El comité de expertos encargado por el propio Gobierno autonómico de estudiar la reforma de la administración pública y proponer medidas al respecto ha descrito, en uno de sus informes, la aterradora situación de los servicios sociales en esta Comunidad. Es realmente curioso. Los trabajos de este equipo, coordinado por José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, son muy escasamente conocidos, pese a llevar más de año y medio de actividad. Sin embargo, esta despiadada evaluación de los servicios sociales de la Comunidad autonómica ha llegado a los medios de comunicación. Tal vez el comité se haya hartado ligeramente de la indiferencia del señor Rivero y su entorno. El informe no tiene desperdicio y supone la constatación de uno de los fracasos políticos y sociales más clamorosos de los últimos treinta años, lo suficientemente grave para cuestionar razonadamente la razón de ser de las instituciones autonómicas.
El documento incluso pone en duda la existencia de un sistema de servicios sociales en Canarias. Desde un punto de vista organizativo y operativo tal sistema no deja de constituir una entelequia más o menos pinturera. Los comisionados son incapaces de detectar coordinación administrativa, objetivos concretos, mensurables y debidamente fiscalizados ni una definición suficiente del marco competencial y de gestión de las administraciones implicadas, Ejecutivo regional, cabildos insulares y ayuntamientos. La excusa de la prolongada crisis económica y los feroces recortes presupuestarios no sirve para ocultar la desvergonzada exhibición de ineptitud, negligencia e ineficacia de la burocracia autonómica, sus cuadros técnicos y, al fin y a la postre, sus responsables políticos, que han sesteado ininterrumpidamente mientras se hundía un suflé impresentable. Por no existir no existe siquiera, debidamente definida, una cartera de servicios sociales en Canarias, mientras ayuntamientos, cabildos y la Consejería de turno, en una rebatiña mentecata, superponían en unos casos, duplicaban en otros y cortocircuteaban en varias ocasiones programas, acciones y subvenciones. El desastre económico y la sangría presupuestaria, simplemente, han dejado más en evidencia aún este formidable y mísero caos que alimenta la hipótesis de que en Canarias el escuálido Estado de Bienestar tiene unos efectos redistributivos aun inferiores a la mediocre media española. Me preguntarán ustedes por Inés Rojas y sus cuates, pero les ruego que no lo hagan, porque tendría que gastarme lo que no tengo contratando un abogado.