Parlamento de Canarias

Sillones y democracia

¿Lo de la renovación de los sillones del salón de pleno del Parlamento? Sencillamente me importa un bledo. La renovación va a salir por unos 105.000 euros, pero estoy seguro que el mobiliario contratado llegará, mientras que de los cuatro millones gastados al borde de la ilegalidad para comprar mascarillas quirúrgicas durante la pandemia no veremos jamás un duro (ya está descartado, desde luego, que se reciba una puñetera mascarilla) y aquí no ha pasado ni previsiblemente pasará nada. Al personal le entusiasma inmoderadamente que los órganos de gobierno parlamentario se gasten partidas en comprar cafeteras, croquetas, agua mineral, teléfonos móviles o sillones porque son una sabrosa ocasión, sencilla y directa, para cabrearse con nuestras élites políticas. Pero los problemas de la gobernanza en Canarias, y de la política parlamentaria en particular, son otros, más graves y que, a la corta o a la larga, nos salen democráticamente y a veces económicamente más caros.

Por ejemplo, que sea un caballero, Casimiro Curbelo, quien decida quien gobierna la Comunidad autónoma. Lo decidió la pasada legislatura (y el beneficiario por CC) y lo decidió en esta (en la que lo fue el PSOE). La reforma electoral de 2018, que renovaría tantas cosas según las cursiladas técnicas más estilosas, nos ha devuelto a la etapa anterior a 1996, cuando alguno o varios de los pequeños partidos marcaban el devenir político regional. Como el señor Curbelo quería grupo parlamentario propio puso como condición poder formarlo con solo tres diputados, y se reformó instantáneamente el reglamento de la Cámara para satisfacerlo. Espero, con cierto escepticismo, que la extensa y densa lista de concesiones y regalías a Curbelo y sus mariachis se conozca algún día. Representa una anomalía democrática. Casimiro Curbelo es el elefante en el salón de plenos que nadie quiere ver pero que todos anhelan acariciarle la trompa.

El uso y abuso fraudulento del reglamento parlamentario, las inexcusables dilaciones para facilitar documentación, la práctica cada vez más habitual de no responder a las preguntas de la oposición y en el mejor de los casos sustituir las respuestas por circunloquios entre cínicos y majaderos o la costumbre de utilizar el parlamento como seguro electoral a todo riesgo, simultaneando candidaturas y a veces cargos – alcaldes, presidentes de cabildo – forman parte de la patología de la política canaria, y si no obsérvese el trabajo parlamentario (prácticamente nulo) de una presidenta del cabildo y una exalcaldesa y concejal que simultanean sus responsabilidades locales con el escaño. También ocurre con alcaldes socialistas, coalicioneros y conservadores. Por supuesto esto socava la calidad parlamentaria y empobrece el debate democrático. Especialmente cuando están ahí simplemente para cobrar.  Esta práctica es  –también – una forma respetable de corrupción política y sale mucho más cara que setenta sillones nuevecitos y relucientes.

No conviene olvidar los recursos asignados a los grupos parlamentarios. Siempre se habla de los sueldos y dietas de sus señorías y muy rara vez de la morterada que se llevan los grupos parlamentarios anualmente y que asciende a muchos cientos de miles de euros. Lo más asombroso es que todavía hoy esos gastos son fiscalmente opacos. Los grupos parlamentarios no deben dar cuenta a nadie por la gestión de sus asignaciones, es decir, pueden gastar las perritas en lo que se les antoje, sin mayor preocupación o compromiso de transparencia.

 Así que no me hablen de la renovación de los sillones donde ponen sus honorables nalgas los diputados y diputadas que, por cierto, son los mismos desde finales de los años ochenta. Desde un punto de vista institucional, democrático y financiero debería preocuparnos bastante más nuestro culo que el de sus señorías. Los sillones se renuevan fácilmente: basta con firmar una factura. El sistema de la democracia parlamentaria no. 

