Crisis económica

El poder de un Gobierno rico en una sociedad empobrecida

 

Román Rodríguez: "No vamos a tocar la fiscalidad ni recortaremos el gasto  público" - La Provincia

Estoy aplastado en la tribuna de prensa del Parlamento de Canarias. Sobre mí, como sobre el espinazo de todos los presentes, caen las decenas, cientos, miles de millones que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anuncia un día tras otro desde que salimos del confinamiento pandémico. No sé cuánto dinero es ya. Un río de euros incesante que salen triunfalmente de la boca de Rodríguez para salpicarnos de gozo y dejar claro a la oposición que no tiene nada que hacer y a los ciudadanos que no hay que preocuparse: Dios (es decir, el Gobierno) proveerá. Y entonces se consolida mi convicción de que esto no va a salir bien. No quiero decir que, necesariamente, todo este dineral esté cebando una catástrofe, pero no se van a conseguir los objetivos que cacarea el vicepresidente, más retóricos que económicos. En primer lugar la administración autonómica – por no hablar de cabildos y ayuntamientos – no está en condiciones –y me refiero a condiciones técnico-administrativas y organizacionales– de gastar toda esa pasta. ¿Recuerdan esos 1.144 millones en ayudas directas a pymes y autónomos transferidos por el Gobierno central? “Canarias recibirá más dinero que nadie y más que nunca”, gritó entusiasmado Román Rodríguez. Pues bien: el plazo de solicitud se cerró el 28 de julio, y hasta el día de hoy, dos meses después, solo se habían concedido 100 millones. Lo mejor hubiera sido, por supuesto, y tal y como se ha hecho en Estados Unidos, Alemania o Japón, que el propio Estado inyectase este dinero a las empresas desde el conocimiento que tiene el Ministerio de Hacienda de su situación fiscal. Se manda un cheque o se hace un ingreso en la cuenta corriente y sanseacabó. En el hispánico modo se actúa como si esto no fuera una emergencia y las pymes pudieran esperar semanas o incluso meses para disponer de una mínima liquidez. Pese a la ayuda de las Cámaras de Comercio se está haciendo mal, y no por ánimo destructivo o deliberada torpeza: sencillamente los procedimientos administrativos tradicionales son demasiado lentos,  torpes y, en este caso, letales, para una intervención de esta naturaleza.

Pero no es solo eso. En los análisis – o los tropos – del vicepresidente Rodríguez está un fondo perturbador, un fondo ligeramente turbio en el que late la confianza de que el Estado –en este caso la comunidad autonómica – puede y debe jugar a la ingeniería económica y empresarial desde la gestión de fondos financieros muy amplios, como los asignados por la Unión Europea y el propio Gobierno central. Este Gobierno de Canarias, el presidido por Ángel Víctor Torres, es el más poderoso e influyente de toda la crónica autonómica, y tiene a la élite empresarial comiéndole de la mano y a una sociedad civil complaciente y temerosa que no se ha reorganizado y galvanizado por la crisis sino que, muy al contrario, se ha acurrucado en su propia debilidad, una sociedad civil agotada que anhela una gubernalización sistemática las actividades económicas como única vía de salvación. Por eso es tan ridículo, por mencionar solo una estridencia, que Podemos proteste por las campañas contra el Gobierno de Canarias. A este Gobierno ningún poder está en condiciones de hacerle una campaña. Dentro del Gobierno y su zona de influencia estás relativamente a salvo de la catástrofe, fuera crece una oscuridad en la que no hay salvación y como explican las Escrituras, “la noche de Dios es infinita”.

El consejero de Hacienda suele repetir eso de las políticas anticíclicas que le enseñó el vice Fermín Delgado hace varias legislatura, pero es falso. El Gobierno canario no hace políticas económicas anticíclicas. Si ni siquiera sabemos aún si algún proyecto de inversión en las islas será respaldado por los fondos Next Generation. Políticas anticíclicas no son ayudas a pyme, prolongación de los ertes o esmaltar una y otra vez el escudo social, sino crear viviendas, sustituir infraestructuras,  levantar colegios, rehabilitar de edificios y entornos urbanos: dinamización de la economía real y creación de empleo. Y eso ni está ni se le espera.       

