REF

La carta de Miguel Strogoff

Uno de los escasos ataques de ofuscamiento que se ha permitido el presidente Ángel Víctor Torres – un político habitualmente tranquilo, templado y paciente —  ha tenido su detonante en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre  la ley 11/2021 de 9 de julio que pulverizaba el diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales desarrolladas en el archipiélago. No es que al presidente le pareciera mal el fallo, un fallo que establecía que se había vulnerado el REF,  pero ocurre que en el texto de la sentencia el abogado del Estado personado en este caso afirma explícitamente que el Gobierno de Canarias no solicitó activar la comisión bilateral Canarias-Estado para abrir un diálogo sobre la diferencia entre ambas partes y solventarla si mediaba un acuerdo. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, publicitó parte de la sentencia en Twitter, subrayando irónicamente la observación del abogado del Estado. Se produjo un pequeño rifirrafe en la red social y el sarcasmo  de Barragán fue muy retuiteado. A Torres le repateó considerablemente el asunto. Lo consideró prácticamente un insulto, además de una mentira. Yo entiendo a Torres. Creo que cree sinceramente que es una mentira. Y eso es lo peor de todo.  

Presidencia del Gobierno remitió hace unos días a numerosos medios de comunicación y periodistas copia de la carta que el primero de julio de 2021 remitió el jefe del Ejecutivo canario a Miquel Iceta, entonces ministerio de la Presidencia, como prueba evidente y autoconclusiva de que Torres había solicitado la activación de  la Comisión Bilateral. Ya circula por internet y pueden ustedes consultarla. No carece de interés. En su penúltimo párrafo, en efecto, Torres solicita la convocatoria urgente de la comisión, siempre como resultado del informe desfavorable del Parlamento de Canarias. En ese sentido el presidente narra escrupulosamente los hechos como un testigo imparcial que transmite una noticia, sin añadir una coma sobre la posición de su propio Gobierno. Más que un presidente que está ejerciendo una potestad reconocida por el Estatuto de Autonomía de 2018, Torres actúa como una suerte de intermediario postal entre la Cámara regional y el Gobierno central, sin que esté absolutamente injustificada la inferencia de cierta resignación presidencial ante la contumacia del parlamento.

La carta, como se ha dicho, se remitió a principios de julio. No fue hasta el 17 de septiembre cuando se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se anuncia que la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado ha adoptado el acuerdo (¿dónde, cuándo?) de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitada” para lo cual “se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda”.  Y ahí –mientras seguía vigente la normativa legal de la discordia — embarrancó el proceso y nunca más se supo, pese a las preguntas que formuló al respecto la diputada nacionalista Socorro Beato. Ciertamente la situación de los descuentos fiscales a la producción audiovisual en Canarias se corrigió en buena medida después a través de otros cauces y espacios de diálogo. Pero sería temerario concluir que fue gracias al Gobierno autonómico. Fue el Parlamento quien emitió un informe negativo y quien interpuso, con el trabajo de sus letrados, un recurso exitoso ante el Constitucional. El Gobierno no hizo nada. El presidente, salvo su breve actuación como Miguel Strogoff en su carta del pasado julio, no destacó precisamente por su defensa de la integridad del REF y, en general, de los intereses canarios en esta coyuntura, como en algunas otras.  Es lo que Ángel Víctor Torres, desde su desquebrajada bonhomía, no coincide entender. Para él lo que ha hecho resulta, dentro de la tradición del PSOE canario de subordinación estricta a Ferraz y a La Moncloa, casi un acto de heroísmo. Para los que no militan en las filas socialistas, en cambio, Torres solo actuado como un notario y su eficacia política ha sido lenta, complaciente e insuficiente.    

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Crónica parlamentaria. Hemos conseguido la unidad, perros

 

NC rechaza la decisión de la junta de gobierno de la FEMP para usar el...

Aunque el presidente de la Cámara, el siempre paciente Gustavo Matos, propuso las once de la mañana para comenzar el brevísimo pleno parlamentario de ayer, eso no convenció a muchas de sus señorías, a las que fastidiaba lo indecible eso de acercarse a la calle Teobaldo Power para tan corto trámite. De esta manera se abrió barra libre a la asistencia telemática, es decir, a quedarse en casa y conectarse por internet a semejante coñazo. Matos abrió la sesión explicando que la situación de la covid había llevado a varios diputados a participar on line en el pleno. Pero si uno pasaba lista de los ausentes encontraba incluso a diputados tinerfeños parpadeando en el zoom. Es un tendencia peligrosa que sus señorías decidan si asistir o no al pleno consultando solo a su real gana. Porque resulta enervante que los diputados actúen como si la democracia representativa pudiera ser un ejercicio no presencial mientras el Gobierno autónomo envía a los alumnos – desde Primaria a la Universidad – a asistir a clases. Sin olvidar que los alumnos no cobran nada mientras los diputados son  generosamente retribuidos con unos sueldos y dietas que se fijan objetiva y responsablemente a sí mismos.

