PSOE

La vie (y Santiago Pérez) est ondoyante

El llamado caso de Las Teresitas – que desentrañó una estafa multimillonaria a Santa Cruz de Tenerife  en beneficio de dos de los grandes empresarios de Tenerife y estableció como máximo responsable político de la operación a Miguel Zerolo, icono de ATI y luego CC —  fue exaltado repetidamente, después de la sentencia firme, como un éxito del PSOE y de su rigurosa y hasta valiente labor de oposición. Pero, como decía sabiamente Michael de Montaigne, “la vie est ondoyante”. La muy reciente reforma del código penal impulsada por los socialistas en las Cortes, un traje a la medida de ERC para anular los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017,  será utilizado por los abogados de Zerolo y otros condenados para sacar ya a la calle a sus clientes e incluso pedir indemnizaciones. O al menos eso intentarán en las próximas semanas. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría bañarse en Las Teresitas antes del verano sin tener que regresar al centro penitenciario Tenerife II.

Habría que detenerse por un momento en lo que parece más obvio y no lo es tanto: la relación entre el PSOE y la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005 que condujo finalmente al procesamiento de los políticos y funcionarios, en ese momento presuntamente implicados, y en su condena final doce años después por la Audiencia Provincial, ratificada en marzo de 2019 por el Tribunal Supremo: siete años de cárcel para Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Ignacio González (expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia) y Antonio Plasencia, uno de los mayores constructores de Tenerife y de Canarias y presidente de la patronal del sector Fepeco. Durante años el PSOE no quiso saber absolutamente nada de la operación sobre los terrenos de Las Teresitas. Es más: el grupo municipal socialista, encabezado entonces por Emilio Fresco, votó a favor –como el resto de los partidos con presencia en el consistorio – de la compra-venta de los terrenos a los empresarios, adquiridos por el ayuntamiento –según se averigüó y certificó después judicialmente – a un precio muy superior a su valor  de mercado y bajo una circunstancia particularmente escandalosa: parte de esos terrenos eran ya de propiedad municipal. 

A Santiago Pérez y algunos de sus discípulos políticos la operación se les antojaba, como mínimo, sumamente sospechosa, cuando no alarmante. Vislumbraba quizás una gran causa contra el zerolismo que pudiera desarbolar Coalición Canaria, al menos, en el municipio santacrucero. Emilio Fresco lo frenó en seco. Había apoyado la compraventa desde la convicción de que era lo mejor para la capital y no tenía constancia directa de ninguna irregularidad. Fresco, como otros concejales, tenía plena confianza en la profesionalidad –demostrada durante más de veinte años –del secretario del ayuntamiento de Santa Cruz, Eugenio de Zárate, que posteriormente fue procesado, aunque se le retiró la acusación por prevaricación. Emilio Fresco creía que una denuncia contra la compraventa de Las Teresitas no tendría recorrido y, a la postre, perjudicaría al PSOE. Y así se lo comunicó al todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán. Se decidió, por tanto, que los socialistas se abstendrían de cualquier pronunciamiento al respecto. Y ese silencio más o menos impuesto y autoimpuesto fue el origen de la asociación Ínsula Viable.

Insula Viable no tenía otro sentido que el instrumental. Fue una herramienta de trabajo político-judicial. Una brillante ocurrencia de Santiago Pérez para actuar leguleyamente con las manos libres, aunque inicialmente ni siquiera le constara a nadie que formara parte de la misma. Su rostro visible fue José Ángel Martín Bethencourt, por entonces un militante muy joven con un pie en las Juventudes Socialistas y otro en el partido. Después se transformaría en la sombra, el paño de lágrimas, el maestro barista y el pararrayos de las iras de Patricia Hernández, su secretaria general en las JJSS, quien se sumaría al santiaguismo para más tarde, cuando el compañero Santiago resultó defenestrado, tomar distancia a toda velocidad para no tocarlo ni con un palo, y ahora, de nuevo, ser su patricita. Pérez redactó, con alguna ayuda técnica, la denuncia que presentó Ínsula Viable. Solo tiempo más tarde, cuando los juancarlosalemán y los emiliofrescos eran ya casi historia, el senador socialista salió del armario teresito y reclamó la gloria del procesamiento judicial de Zerolo et alii.