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La amenaza del alquiler vacacional

El nuevo decreto de la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico que regula el alquiler vacacional es un poltergeist administrativos a cuyo borrador se le puede reconocer, como diría un escolástico, cierta naturaleza entitativa, pero no mucho más. Por supuesto la futura norma excluye las llamadas ahora “islas verdes” y desde el Ejecutivo se admite que cabildos y ayuntamientos puedan establecer “excepciones”, “marcos flexibles” y demás eufemismos pedantescos. Lo que no entiende el Gobierno es que no se trata de regular cierto tipo de alquiler de viviendas particulares para evitar abusos que son muy feos y deshonestos, sino de asumir legalmente los efectos de la turistificación de la sociedad canaria y la amenaza real que supone para la calidad de la vida cotidiana de los isleños. Presentar el alquiler vacacional como una suerte de democratización de la prosperidad turística – un bienaventurado fenómeno que solo reclama moderar las ambiciones pecuniarias de los propietarios – es un disparate. El alquiler vacacional tiene un alarmante potencial destructor en las economías domésticas y en la articulación social de ciudades y barrios. Pregúntenle ustedes a docentes que son destinados a Fuerteventura, Lanzarote o los sures de Gran Canaria o Tenerife. Pisos de una única, diminuta habitación, que sobrepasan los 1.000 euros mensuales, porque el propietario, alquilándolo por semanas, podría conseguir 2.000 euros más. Los alquileres altos no son ajenos precisamente a otro efecto turístico: la subida del precio de los alimentos e insumos en establecimientos que se hacen de oro con el turista y que no le a hacer una rebajita porque usted no lo sea. Ya son muchos centenares las familias encerradas en estas burbujas de encarecimiento de la vida al calor de la prosperidad del turismo. Individualmente el alquiler parece hacerte rico. Colectivamente nos empobrece. Y esta praxis febril se extiende rápidamente fuera de los ámbitos turísticos y contagia al alquiler tradicional. El sueño del rentista ocioso es el complemento del anhelo de convertirse en un funcionario de nómina eternizada aprobando un par de exámenes. Funcionarios, rentistas y subvencionados: la base para la creación de una moderna economía del conocimiento en el Archipiélago.
Hasta hace poco se me antojaba difícil de defender la existencia de procesos de gentrificación en las ciudades canarias. Ahora no estoy tan seguro. Una de las mejores conocedoras de la materia es la profesora Luz Marina García Herrera, como otros geógrafos, historiadores y urbanistas, prefiere hablar – y tiene razón – de elitización urbana. En un artículo magnífico, Vivienda y proceso de elitización en El Cabo-Los Llanos en Santa Cruz de Tenerife la doctora García Herrera describe los orígenes obreros e incluso marginales de la zona y su transformación en un entorno urbano destinado a la clase media-alta gracias a un conjunto de intervenciones de expropiación, remodelación y equipamiento a cargo de las administraciones locales. Las llamadas Torres de Santa Cruz materializan, sin duda, el símbolo de la urbanización de Cabo Llanos en el siglo XXI, dominando el frente marítimo de la costa chicharrera. Pues bien: cerca del 40% de sus propietarios no residen en ellas. Y aun más interesante: casi un 20% vive en Madrid, Barcelona y otras capitales peninsulares. Finalmente, un 3%  tiene su domicilio habitual en Londres, Miami y Cuba. Casi un 25% de los propietarios reconoce que compró la vivienda como una inversión, no para convertirla en su residencia familiar.
Sin duda se trata de un proceso de gentrificación aunque con rasgos propios especialmente marcados. Algunos otros pueden rastrearse en zonas propiamente turísticas. El decreto de regulación de alquiler vacacional es claramente insuficiente. El impacto económico, social y cultural del turismo en Canarias – y no únicamente sus agresiones medioambientales – han cambiado en los últimos veinte años. Y es imprescindible una respuesta política y jurídica global, transversal, interadministrativa y no vender la ficción de catorce inspectores de turismo controlando 131.000 camas para encontrar visitantes con la cartera infartada sobre el pecho.

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Tomarse el desempleo en serio

La pregunta es muy interesante. Si el Producto Interior Bruto de Canarias lleva incrementándose por encima de la media española en los últimos tres años (un 2,2% en 2014, un 2,8% en 2015, un 3,8% en 2016), ¿por qué las islas registran una escandalosa tasa de desempleo que no ha podido descender del 25% y que en referencia al paro juvenil supera nada menos que un 54%?  El Partido Popular ha encontrado una respuesta sencilla y satisfactoria: la culpa es del Gobierno de Canarias, que lo tiene todo a su favor, pero que gestiona mal. Para superar esta sencilla pero enojosa situación, el PP, y más exactamente, su presidente regional, Asier Antona, ha ofrecido lo que llama una “agenda de reformas”, poniendo amablemente a su organización política al servicio de la misma, si Fernando Clavijo y sus compañeros tienen a bien asumirla. ¿Las reformas? Pues bajar los impuestos, reducir burocracia, internacionalizar los sectores productivos canarios (sic), promocionar las bondades del REF en el exterior, reformas las políticas activas de empleo, llevar la banda ancha hasta el último rincón del Archipiélago. No, no es broma.