 

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Celebraciones batetianas

Uno puede suponer que si el acto institucional de esta semana en el Parlamento de Canarias tuvo como protagonista a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, fue por su calidad de tercera autoridad del Estado después del rey y el presidente del gobierno. Pero no deja de resultar ligeramente chocante. Al parecer no somos lo suficientemente autónomos para celebrar sin el concurso de invitados ilustres los cuarenta años de autonomía. Bajo los ringorrangos presidenciales tal vez se nos olvide que hubiera sido más pertinente – sin duda más interesante –invitar a estos fastos a representantes de las asambleas de las regiones ultraperiféricas, tan olvidadas, por cierto, por el actual Ejecutivo regional. Las RUP son el espacio fundacional de una diplomacia canaria posible y, sin embargo, en los últimos años, y muy especialmente desde 2019, se ha arrinconado cualquier intento de ejercer un liderazgo (ciertamente arduo y complejo) entre las regiones ultraperiféricas de la UE. A nuestros presidentes se esfuerzan mucho liderar sus propios partidos y fracasan invariablemente en el liderazgo social; admito que cuesta imaginarlos encabezando un grupo de comunidades  y regiones de otros Estados. En todo caso debería ser un punto irrenunciable de cualquier agenda política canaria más o menos rigurosa en los próximos cuarenta años.

Como en obvio, la señora Batet no tiene mayor idea del desarrollo autonómico de nuestras agonías macaronésicas. La presidenta centró su intervención en denunciar los riesgos de una crispación política que en Canarias, para bien y para mal, no existe. Aquí, como mucho, se masculla entre la irritación y el cansancio, y José Miguel Barragán, por ejemplo, actúa con un nivel de institucionalidad tan responsable y acorbatado con pañuelo a juego que ya le hubiera gustado a don Práxedes Mateo Sagasta. Si alguna fuerza polariza en Canarias con muy disciplinado entusiasmo es el PSOE, cuyos argumentos contra las críticas y propuestas de la oposición se nutren invariablemente de razones y caricaturas ideológicas: la derecha española, la derecha canaria, las derechas unidas, las derechas egoístas, insolidarias, mezquinas, ruines, que ya no volverán. Crispa más su señoría Iñaki Lavandera en diez minutos que los portavoces de CC o del PP en diez meses. Por no existir no siquiera Vox tiene representación (todavía) en la Cámara regional y Podemos está integrado en el Gobierno con una consejería que se ha ocupado en descabalar concienzudamente Noemi Santana. Me pareció realmente hermoso que los diputados podemitas, por cierto, se ausentaran durante el discurso de Batet por lo del escaño que fuera de Alberto Rodríguez, ese escaño que no han ocupado y que se cubre de polvo como la estancia cerrada de una querida  bisabuela muerta, curiosa nostalgia por la que se estuvo a punto de perder la votación sobre la reforma laboral. En el fondo es una excusa como cualquier otra para ahorrarse el tostón de la ceremonia.

 La presidenta Batet también abundó en ese diminuto mito: las indescriptibles ansias de autonomía de los isleños llevaron inevitablemente a negociar el Estatuto aprobado en 1982 y a las elecciones del año siguiente. Es una suerte de hijuela del mito de la Santa Transición, que más o menos reza lo mismo. Pues no. El Estatuto de Autonomía fue el fruto de negociaciones desiguales y completamente opacas entre las élites de los partidos políticos  –fundamentalmente el PSOE, la UCD y Alianza Popular – que conocían perfectamente los límites tolerables para sus direcciones nacionales. El texto estatutario fue aprobado mediante la ley orgánica 10/82. Fue un buen día, sin duda, para el comienzo del autogobierno, la cohesión territorial y la convivencia política democrática en Canarias. Pero en ningún caso  el resultado de una demanda popular. En fin, tampoco el discurso de Batet duró demasiado. Acabó pronto y se fueran a chascar celebratoriamente a un club exclusivo en la más exclusiva zona residencial de Santa Cruz de Tenerife.  

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Crónica parlamentaria. Esto es una catástrofe pero nos va muy bien.

