democracia

Trump, oh, el horror

Discurso de Donald Trump desde la opulenta ordinariez de Mar-a-Lago, anunciando que se presentará a las elecciones presidenciales de 2024. Y lo hará: como republicano para ganar o como independiente para vengarse. Grita amenazas, estupideces, píos anhelos patrióticos, visiones apocalípticas, algún chiste grueso, promesas de redención. Qué terrible es Trump, qué amenaza arrolladora para lo que queda de república democrática, cómo parar a este ogro que convierte en vileza todo lo que toca. Oh. Menos mal que, como apuntó Eternamente Yolanda, en las elecciones de medio mandato han ganado los nuestros. Imagino el sobresalto de cualquier senador demócrata al ser calificado como compañero por una militante comunista. El yolandismo es eso: la chorrada gratificante como categoría política, el buenismo susurrante como liturgia, la simplificación pueril de la realidad para que nuestro sueño llegue rápido y evitemos cualquier pesadilla. La pesadilla de votar a otro partido, por ejemplo.

Trump, sin duda, es muy malo, es lo peor de lo peor, pero en España, desde hace tres años, crece lozano y orgulloso un populismo cada vez más enfrentado a los principios básicos de gobernanza democrática, cada día más despreciativo con las instituciones y los procedimientos propios de una democracia representativa. Lo penúltimo es un ministra que acusa a los jueces de  incumplir una norma, la ley de Garantía de la Libertad Sexual, que es técnicamente un bodrio, hasta el punto de que ha permitido – en realidad ha obligado: no se puede dejar de aplica la retroactividad– a rebajar las penas a delincuentes sexuales. Durante meses se advirtió a esta sujeta, la ministra digo, desde el Consejo General del Poder Judicial, desde las asociaciones profesionales de magistrados, desde grupos parlamentarios como el PP o ERC, que su proyecto legislativo era una chapuza y que ocurriría lo que terminó por ocurrir, pero no hizo puñetero caso y forzó la aprobación de su engendro. Su reacción – y la de la gente de su cuerda, es decir, con sueldos sabrosones que dependen de la benevolencia de la excelentísima señora – ha sido acusar a los jueces de machistas y poner en marcha, de nuevo, la leyenda de un la una lawfare cuasigolpista contra un gobierno deizquierdas. Antes atacar la independencia de uno de los poderes del Estado – una característica de cualquier democracia — a admitir que me he equivocado y corregir el yerro. Los jueces, son todos fachas, menos Victoria  Rosell, y la solución consiste en ponerlos a hacer cursos de perspectiva de género hasta que dicten sentencias correctas, es decir, sentencias que agraden el Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular. En realidad el Observatorio contra la Violencia Doméstica informó que  ya existe por ley, desde 2019, la obligatoriedad de realizar un curso sobre perspectiva de género y ya lo han realizado 1.467 jueces y juezas.

Esto es lo último pero, por supuesto, solo lo último. En España el Gobierno elige para Fiscal General del Estado a una señora que dos meses antes era ministra de Justicia. A otra compañera, que se sacó justita la licenciatura en Derecho y es funcionaria de la Seguridad Social, presidenta del Consejo de Estado. A un miembro del comité ejecutivo del PSOE,  presidente del CIS, y a un amigo del presidente –por mencionar un caso al azar— jefe de Correos y Telégrafos sin ninguna experiencia en el sector y 200.000 euros mensuales de sueldo. Un presidente que ha mentido una y otra vez tanto dentro como fuera del Parlamento sobre sus compromisos políticos, que ha trampeado sobre sus sus límites y opciones para cerrar acuerdos de gobierno, pactando con fuerzas políticas que tienen como objetivo estratégico desmembrar el Estado, y que ha utilizado con fiereza el decreto ley como método legislativo predilecto y las modificaciones en los códigos legales para asegurarse continuar en el poder. Un presidente que ha pasado de rescatar a un barco cargado de inmigrantes como foto electoral a permitir  que asesinen a decenas de magrebíes y a continuación alabar a la policía española y a la gendarmería marroquí. Pedro Sánchez crea y destroza carreras y prestigios en el PSOE con el gusto despiadado que ha utilizado Trump en el GOP. Populismo maquillado de socialdemocracia que te murmura al oído: “No te olvides: la democracia es nuestra y solo nuestra, tuya y mía, y de nadie más”.