Primero se debatió el informe que debería emitir la Cámara por las modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal incluidas  en el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico, que tiene su matriz en un real decreto ley del pasado 29 de diciembre. Es la enésima gracia rapajolera de doña María Jesús Montero hacia Canarias y su Parlamento  y su disposición final tercera encontró el respaldo de la mayoría parlamentaria. Sin embargo – y esto es bastante gracioso – la segunda disposición final también modifica el REF –aunque al respecto no se consulte a la asamblea canaria – porque viene a ampliar la vigencia de la Reserva de Inversiones (RIC) hasta este año, sin considerar el maremoto económico de 2020.

Sin embargo, asombrosamente, los mismos grupos (psocialistas, neocanarios, podemistas y curbelistas, más el añadido de Ricardo Fernández de la Puente Armas, cuyos apellidos podrían constituir  una mayoría entera) habían solicitado la pasada semana a la Mesa un recurso para que no se debatiera la propuesta de informe de Coalición Canaria, apoyada por el PP, para transmitirle al Ministerio de Hacienda que se ampliará hasta diciembre de 2022 la Reserva de Inversiones. Que durante una semana se estuviera “negociando” al respecto para luego incluir en el informe parlamentario la ampliación de la RIC durante doce meses más –tal y como habían planteado los coalicioneros – es indicativo del errático despiste que se vive casi cotidianamente en el seno de la mayoría gubernamental. Y no se trata tanto de diferencias sustanciales de criterio – por más que hayan sido NC y la ASG los que finalmente transmitieron al PSOE que lo de solicitar la ampliación de la RIC no era una mala idea – sino simplemente de trabajo cotidiano entre los grupos de la mayoría, que operan casi siempre al remolque de las necesidades normativas del Ejecutivo. Mayoritariamente van a cubrir el expediente, cuando no se sulfuran por alguna pequeña maldad coalicionera o pepera, como suele ocurrirle a María Esther González, diputada enérgica y trabajadora, pero carente de cualquier sentido de la ironía, que le afeó a la portavoz de CC, Rosa Dávila, que hubiera llamado a Nueva Canaria “los coros y danzas del PSOE”, cuando teniendo en cuenta los cuatro diputados que apenas alcanzan los compañeros de Román Rodríguez, es casi un elogio. González, con irritación mal contenida, explicó por enésima vez lo importante que es Nueva Canarias y insistió mucho en que Ana Oramas no hace nada en el Congreso de los Diputados y después de su arenga se marchó a respirar un rato. Es muy duro estar en el Gobierno, tú.

La unanimidad, en fin, fue casi completa. Faltó Sí Podemos Canarias. El venerable Manuel Marrero explicó que  su partido no estaba contra la Reserva de Inversiones como concepto abstracto y hasta si me apuran metafísico, tal y como ha asegurado en otras ocasiones, pero que no tienen más remedio que rechazarla en su forma actual. El honesto y plúmbeo sonsonete de Marrero siempre me recuerda al abad de La venganza de Don Mendo:

Abad: Caballeros, escuchad.

Gustavo Matos: Escuchad/ que habla el abad.

Abad: Un consejo permitid,/en nombre de la piedad/ de la que soy adalid/como abad y por mi edad

Lo que quiere Marrero con toda el alma es que los (malvados) empresarios que se acojan a la RIC tengan como requisito previo que se comprometan a crear puestos de trabajo. Y lo que nunca ha concretado Sí Podemos Canarias es una propuesta que defina y describa técnicamente tal compromiso. ¿Bastaría una declaración jurada del interesado? ¿Tendría el (malvado) empresario que comprometerse a contratar a un número determinado de trabajadores y cómo se calcularía? Vaya usted a saber si algún día se podrá saber. Uno sospecha que no y que el argumento de Podemos es, sobre todo, una estratagema para no comprometerse con el REF, por el que sienten una alergia incontrolable. Les suele pasar con todo aquello que evidencia la puñetera y arriscada complejidad del mundo.