Quiere decirse que no fue el PSOE, sino uno de sus dirigentes históricos, apantallado tras varios compañeros muy poco conocidos públicamente y algunos miembros de la pibada socialista quienes tomaron la iniciativa judicial en el caso Las Teresitas. La dirección  — por no hablar de los concejales – se abstuvo y negaron una y otra vez que el partido estuviera involucrado en la denuncia (y no mentían del todo). Por la otra parte los disidentes no eludieron en lanzar sobre dirigentes y concejales cientos de chismes pútridos, y solo la piedad me detiene a la hora de dar los nombres de los que vociferaban por las esquinas de Santa Cruz (y de La Laguna) que los concejales socialistas respaldaron la contra-venta de las parcelas del frente de la playa a cambio de sobornos mareantes que incluían millones de euros en paraísos fiscales o en bolsas de basura, casas y apartamentos, coches de baja cuna y de alta gama o vacaciones de lujo asiático. La historia de la agrupación socialista de Santa Cruz es la de sus desfallecimientos crónicos entre guerras civiles, hasta quedaron tan exhaustos que han terminado votando a Patricia Hernández y que sea lo que dios quiera.

Pero, en efecto, la vida es onduleante, y de nuevo será el PSOE el que propicie que el caso de Las Teresitas regrese a los juzgados. La modificación del delito de malversación de fondos – por la que se deducen las penas — ha puesto los dientes largos a condenados de corrupción en varias cárceles españolas. Conviene recordar que el artículo  2.2 del Código Penal señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena”. Según el nuevo texto las penas por malversación de fondos públicos se reducen a cuatro años cuando no exista “ánimo de lucro”. En el caso de Miguel Zerolo – el más relevante políticamente – no pudo demostrarse en ningún momento enriquecimiento ilícito, pese a la fueron enviadas varias comisiones rogatorias a otros tantos paraísos fiscales de Europa y América para investigarlo. Sin embargo vale la pena apuntar un matiz. La norma reformada especifica que las penas serán las mismas (hasta ocho años) si se produjera “apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público”, pero también se castiga el permitir a un tercero la apropiación.  En la mamandurria de Las Teresitas, ¿no jugaron el papel de terceros, precisamente, Ignacio González y Antonio Plasencia?  Para los letrados del exsenador y el teniente de alcalde no. Han anunciado que interpondrán recurso para que a sus representados le sea aplicada la ley reformada, lo que unido a la circunstancia de que ya han cumplido más de un tercio de la condena supondría, si los tribunales les dan la razón, la terminación inmediata de la condena.

Y de nuevo aparece Santiago Pérez. Ahora está en el Senado, porque de nuevo ha regresado al PSOE, no porque haya reflexionado, sino porque el PSOE ha cambiado y ahora se ajusta a él como un guante. Volver a la militancia socialista no le ha llevado deshacerse de la agrupación electoral con el que se presentó a las elecciones municipales en 2019, por supuesto, porque un grupo de amigos y compañeros dependen del chiriringuito, pero sí regresar a la Cámara Alta, como senador autonómico. Y como senador socialista vota, por supuesto, a favor de la reforma de los delitos de sedición y de malversación de fondos. Obedientemente, porque ya este es el último tren que puede tomar en su vida política, y no se quedara en el andén, como se quedarán los de Avante dentro de unos meses, como se quedaron los de X Tenerife en su momento. No solo lo vota, sino que pide la palabra y justifica la reforma aunque curiosamente — ¿será el subconsciente? – no hace ninguna referencia al delito de malversación. Es muy aplaudido y se nota que le encanta. Lo explica al gusto del sanchista más oligrofrénico. El Gobierno tiene pleno derecho a intentar sobrevivir a través de alianzas parlamentarias. La pregunta no es esa, advierte Santiago Pérez, que siempre ha querido tener como patrimonio todas las preguntas y todas las respuestas. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, claro. Lo cierra muy bien. ¿Quién ha traído y garantizado la libertad en España? “Las fuerzas progresistas, y entre ellas, el PSOE”. Es una observación bastante atrevida, por cierto, y probablemente falsa. Al menos si se refiere a las libertades públicas. Si, en cambio, estuviera hablando de Miguel Zerolo tal vez tendría razón. Porque resulta indiscutible que en los últimos días, y gracias a sus enjüagues con los independentistas catalanes, El PSOE está facilitando no solo la plena libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, sino también la de Miguel Zerolo.   