Cuando el cronista se despertó, Ángel Víctor Torres seguía ahí, escuchando una pregunta de  Manuel  Domínguez, que de casadista de estricta observancia pasó a feijooísta entusiasta y casi arrebatado, bueno, como le ocurrió a todo el PP. Domínguez frunce el ceño muy bien pero su código gestual recuerda demasiado al doncel de don Enrique el Doliente. “Mis arreos son las armas,/mi descanso es pelear,/mi cama las duras peñas,/ mi dormir siempre velar”. El alcalde de Los Realejos le preguntó al exalcalde de Arucas sobre las escuelas infantiles privadas, cuyos propietarios ni siquiera han sido recibidos, pese  a su respetuosa insistencia, por la consejera de Educación del Gobierno autonómico. Domínguez no sabía explicarse las razones del Gobierno para rechazar acuerdos o convenios con las escuelas infantiles privadas cuando, ciertamente, Canarias registra un déficit de las mismas. Comprenderán ustedes que el presidente Torres lo tuvo fácil. Su Gobierno quiere escuelas infantiles públicas y gratuitas y se van a inyectar 40 millones de euros para disponer de 5.000 plazas antes de que finalice 2025. Por supuesto se le aplaudió mucho desde la bancada de la mayoría y los infelices y desatendidos propietarios de las escuelas privadas desaparecieron como una pompa de jabón en el salón de plenos.

Cumplidos dos años y medio de legislatura Ángel Víctor Torres ya tiene perfectamente pulido su modus operandi parlamentario. El presente político es siempre una crisis de la que no es responsable pero que se encasqueta en la cabeza como una corona de espinas. En el Parlamento sus mejores momentos han sido sus peores momentos, cuando perorateaba como un cristo socialdemócrata – el Señor de las Pandemias — y Nira Fierro le cantaba saetas lacónicas pero íntimamente muy sentidas. El pasado es una pesadilla protagonizada por Freddy Krueger, es decir, por Coalición Canaria, y el futuro, que está a dos pasos así chillen los derrotistas, es donde nos aguardan unas islas prósperas, justas, resilentes, verdes, feministas y abiertas al mundo.  Con estas cuatro referencias el hombre va escapando. Ayer, por supuesto, fue más de lo mismo. Con decir que lo más novedoso consistió en que los micrófonos de la mayoría de los escaños no funcionaban y muchos diputados tuvieron que hablar con un micrófono portátil, como si estuvieran en un karaoke. Se nota que Vidina Espino no le gustan. Luis Campos cantaría sin problemas un corrido mexicano. Manuel Marrero, en cambio, entonaría Te recuerdo Amanda.  Marrero siempre está recordando lo triste que es el pasado, cuando no existía Podemos ni Yolanda Díaz. El rasgo más asombroso –aunque ya normalizado – de la mayoría en la sesión plenaria es que ya sea una pregunta oral o una interpelación o cualquier otro formato los portavoces del PSOE, Podemos o Nueva Canarias dedican las tres cuartas de su tiempo en lancear a la oposición, no a preguntar al Ejecutivo o a proponer iniciativas o soluciones. Uno de los diputados más eficaces y eficientes en la consecución de este objetivo es el señor Iñaki Lavandera, que se ocupa de fiscalizar meticulosamente a la oposición, y no solo actualmente, sino también a lo que la oposición hizo en el pasado, cuando gobernaba, e incluso lo que hará en el futuro, si no cae un rayo sobre ella y pulveriza definitivamente su canallesca maldad. Ya lo dijo ayer por enésima vez: CC y el Partido Popular representan el egoísmo, la insolidaridad, la mezquindad, la torpeza, la primacía de los intereses particulares sobre los generales, la inutilidad, la incapacidad para desarrollar políticas a medio y largo plazo y muchas cosas más que el lector curioso puede encontrar en el Necronomicón.

