Una de las señales de un Gobierno decente – en ambos sentidos: en el de la ética política y el de la eficacia operativa  — es el seguimiento y fiscalización de las mismas políticas que articula e impulsa. De nada vale el diseño y la ejecución de un programa político si no se somete a una revisión y evaluación continua que los ciudadanos tienen derecho a conocer puntualmente. Es superfluo decir que esta higiénica praxis resulta casi desconocida en Canarias. Hete aquí que el presidente Paulino Rivero, en el pasado otoño, se sentó en una mesa de caoba del Hotel Ritz con representantes de los principales bancos españoles y anunció créditos específicos, por valor de 1.825 millones de euros, destinados a la rehabilitación de la planta turística. Y efectivamente, en los meses siguientes, el Gobierno autonómico firmó varios convenios con las entidades bancarias (desde el Santander hasta La Caixa) sobre cuya letra pequeña, eso sí,  jamás se ha proporcionado demasiada información, y no cabe esperarla de Javier González Ortiz, que como consejero de Economía y Hacienda se dedica básicamente a enjalbegar todas las chiripitifláuticas ocurrencias de Rivero y a hacer calceta con los presupuestos regionales, para lo cual utiliza rítmicamente las manos, los pies y hasta las orejas.
Varios meses después no se ha ofrecido, por supuesto, información sobre el destino de los créditos para la rehabilitación turística, que además de evitar la obsolescencia de la planta alojativa, tiene como objetivo estratégico la creación de empleo. Pero todo el mundo – incluyendo alcaldes, concejales de Urbanismo y funcionarios técnicos – sabe cómo se está llevando a cabo la todavía insuficiente rehabilitación turística  — y no sólo turística – en el Archipiélago. Una mañana, repentinamente,  aparece cerrada a cal y canto una o varias plantas en un hotel de cuatro estrellas. Puede ocurrir igualmente en un centro hospitalario o en un restaurante postinudo. Los residentes y visitantes escuchan un ruido incesante y observan atónitos como obreros esquivos entran y salen por una puerta oculta tras una polvorienta cortina de plástico. Y al cabo de seis, siete, ocho meses todo – operarios, bolsas de cemento, palas, cabillas, carretillas, encofrados – desaparece mágicamente sin dejar rastro. No se ha solicitado licencia de obras. La contrata fantasmal que se ha dedicado a los arreglos no ha contratado a un albañil, ni a un aparejador, no se diga a un arquitecto. La rehabilitación ha culminado sin dejar el más modesto rastro en la hacienda local o en la lista de desempleados. Ese es el modelo habitual de intervención rehabilitadora que se practica hoy en los centros hoteleros canarios.  Estas cosas en el Ritz no pasan…