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En la muerte de Nicolás Redondo

La muerte a los 95 años de Nicolás Redondo se antoja un triste colofón a las celebraciones de los cuarenta años de la llegada del PSOE al Gobierno español. Su longevidad ha asombrado a algunos, que lo creían muerto y enterrado hace lustros. ¿Por qué  fue importante Redondo, secretario general de la UGT, para el devenir del PSOE? Porque Redondo, líder del socialismo obrerista de Vizcaya, decidió en Suresnes no presentarse a la secretaria general y apoyó con toda su testaruda fuerza de voluntad a un joven de 32 años llamado Felipe González. Dos o tres días antes también fue el empeño de Redondo el que llevó a joven González a pronunciar un discurso sobre la situación del tardofranquismo y de las fuerzas y debilidades del PSOE que obtuvo un respaldo entusiásticamente unánime. El vasco tenía el congreso ganado. Precisamente el apoyo de los militantes andaluces a su figura era muy claro. Fue él  — con el nihil obstat de Ramón Rubial – quien entronizó a Felipe González, quien apenas ocho años después ganaría unas elecciones generales con una amplísima mayoría absoluta. El último que lo ha contado (y muy bien) es Ignacio Varela en Por el cambio, un libro my conveniente que no tiene una página sin interés.

Dicen que Nicolás Redondo mantuvo la lucidez hasta hace muy pocos meses. Es una lástima no haber escuchado su opinión sobre este gobierno psocialista y esta Unión General de Trabajadores. Por algo se mantuvo callado ante lo que Yolanda Díaz ha llamado “el mejor gobierno de la democracia”. Porque ya la desvergüenza sale gratis. Incluso sale a devolver: Díaz ni siquiera necesita una mínima perspectiva temporal para proclamar su triunfal autoevaluación. Si Redondo le hizo una huelga al gobierno de Felipe González por una reforma laboral que no incluía tocar la indemnización por despido, ¿cómo hubiera reaccionado frente a una reforma “progresista” que no modificaba los recortes que en materia indemnizatoria había hecho previamente la derecha? Este era un mundo ya incomprensible para un dirigente sindical nacido antes de la Guerra Civil. Un mundo en el que los sindicatos habían renunciado a su autonomía para funcionar exclusivamente – sobre todo en las administraciones públicas, su último espacio de privilegio, liquidada ya la mayor parte de la industria nacional –como correa de transmisión de los anhelos y propagandas del Gobierno. Es muy improbable que a Redondo le fascinara el espectáculo de los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras aplaudiendo extasiados a una ministra de Trabajo. En el fondo estiró todo lo que pudo la épica de la lucha marxista y revolucionaria. Si en el PSOE Felipe decidía que había que ser socialistas antes que marxistas a él no le parecía mal, con tal  no intentaran convencerlo que había que ser socioliberal antes de ser socialdemócratas. Pero en el sindicato era distinto. El sindicato era el sindicato. Yo escuché a más de un socialista que, en los años de la “doble militancia” Redondo y los suyos consideraban que el PSOE se estaba convirtiendo a toda velocidad en una maquinaria del poder desprovista de ideología y compromiso social, pero que el sindicato era la reserva moral del psocialismo español. Tal vez. YE, sin embargo, fue bajo el liderazgo de Nicolás Redondo cuando, al mismo tiempo que el PSOE se pragmatizaba – en especial desde principios de los noventa — la UGT se transformó en una burocracia con su guerra de guerrillas, sus clanes compinches, su negativa a cualquier transformación propia frente a la transformación veloz de la sociedad posindustrial. Como tantos luchadores antifranquistas de su generación sentía una obvia incomodidad ante la sencilla pregunta de si desaparecido el movimiento obrero, el obrerismo y casi el obrero, era todavía posible, útil, convincente el sindicalismo. “Siempre que las cosas del sindicato las lleve el sindicato todo va bien”, dijo una vez, insistiendo en el mantra de la autonomía. Meses después el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV lo contradijo. Poco más se marchó y comenzó a sembrar casi 30 años de silencios y desdenes.

