REF

Crónica parlamentaria Pensando en La Palma

 

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A alguien se le ocurrió ayer  manufacturar unos lazos verdes – un tanto menesterosos – para que sus señorías los pudieran lucir como recordatorio del martirio de lava que sufre La Palma desde el pasado domingo y que nadie sabe cuándo acabará. Por supuesto la sesión plenaria comenzó con una declaración institucional que leyó el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, para recordar que en este momento todas las islas canarias son La Palma. Fue lo mejor del día y apenas duró dos minutos minutos. Pero La Palma, su volcán y sus ocho bocas de fuego, atravesó en realidad todo el pleno extraordinario. El pleno ordinario, que habría que haberse celebrado acto seguido, fue pospuesto por decisión de la Mesa. Por supuesto, por motivo de la angustiosa calamidad volcánica. Los diputados palmeros –algunos son también son alcaldes –se quedaron en su isla, aunque uno no alcanza a entender exactamente sus razones. Un diputado –salvo si también es alcalde, precisamente – no sirve para nada contra el fuego. Pero la presión hacia el turismo de hecatombe indescriptible y lágrima portátil es muy fuerte. Algunas habían apostado porque la Mesa de la Cámara volara hacia La Palma en la tarde de ayer, pero la subyugante ocurrencia no llegó a cuajar gracias a la mesura de Matos. También las lenguas bífidas chismorreaban que Román Rodríguez intentaba meter cabeza en una visita relámpago, espoleado por Miguel Ángel Pulido, presidente de NC en La Palma al que le inventaron una dirección general hace un par de años para que pudiera oler sin problemas los efluvios de Varón Dandy del vicepresidente. En todo caso hoy, miércoles desembarcará en La Palma Pablo Casado, niño factótum del Partido Popular, no solo porque en la isla haya estallado una erupción, sino porque el presidente del Cabildo Insular, Mariano Hernández, es militante del PP y autor de una frase que podrían suscribir al alimón Stephen King y Leticia Sabater: “Vamos a atender a la totalidad de las demandas de los vecinos en esta terrible catástrofe, porque en estos difíciles y comprometidísimos momentos dramáticos tenemos que estar, más que nunca, supercerca de los vecinos”. Supercerca, tío, me siento más seguro y más guay, por algo te llamas Mariano. Casado rodeado de palmeros es algo que ocurre a diario, pero está vez contará con María Australia Navarro (más) a la derecha y Poli Suárez (un fisquito) a la izquierda acompañados por todos los concejales conservadores imaginables. Cabe esperar que ninguno le cuente que en La Palma el PP cogobierna con el PSOE, porque igual desfallecer su corazón de doliente doncel.

Para el jueves, en fin, está prevista la visita del Rey, y hay quien piensa que la capacidad de carga de la isla puede verse seriamente comprometida por el número de cargos públicos atraídos como moscas a la miel dorada de la Jefatura del Estado. Sin duda el presidente Ángel Víctor Torres seguirá ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, con Anselmo Pestana a la derecha, enseñándole mapas y vídeos y memes graciosos, porque Pestana es el poncio más simpaticón desde Carlos Arias Navarro, y Jorge González a su izquierda, comiéndose una caja de marquesotes por pura angustia. Don Felipe VI, con Ángel Víctor Torres recitando la lista de los reyes godos a su izquierda y Gustavo Matos las alineaciones del Real Madrid a su derecha, muy probablemente abandone la isla al anochecer del mismo jueves. En las últimas 24 horas la preocupación ha crecido en Presidencia del Gobierno porque se vislumbra una crisis larga y de consecuencias imprevisibles para la sociedad y la economía de La Palma. En un principio se contaba con una violencia volcánica gestionable y que solo duraría entre quince y treinta días. Esas predicciones se han retirado y los científicos son ahora mismo más prudentes: las aseveraciones han sido desplazadas por los circunloquios, un puñado de certidumbres por un montón de hipótesis.  Ahora mismo (y durante mucho tiempo) la prioridad es la seguridad física de los vecinos de las áreas afectadas, no, obviamente, la conservación de sus casas, fincas o haciendas, porque la única defensa posible frente a un volcán en erupción en correr con el mínimo equipaje la máxima distancia posible desde el foco de las llamas. En las primeras horas se denunció el desprecio de las televisiones privadas españolas por la erupción: qué añoranza. Ahora mismo en La Palma se agita un carnaval de equipos de televisión y famosos y famosetes – Fraganillo, Piqueras y otros genios del periodismo catastrófico  — que hacen a menudo el imbécil acercándose a pocos metros de las coladas de lava o subiéndose a un helicóptero como un boina verde de la noticia.  La lava del Teneguía, hace medio siglo, era algo más rápida y traidora por el mismo desnivel del terreno; la del nuevo volcán es más lenta, desde luego, pero parece tomarse su tiempo, con una cruel y detenida paciencia, para aplastar, carbonizar y destruir todo a su paso.