Honestamente – si un cronista parlamentario puede ser honesto y no solo víctima propiciatoria de su cansancio o su aburrimiento – no cabe esperar mucho más en los próximos meses de a mayoría gubernamental y del propio Gobierno, que se ha encerrado a esperar que escampe. Así lo evidenció ayer Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, que ni siquiera parece dispuesto a sacar la mano de la ventana para comprobar si sigue lloviendo. Se supone que Rodríguez fue interpelado para que comentara qué pensaban hacer para apaciguar el efecto de la inflación en Canarias, pero no dijo una palabra al respecto, y comenzó a emitir, según su costumbre, un jacarandoso resumen de titulares de prensa sobre las decisiones de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Europeo, o la decisión de Joe Biden de meter en el mercado internacional un millón de barriles de petróleo estadounidense al día, o lo del gobierno alemán tomando el control de la filial de la gasística rusa Grazprom y otras flores de actualidad. La coalicionera Rosa Dávila le replicó sarcásticamente que es una pena de Rodríguez no fuera presidente de la Reserva Federal o secretario general de las Naciones Unidas, porque al parecer tenía ideas espléndidas para la gobernanza económica mundial, pero no para Canarias.  El vicepresidente se irritó y citó una y otra vez que Hacienda devolverá hasta julio el 99% del impuesto autonómico sobre el combustible a agricultores, pescadores, ganaderos o taxistas hasta julio. Una medida necesaria y acertada, pero claramente insuficiente.

Es alarmante tanta tranquilidad gubernamental como la que se desprendió de los debates de ayer. Porque no parece serenidad política, sino temor paralizante. Sí, han venido muchos turistas, pero la gran mayoría había contratado su paquete vacacional en Canarias antes de la guerra en Crimea y de que la inflación enloqueciera. No, no es posible crecer al ritmo en el que lo ha hecho la economía canaria en el primer trimestre del año con un petróleo que supera los 100 dólares por barril y que puede dejar atrás los 120 dólares en pocas semanas. Es delirante el discurso gubernamental escuchado ayer que presenta Canarias como un archipiélago burbuja al que no afectará ni la guerra, ni el encarecimiento de la energía y de materias primas, ni una inflación que se mantendrá muy alta, al menos, hasta fin de año. “Somos muy dependientes”, reconocía como una evidencia elemental el presidente Torres ayer, y repetía su vicepresidente mirando el techo o los titulares del New York Times.  Todo es una catástrofe pero no se puede discutir que nos va muy bien. Pero esta dependencia estructural no impide al Ejecutivo y a las fuerzas parlamentarias que lo respaldan dibujar Canarias como una Shangri La rodeaba de nieves amenazantes pero instalada en una eterna e indestructible  primavera. Al final –tenía que ocurrir tarde o temprano – hemos terminado creyéndonos nuestros propios eslóganes turísticos.

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Crónica parlamentaria. Hemos conseguido la unidad, perros

 

NC rechaza la decisión de la junta de gobierno de la FEMP para usar el...

Aunque el presidente de la Cámara, el siempre paciente Gustavo Matos, propuso las once de la mañana para comenzar el brevísimo pleno parlamentario de ayer, eso no convenció a muchas de sus señorías, a las que fastidiaba lo indecible eso de acercarse a la calle Teobaldo Power para tan corto trámite. De esta manera se abrió barra libre a la asistencia telemática, es decir, a quedarse en casa y conectarse por internet a semejante coñazo. Matos abrió la sesión explicando que la situación de la covid había llevado a varios diputados a participar on line en el pleno. Pero si uno pasaba lista de los ausentes encontraba incluso a diputados tinerfeños parpadeando en el zoom. Es un tendencia peligrosa que sus señorías decidan si asistir o no al pleno consultando solo a su real gana. Porque resulta enervante que los diputados actúen como si la democracia representativa pudiera ser un ejercicio no presencial mientras el Gobierno autónomo envía a los alumnos – desde Primaria a la Universidad – a asistir a clases. Sin olvidar que los alumnos no cobran nada mientras los diputados son  generosamente retribuidos con unos sueldos y dietas que se fijan objetiva y responsablemente a sí mismos.

Primero se debatió el informe que debería emitir la Cámara por las modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal incluidas  en el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico, que tiene su matriz en un real decreto ley del pasado 29 de diciembre. Es la enésima gracia rapajolera de doña María Jesús Montero hacia Canarias y su Parlamento  y su disposición final tercera encontró el respaldo de la mayoría parlamentaria. Sin embargo – y esto es bastante gracioso – la segunda disposición final también modifica el REF –aunque al respecto no se consulte a la asamblea canaria – porque viene a ampliar la vigencia de la Reserva de Inversiones (RIC) hasta este año, sin considerar el maremoto económico de 2020.