 

 

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El proyecto soy yo

Me dirán ustedes que estas liturgias partidistas han sido siempre más o menos así, una autocelebración en la que todos los protagonistas exudan la alegría de ser ellos mismos y de reconocerse como miembros de la misma y feliz y maravillosa tribu, pero convendrán conmigo en que en los últimos años estas babosadas están llegando a un nivel insoportable. Un magnífico ejemplo lo proporciona la proclamación como candidata a la alcaldía del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de Carolina Darias, todavía ministra de Sanidad, que se plantó en el acto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a un lado, y Ángel Víctor Torres, el presidente de las desgracias victoriosas, al otro. Montero participó en la guasa en su calidad de vicesecretaria general del PSOE, un suponer, y respecto  a Torres, es el presidente de las catástrofes siempre superadas con una sonrisa, una suerte de héroe de Marvel cenizo, un Thor que en vez de un martillo lleva una espumadera con la que convierte cada crisis en buñuelos para su pueblo.

“Aquí empezó todo”, dijo la señora Darias, y creánme que puse atención porque yo ignoraba que el PSOE o el municipalismo hubieran comenzado en Las Palmas. Pero no, la ministra se refería, humildemente, a sí misma. Que la candidata a alcaldesa de una gran ciudad se refiere a sí misma en el arranque su primer discurso como aspirante habla estupendamente de las prioridades de la oradora. No de la visión que tiene de la capital, sino de sí misma. Sintéticamente: es una triunfadora que después de ser coronada por múltiples laurales vuelve a su domus para rendirle el servicio de una sacrificada pero dichosa vestal. Darias va contando su cuento y lo salpica con alusiones a los dirigentes presentes, Fulanito lo sabe, Menganito me conoce bien, Perenganita me dio el mejor consejo. Era como para castañetear los dientes. ¿Y cómo no va a ser una buena alcaldesa si es de Las Palmas y quiere a su ciudad y está enamorada de todos sus vecinos? Ni una sola idea programática, ni una propuesta concreta, ni la más ligera pista del contenido de su agenda. La ministra se ha aprendido el entusiasmo mitinero (los saltitos, los gritos emocionados, los aspavientos entusiastas) como se estudia una oposición, lo que sin duda tiene su mérito, porque detesta íntimamente esas poses. Por supuesto a su lado todo fue peor. Ángel Víctor Torres se puso a hablar de las subidas del salario mínimo interprofesional, que como tema municipal parece algo exótico, mientras que Augusto Hildalgo recitó un fábula sobre sus éxitos como alcalde y soltó, sin duda, la máxima guanajada de la noche: “Carolina Darias ha puesto a Canarias en el mapa internacional”. En ningún momento aclaró Hidalgo las razones de este excepcional logro cartográfico. También dijo que la ministra “ha demostrado cómo se gestiona una pandemia”. Habrá querido decir que Darias ha mostrado cómo se gestiona una pandemia. Es difícil decirlo porque Hidalgo no sabe hablar. Ni siquiera conoce el significado de los tiempos verbales y por eso es capaz de expectorar perlas como ésta: “Estábamos convencidos de que estábamos haciendo una apuesta para transformar la ciudad”. Ya no lo están, por lo visto. Ni ellos ni los vecinos. En eso sí han logrado coincidir, después de tres años y medio, con la mayoría social.