El contenido del pleno se dilucidó en poco más de hora y media. La Cámara debería emitir informe sobre el proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural actualmente en el Senado. Las fuerzas parlamentarias que apoyan al Ejecutivo – PSOE, NC, Podemos y ASG – presentaron un informe y la oposición (CC, PP y Grupo Mixto) presentó otro. De nuevo el diferencial de la tributación al fisco de los rodajes de producciones audiovisuales en Canarias. Se volvió a certificar la extrema irritación de la mayoría –pero muy singularmente del PSOE – por esa testaruda voluntad nacionalista de tener su propio análisis y su propia propuesta, en lugar de votar con el Gobierno, que es lo más inteligente, lo más progresista y lo más patriótico. Es realmente extraño. El PSOE gobierna o cogobierna Canarias, la mayoría de los Cabildos y más de la mitad de los ayuntamientos isleños y, sin embargo, les molesta sobremanera un discurso que no sea el suyo y cualquier conato de disidencia o desacuerdo se eleva a un rasgo de maldad, estupidez, traición de lesa patria o electoralismo. Y falta todavía más de año y medio de legislatura.

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Las nuevas especificidades

Leo que el próximo sistema de financiación autonómica “mimará” las especificidades canarias. Eso está muy bien. Las especificidades descienden en línea directa – no conceptualmente, pero sí como estrategia económica y de legitimación del bloque de poder en Canarias– de las peculiaridades que defendían los puertofranquistas a mediados del siglo XIX. Hay que proclamar bien alto las especificidades que dios o el diablo nos dieron y así figuran en lo más alto de la agenda política regional. Las especificidades canarias son un emblema: la versión local del santo grial que hay que arrancar de las manos de los sarracenos. Desde luego, no es muy inteligente negar su importancia, pero ha llegado el tiempo de atender a las especificidades que se han consolidado en Canarias en las últimas décadas: un alto desempleo estructural que en los mejores coyunturas no ha bajo del 10% de la población activa, una productividad vegetativa y en picado, un universo empresarial fragmentado en miles de pequeñas o diminutas empresas, una actividad económica con bajísima creación de valor añadido, una desigualdad de rentas creciente, una internacionalización puno menos que frustrada, una situación medioambiental que emite señales preocupantes de degradación. Ciertamente se han creado servicios educativos, sanitarios y asistenciales que solo disfrutan un pequeño grupo de países europeos pero, por lo dicho anteriormente, su sostenibilidad financiera resulta muy cuestionable, y los signos de colapso ya se antojan abrumadores.
Desempleo crónico, inversión ridícula en I+D+I, desigualdad creciente, ineficacias e ineficiencias de empresas liliputienses, estrategias insuficientes o errátiles de incorporación a la globalización económica. Todas esas debilidades y rasgos disruptivos llevan tanto tiempo con nosotros que ya pueden considerarse  las nuevas especificidades canarias. Las que deben analizarse y resolverse. Las que deberían priorizarse en la agenda política del país. El REF – incluso en la peculiar transformación que ha sufrido en su última reforma – es un medio que parece haberse transformado en un fin, al igual que las subvenciones y ayudas de Estado. A riesgo de repetir una obviedad, el nuevo REF, las inversiones presupuestarias, las subvenciones al transporte, en fin, no son una política económica, no deben ni pueden suplantar el lugar – ni en el discurso ni menos aun en la gestión – de una política económica. Esta asombrosa costumbre tribal de luchar heroicamente por el acervo económico y fiscal de Canarias, según la expresión ritual más sagrada, con la convicción de que bastará con esperar su benéfico efecto en el tejido económico de las islas, conduce inevitablemente a la melancolía, al fracaso lastimado, a un menesteroso balneario turístico que nos mató el hambre pero que ahora puede matarnos el futuro. Un instrumento como la Reserva para Inversiones, por ejemplo, contribuyó al apalancamiento financiero de empresas, pero no a su crecimiento, ni a su mejora organizativa y tecnológica, ni a la creación de empleo, contribuyendo, en cambio, a la brutal acumulación del ladrillo de finales del siglo XX y  principios del XXI.
Pero no existe una revisión crítica y basada en la evidencia empírica de los éxitos y fracasos de esta deriva basada en especificidades salvíficas, programas de inversión y subvenciones a granel. Vivimos enterrados hasta los ojos en una inercia mental e intelectual que a una élite empresarial básicamente extractiva le viene magníficamente bien. En vez de mimar tanto a las viejas especificidades habría que tratar con más respeto y atender con más eficacia a los problemas que estrangulan nuestro desarrollo y amenazan con seguir abaratando y afantasmando el sistema democrático.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Panes y peces presupuestarios

