REF

Torpeza y cobardía

El otro día, en una playa cerca de Tarfaya, un agente de la gendarmería marroquí mató de un balazo a una mujer que estaba a punto de embarcar en una patera con rumbo a Canarias. No sé si esta es la eficacia de Marruecos como gestor fronterizo que reclaman algunos. En todo caso es una prueba indirecta y atroz de que el gobierno de Rabat se está esforzando de verdad por cumplir con sus compromisos según la alianza negociada entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, sin molestos gobiernos o parlamentos por  medio. No es sencillo.  En las mafias que organizan los ataúdes flotantes o que les conceden paso franco están implicadas – sin duda – unas autoridades y fuerzas del orden que en Marruecos prosperan instaladas en una corrupción sistémica. Las policías que se vigilan a sí mismas no suelen resultar eficaces, aunque maten mucho. Sin duda los gendarmes marroquíes matarán más en los próximos meses y años, pero no significan que sean más eficaces en los términos que espera el Gobierno español a cambio de admitir (y aplaudir) la soberanía de Mohamed VI sobre el Sáhara.

Ahora se adecúa para su próxima apertura el centro de Las Canteras, en el término municipal de La Laguna. Lo llenarán de migrantes como en otras ocasiones: bocadillos, botellines de agua, camastros como lápidas y un par de duchas. Algo perfectamente previsible. Se me antoja asombroso que todavía se escuche la exigencia de una política migratoria en España. Ya existe y ha sido reforzada por el giro promarroquí de Sánchez y sus palmeros. Canarias es frontera sur de España y su destino es servir de contención, de centro logístico y de plataforma para la repatriación –en frío o en caliente – de los africanos desesperados. Para que en ningún caso lleguen a la Península.  Entre los diversos centros e instalaciones disponibles el Ministerio del Interior estima que dispone de capacidad para mantener unas 5.000 migrantes de origen irregular en las islas. Sobre esa cifra máxima trabaja la delegación del Gobierno central: deben agilizarse las expulsiones para no llegar a ella. Mientras tanto el Gobierno de Canarias mira hacia otro lado y silba alguna melodía cargada de melancolía y solidaridad.

Cada vez que en el Parlamento se critica esta terrible situación – miles de ahogados todos los años intentando llegar a nuestras costas, miles de repatriados, incluidas mujeres, niños y adolescentes que son devueltos al hambre, a la inseguridad o a la guerra – el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, pregunta melodramáticamente a la oposición: “¿Cree usted que el Gobierno canario es responsable del fenómeno migratorio, cree usted que si yo dimitiera no saldría de África ninguna patera?”. Es una forma perversa de desactivar el debate. No, el Gobierno autonómico no es el responsable del fenómeno migratorio – que se intensará en los próximos años y lustros por las plagas, las devastadoras sequías y otros horrores propiciados por el cambio climático y la desintegración de Estados fallidos. Pero es corresponsable de la atención decente a las necesidades básicas de los migrantes y también de exigir al Gobierno español que modifique su política y no opte por la feroz bunkerización que seduce a toda Europa y que está destinada al fracaso. Es una obligación moral que repercute en la estabilidad y cohesión de nuestra sociedad insular: que se abra una vía de acceso a España y su mercado laboral a un amplio cupo anual de migrantes, regularizar su situación, firmar o renovar acuerdos de cooperación con los gobiernos subsaharianos. Es tan necesaria y urgente esta reclamación como las relacionadas con la aplicación del Estatuto de Autonomía o el cumplimiento puntillloso del REF. Mantener esta pasividad es una crueldad miserable para con los migrantes y una torpeza política, miope y cobarde, de la que nos lamentaremos amargamente.