Lo cierto es que Darias es la candidata por dos razones. La primera porque su designación evita enfrentamientos entre Augusto Hidalgo y Sebastián Franquis y sus respectivas mesnadas por la púrpura municipal. Y segundo porque así lo decidió no la agrupación local de Las Palmas, ni la dirección insular del PSOE ni ningún órgano de la organización canaria, sino Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez nunca se equivoca y cree o finge en el infinito atractivo electoral de sus ministros. En esto los socialistas canarios no han tenido nada que decir. Para variar.

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Marejada marejada

¿Será posible que se estén abriendo las puertas a los bárbaros? La noticia se le ha clavado como una rosa púrpura en el pecho a Pedro Quevedo, ha atemorizado como una bandada de murciélagos a  Podemos, ha levantado una inquietud pespunteada de indignación en varios cenáculos, más bien meriendáculos, en la órbita del PSOE. Lo grave – se señala – no es que Coalición Canaria se haya sentado a negociar con el PSOE sobre el proyecto presupuestario para 2023. Lo que realmente altera los nervios de los arriba citados es que hayan cerrado un acuerdo que cuenta con la bendición de Patxi López, Félix Bolaños y, necesariamente, del mismísimo Pedro Sánchez. No debe uno en detenerse –aunque sea divertido – en las necedades que se han puesto en circulación en contra de las enmiendas negociadas por coalioneros y socialistas, y en particular, las jeremiadas de Pedro Quevedo. Asombrosamente el exdiputado de Nueva Canarias ha llegado a creerse un político y todo. No,  el nerviosismo no tiene nada que ver con que la gratuidad de las guaguas y el tranvía colapsará ambos medios de transporte o que la rebaja del IRPF en La Palma beneficiará injustamente a los multimillonarios de Garafía. El nerviosismo es consecuencia de una lectura política inmediata. Y bastante obvia.

El Gobierno disponía ya de una mayoría suficiente para sacar su ley de presupuestos adelante. Por supuesto que ha salido carísimo. Primero el pago en vil metal a través de partidas presupuestarias que aumenta sustancialmente inversiones y transferencias de capital (de nuevo) a Cataluña.  Y después en las modificaciones del código penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por algo así como “desórdenes públicos agravados” con una condena a prisión que reduce dos tercios de la pena anterior. Con eso puede contar con el respaldo de ERC, como tiene ya asegurado el nihil obstat del PNV, Bildu, Más País y el Bloque Nacionalista Gallego. Por tanto los dos votos de Coalición Canaria (los de las diputadas Ana Oramas y María Fernández) resultan aritméticamente superfluos. Pero desde el Gobierno y la dirección del grupo parlamentario socialista se entienden que salvaguardan de una sorpresa y son políticamente interesantes. El relato que se ha sostenido durante más de tres años por socialistas y el supuesto canarismo de izquierda de Román Rodríguez venía a explicar que en el Gobierno autónomo estaban todas las fuerzas que trabajaban por mejorar la vida de los canarios; fuera, en la procelosa oscuridad, quedaba la cacharrera oposición de derechas, recuerdo de un pasado abominable. Desde hace un par de días ese relato ha comenzado a rasgarse.

Existen dos ejes de relación entre los socialistas y Coalición: el Gobierno español y sus coros y danzas parlamentarios y el Gobierno canario. Lo que llevan horas reclamando sectores del PSOE y la estupefacta NC es que aquí, en las ínsulas baratarias, se asordine todo lo posible por Ángel Víctor Torres y sus compañeros los acuerdos con Fernando Clavijo y los suyos. Que el relato pueda cuartarse unos días, pero que no se rompa, y son tan pelmazos que seguro que conseguirán algo. No, no son los malditos presupuestos, sino que vaya quedando expedito el camino para desarrollar la hipótesis de un pacto entre PSOE y CC sobre los resultados de las elecciones de 2023. Un pacto que rompiera el bibloquismo – las encuestas indican una división del voto muy ajustada o ligeramente desfavorable para el PSOE — y dejara a Casimiro Curbelo en la cuneta, porque su crecimiento político y electoral ya es un problema para unos y otros, mientras NC pagaría por su incapacidad congénita de crecer fuera de Gran Canaria y el obtuso narcisismo de su encanecido líder. Un pacto que –recordando el pragmatismo descarnado de Sánchez – se bendeciría desde la Moncloa.  Los nervios, los telefonazos, el malestar y las declaraciones oligofrénicas tienen un único origen: el pavor hacia un gobierno PSOE-CC desde el próximo julio.    