La mayoría de estas pequeñas y relumbrantes panaceas se vienen escuchando en los últimos veinte años como un canto gregoriano de monjes sonámbulos, a veces interpretadas por el PP, otras por CC y, de vez en cuando, por el PSC-PSOE. Son mantras que en su mayoría resultan absolutamente inservibles para entender  — no digamos ya para solucionar – los problemas básicos de la economía canaria, sobre todo, el alto desempleo crónico, los bajos salarios, la exclusión social y la creciente desigualdad. Ni bajando sustancialmente los impuestos, ni reduciendo funcionario ni desplegando campañas sobre el REF en las capitales europeas se va a conseguir absolutamente nada. Porque los desajustes, disfunciones y fracasos de la economía canaria – y la resignada catástrofe de su mercado de trabajo — tienen otras raíces. Tal y como explica Juan Francisco Jimeno, la ampliación de las oportunidades de trabajo y el aumento del PIB dependen conjuntamente de un cúmulo de factores que se interrelacionan de manera compleja. Por eso una región alemana, creciendo a un 1,5%, crea más empleo que Canarias, creciendo un 3,8%. La variable que intercede entre incremento del PIB y creación de puestos de trabajo es la productividad. Solo una productividad creciente – que implica necesariamente la multiplicación de actividades empresariales que generen valor añadido – puede garantizar un crecimiento económico que genere empleo y un empleo que impulse el crecimiento económico. Y ocurre que la productividad en la economía insular es terriblemente baja y no ha dejado de decrecer en los últimos quince años. La construcción y la actividad turística no estimulan (sobre todo en el primer caso) el alza de la productividad. Y esta situación no cambiará hasta que sean reconocidas, asumidas y analizadas algunas verdades desagradables: nuestras empresas son demasiado pequeñas y demasiado ineficientes, la energía que necesitamos demasiado cara, nuestro mercado de trabajo está mediatizado y comprimido por la dualidad contractual, nuestra política educativa – desde las universidades hasta la formación profesional y ocupacional – ha fracasado, unas élites extractivas han sido las principales beneficiarias de los fondos europeos y han evitado con terror cualquier riego inversor bajo el paraguas de las ayudas y exenciones proporcionada por instrumentos como el REF y la Reserva de Inversiones, y en este contexto, obviamente, es inimaginable cualquier esfuerzo inversor, público o privado, en investigación, desarrollo e innovación.

Es muy improbable que ninguna fuerza política – nueva o vieja – esté dispuesta a metabolizar una situación tan puñeteramente compleja, dolorosa y arriesgada.  Ni intelectual, ni operativa, ni políticamente se toman el desempleo en serio. No digamos el PP de Asier Antona.

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La deuda infinita

Es curioso, pero se sigue uno encontrando a analistas y opinadores que te cuentan que si las cosas no acaban de enderezarse – e incluso si se avizora otra armagedón financiero en lontananza – es porque la economía ya no se ocupa de asuntos reales, sino que viene a ser – si los he entendido bien – una suerte de ficción mentirosa y maligna que lo ha pervertido todo. La economía financiera habría sustituido a lo que llaman “economía real”,  una curiosa expresión que, realmente, nadie puede precisar qué significa. Ah, esos viejos y buenos tiempos del feliz trueque, en la que cambiabas una cabra por media docena de sacos de semillas, una economía sin trampa ni cartón. Distinguir entre una economía “financiera” de una economía “real” es como distinguir entre el mal y el bien: una actitud más cercana a la teología que a las ciencias sociales. Entre otras cosas porque sin la financiarización de la economía – la abundancia de créditos, el crepitante mercado de bonos, las titularizaciones – el sistema capitalista habría descarrilado hace tiempo. Como ha retratado espléndidamente Yanis Varoufakis (El minotauro global)  Estados Unidos ha vivido durante cerca de cuarenta años gracias a los capitales procedentes del exterior: desde principios de los setenta su sector público consumió una media de un 50% más de lo recaudado tributariamente. El dólar como divisa de reserva y la compra masiva de la deuda estadounidense por su propia banca facilitaron además que la Reserva Federal se aviniera a facilitar préstamos prácticamente sin interés alguno. Y así llevan desde Nixon. Viviendo a crédito. Comprando ingentes cantidades de cachivaches y tecnología a Europa, Japón y China, que a su vez invertían en Wall Street en un círculo que giraba a una velocidad cada vez más disparatada.