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Sin prisas ni vergüenza

Como sin duda soy un irresponsable  creo que la presencia físico-química del consejo Julio Pérez y la telemática del letrado José Miguel Ruano en las reuniones técnicas preparatorias de las cumbrecitas entre España y Marruecos con el objetivo de delimitar las aguas territoriales dentro de un par de siglos no sirve absolutamente para nada. Y esa patente insignificancia pone en solfa una aseveración repetida incesantemente desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018: un salto cualitativo  de autogobierno que supone la nueva norma y que el profesor (y eurodiputado) Juan Fernando López Aguilar definió en un artículo académico como “un enérgico avance en materia de cantidad e intensidad para el autogobierno canario”. Lo cierto es que esta legislatura se ha decidido ignorar prácticamente todas las nuevas oportunidades competenciales que ofrece el EAC del 2018. Contra la insistente y ya cansina propaganda de los psocialistas isleños, la coincidencia de un mismo partido en los gabinetes de España y Canarias no garantiza en absoluto un mejor entendimiento político, ni siquiera cierto respeto institucional como demuestra el eterno atasco del convenio de carreteras, el retraso burlesco de la transferencia de las competencias en costas o la decisión del Parlamento de llevar al Tribunal Constitucional mezquinas y estúpidas agresiones al Régimen Económico y Fiscal.

Todo esto es un pantomima indigesta en la que resulta penoso ver participar a  Julio Pérez por sentido de partido y a José Miguel Ruano por sentido del deber. Canarias no participa en las negociaciones – como desvergonzadamente ha llegado afirmar Ángel Víctor Torres – sino que asiste como oyente en una reunión de preparación de las mismas. Por supuesto, cabe añadir que reuniones como en la que ha participado Pérez se han celebrado otras, pero ahí estaba el consejero de Administraciones Públicas, que sirve para una portavocía, para un barrido de oposiciones o para un fregado de hipocresía supurante. Es que resulta imposible no imaginarse la situación con Pérez tomando asiento en la mesa y sonriendo  todo el mundo.

–¿Y ese?

–Es canario.

–Coño. Igual nos consigue un apartamento en Fuerteventura para agosto, que ya no encuentro nada. Hola, hola. Encantado.  A mí me gusta el mojo. Mojo picón. La rica salsa canaria se llama mo-jo pi-cón…

–Buenos días, Julio, Julio.

–El apartamento no lo quiero para julio, sino para agosto…

–Déjalo ya. No te escucha. El ministro le pidió que se pusiera tapones en los oídos.

–¿Y se los puso?

–Antes de que el ministro terminara de pedírselo.

–Que listo es la mosquita muerta. El apartamento en Fuerteventura, para él…

Para terminar de sincerarnos, es altamente improbable que Marruecos tenga una voluntad negociadora clara, pero si dispone de un objetivo cristalino: sacar todo lo posible, alternados putadas infectas con gestos amistosos, mientras se desarrolla una negociación sempiterna, inconclusa, palabrera. Ahora que el Gobierno socialista ha externalizado la vigilancia de las fronteras de Ceuta y Melilla en manos de una gendarmería implicada, como varios ministerios marroquíes, en el tráfico de seres humanos hambrientos y aterrorizados, una gendarmería que resuelve bien las cosas matando, hiriendo y torturando, Rabat no tiene ninguna prisa por negociar nada. Ni Julio Pérez en dejar de sonreír. Ni Pedro Sánchez o Ángel Víctor Torres en condenar una matanza.     

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La carta de Miguel Strogoff

Uno de los escasos ataques de ofuscamiento que se ha permitido el presidente Ángel Víctor Torres – un político habitualmente tranquilo, templado y paciente —  ha tenido su detonante en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre  la ley 11/2021 de 9 de julio que pulverizaba el diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales desarrolladas en el archipiélago. No es que al presidente le pareciera mal el fallo, un fallo que establecía que se había vulnerado el REF,  pero ocurre que en el texto de la sentencia el abogado del Estado personado en este caso afirma explícitamente que el Gobierno de Canarias no solicitó activar la comisión bilateral Canarias-Estado para abrir un diálogo sobre la diferencia entre ambas partes y solventarla si mediaba un acuerdo. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, publicitó parte de la sentencia en Twitter, subrayando irónicamente la observación del abogado del Estado. Se produjo un pequeño rifirrafe en la red social y el sarcasmo  de Barragán fue muy retuiteado. A Torres le repateó considerablemente el asunto. Lo consideró prácticamente un insulto, además de una mentira. Yo entiendo a Torres. Creo que cree sinceramente que es una mentira. Y eso es lo peor de todo.  

