Turismo

La amenaza del alquiler vacacional

El nuevo decreto de la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico que regula el alquiler vacacional es un poltergeist administrativos a cuyo borrador se le puede reconocer, como diría un escolástico, cierta naturaleza entitativa, pero no mucho más. Por supuesto la futura norma excluye las llamadas ahora “islas verdes” y desde el Ejecutivo se admite que cabildos y ayuntamientos puedan establecer “excepciones”, “marcos flexibles” y demás eufemismos pedantescos. Lo que no entiende el Gobierno es que no se trata de regular cierto tipo de alquiler de viviendas particulares para evitar abusos que son muy feos y deshonestos, sino de asumir legalmente los efectos de la turistificación de la sociedad canaria y la amenaza real que supone para la calidad de la vida cotidiana de los isleños. Presentar el alquiler vacacional como una suerte de democratización de la prosperidad turística – un bienaventurado fenómeno que solo reclama moderar las ambiciones pecuniarias de los propietarios – es un disparate. El alquiler vacacional tiene un alarmante potencial destructor en las economías domésticas y en la articulación social de ciudades y barrios. Pregúntenle ustedes a docentes que son destinados a Fuerteventura, Lanzarote o los sures de Gran Canaria o Tenerife. Pisos de una única, diminuta habitación, que sobrepasan los 1.000 euros mensuales, porque el propietario, alquilándolo por semanas, podría conseguir 2.000 euros más. Los alquileres altos no son ajenos precisamente a otro efecto turístico: la subida del precio de los alimentos e insumos en establecimientos que se hacen de oro con el turista y que no le a hacer una rebajita porque usted no lo sea. Ya son muchos centenares las familias encerradas en estas burbujas de encarecimiento de la vida al calor de la prosperidad del turismo. Individualmente el alquiler parece hacerte rico. Colectivamente nos empobrece. Y esta praxis febril se extiende rápidamente fuera de los ámbitos turísticos y contagia al alquiler tradicional. El sueño del rentista ocioso es el complemento del anhelo de convertirse en un funcionario de nómina eternizada aprobando un par de exámenes. Funcionarios, rentistas y subvencionados: la base para la creación de una moderna economía del conocimiento en el Archipiélago.
Hasta hace poco se me antojaba difícil de defender la existencia de procesos de gentrificación en las ciudades canarias. Ahora no estoy tan seguro. Una de las mejores conocedoras de la materia es la profesora Luz Marina García Herrera, como otros geógrafos, historiadores y urbanistas, prefiere hablar – y tiene razón – de elitización urbana. En un artículo magnífico, Vivienda y proceso de elitización en El Cabo-Los Llanos en Santa Cruz de Tenerife la doctora García Herrera describe los orígenes obreros e incluso marginales de la zona y su transformación en un entorno urbano destinado a la clase media-alta gracias a un conjunto de intervenciones de expropiación, remodelación y equipamiento a cargo de las administraciones locales. Las llamadas Torres de Santa Cruz materializan, sin duda, el símbolo de la urbanización de Cabo Llanos en el siglo XXI, dominando el frente marítimo de la costa chicharrera. Pues bien: cerca del 40% de sus propietarios no residen en ellas. Y aun más interesante: casi un 20% vive en Madrid, Barcelona y otras capitales peninsulares. Finalmente, un 3%  tiene su domicilio habitual en Londres, Miami y Cuba. Casi un 25% de los propietarios reconoce que compró la vivienda como una inversión, no para convertirla en su residencia familiar.
Sin duda se trata de un proceso de gentrificación aunque con rasgos propios especialmente marcados. Algunos otros pueden rastrearse en zonas propiamente turísticas. El decreto de regulación de alquiler vacacional es claramente insuficiente. El impacto económico, social y cultural del turismo en Canarias – y no únicamente sus agresiones medioambientales – han cambiado en los últimos veinte años. Y es imprescindible una respuesta política y jurídica global, transversal, interadministrativa y no vender la ficción de catorce inspectores de turismo controlando 131.000 camas para encontrar visitantes con la cartera infartada sobre el pecho.