En su momento de mayor gloria político-electoral (correspondiente a los gobiernos de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín) Coalición Canaria protagonizó una reactualización del secular pacto entre las élites políticas canarias y el Estado español: a cambio de lealtad institucional ventajas presupuestarias, legislativas o fiscales, a lo que se sumaba la renta de situación que suponían los fondos de la Unión Europea. La progresiva debilitación electoral de los coalicioneros (han pasado de cuatro diputados en los noventa a un solitario escaño) y el cambio del ecosistema político español desdibujaron ese papel. El grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados representaba un instrumento político de orden estratégico y sus escenificaciones y frutos legitimaban al peculiar y muy pragmático nacionalismo de CC. Quizás por eso, después de  dos legislaturas y media de atonía pactista, y al encontrarse Mariano Rajoy urgido por articular una mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar los presupuestos generales del Estado, Coalición se ha apresurado a proclamar que el proyecto de Cristóbal Montoro es “magnífico” para los intereses de Canarias, y aun más, que se trata de unos presupuestos “históricos”, porque por primera vez se cumple con que la inversión en la Comunidad autonómico llegue a la media española por habitante. Montoro ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, su REF sacramentalmente seccionado del sistema de financiación autonómica, su condición insular, su origen volcánico, la sabrosura del mojo, la originalidad de las letras de las murgas y la temperatura primaveral de nuestros luminosos inviernos.

El entusiasmo de CC por el proyecto de ley presupuestario es tal vez comprensible, pero imprudente. El PNV está a punto de cerrar un acuerdo con Rajoy, que incluye ventajosas reformas y renovadas garantías respecto al cupo vasco, no revisado desde 2007, que se elevan a un monto superior a los 1.600 millones de euros, y el señor José Eskoreka no se ha puesto de llorar de emoción ni ha agradecido al Gobierno central la generosidad de haber redimido a Euzkadi. Pontificar solemnemente que “Madrid cumple”, aunque se suponga que es gracias a la perseverancia negociadora de CC, deviene simplemente coronar al PP como la fuerza política más comprometida con las islas. Así Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional corre el riesgo de que Asier Antona lo califique maliciosamente – y así lo ha hecho — como “el mejor delegado del Gobierno de España en Canarias”. Es difícil imaginar a un nacionalista recibir un (envenenado) piropo semejante.

Y también es una imprudencia (o una cierta insensibilidad ante el cambio de clima político) considerar que apoyar a Mariano Rajoy en medio de la gusanera vomitiva de la corrupción – que en sí misma supone un ataque en toda regla al sistema democrático – será ampliamente comprendido porque Canarias va a disponer de unos 220 millones de euros más para su financiación en la segunda mitad del año en curso. Entre 1995 y 2010, aproximadamente, esta comunidad dispuso de muchos miles de millones de las antiguas pesetas para sostener la actuación del Plan Integral de Empleo o para alimentar el siempre hambriento Plan de Carreteras, y después de semejante maná presupuestario, el desempleo sigue situado por encima del 25% de la población activa, el paro juvenil sobrepaso y la productividad no deja de caer, y la precariedad crece y los salarios no se recuperan, y el consumo interno apenas se levanta temblequeante. El 43% de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo. Los ciudadanos isleños se han vuelto muy razonablemente escépticos sobre los efectos taumatúrgicos de las negociaciones presupuestarias.