Presidencia del Gobierno remitió hace unos días a numerosos medios de comunicación y periodistas copia de la carta que el primero de julio de 2021 remitió el jefe del Ejecutivo canario a Miquel Iceta, entonces ministerio de la Presidencia, como prueba evidente y autoconclusiva de que Torres había solicitado la activación de  la Comisión Bilateral. Ya circula por internet y pueden ustedes consultarla. No carece de interés. En su penúltimo párrafo, en efecto, Torres solicita la convocatoria urgente de la comisión, siempre como resultado del informe desfavorable del Parlamento de Canarias. En ese sentido el presidente narra escrupulosamente los hechos como un testigo imparcial que transmite una noticia, sin añadir una coma sobre la posición de su propio Gobierno. Más que un presidente que está ejerciendo una potestad reconocida por el Estatuto de Autonomía de 2018, Torres actúa como una suerte de intermediario postal entre la Cámara regional y el Gobierno central, sin que esté absolutamente injustificada la inferencia de cierta resignación presidencial ante la contumacia del parlamento.

La carta, como se ha dicho, se remitió a principios de julio. No fue hasta el 17 de septiembre cuando se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se anuncia que la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado ha adoptado el acuerdo (¿dónde, cuándo?) de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitada” para lo cual “se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda”.  Y ahí –mientras seguía vigente la normativa legal de la discordia — embarrancó el proceso y nunca más se supo, pese a las preguntas que formuló al respecto la diputada nacionalista Socorro Beato. Ciertamente la situación de los descuentos fiscales a la producción audiovisual en Canarias se corrigió en buena medida después a través de otros cauces y espacios de diálogo. Pero sería temerario concluir que fue gracias al Gobierno autonómico. Fue el Parlamento quien emitió un informe negativo y quien interpuso, con el trabajo de sus letrados, un recurso exitoso ante el Constitucional. El Gobierno no hizo nada. El presidente, salvo su breve actuación como Miguel Strogoff en su carta del pasado julio, no destacó precisamente por su defensa de la integridad del REF y, en general, de los intereses canarios en esta coyuntura, como en algunas otras.  Es lo que Ángel Víctor Torres, desde su desquebrajada bonhomía, no coincide entender. Para él lo que ha hecho resulta, dentro de la tradición del PSOE canario de subordinación estricta a Ferraz y a La Moncloa, casi un acto de heroísmo. Para los que no militan en las filas socialistas, en cambio, Torres solo actuado como un notario y su eficacia política ha sido lenta, complaciente e insuficiente.    

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Crónica parlamentaria. Hemos conseguido la unidad, perros

 

NC rechaza la decisión de la junta de gobierno de la FEMP para usar el...

Aunque el presidente de la Cámara, el siempre paciente Gustavo Matos, propuso las once de la mañana para comenzar el brevísimo pleno parlamentario de ayer, eso no convenció a muchas de sus señorías, a las que fastidiaba lo indecible eso de acercarse a la calle Teobaldo Power para tan corto trámite. De esta manera se abrió barra libre a la asistencia telemática, es decir, a quedarse en casa y conectarse por internet a semejante coñazo. Matos abrió la sesión explicando que la situación de la covid había llevado a varios diputados a participar on line en el pleno. Pero si uno pasaba lista de los ausentes encontraba incluso a diputados tinerfeños parpadeando en el zoom. Es un tendencia peligrosa que sus señorías decidan si asistir o no al pleno consultando solo a su real gana. Porque resulta enervante que los diputados actúen como si la democracia representativa pudiera ser un ejercicio no presencial mientras el Gobierno autónomo envía a los alumnos – desde Primaria a la Universidad – a asistir a clases. Sin olvidar que los alumnos no cobran nada mientras los diputados son  generosamente retribuidos con unos sueldos y dietas que se fijan objetiva y responsablemente a sí mismos.