Coalición y Partido Popular agradecieron a la mayoría parlamentaria y al Gobierno “que hayan rectificado”, con mucho sentimiento primero y un satisfecho sarcasmo después. PSOE y Nueva Canarias celebraron la unidad pero la salpicaron de hostias verbales. Iñaki Lavandera, con su habilidad retórica y su rostro marmóreo habitual asignó el éxito del informe  a los socialistas. Si no le hubieran inventado Lavandera tendría que existir. Reprochó a coalicioneros y conservadores que aprovechasen el debate para hablar de asuntos ajenos al objeto del mismo y acto seguido recordó los ERTE, los cientos de millones concedidos a pymes y autónomos y otros portentosos milagros de San Pedro, el custodio de las llaves del cielo.

La segunda parte del pleno fue aún más fugaz. La mayoría gubernamental se limitó a retirar de facto un decreto ley y así ampliar el plazo de aplicación del tipo cero en el IGIC a la importación o entrega de bienes para combatir los efectos de la pandemia. Así se unificó su regulación en estos casos. El pleno había durado menos de hora y media y había todo el tiempo del mundo para un desayuno tardío  o un almuerzo temprano: la democracia sentimental – y los decretos del Ministerio de Hacienda — lo polariza todo.

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Crónica parlamentaria Pensando en La Palma

 

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A alguien se le ocurrió ayer  manufacturar unos lazos verdes – un tanto menesterosos – para que sus señorías los pudieran lucir como recordatorio del martirio de lava que sufre La Palma desde el pasado domingo y que nadie sabe cuándo acabará. Por supuesto la sesión plenaria comenzó con una declaración institucional que leyó el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, para recordar que en este momento todas las islas canarias son La Palma. Fue lo mejor del día y apenas duró dos minutos minutos. Pero La Palma, su volcán y sus ocho bocas de fuego, atravesó en realidad todo el pleno extraordinario. El pleno ordinario, que habría que haberse celebrado acto seguido, fue pospuesto por decisión de la Mesa. Por supuesto, por motivo de la angustiosa calamidad volcánica. Los diputados palmeros –algunos son también son alcaldes –se quedaron en su isla, aunque uno no alcanza a entender exactamente sus razones. Un diputado –salvo si también es alcalde, precisamente – no sirve para nada contra el fuego. Pero la presión hacia el turismo de hecatombe indescriptible y lágrima portátil es muy fuerte. Algunas habían apostado porque la Mesa de la Cámara volara hacia La Palma en la tarde de ayer, pero la subyugante ocurrencia no llegó a cuajar gracias a la mesura de Matos. También las lenguas bífidas chismorreaban que Román Rodríguez intentaba meter cabeza en una visita relámpago, espoleado por Miguel Ángel Pulido, presidente de NC en La Palma al que le inventaron una dirección general hace un par de años para que pudiera oler sin problemas los efluvios de Varón Dandy del vicepresidente. En todo caso hoy, miércoles desembarcará en La Palma Pablo Casado, niño factótum del Partido Popular, no solo porque en la isla haya estallado una erupción, sino porque el presidente del Cabildo Insular, Mariano Hernández, es militante del PP y autor de una frase que podrían suscribir al alimón Stephen King y Leticia Sabater: “Vamos a atender a la totalidad de las demandas de los vecinos en esta terrible catástrofe, porque en estos difíciles y comprometidísimos momentos dramáticos tenemos que estar, más que nunca, supercerca de los vecinos”. Supercerca, tío, me siento más seguro y más guay, por algo te llamas Mariano. Casado rodeado de palmeros es algo que ocurre a diario, pero está vez contará con María Australia Navarro (más) a la derecha y Poli Suárez (un fisquito) a la izquierda acompañados por todos los concejales conservadores imaginables. Cabe esperar que ninguno le cuente que en La Palma el PP cogobierna con el PSOE, porque igual desfallecer su corazón de doliente doncel.