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Plácidos sigilos

Me parece que, en fin, voy a repetir artículo, pero no soy totalmente responsable. En el pleno parlamentario que terminó ayer se coló por un instante una verdad incómoda para la que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres no tenía una respuesta. Ocurrió cuando Vidina Espino citó maliciosamente la apertura de juicio oral a Blas Acosta, viceconsejero de Economía –pero qué guasa – por un presunto caso de corrupción. En realidad sobre Blas Acosta pesaban dos denuncias judiciales desde que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura gracias a un pacto de irás pero no volverás. Acuciado por la pestilencia judicial y por una creciente inestabilidad política abandonó el Cabildo, pero pidió un salvavidas. Acosta controla eficazmente la organización majorera del PSOE, apoyó sin fisuras a Torres como candidato presidencial en 2019,  dispone de información muy desagradable de algún alcalde y algún concejal socialista del sur de Tenerife. Por todas estas razonables razones y alguna más se decidió incorporarlo al Gobierno de Canarias como viceconsejero, aunque el compañero también intentó convertirse en senador por designación autonómica en sustitución del dimisionario Pedro Ramos; por fortuna se prefirió a Santiago Pérez. En la zoología gubernamental el viceconsejero es una especie pacífica, superflua y generalmente invisible que gasta toda su energía en consumir su pienso anual. Acosta ha asumido sin problemas su insignificancia.

Mientras intentaba librarse de las arenas movedizas de los juzgados don Blas ha seguido dirigiendo el PSOE de Fuerteventura y ha conseguido el pasado septiembre que en tan delicada situación su partido lo haya consagrado, de nuevo, candidato a la Presidencia del Cabildo Insular. En realidad cuando es designado candidato para las elecciones de mayo Acosta ya sabía que se le abría en pocas semanas juicio oral por el llamado caso Gesturpa. El código ético del PSOE establece precisamente en la apertura de juicio oral el límite para abandonar el partido o para abrir el expediente de expulsión, pero eso es una fantasía reglamentaria que les trae sin cuidado a Acosta y sus compinches. No es que no dimita: es que lo aclaman como candidato ocho meses antes de las elecciones.

La dirección regional del PSOE no ha pronunciado una sílaba sobre este incumplimiento flagrante de su reglamento, sobre este pequeño pero purulento escándalo. Por supuesto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, guarda un mutismo perfecto. Escuchaba en el Parlamento los pateleos y grititos de los psocialistas y pensaba melancólicamente que hace muy pocos años estaríamos ahí, en los pasillos, esperando la salida del presidente del salón de plenos para que respondiera a la prensa. Pero de nuevo miré alrededor y solo descubrí a una joven incrustada en la pantalla de su diminuto ordenador.  Pensé en todos los compañeros que durante años informaron, preguntaron, explicaron, divulgaron.  Los recordé recorriendo los pasillos en busca de declaraciones y respuestas de presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, portavoces, culiparlantes. Recordé la expresión de horror o nerviosismo de jefes de Gobierno al entrar en una rueda de prensa, las catas en comisiones parlamentarias, la división del trabajo mismo para seguir un pleno parlamentario, en el que alguien le tocaba “hacer pasillos” si no había nada mejor en perspectiva. Recordé una docena de micrófonos alrededor de un consejero, los secretos filtrables, la documentación porfiada, la palpitante verdad de las mentiras, el hedor sobre las alfombras de la mentira en la que desembocaban las verdades. Pero hoy todos los salones, todos los pasillos, todos los silencios y todos los comunicados son suyos y solo suyos y Ángel Víctor Torres pudo salir de la Cámara esmaltados de plácidos sigilos y con las manos en los bolsillos.   

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