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Fatiga democrática

Para muchos politólogos la democracia liberal está cayendo en una crisis  de la que es improbable que se recupere en un futuro próximo. “En el paso de la modernidad posindustrial a la modernidad digital se está extendiendo, en muchas de las democracias liberales más establecidas y supuestamente inmutables un síndrome de fatiga democrática”, ha escrito Ongolfur Blühdorn,  “y su importancia más mucho más allá de las crisis democráticas que se han estado debatiendo durante un tiempo considerable”. Aunque una parte sustancial de la población todavía suscriba los ideales y valores democráticos, lo cierto es que la desconfianza en la utilidad práctica de la democracia liberal y representativa se abre camino cada vez más rotundamente. Y la razón principal del cansancio democrático – causa y resultado del florecimiento de opciones y personalidades de una derecha extrema, populista e iliberal — es relativamente sencilla: porque la gente vive peor que hace veinte años, porque juventud y futuro son conceptos que se han enajenado, porque el horizonte profesional y económico de la mayoría es cada vez más incierto y oscuro, porque el mundo se ha vuelto culturalmente incomprensible para muchos que sienten su identidad amenazada.

¿Qué hace la izquierda? En esta última crisis, la tercera en el último cuarto de siglo, se le ha permitido una expansión del gasto público, básicamente para mantener a salvo los servicios públicos (sanidad y educación) y desplegar apósitos asistenciales. Pero el ascensor social está roto, las clases medias se han pauperizado, no deja de aumentar la desigualdad y disponer de un título universitario hace tiempo que ya no es garantía de conseguir un buen trabajo. En Canarias, por ejemplo, las clases medias siempre han sido mayoritariamente funcionariales. Estas islas son un buen laboratorio para comprobar, en efecto, la profunda banalidad de las políticas de izquierda en los tiempos críticos poscovid, que han podido aliviar el malestar en algunos sectores y colectivos, pero que se han mostrado incapaces de contribuir significativamente a una diversificación y modernización del sistema económico;  en cambio vibran de entusiasmo por el regreso del turismo de masas. ¿De qué ha servido la democracia? ¿Qué utilidad instrumental ha tenido el régimen autonómico para Canarias si en este siglo la tasa de desempleo más baja ha sido del 10% de la población activa, si mantiene el mismo PIB per cápita desde hace veinte años, si todavía se debe discutir hasta la última migaja del REF frente al Gobierno central, si nuestras universidades continúan infradotadas financieramente y la mayoría de los adolescentes canarios no conocen bien ni su propia lengua? Y menos aún la neolengua de la élite política gubernamental, que vocifera su satisfacción por el número de contratos indefinidos que se firmen ahora en Canarias, como si indefinidos significara algo así como eternos. Por supuesto que han aumentado los contratos indefinidos en Canarias. Pero es que un contrato indefinido puede romperse legalmente en dos semanas o dos meses. Y con un coste bastante moderado para el contratador.

Y luego, por supuesto, está la  ejemplaridad burlada. Obviemos la crapulosa mamadera del caso mascarillas, cuatro millones que se roban frente a las narices del presidente del Gobierno autónomo. Elijamos al azar otro horror mucho más modesto. Jorge Miguel Peñas, compi de Podemos, es consejero de Vivienda, Empleo y Gobierno Abierto en el Cabildo de Lanzarote. El señor Peñas decidió asistir a la IV Asamblea de Cargos Electos de la Izquierda Canaria, una reunión obviamente partidista y completamente inútil, y la presidente Dolores Corujo le firmó los gastos en dietas, billetes de avión y taxis. Aunque lo que menos me asombra es que Corujo firme eso. Corujo es capaz de firmar el código de Hammurabi,  las obras completas de J.J. Benítez o el disco que lleva  la nave Voyager. Gobierno Abierto, dice. Pero qué gerola.   

