Nicolás Maduro

Detenido, encarcelado y sentenciado

Uno de los aspectos usualmente menos considerados en el análisis crítico del régimen chavista en Venezuela es la degeneración de su sistema judicial.  Como ocurre con casi todo en el chavismo la transformación del sistema judicial venezolano comenzó a desarrollarse bajo unas discutibles buenas intenciones y ha terminado en un inequívoco pudridero. Ya en agosto de 1999 se creó un denominado “régimen transitorio de reorganización de los órganos de poder judicial”, regido por una Comisión de Emergencia Judicial (posteriormente Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial) que, en efecto, ejercicio sus poderes transitoriamente…durante casi doce años. A lo largo de dicho periodo fueron designados docenas de jueces en Venezuela sin convocar jamás concurso público de oposición: un mecanismo de nombramiento (y destitución) arbitraria de magistrados que violó cualquier garantía de estabilidad e inmovilidad de los mismos. En la actualidad más del 50% de los jueces venezolanos – nombrados a dedo por afinidades ideológicas, cuando no por una militancia activa en el PSUV o en alguna de sus organizaciones originarias — continúan en situación de provisionalidad. Por supuesto la naturaleza provisional de su cargo y sueldo es un estímulo para dictar sentencias políticamente correctas. Cuando no es así puede ocurrirte lo de la magistrada María Lourdes Afiuni, que tuvo la mala cabeza de liberar a un banquero porque, según el código penal, no podía prolongarse más su prisión preventiva. Hugo Chávez en persona, frente a las cámaras de televisión, la calificó de “bandida” y “canalla” y ordenó al fiscal general que solicitara una pena de treinta años, asegurando que hasta que se celebrara juicio “no saldría de la cárcel”. Pudo escapar un año después, maltrecha y enferma, pero expulsada al cabo de la carrera judicial sin mediar proceso judicial ni procedimiento administrativo por ningún lado. Mientras tanto, en la cúspide, fulge un prostibulario Tribunal Supremo –su presidenta fue dirigente y candidata del Movimiento V República — que jamás ha fallado contra ningún acto del Gobierno, y que se apresura a avalar sin una mueca cualquier decisión del Poder Ejecutivo: desde rumbosas leyes habilitantes hasta reformas constitucionales incrustadas a golpe de decretos presidenciales.
Así que es perfectamente comprensible el temor por la suerte del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, detenido ayer a punta de pistola por la policía política venezolana en su propio despacho. Nicolás Maduro, ese cruce entre payaso acobardado y gangster de corazón de oro, insistió ayer en que él era el pueblo y  Ledezma estaba involucrado en un golpe de Estado. Y si lo dice Maduro no hay discusión. Entre los jueces venezolanos, al menos, no habrá ninguna. En el momento de su detención Ledezma (como Leopoldo López) ya estaba sentenciado y condenado.

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Notas sobre la situación política en Venezuela

1. La legítima protesta estudiantil es reprimida por el Gobierno y manipulada por un sector de la oposición. ¿Qué ocurrió en la plaza de Venezuela el 12 de febrero? En primer lugar un éxito sin precedente de la convocatoria de los colectivos estudiantiles. La espita del descontento no se ha abierto por el desabastecimiento crónico o la inflación desbocada.  El detonante ha sido la inseguridad pública y la criminalidad desatada en Caracas y en otras grandes ciudades del país: entre 60.000 muertes (según las autoridades) y 90.000 (según fuentes extraoficiales) en la última década, sin contar con robos, asaltos, secuestros y agresiones callejeras. La multitudinaria manifestación dejó al Gobierno estupefacto. Y no solo por las decenas de miles de manifestantes, sino por la expresión terminante de sus propuestas. Simplemente, Maduro debería dimitir y largarse. He leído que resulta muy sospechoso que los estudiantes de la plaza de Venezuela (como los que les precedieron en las marchas de Mérida o Táchira) no reivindicasen solicitudes económicas o sociales concretas, sino que exigieran el fin del chavismo. Es una crítica trufada de cinismo. La violencia verbal que ha empleado el Gobierno y los dirigentes del PSUV en los últimos años, no se diga en los últimos meses, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, ha sido extraordinaria. Han calificado a la oposición de antipatriotas, espías, agentes de la CIA, criminales, golpistas, miserables, canallas, gusanos, terroristas, una y otra vez, pero, al parecer, pedir explícitamente la dimisión de Nicolás Maduro es una grosería intolerable. La concentración de la plaza de Venezuela ya había acabado, estaba prácticamente disuelta, cuando comenzaron a actuar grupúsculos que parecían bien coordinados y entre los que abundaban encapuchados dotados de armas de fuego, que levantaron barricadas y comenzaron a disparar, consiguiendo incluso quemar furgonetas de la policía política, el Sebin. Pronto estalló una balasera infernal en la que decenas de personas resultaron heridas y se produjeron tres muertos: un joven chavista y dos jóvenes opositores. Resulta perfectamente verosímil que en esta ocasión, como en otras, el sector más derechista de la oposición al chavismo haya infiltrado a agentes provocadores. Porque si el chavismo está acorralado por el estrepitoso fracaso de su gestión económica, pretextando una guerra económica para enmascarar el resultado inevitable de su asombrosa estupidez gestora, su obcecación ideológica y su imperioso deseo de supervivencia, la unidad de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, ha empezado a desquebrajarse, y lo ha hecho por la facción más conservadora, más furibundamente anticomunista, que considera a Henrique Capriles un blando, cuando no un traidor, al reconocer la estrecha pero incontestable victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado año, y apostar por la vía institucional y electoral. Esa facción derechista, en cambio, sueña con una vía insurreccional disparatada y abocada a un sangriento fracaso.  Tampoco cabe descartar –más bien lo contrario — que el Gobierno haga lo propio e infiltre en las manifestaciones a sus propios provocadores.   Quizás la destitución del director del Sebin,  el general Manuel Bernal, por instrucción de Maduro, no solo tenga que ver con el incumplimiento de la orden de acuartelar a los funcionarios de la  policía política el pasado día 12.  Tal vez los agentes del Sebin hicieron algo más  que desobedecer una directiva presidencial. En Venezuela existen y actúan impunemente bandas paramilitares — generalmente motoristas — cuya principal misión es amedrentar, amenazar y, cada vez con mayor frecuencia, agredir impunemente a los que se atreven a mostrar su disidencia en las calles y plazas del país.