Para el jueves, en fin, está prevista la visita del Rey, y hay quien piensa que la capacidad de carga de la isla puede verse seriamente comprometida por el número de cargos públicos atraídos como moscas a la miel dorada de la Jefatura del Estado. Sin duda el presidente Ángel Víctor Torres seguirá ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, con Anselmo Pestana a la derecha, enseñándole mapas y vídeos y memes graciosos, porque Pestana es el poncio más simpaticón desde Carlos Arias Navarro, y Jorge González a su izquierda, comiéndose una caja de marquesotes por pura angustia. Don Felipe VI, con Ángel Víctor Torres recitando la lista de los reyes godos a su izquierda y Gustavo Matos las alineaciones del Real Madrid a su derecha, muy probablemente abandone la isla al anochecer del mismo jueves. En las últimas 24 horas la preocupación ha crecido en Presidencia del Gobierno porque se vislumbra una crisis larga y de consecuencias imprevisibles para la sociedad y la economía de La Palma. En un principio se contaba con una violencia volcánica gestionable y que solo duraría entre quince y treinta días. Esas predicciones se han retirado y los científicos son ahora mismo más prudentes: las aseveraciones han sido desplazadas por los circunloquios, un puñado de certidumbres por un montón de hipótesis.  Ahora mismo (y durante mucho tiempo) la prioridad es la seguridad física de los vecinos de las áreas afectadas, no, obviamente, la conservación de sus casas, fincas o haciendas, porque la única defensa posible frente a un volcán en erupción en correr con el mínimo equipaje la máxima distancia posible desde el foco de las llamas. En las primeras horas se denunció el desprecio de las televisiones privadas españolas por la erupción: qué añoranza. Ahora mismo en La Palma se agita un carnaval de equipos de televisión y famosos y famosetes – Fraganillo, Piqueras y otros genios del periodismo catastrófico  — que hacen a menudo el imbécil acercándose a pocos metros de las coladas de lava o subiéndose a un helicóptero como un boina verde de la noticia.  La lava del Teneguía, hace medio siglo, era algo más rápida y traidora por el mismo desnivel del terreno; la del nuevo volcán es más lenta, desde luego, pero parece tomarse su tiempo, con una cruel y detenida paciencia, para aplastar, carbonizar y destruir todo a su paso.

El contenido del pleno se dilucidó en poco más de hora y media. La Cámara debería emitir informe sobre el proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural actualmente en el Senado. Las fuerzas parlamentarias que apoyan al Ejecutivo – PSOE, NC, Podemos y ASG – presentaron un informe y la oposición (CC, PP y Grupo Mixto) presentó otro. De nuevo el diferencial de la tributación al fisco de los rodajes de producciones audiovisuales en Canarias. Se volvió a certificar la extrema irritación de la mayoría –pero muy singularmente del PSOE – por esa testaruda voluntad nacionalista de tener su propio análisis y su propia propuesta, en lugar de votar con el Gobierno, que es lo más inteligente, lo más progresista y lo más patriótico. Es realmente extraño. El PSOE gobierna o cogobierna Canarias, la mayoría de los Cabildos y más de la mitad de los ayuntamientos isleños y, sin embargo, les molesta sobremanera un discurso que no sea el suyo y cualquier conato de disidencia o desacuerdo se eleva a un rasgo de maldad, estupidez, traición de lesa patria o electoralismo. Y falta todavía más de año y medio de legislatura.