Los ciudadanos isleños, al igual que los del resto de las comunidades autonómicas, han visto recortados sus derechos laborales, han caído en un precariado laberíntico, han sufrido el mantenimiento o incremento de la presión fiscal, han comprobado el desprecio brutal –cuando no la beligerancia  — del Gobierno conservador contra la libertad de expresión, han padecido las consecuencias del estrangulamiento de la financiación de los servicios sanitarios y asistenciales, han levantado acta de defunción de la ley de Dependencia, han perdido becas o se han debido a resignar a abandonar proyectos de investigación científica y tecnológica porque no les soltaban un duro, y se les antoja sumamente improbable que estas circunstancias – y las decisiones políticas que las han creado – cambien en lo principal porque la Comunidad canaria mejore sustancialmente su financiación. No se trata de negar la importancia de los fondos conseguidos para las islas en el proyecto presupuestario, sino de alertar sobre el mecanicismo implícito en la suposición de que el incremento de recursos financieros deriva venturosamente hacia la satisfacción de los intereses generales y la prosperidad económica. Una estrategia económica nunca funciona con piloto automático. En todo caso la batalla interminable (y publicitada hasta la náusea) por la mejora de las asignaciones presupuestarias a cargo del Gobierno central debería estar inserta en una estrategia coherente, flexible y abierta que – no estaría mal leer y escuchar a economistas como el profesor José Ángel Rodríguez – descarte éxitos del pasado, como la construcción desaforada y la promoción inmobiliaria, evite improvisaciones aguijoneadas por urgencias,  seleccione programas, acciones e iniciativas de carácter estructurante en el sistema económico canario, identificando servicios y productos con efectos multiplicadores y promueva el arraigo de prácticas orientadas a desarrollar  redes asociativas y de cooperación. Los objetivos no son demasiado discutibles: crear empleo de calidad, estimular actividad empresarial que genere valor añadido, levantar la productividad, recuperar la cohesión social, emprender reformas educativas inaplazables, introducir nuevos criterios de profesionalidad y rentabilidad en las administraciones públicas para conseguir mayor eficacia y eficiencia, atraer recursos públicos y privados a las universidades y al desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación, avanzar para una implementación de un auténtico mix de energías alternativas en el archipiélago.

Coalición no está apoyando los presupuestos de un Gobierno moderado y auroral como era el de José María Aznar en 1996, al que su entonces portavoz en la Cámara Baja, José Carlos Mauricio, llegó a advertir “estaremos vigilantes para que no abandonen el camino del centro político y la negociación”. Está avalando con su voto a un Gobierno abierta y activamente derechista, que ha practicado una dolorosa devaluación interna desde una concepción patrimonial de las administraciones públicas y una voluntad inequívoca de rechazar la aconfesionalidad del Estado y sustituirla por una redivida cultura nacionalcatólica.  Las pruebas de una corrupción cuasiestructural en el seno del PP – muchos de cuyos dirigentes han funcionado como cuadrillas extractivas de las arcas públicas – se suceden diariamente: detenciones, registros domiciliarios, investigaciones policiales, procesamientos, declaraciones escandalosas, encarcelamientos.  Se trata de una honda crisis política que puede llegar a desembocar en una crisis de Estado. Y la gente suele construir sus interpretaciones – y reaccionar emocionalmente – por lo que ve  y nota cotidianamente en su piel, no por lo que es incapaz de ver: esos cientos de millones que llegan en la oronda panza de los presupuestos generales del Estado, la dorada llave de una felicidad inimaginable pero siempre postergada.