2. No es tolerable ni verosímil la simetría valorativa. Por ejemplo, y solo es un ejemplo, en la desinformación propagada desde ambos bandos. Al parecer es imprescindible insistir en una obviedad: el Gobierno de Nicolás Maduro tiene a su disposición todos los resortes del poder (ejecutivo, legislativo, judicial, militar, policial) mientras la oposición en general, y los colectivos estudiantiles en particular, deben acudir a sus propios y rudimentarios medios. Es innegable que desde Venezuela se han difundido, por opositores al Gobierno chavista, información tergiversada, infundios ridículos y fotografías estúpidamente manipuladas. Pero por encima de este material fraudulento y deleznable está un Gobierno con amplísimas facultades que ha intentado, con todos los medios políticos y técnicos a su alcance, suprimir la libertad informativa sobre las protestas callejeras dentro y fuera del país. En realidad el régimen chavista ha llevado a cabo un progresivo estrangulamiento jurídico y económico de los medios de comunicación convencionales en Venezuela, que tiene uno de sus últimos capítulos en la agonía de los periódicos nacionales. Como el Gobierno ha establecido un control cambiario absoluto es el Gobierno quien autoriza la compra de dólares, y los periódicos necesitan  papel que solo puede comprarse en el exterior.

3. Ni hay peligro de golpe de Estado ni el Gobierno está dispuesto a abandonar o consensuar nada que cuestione la perpetuidad del régimen. Solo la ingenuidad política puede hacer creer a los estudiantes venezolanos contrarios al régimen chavista que manifestándose a diario caerá el Gobierno, no se diga el sistema político en su conjunto. De la misma manera, solo una fantasía ideológica –cebada por una propaganda a ratos hilarante — puede sostener que lo que está en marcha en Venezuela es un golpe de Estado contra un Ejecutivo que tiene en sus manos a las fuerzas armadas, los cuerpos policiales, las finanza petroleras y casi todas las administraciones públicas.  Nicolás  Maduro no es Salvador Allende.  El chavismo ha arruinado a Venezuela y ha montado un régimen basado en la estatalización de la economía y en un gigantesco sistema clientelar gracias al control de la renta petrolera. La corrupción ha alcanzado niveles inimaginables incluso en la época de Carlos Andrés Pérez y toda la estrategia de desarrollo del socialismo del siglo XXI ha fracasado palmariamente: el país es más dependiente del exterior y del petróleo y el gas que en toda su historia. Pero el chavismo todavía dispone de un muy amplio –aunque mengüante — apoyo popular. Son todos aquellos millones de venezolanos que ni viven sustancialmente peor que en 1999 — salvo por la delincuencia callejera —  ni escrutan en la oposición política un programa ni un proyecto alternativo nacional verosímil. “Sí, puede que Maduro sea un huevón, y el otro día escapé de vaina de unos malandros ahí mismo, en la esquina, pero, si vienen otros, seguro que me van a quitar todas las ayudicas, hermano”.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto 1 comentario
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