En el otoño de 2008 este esquema se comenzó a resquebrajar con unos costes financieros terribles y a un precio social sangrante para las clases medias y trabajadoras de Estados Unidos y Europa. Todos los artilugios contables y productos financieros, multiplicados  y recalentados por la voracidad ilimitada de una oligarquía criminógena y una necesidad estructural de mantener los déficits abiertos y operativos, simplemente reventaron. Estados Unidos sigue viviendo del crédito, pero ya no compra como antes en Europa, en Japón ni en China. Gracias a este particular sistema financiero todos estamos endeudados con todos hasta los calcetines, una deuda chiflada que no deja de crecer, y por eso basta con cualquier chisme – caída del PIB chino, estancamiento de compras de vivienda en Estados Unidos, insolvencias europeas – para que estalle y se propague bursátilmente un pánico irresistible. Nosotros, en la diminuta Canarias, apenas somos víctimas propiciatorias, pero eso sí, nada de verdaderas políticas económicas anticíclicas en los últimos veinte años y nada de reformas políticas, administrativas, económicas, educativas y organizativas, que eso da mucho miedito a nuestros felices rentistas de la mengüante sopa boba que se sirve en el mundo político y en el mundo empresarial para siempre jamás amén.

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José Miguel Pérez y el hambre

José Miguel Pérez, vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, debe estar muy satisfecho de sí mismo y cabe sospechar que se trata de una actitud de la que ha disfrutado durante toda su vida. Siempre que he escuchado al señor Pérez he percibido esa afabilidad superior y condescendiente, suavemente aplomada, de los que creen que sus razones y merecimientos se ajustan como un tanga al culo del Universo. Pérez afirmó anteayer que en Canarias nadie pasaba hambre y dejó más o menos claro que semejante prodigio evangélico era fruto de la presencia del PSC-PSOE en el Gobierno autónomo en los últimos cuatro años. Quizás si hubieran gobernado el PP, Izquierda Unida o los carlistas ya hubiéramos caído en el canibalismo.
La aseveración de José Miguel Pérez no es escandalosa porque sea totalmente inexacta, sino por su indignante frivolidad. Sacar en procesión de nuevo los datos resulta cansino; basta con señalar que en Canarias cerca de 50.000 familias viven entre la pobreza y la exclusión social y que varias organizaciones –entre ellas Cáritas – ha cifrado en más de 100.000 niños canarios los que reciben una ingesta insuficiente y mal equilibrada. Porque el pobre, además de comer poco, suele comer mal, y no por prejuicios alimentarios precisamente, sino porque no tiene un céntimo con el que pagar carne, frutas o lácteos. Probablemente la expresión del vicepresidente Pérez se ajustaría más a la verdad si hubiera dicho que en las islas nadie se muere de hambre, pero aun así las matizaciones, por un mínimo sentido de la decencia, resultarían obligatorias. No, ningún canario se muere de hambre, pero sí comienzan a ser médicamente evidentes los resultados de la malnutrición, sobre todo, entre niños y adolescentes: cefaleas, debilidad orgánica, crecimiento óptimo amenazado, mayor vulnerabilidad hacia infecciones y afecciones patológicas. Las consecuencias de todo orden de una malnutrición cronificada son realmente destructivos en el orden psicológico, familiar, convivencial, educativo. Presumir frente a esta situación de que la gente no cae fulminada por la inanición en las calles es bastante repugnante y apoltronarse en la medida de abrir los comedores escolares en verano (sin duda oportuna) pasa por olvidar la semiprivatización de estos servicios que el propio departamento que dirige José Miguel Pérez ha impulsado en los tres últimos años.
La candidata presidencial socialista, Patricia Hernández, se ha apresurado, por supuesto, a rechazar la satisfacción del secretario general del PSC-PSOE por las plácidas digestiones de todos los canarios. Claro que hacerlo así significa que Hernández está de acuerdo de que en el Archipiélago se pasa hambre después de cuatro años de estancia socialista en el Gobierno autonómico. Es el terrible dilema de Patricia Hernández: simular que los socialistas canarios no han participado ni son corresponsables, en la última legislatura, en los recortes presupuestarios y en la desertización de las políticas sociales del Ejecutivo presidido por Paulino Rivero.

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