Primero se debatió el informe que debería emitir la Cámara por las modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal incluidas  en el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico, que tiene su matriz en un real decreto ley del pasado 29 de diciembre. Es la enésima gracia rapajolera de doña María Jesús Montero hacia Canarias y su Parlamento  y su disposición final tercera encontró el respaldo de la mayoría parlamentaria. Sin embargo – y esto es bastante gracioso – la segunda disposición final también modifica el REF –aunque al respecto no se consulte a la asamblea canaria – porque viene a ampliar la vigencia de la Reserva de Inversiones (RIC) hasta este año, sin considerar el maremoto económico de 2020.

Sin embargo, asombrosamente, los mismos grupos (psocialistas, neocanarios, podemistas y curbelistas, más el añadido de Ricardo Fernández de la Puente Armas, cuyos apellidos podrían constituir  una mayoría entera) habían solicitado la pasada semana a la Mesa un recurso para que no se debatiera la propuesta de informe de Coalición Canaria, apoyada por el PP, para transmitirle al Ministerio de Hacienda que se ampliará hasta diciembre de 2022 la Reserva de Inversiones. Que durante una semana se estuviera “negociando” al respecto para luego incluir en el informe parlamentario la ampliación de la RIC durante doce meses más –tal y como habían planteado los coalicioneros – es indicativo del errático despiste que se vive casi cotidianamente en el seno de la mayoría gubernamental. Y no se trata tanto de diferencias sustanciales de criterio – por más que hayan sido NC y la ASG los que finalmente transmitieron al PSOE que lo de solicitar la ampliación de la RIC no era una mala idea – sino simplemente de trabajo cotidiano entre los grupos de la mayoría, que operan casi siempre al remolque de las necesidades normativas del Ejecutivo. Mayoritariamente van a cubrir el expediente, cuando no se sulfuran por alguna pequeña maldad coalicionera o pepera, como suele ocurrirle a María Esther González, diputada enérgica y trabajadora, pero carente de cualquier sentido de la ironía, que le afeó a la portavoz de CC, Rosa Dávila, que hubiera llamado a Nueva Canaria “los coros y danzas del PSOE”, cuando teniendo en cuenta los cuatro diputados que apenas alcanzan los compañeros de Román Rodríguez, es casi un elogio. González, con irritación mal contenida, explicó por enésima vez lo importante que es Nueva Canarias y insistió mucho en que Ana Oramas no hace nada en el Congreso de los Diputados y después de su arenga se marchó a respirar un rato. Es muy duro estar en el Gobierno, tú.

La unanimidad, en fin, fue casi completa. Faltó Sí Podemos Canarias. El venerable Manuel Marrero explicó que  su partido no estaba contra la Reserva de Inversiones como concepto abstracto y hasta si me apuran metafísico, tal y como ha asegurado en otras ocasiones, pero que no tienen más remedio que rechazarla en su forma actual. El honesto y plúmbeo sonsonete de Marrero siempre me recuerda al abad de La venganza de Don Mendo:

Abad: Caballeros, escuchad.

Gustavo Matos: Escuchad/ que habla el abad.