Sin embargo, asombrosamente, los mismos grupos (psocialistas, neocanarios, podemistas y curbelistas, más el añadido de Ricardo Fernández de la Puente Armas, cuyos apellidos podrían constituir  una mayoría entera) habían solicitado la pasada semana a la Mesa un recurso para que no se debatiera la propuesta de informe de Coalición Canaria, apoyada por el PP, para transmitirle al Ministerio de Hacienda que se ampliará hasta diciembre de 2022 la Reserva de Inversiones. Que durante una semana se estuviera “negociando” al respecto para luego incluir en el informe parlamentario la ampliación de la RIC durante doce meses más –tal y como habían planteado los coalicioneros – es indicativo del errático despiste que se vive casi cotidianamente en el seno de la mayoría gubernamental. Y no se trata tanto de diferencias sustanciales de criterio – por más que hayan sido NC y la ASG los que finalmente transmitieron al PSOE que lo de solicitar la ampliación de la RIC no era una mala idea – sino simplemente de trabajo cotidiano entre los grupos de la mayoría, que operan casi siempre al remolque de las necesidades normativas del Ejecutivo. Mayoritariamente van a cubrir el expediente, cuando no se sulfuran por alguna pequeña maldad coalicionera o pepera, como suele ocurrirle a María Esther González, diputada enérgica y trabajadora, pero carente de cualquier sentido de la ironía, que le afeó a la portavoz de CC, Rosa Dávila, que hubiera llamado a Nueva Canaria “los coros y danzas del PSOE”, cuando teniendo en cuenta los cuatro diputados que apenas alcanzan los compañeros de Román Rodríguez, es casi un elogio. González, con irritación mal contenida, explicó por enésima vez lo importante que es Nueva Canarias y insistió mucho en que Ana Oramas no hace nada en el Congreso de los Diputados y después de su arenga se marchó a respirar un rato. Es muy duro estar en el Gobierno, tú.

La unanimidad, en fin, fue casi completa. Faltó Sí Podemos Canarias. El venerable Manuel Marrero explicó que  su partido no estaba contra la Reserva de Inversiones como concepto abstracto y hasta si me apuran metafísico, tal y como ha asegurado en otras ocasiones, pero que no tienen más remedio que rechazarla en su forma actual. El honesto y plúmbeo sonsonete de Marrero siempre me recuerda al abad de La venganza de Don Mendo:

Abad: Caballeros, escuchad.

Gustavo Matos: Escuchad/ que habla el abad.

Abad: Un consejo permitid,/en nombre de la piedad/ de la que soy adalid/como abad y por mi edad

Lo que quiere Marrero con toda el alma es que los (malvados) empresarios que se acojan a la RIC tengan como requisito previo que se comprometan a crear puestos de trabajo. Y lo que nunca ha concretado Sí Podemos Canarias es una propuesta que defina y describa técnicamente tal compromiso. ¿Bastaría una declaración jurada del interesado? ¿Tendría el (malvado) empresario que comprometerse a contratar a un número determinado de trabajadores y cómo se calcularía? Vaya usted a saber si algún día se podrá saber. Uno sospecha que no y que el argumento de Podemos es, sobre todo, una estratagema para no comprometerse con el REF, por el que sienten una alergia incontrolable. Les suele pasar con todo aquello que evidencia la puñetera y arriscada complejidad del mundo.

Coalición y Partido Popular agradecieron a la mayoría parlamentaria y al Gobierno “que hayan rectificado”, con mucho sentimiento primero y un satisfecho sarcasmo después. PSOE y Nueva Canarias celebraron la unidad pero la salpicaron de hostias verbales. Iñaki Lavandera, con su habilidad retórica y su rostro marmóreo habitual asignó el éxito del informe  a los socialistas. Si no le hubieran inventado Lavandera tendría que existir. Reprochó a coalicioneros y conservadores que aprovechasen el debate para hablar de asuntos ajenos al objeto del mismo y acto seguido recordó los ERTE, los cientos de millones concedidos a pymes y autónomos y otros portentosos milagros de San Pedro, el custodio de las llaves del cielo.