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Las nuevas especificidades

Leo que el próximo sistema de financiación autonómica “mimará” las especificidades canarias. Eso está muy bien. Las especificidades descienden en línea directa – no conceptualmente, pero sí como estrategia económica y de legitimación del bloque de poder en Canarias– de las peculiaridades que defendían los puertofranquistas a mediados del siglo XIX. Hay que proclamar bien alto las especificidades que dios o el diablo nos dieron y así figuran en lo más alto de la agenda política regional. Las especificidades canarias son un emblema: la versión local del santo grial que hay que arrancar de las manos de los sarracenos. Desde luego, no es muy inteligente negar su importancia, pero ha llegado el tiempo de atender a las especificidades que se han consolidado en Canarias en las últimas décadas: un alto desempleo estructural que en los mejores coyunturas no ha bajo del 10% de la población activa, una productividad vegetativa y en picado, un universo empresarial fragmentado en miles de pequeñas o diminutas empresas, una actividad económica con bajísima creación de valor añadido, una desigualdad de rentas creciente, una internacionalización puno menos que frustrada, una situación medioambiental que emite señales preocupantes de degradación. Ciertamente se han creado servicios educativos, sanitarios y asistenciales que solo disfrutan un pequeño grupo de países europeos pero, por lo dicho anteriormente, su sostenibilidad financiera resulta muy cuestionable, y los signos de colapso ya se antojan abrumadores.
Desempleo crónico, inversión ridícula en I+D+I, desigualdad creciente, ineficacias e ineficiencias de empresas liliputienses, estrategias insuficientes o errátiles de incorporación a la globalización económica. Todas esas debilidades y rasgos disruptivos llevan tanto tiempo con nosotros que ya pueden considerarse  las nuevas especificidades canarias. Las que deben analizarse y resolverse. Las que deberían priorizarse en la agenda política del país. El REF – incluso en la peculiar transformación que ha sufrido en su última reforma – es un medio que parece haberse transformado en un fin, al igual que las subvenciones y ayudas de Estado. A riesgo de repetir una obviedad, el nuevo REF, las inversiones presupuestarias, las subvenciones al transporte, en fin, no son una política económica, no deben ni pueden suplantar el lugar – ni en el discurso ni menos aun en la gestión – de una política económica. Esta asombrosa costumbre tribal de luchar heroicamente por el acervo económico y fiscal de Canarias, según la expresión ritual más sagrada, con la convicción de que bastará con esperar su benéfico efecto en el tejido económico de las islas, conduce inevitablemente a la melancolía, al fracaso lastimado, a un menesteroso balneario turístico que nos mató el hambre pero que ahora puede matarnos el futuro. Un instrumento como la Reserva para Inversiones, por ejemplo, contribuyó al apalancamiento financiero de empresas, pero no a su crecimiento, ni a su mejora organizativa y tecnológica, ni a la creación de empleo, contribuyendo, en cambio, a la brutal acumulación del ladrillo de finales del siglo XX y  principios del XXI.
Pero no existe una revisión crítica y basada en la evidencia empírica de los éxitos y fracasos de esta deriva basada en especificidades salvíficas, programas de inversión y subvenciones a granel. Vivimos enterrados hasta los ojos en una inercia mental e intelectual que a una élite empresarial básicamente extractiva le viene magníficamente bien. En vez de mimar tanto a las viejas especificidades habría que tratar con más respeto y atender con más eficacia a los problemas que estrangulan nuestro desarrollo y amenazan con seguir abaratando y afantasmando el sistema democrático.

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Panes y peces presupuestarios

En su momento de mayor gloria político-electoral (correspondiente a los gobiernos de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín) Coalición Canaria protagonizó una reactualización del secular pacto entre las élites políticas canarias y el Estado español: a cambio de lealtad institucional ventajas presupuestarias, legislativas o fiscales, a lo que se sumaba la renta de situación que suponían los fondos de la Unión Europea. La progresiva debilitación electoral de los coalicioneros (han pasado de cuatro diputados en los noventa a un solitario escaño) y el cambio del ecosistema político español desdibujaron ese papel. El grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados representaba un instrumento político de orden estratégico y sus escenificaciones y frutos legitimaban al peculiar y muy pragmático nacionalismo de CC. Quizás por eso, después de  dos legislaturas y media de atonía pactista, y al encontrarse Mariano Rajoy urgido por articular una mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar los presupuestos generales del Estado, Coalición se ha apresurado a proclamar que el proyecto de Cristóbal Montoro es “magnífico” para los intereses de Canarias, y aun más, que se trata de unos presupuestos “históricos”, porque por primera vez se cumple con que la inversión en la Comunidad autonómico llegue a la media española por habitante. Montoro ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, su REF sacramentalmente seccionado del sistema de financiación autonómica, su condición insular, su origen volcánico, la sabrosura del mojo, la originalidad de las letras de las murgas y la temperatura primaveral de nuestros luminosos inviernos.

El entusiasmo de CC por el proyecto de ley presupuestario es tal vez comprensible, pero imprudente. El PNV está a punto de cerrar un acuerdo con Rajoy, que incluye ventajosas reformas y renovadas garantías respecto al cupo vasco, no revisado desde 2007, que se elevan a un monto superior a los 1.600 millones de euros, y el señor José Eskoreka no se ha puesto de llorar de emoción ni ha agradecido al Gobierno central la generosidad de haber redimido a Euzkadi. Pontificar solemnemente que “Madrid cumple”, aunque se suponga que es gracias a la perseverancia negociadora de CC, deviene simplemente coronar al PP como la fuerza política más comprometida con las islas. Así Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional corre el riesgo de que Asier Antona lo califique maliciosamente – y así lo ha hecho — como “el mejor delegado del Gobierno de España en Canarias”. Es difícil imaginar a un nacionalista recibir un (envenenado) piropo semejante.

