente brillante en la defensa del proyecto de su empresa en aguas canarias, pero la reacción política del Gobierno y destacados dirigentes de CC ha resultado lamentable. Los gobiernos están obligados a desarrollar argumentos y no a lanzar admoniciones ni a comportarse como el inmortal Chanquete, refugiándose en su barcaza y cantando no nos moverán.
–¡El petróleo no lo quie-ro/pues lo rechaza Ri-ve-ro!
–¡Nada de petróleo y fuel/pedalea con Berriel!
–¡El petróleo no es azul/nos lo dijo Ríos Rull!
–¡El petróleo es lo pior/ ya lo sabe el gran Melchior!
Uno sospecha que así no se doblega a una multinacional petrolera ni se consigue provocar un fatal ataque neurológico a José Manuel Soria. Vistos los reiterados fracasos administrativos y judiciales del Gobierno autonómico quizás sea la hora del repulsivo realismo: de sentarse a negociar abierta y exigentemente contrapartidas económicas, garantías de seguridad y compromisos laborales con Repsol. No porque sea una estupenda noticia la explotación petrolera en las proximidades de Fuerteventura y Lanzarote, sino porque es inevitable.

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Ni las fulas

María del Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno central en Canarias, ha proclamado que no existe ningún informe de la Unesco “contra las prospecciones petrolíferas”, ni existe tampoco “ningún apoyo de la Unesco a este documento”. Cuando un responsable político se concede a sí mismo capacidad ontológica suficiente para aclararle supuestamente a los ciudadanos que algo no existe puede deberse a tres razones cosas: a) a que tal responsable político es un cínico de espíritu churrigueresco; b) a que tal responsable político no tiene puñetera idea de lo que habla; y c) una combinación más o menos oligofrénica de las dos opciones anteriores. La versatilidad de la señora Hernández Bento – tan pronto se te planta tres días en la Fashion Week de Nueva York como organiza un imprescindible gabinete de estudios económicos que dura exactamente el tiempo que estuvo a su frente – lleva a cualquier observador imparcial a inclinarse por la tercera probabilidad.
Obviamente, la Unesco no se ha pronunciado contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Pero resulta una mendrugada realmente extraordinaria negar la existencia del informe. Se trata de un documento elaborado por biólogos adscritos al consejo científico del Comité Español del programa El Hombre y la Biosfera, que preside la doctora Marisa Tejedor, catedrática de la Universidad de La Laguna, y no una exconsejera de Industria colada ahí por casualidad.  El programa MaB (por sus siglas en inglés) tiene un ámbito internacional y lleva décadas de funcionamiento. Lo que hizo Tejedor –cuyo prestigio científico y académico a nivel nacional hasta el más lerdo puede certificar en la red – es proceder rigurosamente y presentarlo, como era obligatorio, en la reunión del pasado martes del Comité Español del MAB. Y no, el informe no evalúa los riesgos técnicos de un vertido de petróleo – esa no es ni puede ser la competencia de un órgano de asesoramiento científico –sino las calamitosas consecuencias hipotéticas del mismo en la biomasa de la zona de afección, que incluye el Archipiélago Chinijo, la mayor reserva marina de la Unión Europea.
El estólido intento de la delegada del Gobierno central de reducir un informe científico a una pamplinada fantasmagórica es una grosería hacia el consejo científico español del programa MaB y un ridículo empecinamiento en una curiosa superstición: si se produce un vertido de petróleo relevante a cien kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura no les molestaría ni a las fulas.

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