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Seis razones para el desempleo en Canarias

El alto desempleo estructural es uno de los rasgos definitorios de la economía canaria – el mejor dato, de 2007, lo elevaba al 10%, un porcentaje escandaloso en cualquier país desarrollado – pero no pierda usted el tiempo buscando monografías académicas al respecto. En nuestra Facultad de Ciencias Económicas trabajan profesionales estupendos, pero deben tener guardados estos estudios para convertirlos en un betseller cuando llegue el canibalismo al Archipiélago. El desempleo crónico no es únicamente la más dolorosa consecuencia de una coyuntura económica.  Un alto desempleo cronificado resulta, al mismo tiempo, un factor de consecuencias negativas en todos los órdenes (en la fiscalidad, en el consumo,  en la desigualdad de rentas)  y un despilfarro disparatado de recursos. Muchos se preguntan las razones por las que el paro no desciende en las islas pese a la bonanza del turismo. Sería interesante abrir un debate (coherente, informado y basado en la evidencia empírica) al respecto que trascienda las reiteradas, insoportables, indecentes andanadas que se prodigan entre ellos los partidos políticos.

1. El turismo está muy bien, pero jamás ha sido el motor central y exclusivo del crecimiento de Canarias.  Y no solo eso: el mercado de trabajo en el sector turístico ha cambiado. Se ha intensificado la carga de trabajo por empleado y la eventualidad es la norma más habitual. Pero lo fundamental es que el crecimiento económico – y la creación de puestos de trabajo – que explosionó en la década que media entre 1997 y 2007 estaban asociados, en mayor medida que la actividad turística, a la construcción y a la inversión pública. El peso del sector público en la economía isleña llegó a superar el 15% del PIB regional a principios de siglo. Las administraciones públicas canarias han controlado en los últimos veinte años la oferta de servicios básicos y la materialización de infraestructuras y han subvencionado fuertemente un amplísimo abanico de actividades económicas y empresariales. El hundimiento de la construcción y los recortes presupuestarios por exigencia de los compromisos fiscales han tenido una incidencia directa en el vertiginoso aumento del desempleo en Canarias. En los presupuestos generales del Estado de 2014 la inversión en Canarias representa un 45% de lo recogido en los presupuestos generales de 2011 mientras las partidas destinadas a compensar el hecho insular han descendido cerca del 25% en dicho periodo.

2. Los cuarentones no vienen con un pan bajo el brazo. La sociedad canaria ya no es mayoritariamente joven, como ocurría hace veinte años, pero el país tiene actualmente una tasa de población activa – el porcentaje de gente en edad de trabajar que quieren hacerlo respecto a la población total– apreciablemente superior a la media de la UE (un 3% aproximadamente) y a la española (más del 1,5%). La pirámide poblacional canaria apunta a un horizonte muy preocupante: en 2020 se sumarán a los ciudadanos jubilados unas 35.000 personas más que en la actualidad; en 2025, unos 43.000.  Actualmente por cada dos canarios en edad de trabajar corresponde un pensionista.

3. En Canarias las grandes empresas – las que pueden invertir más, crean más puestos de trabajo, aportan mayor valor añadido y estimulan una mayor cualificación – son muy pocas. Hace un siglo las islas, bajo influencia británica, fueron territorio de acción de empresas emblemáticas en el comercio internacional; actualmente el tejido empresarial canario lo constituyen básicamente pymes y, sobre todo, microempresas y autónomos (cientos de las cuales han desaparecido desde 2008 pero volverán a germinar, con la misma debilidad intrínseca y escasa viabilidad, a medida que se acentúe la todavía embrionaria recuperación económica).

4. El mercado laboral canario lleva impresos a fuego desde hace décadas la temporalidad extrema, la precarización y los salarios comparativamente bajos. Más de un tercio de los empleados canarios soportan contratos temporales – la media es de cuatro meses, pero está cayendo según la EPA a favor de contratos por semanas y días –  y casi el 70% cobra menos de mil euros mensuales. Muchos estudios y análisis de mercado laboral señalan una relación directa entre la contratación temporal y la tasa de desempleo en una economía. En 2008 la contratación temporal en Canarias era del 33,5%, en España del 31,7%, la media de la Unión Europea, alrededor de un 15%.  Si existe alguna comunidad autonómica en la que la dualidad del mercado laboral español es más sangrante se trata, sin duda, de Canarias.

5. El cortocircuito entre sistema educativo y mercado laboral no se ha reparado en Canarias y ha quedado patente en todo su obsceno esplendor en el último lustro. En particular la situación de la Formación Profesional y de la enseñanza de idiomas es patética. Obviando el abandono escolar y las espeluznantes tasas de absentismo la mayor parte de los egresados del sistema educativo no encuentran encaje entre su formación y las escasas demandas laborales; los mejor preparados en disciplinas científicas y tecnológicas inician en cuanto pueden el camino de la emigración. En efecto, la actividad turística es una de las principales actividades económicas desde hace cuarenta años, pero la mayoría de los jóvenes canarios no saben hablar fluidamente en inglés. Claro que la mayoría de los integrantes de nuestras bienaventuradas élites políticas y empresariales tampoco.  La asfixia financiera de la universidades, sus rigideces estructurales, su burocratización interminable, sus magros resultados en materia de docencia e investigación ya casi forman parte del folklore local.