La segunda parte del pleno fue aún más fugaz. La mayoría gubernamental se limitó a retirar de facto un decreto ley y así ampliar el plazo de aplicación del tipo cero en el IGIC a la importación o entrega de bienes para combatir los efectos de la pandemia. Así se unificó su regulación en estos casos. El pleno había durado menos de hora y media y había todo el tiempo del mundo para un desayuno tardío  o un almuerzo temprano: la democracia sentimental – y los decretos del Ministerio de Hacienda — lo polariza todo.

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Democracia no es (solo) votar

Incumpliendo un mandato explícito del propio Estatuto de Autonomía, que fijaba en dos años el tiempo para sacar adelante una ley electoral, todos los grupos del Parlamento canario aprobaron anteayer la toma en consideración de una norma que regulará los comicios autonómicos en el futuro. Es sumamente improbable que se obtenga ningún resultado concreto en el año y medio que queda de legislatura. Lo que se pudo escuchar, en fin, es a la diputada psocialista por La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, que presentó desde la tribuna una síntesis histórica realmente particular sobre el sistema electoral canario. A mí se me antojó divertido que la señora Rodríguez nos contara que en 1996 Coalición Canaria y el PP impusieran aumentar los topes porcentuales regionales e insulares, como si el PSOE se hubiera opuesto. El PSOE se abstuvo al votar este cambio que, ciertamente, no fue a mejor. Y se abstuvo porque lo beneficiaba. Aumentando los topes los tres grandes partidos de Canarias se convertían en los auténticos agentes políticos del sistema, sin que las fuerzas más pequeñas tuvieran ninguna influencia, aunque fuera al precio de tirar miles de votos a la basura y malbaratar la democracia representativa.

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, observó que el compromiso político real transado entre todos consistía en transformar en ley el sistema electoral ya ampliamente reformado y aplicado en 2019, y es rotundamente cierto. Tan cierto como que no existe ningún consenso entre los partidos que apoyan al Ejecutivo sobre el modelo electoral más deseable. En el fondo dilatar el proceso legislativo ni tuvo nada que ver con la pandemia ni tenía otro objeto que impedir, precisamente, disponer de tiempo para aprobar la ley. Casimiro Curbelo no quiere saber nada de una nueva normativa electoral antes de mayo de 2023. Y después, probablemente, tampoco. Fin del proceso. Así que se divagará mucho en una comisión verbalista sobre el sexo de las urnas, pero nada más, aunque doña Ventura del Carmen se lleve un disgusto traumático, lo que tampoco se me antoja demasiado probable.

Lo que me parecen realmente extraordinarios son aquellos que creen que el principal combate de la democracia representativa es la definición de su sistema electoral, buscando exhaustiva y heroicamente el elixir de la perfecta representatividad. Lo malo es que no existe. Y en Canarias, un país archipielágico donde cualquier fórmula está abocada a integrar representación popular y representación territorial – algo que no podría superarse plenamente ni siquiera con una segunda cámara — todavía es más difícil encontrarlo. Más aún: la representatividad casi perfecta puede conducir a gobiernos casi inoperantes. Una organización, Demócratas para el Cambio, que en realidad funciona como un lobby (perfectamente legítimo) de politólogos y juristas, ha insistido en la perentoria necesidad de “avanzar” en la democratización de Canarias con una norma electoral “más ambiciosa y completa”.  Es un entusiasmo un poco equívoco, por no decir equivocado. Democracia no es solo votar. Votar, por supuesto, es consustancial con la democracia, pero no agota sus exigencias y aspiraciones. La democracia es, con igual relevancia, un sistema institucional que se basa en la separación de poderes en un espacio público de controles y contrapesos. Para los caballeros de Demócratas para el Cambio la papeleta es el pasaporte hacia una sociedad libre y participativa, madura y responsable. Pero a Canarias le interesarían otros cambios de calado para aproximase a ese objetivo: la reforma y transparencia de las administraciones públicas, la persecución de la corrupción, un sistema judicial dotado financiera y tecnológicamente cuyos más altos tribunales no estén cooptados por los grandes partidos, un proceso más exigente de selección de élites, una educación pública menos segregada y segregadora socialmente, un urbanismo más humano y participativo, unos medios de comunicación menos débiles más independientes.

 

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