 

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La verdadera desafección

Cuando parecía encarrilado el proceso negociador sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial salta Núñez Feijóo y dice que no, que ni un paso más si el Gobierno se empeña en modificar el delito de sedición del Código Penal. Hasta ahora todos los gallegos que había conocido eran listos. Incluido Mariano Rajoy, que a su lado no hace más que agigantarse como si fuera Gladstone. ¿De veras cree el líder del PP que ganará un maldito voto por esto? ¿Qué diablos tiene que ver una renovación que se ha frustrado una y otra vez – casi siempre por decisión del PP, en alguna ocasión por zorrerías del PSOE – con el delito de sedición? Si a los conservadores no les gusta la reforma en la que se apresuran los socialistas – a mí tampoco — que la lleven al Tribunal Constitucional.  Esta salida es extemporánea, mezquina, estúpida y sobre todo irresponsable. El PP – y sobre todo su líder – pierde mucho más que lo que gana. Núñez Feijóo se engalanó con los ropajes de la moderación, la contención y el diálogo. Mantener el gamberrismo institucional lo despoja de cualquier talente y talento propio y verosímil.

Si se vuelve a las andadas en este asunto, ¿qué cabe esperar del esfuerzo de negociación y consenso que debería caracterizar a la élite política del país en una situación de emergencia como la actual? Recesión económica en la próxima esquina, inflación incontrolable, frenazo a la creación de empleo, carestía de materias primas, guerrilla fiscal entre las comunidades autónomas, pauperización de las clases medias y hasta la amenaza de la detonación de una bomba atómica o incluso el estallido de un conflicto nuclear generalizado. Pues ni siquiera eso es suficiente. Todos aquellos que piden un pacto de rentas, un conjunto de reformas imprescindibles, unos presupuestos que sin desatender políticas sociales y asistenciales que alivie el sufrimiento cronificado de los más necesitados no parta del absurdo de un crecimiento del PIB de un 4% que nadie se cree claman en el desierto. Todo o nada. ¿Pacto de rentas? Espere usted sentado. Pero les podemos ofrecer a la ministra de Trabajo lloriqueando al anunciar que le quitaban una condecoración a Francisco Franco, muerto y momificado hace 47 años.

Hace unos días, en la Cámara regional, el presidente del Gobierno autónomo,  Ángel Víctor Torres, insistió en que la corrupción política generaba entre los ciudadanos desafección democrática. Probablemente pecaba de cierto optimismo muy característico del señor presidente. Lo que indica la experiencia histórica es que la corrupción no les gusta a los votantes, pero que suele tratarse con una decepcionante indulgencia. No hablo de los casos más extremos, como la de aquellos miles y miles de peronistas que en una manifestación en Buenos Aires gritaban: “Ladrón o no ladrón/queremos a Perón”.  Me refiero a las graves patologías de corrupción que han afectado al PSOE o al PP y que no han dañado sus expectativas electorales. Los ciudadanos condenan la corrupción cuando va unida a la ineficacia e ineficiencia en la acción de un Gobierno que maltrata sus intereses. Y lo realmente grave es que el maltrato continúa. Después de tres años de gobiernos progresistas en España y en Canarias ha aumentado la desigualdad social, y si bien se ha limitado el crecimiento de la pobreza tradicional y la exclusión social se han multiplicado los nuevos pobres: esa clase media pauperizada que tiene trabajo pero no llega a fin de mes. Esta situación, que comenzó a cronificarse en la crisis de 2008-2009 pero que hunde sus raíces varios años antes, es la que lleva a la gente a un desprecio insuperable por la democracia representativa, sus símbolos y sus instituciones, y el desprecio se transforma en descreimiento y el descreimiento en una torva convicción: la democracia ya no sirve porque no garantiza bienestar social ni estabilidad cultural. La democracia ya no es válida, ni atractiva, ni convincente. La democracia, en realidad, ha muerto, y ya apesta.  