Abad: Un consejo permitid,/en nombre de la piedad/ de la que soy adalid/como abad y por mi edad

Lo que quiere Marrero con toda el alma es que los (malvados) empresarios que se acojan a la RIC tengan como requisito previo que se comprometan a crear puestos de trabajo. Y lo que nunca ha concretado Sí Podemos Canarias es una propuesta que defina y describa técnicamente tal compromiso. ¿Bastaría una declaración jurada del interesado? ¿Tendría el (malvado) empresario que comprometerse a contratar a un número determinado de trabajadores y cómo se calcularía? Vaya usted a saber si algún día se podrá saber. Uno sospecha que no y que el argumento de Podemos es, sobre todo, una estratagema para no comprometerse con el REF, por el que sienten una alergia incontrolable. Les suele pasar con todo aquello que evidencia la puñetera y arriscada complejidad del mundo.

Coalición y Partido Popular agradecieron a la mayoría parlamentaria y al Gobierno “que hayan rectificado”, con mucho sentimiento primero y un satisfecho sarcasmo después. PSOE y Nueva Canarias celebraron la unidad pero la salpicaron de hostias verbales. Iñaki Lavandera, con su habilidad retórica y su rostro marmóreo habitual asignó el éxito del informe  a los socialistas. Si no le hubieran inventado Lavandera tendría que existir. Reprochó a coalicioneros y conservadores que aprovechasen el debate para hablar de asuntos ajenos al objeto del mismo y acto seguido recordó los ERTE, los cientos de millones concedidos a pymes y autónomos y otros portentosos milagros de San Pedro, el custodio de las llaves del cielo.

La segunda parte del pleno fue aún más fugaz. La mayoría gubernamental se limitó a retirar de facto un decreto ley y así ampliar el plazo de aplicación del tipo cero en el IGIC a la importación o entrega de bienes para combatir los efectos de la pandemia. Así se unificó su regulación en estos casos. El pleno había durado menos de hora y media y había todo el tiempo del mundo para un desayuno tardío  o un almuerzo temprano: la democracia sentimental – y los decretos del Ministerio de Hacienda — lo polariza todo.

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Crónica parlamentaria Pensando en La Palma

 

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A alguien se le ocurrió ayer  manufacturar unos lazos verdes – un tanto menesterosos – para que sus señorías los pudieran lucir como recordatorio del martirio de lava que sufre La Palma desde el pasado domingo y que nadie sabe cuándo acabará. Por supuesto la sesión plenaria comenzó con una declaración institucional que leyó el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, para recordar que en este momento todas las islas canarias son La Palma. Fue lo mejor del día y apenas duró dos minutos minutos. Pero La Palma, su volcán y sus ocho bocas de fuego, atravesó en realidad todo el pleno extraordinario. El pleno ordinario, que habría que haberse celebrado acto seguido, fue pospuesto por decisión de la Mesa. Por supuesto, por motivo de la angustiosa calamidad volcánica. Los diputados palmeros –algunos son también son alcaldes –se quedaron en su isla, aunque uno no alcanza a entender exactamente sus razones. Un diputado –salvo si también es alcalde, precisamente – no sirve para nada contra el fuego. Pero la presión hacia el turismo de hecatombe indescriptible y lágrima portátil es muy fuerte. Algunas habían apostado porque la Mesa de la Cámara volara hacia La Palma en la tarde de ayer, pero la subyugante ocurrencia no llegó a cuajar gracias a la mesura de Matos. También las lenguas bífidas chismorreaban que Román Rodríguez intentaba meter cabeza en una visita relámpago, espoleado por Miguel Ángel Pulido, presidente de NC en La Palma al que le inventaron una dirección general hace un par de años para que pudiera oler sin problemas los efluvios de Varón Dandy del vicepresidente. En todo caso hoy, miércoles desembarcará en La Palma Pablo Casado, niño factótum del Partido Popular, no solo porque en la isla haya estallado una erupción, sino porque el presidente del Cabildo Insular, Mariano Hernández, es militante del PP y autor de una frase que podrían suscribir al alimón Stephen King y Leticia Sabater: “Vamos a atender a la totalidad de las demandas de los vecinos en esta terrible catástrofe, porque en estos difíciles y comprometidísimos momentos dramáticos tenemos que estar, más que nunca, supercerca de los vecinos”. Supercerca, tío, me siento más seguro y más guay, por algo te llamas Mariano. Casado rodeado de palmeros es algo que ocurre a diario, pero está vez contará con María Australia Navarro (más) a la derecha y Poli Suárez (un fisquito) a la izquierda acompañados por todos los concejales conservadores imaginables. Cabe esperar que ninguno le cuente que en La Palma el PP cogobierna con el PSOE, porque igual desfallecer su corazón de doliente doncel.