6. Tanto la diversificación de la economía canaria – un mantra salvífico que se repite hasta la naúsea – como el profundizar en unas especializaciones inteligentes reclaman una economía digital que en el Archipiélago todavía es una fantasía un tanto juliovernesca. En Canarias no hay sustrato industrial para una economía del conocimiento y la inversión pública y sobre todo privada en I+D+I es muy insuficiente, cuando no ridícula. Y en este punto, como en todos los anteriores, tanto los poderes públicos como los grandes intereses privados se niegan a cuestionar el status quo.

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Lo que no pasa en el Ritz

Una de las señales de un Gobierno decente – en ambos sentidos: en el de la ética política y el de la eficacia operativa  — es el seguimiento y fiscalización de las mismas políticas que articula e impulsa. De nada vale el diseño y la ejecución de un programa político si no se somete a una revisión y evaluación continua que los ciudadanos tienen derecho a conocer puntualmente. Es superfluo decir que esta higiénica praxis resulta casi desconocida en Canarias. Hete aquí que el presidente Paulino Rivero, en el pasado otoño, se sentó en una mesa de caoba del Hotel Ritz con representantes de los principales bancos españoles y anunció créditos específicos, por valor de 1.825 millones de euros, destinados a la rehabilitación de la planta turística. Y efectivamente, en los meses siguientes, el Gobierno autonómico firmó varios convenios con las entidades bancarias (desde el Santander hasta La Caixa) sobre cuya letra pequeña, eso sí,  jamás se ha proporcionado demasiada información, y no cabe esperarla de Javier González Ortiz, que como consejero de Economía y Hacienda se dedica básicamente a enjalbegar todas las chiripitifláuticas ocurrencias de Rivero y a hacer calceta con los presupuestos regionales, para lo cual utiliza rítmicamente las manos, los pies y hasta las orejas.
Varios meses después no se ha ofrecido, por supuesto, información sobre el destino de los créditos para la rehabilitación turística, que además de evitar la obsolescencia de la planta alojativa, tiene como objetivo estratégico la creación de empleo. Pero todo el mundo – incluyendo alcaldes, concejales de Urbanismo y funcionarios técnicos – sabe cómo se está llevando a cabo la todavía insuficiente rehabilitación turística  — y no sólo turística – en el Archipiélago. Una mañana, repentinamente,  aparece cerrada a cal y canto una o varias plantas en un hotel de cuatro estrellas. Puede ocurrir igualmente en un centro hospitalario o en un restaurante postinudo. Los residentes y visitantes escuchan un ruido incesante y observan atónitos como obreros esquivos entran y salen por una puerta oculta tras una polvorienta cortina de plástico. Y al cabo de seis, siete, ocho meses todo – operarios, bolsas de cemento, palas, cabillas, carretillas, encofrados – desaparece mágicamente sin dejar rastro. No se ha solicitado licencia de obras. La contrata fantasmal que se ha dedicado a los arreglos no ha contratado a un albañil, ni a un aparejador, no se diga a un arquitecto. La rehabilitación ha culminado sin dejar el más modesto rastro en la hacienda local o en la lista de desempleados. Ese es el modelo habitual de intervención rehabilitadora que se practica hoy en los centros hoteleros canarios.  Estas cosas en el Ritz no pasan…

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Ni un canario

Nubles y claros sobre la llamada costa Adeje, varios kilómetros de playas y bulevares repletos de restaurantes, cafeterías, tiendas y chiringuitos por los que pululan, con los primeros y tímidos calores del año, miles de turistas cuyo máximo anhelo es sancocharse al sol. En cada terraza individuos sonrientes, un poco imperiosamente sonrientes, intentan seducir a los potenciales clientes ofreciendo almuerzos y cenas, copas, cafés, toallas, bisutería, fotografías, diminutos peces que por apenas veinte euros eliminarán las callosidades de sus pies, artículos de broma, flotadores, helados, sombreros, bañadores, cremas solares, ofertas de apartamentos, descuentos en discotecas y tugurios. Después de frecuentar algunos establecimientos descubro, un tanto asombrado, que entre los camareros y dependientes no se encuentra un solo canario. Decido emprender una somera investigación de campo y entro y salgo de casi todos los comercios que abren sus puertas entre Puerto Colón y la majestuosa silueta del hotel Bahía del Duque. Nada. Ni un solo canario entre los empleados. Absolutamente ninguno. En los restaurantes, en los chiringuitos playeros, en las barras de los bares encuentro a argentinos, andaluces, marroquíes, polacos, italianos, portugueses, holandeses, catalanes, irlandeses y algún que otro ruso, pero ningún canario.