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Destripar la democracia desde dentro

Anteayer los lectores de este periódico pudieron descubrir, supongo que estupefactos, cómo mi compañero de página, Francisco Pomares, contaba que la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana, le había amenazado con acciones legales por su análisis sobre los artificios perpetrados en la gestión de la Dependencia a fin de contabilizar más expedientes resueltos. Por supuesto el articulista se había limitado a subrayar lo que a su juicio – y al de muchas entidades sociales, y funcionarios, y profesores universitarios y hasta un servidor – era un trampantojo administrativo puesto en marcha por la directora de Dependencia y Discapacidad del Gobierno autonómico, la señora Marta Arocha, para acortar la interminable lista de solicitudes de reconocimiento de la dependencia. Es realmente asombroso. ¿Se dedica ahora el Gobierno a amenazar a un periodista por sus análisis y opiniones? ¿Es tolerable una coacción –un intento de coacción — de esta naturaleza en nuestro país? Y hablando de país, ¿en qué país creen que vivimos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y desde cuando los servicios jurídicos de un departamento gubernamental actúan como comisarios políticos al servicio de los cargos públicos y de su imagen?

Seguro que comprenden que servidor no está haciendo una defensa de Pomares. Sabe defenderse muy bien a sí mismo con los recursos de cuarenta años en la mecha profesional.  Pero se me antoja que este lance – que no creo que al articulista le haya afectado demasiado –se inserta en una actitud en construcción por parte de las izquierdas que gobiernan en este país. La referencia más brutal  proviene, por supuesto, de esas prodigiosas declaraciones de Pablo Iglesias y Carmen Calvo en la tertulia pagada a precio de oro que les ofrece la SER.  Los exministros Iglesias y Calvo coincidieron en los espacios de debate de las televisiones públicas los periodistas asistentes deberían responder a cuotas electorales. Si por ejemplo un programa de debate o análisis político en TVE cuenta con siete periodistas asistentes, tres deberían ser del PSOE, uno de UP, dos del PP y otro se distribuiría amistosamente entre ERC, Bildu y (cada tres meses) Teruel Existe. Aimar Bretos –excelente profesional por cierto – estuvo a punto de sufrir un ictus. La señora Calvo insistió, desde su apasionada y apergaminada ignorancia de costumbre, que el periodista de un medio público cobra de las arcas públicas y, por tanto, “no está ahí para traer a los de su cuerda que le gusten, pasándose por el forro lo que las urnas acaban de decir”. Ignorar la libertad de expresión, desconocer lo que es una democracia parlamentaria, entender los medios de comunicación públicos como espacios propagandísticos pagados por todos, soñar con una partidización infinita y envolvente de la sociedad civil, convertir la crítica es una mugre sospechosa y la disidencia en una disglosia.

La legitimación última de estas soflamas autoritarias es que las izquierdas deben defenderse de una inmensa mayoría de medios conservadores. Es una idea muy similar de la que se utiliza casi a diario para descalificar a la judicatura española como una fuerza profundamente reaccionaria, copada por magistrados que siguen cantando Montañas nevadas al amanecer aunque se sacaran la plaza en los años noventa o a principios de siglo– como ocurre con la inmensa mayoría de magistrados y fiscales hoy en activo–: léase las reacciones a las condenas judiciales de José Antonio Griñán o Isa Serra, el nombramiento como fiscal general de Estado a Dolores Delgado mes y medio después de abandonar el Ministerio de Justicia,  las campañas de descrédito contra magistrados que se equivocan lamentablemente en las sentencias al no considerar los intereses de clase o la perspectiva de género, la acusación según la cual los jueces «derriban a los representantes de la soberanía popular»

No son ya señales aisladas y tonterías de un par de asirocados, sino un magma que va cuajando como lectura política y propuesta programática y sobre el que surfean casi parejamente socialistas y podemitas. En definitiva, una estrategia política que busca el descrédito de los poderes del Estado y su subordinación al Ejecutivo y la extirpación de cualquier instancia crítica como sospechosa, maligna, torticera, ruin. Los periodistas solo lo son si aplauden a las autoridades, los jueces solo son jueces si fallan a favor de los nuestros o en contra de nuestros enemigos, los únicas fuerzas políticas decentes y respetables son las que respaldan al Gobierno. Es populismo izquierdoso puro y duro como instrumento para blindarse en el poder y narcotizar a la sociedad civil. Las democracias siempre han sido destripadas desde dentro.        