Para el jueves, en fin, está prevista la visita del Rey, y hay quien piensa que la capacidad de carga de la isla puede verse seriamente comprometida por el número de cargos públicos atraídos como moscas a la miel dorada de la Jefatura del Estado. Sin duda el presidente Ángel Víctor Torres seguirá ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, con Anselmo Pestana a la derecha, enseñándole mapas y vídeos y memes graciosos, porque Pestana es el poncio más simpaticón desde Carlos Arias Navarro, y Jorge González a su izquierda, comiéndose una caja de marquesotes por pura angustia. Don Felipe VI, con Ángel Víctor Torres recitando la lista de los reyes godos a su izquierda y Gustavo Matos las alineaciones del Real Madrid a su derecha, muy probablemente abandone la isla al anochecer del mismo jueves. En las últimas 24 horas la preocupación ha crecido en Presidencia del Gobierno porque se vislumbra una crisis larga y de consecuencias imprevisibles para la sociedad y la economía de La Palma. En un principio se contaba con una violencia volcánica gestionable y que solo duraría entre quince y treinta días. Esas predicciones se han retirado y los científicos son ahora mismo más prudentes: las aseveraciones han sido desplazadas por los circunloquios, un puñado de certidumbres por un montón de hipótesis.  Ahora mismo (y durante mucho tiempo) la prioridad es la seguridad física de los vecinos de las áreas afectadas, no, obviamente, la conservación de sus casas, fincas o haciendas, porque la única defensa posible frente a un volcán en erupción en correr con el mínimo equipaje la máxima distancia posible desde el foco de las llamas. En las primeras horas se denunció el desprecio de las televisiones privadas españolas por la erupción: qué añoranza. Ahora mismo en La Palma se agita un carnaval de equipos de televisión y famosos y famosetes – Fraganillo, Piqueras y otros genios del periodismo catastrófico  — que hacen a menudo el imbécil acercándose a pocos metros de las coladas de lava o subiéndose a un helicóptero como un boina verde de la noticia.  La lava del Teneguía, hace medio siglo, era algo más rápida y traidora por el mismo desnivel del terreno; la del nuevo volcán es más lenta, desde luego, pero parece tomarse su tiempo, con una cruel y detenida paciencia, para aplastar, carbonizar y destruir todo a su paso.

El contenido del pleno se dilucidó en poco más de hora y media. La Cámara debería emitir informe sobre el proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural actualmente en el Senado. Las fuerzas parlamentarias que apoyan al Ejecutivo – PSOE, NC, Podemos y ASG – presentaron un informe y la oposición (CC, PP y Grupo Mixto) presentó otro. De nuevo el diferencial de la tributación al fisco de los rodajes de producciones audiovisuales en Canarias. Se volvió a certificar la extrema irritación de la mayoría –pero muy singularmente del PSOE – por esa testaruda voluntad nacionalista de tener su propio análisis y su propia propuesta, en lugar de votar con el Gobierno, que es lo más inteligente, lo más progresista y lo más patriótico. Es realmente extraño. El PSOE gobierna o cogobierna Canarias, la mayoría de los Cabildos y más de la mitad de los ayuntamientos isleños y, sin embargo, les molesta sobremanera un discurso que no sea el suyo y cualquier conato de disidencia o desacuerdo se eleva a un rasgo de maldad, estupidez, traición de lesa patria o electoralismo. Y falta todavía más de año y medio de legislatura.

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