El desempleo en el archipiélago supera al 33% de la población activa y el 62% de los jóvenes de menos de 26 años están parados (cerca de 45.000 pibes en toda la comunidad autonómica). Pero en una de las zonas turísticas más pujantes de Tenerife – y que vive una recuperación evidente desde hace más de dos años – es imposible encontrar a un canario trabajando. ¿Acaso los criterios se selección laboral de los empleadores son muy exigentes? En la mayoría de los casos, en efecto, se trabaja doce horas diarias por el salario mínimo interprofesional, pero a nadie se le mira el DNI. ¿Es el inglés una barrera infranqueable? No. Para servir una mesa resulta suficiente un inglés muy básico, incluso rudimentario, sin ninguna exquisitez oxfordiana. Cuando se les pregunta a los propietarios de los negocios la respuesta es sencilla, inmediata e indiferente. Entre los que se acercan a buscar trabajo son muy escasos los isleños y solo muy excepcionalmente aceptan las condiciones de los contratantes. “Los pocos que aparecen por aquí preguntan, escuchan y se marchan casi enseguida”.

¿Ningún estudiante? ¿Ningún ex-empleado de la construcción? ¿Ningún joven padre de familia?

No. Ninguno.

Esta crisis demanda reformas políticas y administrativas urgentes y requeriría unas élites empresariales menos obtusamente extractivas. Pero también evidencia lo urgente de un profundo cambio de hábitos en la cultura del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de jóvenes y talluditos que tienen la misma relación con el curro que los desarrapados  hijosdalgos de la novela picaresca española.

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Europa, Soria y los lemmings

El pasado domingo, y en un marco incomparable, es decir, en el seno de la Confederación Canaria de Empresarios, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, confirmó que el Gobierno central llevaría en breve al Tribunal Constitucional la ley de reforma y renovación turística de Canarias. Según Soria se habría intentado superar las diferencias de criterio existentes entre unos y otras en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, pero fue imposible llegar a un acuerdo satisfactorio. Sinceramente el Gobierno de Mariano Rajoy tiene un buen montón de argumentos técnico-jurídicos para conseguir la derogación de la normativa legal aprobada por el Parlamento de Canarias, y no únicamente por el diligente talento remendón de muchos de los magistrados del Tribunal Constitucional, que lucen en sus glúteos gaviotas tatuadas, sino por la legislación europea aprobada en los últimos años. Es un buen ejemplo para apreciar la importancia de votar en las elecciones al Parlamento de la UE que, en este país, siguen siendo, para los grandes partidos tradicionales y los nuevos experimentos organizativos, una ocasión para rascar legitimidad, erosionar al Gobierno o impulsar un flamante proyecto político. En los últimos quince años tratados y directivas coinciden, demasiado a menudo, en un único objetivo: limitar, desarmar, eliminar la intervención pública en la dinámica económica local y regional. El  Tratado de Lisboa consagra la pía desregularización de servicios y las bienaventuranzas de la libre competencia. Vaya usted a saber sin en otros espacios nacionales ese capitalismo idílico, higiénicamente competitivo y equitativamente desregulado existe; en España, y obviamente en Canarias, no.

Seis años de dura y martirizante crisis no han servido, francamente, para gran cosa. Lo fundamental es que se puedan construir hoteles de cuatro estrellas. Y de tres. Y pensiones dotadas con jofaina y bacinilla si fuera menester. Construyamos y el desempleo se volatizará ante nuestros ojos como un fantasma indeseable. En Tenerife y Fuerteventura, entre principios de los noventa y comienzos del nuevo siglo, se construyeron una veintena de hoteles de cinco estrellas o gran lujo. Ambas islas registran, desde hace años, los mayores índices de desempleo en el Archipiélago, y en ninguna de ellas, como en el resto de Canarias, el paro ha descendido del 9,5% en los últimos treinta años. Pero resulta irrelevante. Reemprenderemos la carrera como lemmings furiosos arrastrando carretillas de cemento y bloques hasta caer por el próximo acantiladoy ver todas las estrellas juntas.

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