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La contradicción

Las autoridades y hasta las personas razonables insisten en que no caigamos en el alarmismo por el ciclón tropical que ahora mismo se cierne sobre Canarias. Lo razonable es informarse directamente en los comunicados de oficiales de las administraciones y organismos públicos, de la Agencia Estatal de Meteorología o si lo prefieren en la seriedad y rigor científico de  cuentas como @tenerife_meteo en Twitter. Eso, sin duda, basta con este episodio de lluvias y vientos y tormentas que se prolongará muy probablemente hasta el martes. Para el resto de preocupaciones e incertidumbres no lo tenemos tan sencillo.

Hemos encallado en una esquizofrenia cada día más incomprensible. A medida que crecen las incertidumbres políticas y económicas sobre el futuro inmediato se nos repite que no hay motivos por los que preocuparse. Ayer escuché, estupefacto, como un dirigente empresarial explicaba que como no existe una sola predicción económica en la que se pueda confiar lo que debe hacerse en mantener la tranquilidad. El Gobierno autonómico, por su parte, anuncia a diario la llegada de más y más millones para Canarias procedentes de Bruselas y Madrid. Cientos y cientos de millones ha conseguido el heroico Ángel Víctor Torres con la renovación del convenio de carreteras. Su vicepresidente y consejero de Hacienda afirma impudorosamente que los canarios viven mejor que nunca. La Consejería de Transición Ecológica tiene instalado un botafumeiro presupuestario que inciensa con pasta gansa proyectos invisibles, pero luego ejecuta un 28% de esa montaña de dinero.  Todo es así: un chorro inmisericorde de pasta donde se bañan los consejeros y los directores generales como los senadores romanos se bañaban en las termas. Mientras tanto el empleo del sector privado sigue siendo porcentualmente inferior al de finales de 2019, ha aumentado la brecha social y las organizaciones no gubernamentales –con Cáritas a la cabeza – están sobrecargadas por la presión asistencial de los pobres de siempre y los nuevos pobres, muchos de ellos con sueldos miserables. Esta contradicción, la de un Gobierno embutido en cientos de millones de euros y una población empobrecida, pauperizada incluso disfrutando del lujo de un empleo, y que ahora soporta una inflación rampante:  se vive cotidianamente con pasmo, pero también con un creciente hartazgo. El Gobierno de Canarias y los partidos que los sustentan lo fían todo a la mayoría que acude a los colegios electorales —  funcionarios y  jubilados con pensión contributiva — dos colectivos que, hasta que a la inflación no le han salido garras y colmillos, gozaban de una ventaja situacional casi envidiable. Todo está por decidir, señalan los sondeos, pero yo me atreveré a vaticinar la mayor abstención de la historia de la autonomía en los comicios del próximo mayo. Si es que estamos aquí.

Este es un Gobierno (y también una oposición) que ha pretendido gestionar y criticar una situación excepcional con los modos y reglas de las situaciones normales. Canarias necesitaba como el comer un conjunto de reformas, reajustes e impulsos (administrativos, institucionales, territoriales, económicos) que se han obliterado con una estupidez manifiesta. Al parecer basta ahora con conseguir perras – unas perras que luego no existe capacidad para gestionar eficaz y eficientemente – para presumir de buen gobierno. ¿No era acaso esa la mayor acusación del PSOE contra los gobiernos de Coalición Canaria? Gobernar no es una labor cuantitativa y acumulativa. Gobernar es también emprender reformas estratégicas y adaptarse con inteligencia táctica a nuevas situaciones. Una intuye que ya es tarde y que esa contradicción estructural y estructurante entre una élite política y empresarial encantada de conocerse y una mayoría social condenada a la precariedad y a la inseguridad como estilo de supervivencia no podrá sostenerse indefinidamente. ¿Quién defenderá una democracia que ordena resignarse al mal vivir?  Lo más probable no es una revolución de los abajo contra los de arriba, sino la revuelta de los de arriba contra los de abajo. Y no habrá cuartel.        

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