Y también es una imprudencia (o una cierta insensibilidad ante el cambio de clima político) considerar que apoyar a Mariano Rajoy en medio de la gusanera vomitiva de la corrupción – que en sí misma supone un ataque en toda regla al sistema democrático – será ampliamente comprendido porque Canarias va a disponer de unos 220 millones de euros más para su financiación en la segunda mitad del año en curso. Entre 1995 y 2010, aproximadamente, esta comunidad dispuso de muchos miles de millones de las antiguas pesetas para sostener la actuación del Plan Integral de Empleo o para alimentar el siempre hambriento Plan de Carreteras, y después de semejante maná presupuestario, el desempleo sigue situado por encima del 25% de la población activa, el paro juvenil sobrepaso y la productividad no deja de caer, y la precariedad crece y los salarios no se recuperan, y el consumo interno apenas se levanta temblequeante. El 43% de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo. Los ciudadanos isleños se han vuelto muy razonablemente escépticos sobre los efectos taumatúrgicos de las negociaciones presupuestarias.

Los ciudadanos isleños, al igual que los del resto de las comunidades autonómicas, han visto recortados sus derechos laborales, han caído en un precariado laberíntico, han sufrido el mantenimiento o incremento de la presión fiscal, han comprobado el desprecio brutal –cuando no la beligerancia  — del Gobierno conservador contra la libertad de expresión, han padecido las consecuencias del estrangulamiento de la financiación de los servicios sanitarios y asistenciales, han levantado acta de defunción de la ley de Dependencia, han perdido becas o se han debido a resignar a abandonar proyectos de investigación científica y tecnológica porque no les soltaban un duro, y se les antoja sumamente improbable que estas circunstancias – y las decisiones políticas que las han creado – cambien en lo principal porque la Comunidad canaria mejore sustancialmente su financiación. No se trata de negar la importancia de los fondos conseguidos para las islas en el proyecto presupuestario, sino de alertar sobre el mecanicismo implícito en la suposición de que el incremento de recursos financieros deriva venturosamente hacia la satisfacción de los intereses generales y la prosperidad económica. Una estrategia económica nunca funciona con piloto automático. En todo caso la batalla interminable (y publicitada hasta la náusea) por la mejora de las asignaciones presupuestarias a cargo del Gobierno central debería estar inserta en una estrategia coherente, flexible y abierta que – no estaría mal leer y escuchar a economistas como el profesor José Ángel Rodríguez – descarte éxitos del pasado, como la construcción desaforada y la promoción inmobiliaria, evite improvisaciones aguijoneadas por urgencias,  seleccione programas, acciones e iniciativas de carácter estructurante en el sistema económico canario, identificando servicios y productos con efectos multiplicadores y promueva el arraigo de prácticas orientadas a desarrollar  redes asociativas y de cooperación. Los objetivos no son demasiado discutibles: crear empleo de calidad, estimular actividad empresarial que genere valor añadido, levantar la productividad, recuperar la cohesión social, emprender reformas educativas inaplazables, introducir nuevos criterios de profesionalidad y rentabilidad en las administraciones públicas para conseguir mayor eficacia y eficiencia, atraer recursos públicos y privados a las universidades y al desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación, avanzar para una implementación de un auténtico mix de energías alternativas en el archipiélago.

Coalición no está apoyando los presupuestos de un Gobierno moderado y auroral como era el de José María Aznar en 1996, al que su entonces portavoz en la Cámara Baja, José Carlos Mauricio, llegó a advertir “estaremos vigilantes para que no abandonen el camino del centro político y la negociación”. Está avalando con su voto a un Gobierno abierta y activamente derechista, que ha practicado una dolorosa devaluación interna desde una concepción patrimonial de las administraciones públicas y una voluntad inequívoca de rechazar la aconfesionalidad del Estado y sustituirla por una redivida cultura nacionalcatólica.  Las pruebas de una corrupción cuasiestructural en el seno del PP – muchos de cuyos dirigentes han funcionado como cuadrillas extractivas de las arcas públicas – se suceden diariamente: detenciones, registros domiciliarios, investigaciones policiales, procesamientos, declaraciones escandalosas, encarcelamientos.  Se trata de una honda crisis política que puede llegar a desembocar en una crisis de Estado. Y la gente suele construir sus interpretaciones – y reaccionar emocionalmente – por lo que ve  y nota cotidianamente en su piel, no por lo que es incapaz de ver: esos cientos de millones que llegan en la oronda panza de los presupuestos generales del Estado, la dorada llave de una felicidad inimaginable pero siempre postergada.

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