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Financiación autonómica

Si se emprendiera –cosa harto improbable – una reforma de la Carta Magna de 1978 durante los próximos años la conferencia de presidentes autonómicos debería ser constitucionalizada, como demanda la estructura cuasifederal del Estado español. Por el momento la insuficiencia mayoría parlamentaria del PP y la evolución de la hacienda española durante la interminable crisis económica – que ya no es una crisis, sino un cambio de paradigma político y una deconstrucción del Estado de Bienestar – han propiciado una reunión de esta conferencia territorial, con las excusas majaderas de los que gobiernan en Cataluña y el País Vasco, con el objetivo básico de avanzar hacia el consenso de un nuevo sistema de financiación autonómica. El último compromiso financiero del Gobierno central con las comunidades autonómicas se produjo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y ha resultado bastante desastrosa para Canarias. Cuando el Gobierno regional repite hasta la naúsea que cada canario recibe 1.570 euros anuales menos que lo que recibe de media cada español en los presupuestos generales del Estado olvida que Coalición Canaria bendijo el muy deficiente sistema de financiación que ha conducido a esta situación.
Lo cierto es que España está obligada a cumplir su compromiso de consolidación fiscal con Bruselas reduciendo su déficit al 3,1% del PIB antes de finalizar 2017. Hace un par de meses Cristóbal Montoro aseguró que la mejora de la recaudación – y la inercia de las medidas económicas y fiscales ya adoptadas – conseguirían que se llegue al 3,6%, y esas cinco décimas que se resisten significarán un recorte presupuestario de unos 5.500 millones de euros aproximadamente. Es difícil que Canarias – ni nadie –consiga mejorar su financiación, aunque se intente por la vía de que los recursos del REF no se computen como financiación general: ese es un criterio político y no contable. El Gobierno autonómico solo tendrá una oportunidad de mejorar ligeramente (o no) la financiación de la comunidad si deviene imposible un acuerdo presupuestario entre el PP y el PSOE y Mariano Rajoy y su equipo se ven obligados a pactar con Ciudadanos, en cuyo caso necesitarán el auxilio de los votos del PNV y de CC.
En todo caso vale la pena hacer una reflexión. Ciertamente a Canarias le urge una mejor financiación para que los sistemas públicos de educación y sanidad puedan respirar tras un largo y angustioso periodo de asfixia económica. Pero resulta realmente curioso que con mejor o peor financiación, con convenios generosos o con presupuestos ajustados, este pequeño país se enfrente a un desempleo estructural excepcional en Europa – actualmente superior al 28% de la población activa y nunca inferior al 10% desde los años noventa –, a salarios entre los más bajos de España, a una concentración de renta escandalosa y a una desigualdad galopante. Mientras este  doloroso escenario no cambie – y lleva un cuarto de siglo sin cambiar sustancialmente – Canarias verá aumentar cada vez más su dependencia financiera de los presupuestos generales del Estado para pagar sus servicios sociales y asistenciales. Es un curioso nacionalismo el que consigue aumentar más la dependencia financiera al Estado año tras año, legislatura tras legislatura. Pocos empleos, mal pagados y escasamente productivos se traducen en un consumo débil, en una recaudación fiscal misérrima, en unas asignaciones para la jubilación claramente insuficientes para garantizar las pensiones de pasado mañana. A un proyecto dizque nacionalista este horizonte le debería intranquilizar, tanto como debería entender que ganar una batallita en la financiación estatal no supone consolidar Canarias como una comunidad política y económicamente viable.

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Más (aunque peor) de lo mismo

Para dejar totalmente claro que la renovación del REF –  y solo en su parte fiscal – es una fritanga preparada entre gobiernos y manguitos, como si se tratara de una merienda ocasional,  la misma no se debatió realmente en las Cortes, sino que fue aprobado a través de un decreto ley rubricado por don Mariano Rajoy. Ningún debate mínimamente riguroso, ninguna posibilidad de introducir enmiendas, ningún molesto parlamentarismo por medio. Resultó particularmente penosa la intervención de la diputada socialista Patricia Hernández, quien además de evidenciar una ignorancia intachable sobre lo que estaba hablando, cinceló joyas como “nuestras aspiraciones, se los digo desde ya, irán encaminadas a conseguir una sociedad más igual (sic), más formada, más desarrollada”. Podía estar hablando de la fiscalidad canaria o de los anhelos irrenunciables de una comuna de mormones. Se los digo desde ya. Naderías dotadas de una enérgica determinación. Lo gracioso es demandar un REF más social cuando el PSC-PSOE – con la intervención activa del señor Hernández Spínola en sus devaneos con González Ortiz – han aprobado, por ejemplo, la transformación de la Reserva de Inversiones en un instrumento absolutamente ajeno a sus propósitos originarios, porque desde el pasado día 1 los empresarios que se acojan a la RIC no estarán necesariamente obligados a invertir. La reforma normativa les permite meter las perras en productos financieros que podrán ser utilizados por terceras personas para invertir en el Archipiélago sin informar a nadie sobre la naturaleza y localización de sus proyectos empresariales. Esta financiarización de la Reserva de Inversiones representa la estocada final a cualquier legitimación social que pudiera conservar en sus orígenes y consagra a los empresarios de mediano tonelaje como los únicos usufructurarios de la bicoca.
José Segura – que conoce muy bien el REF y que junto a Augusto Brito y otros dirigentes socialista participó en la reforma normativa del 93 – ha enfatizado que la modificación el Régimen Económico y Fiscal se debió desarrollar en una estrategia política más participativa que estaba obligada a completarse con una reforma del Estatuto de Autonomía para brindar jurídicamente unos fueros isleños ajustados a la propia evolución de la UE.

El Real Decreto convalidado por la Cámara Baja no supone, por tanto, ningún trampolín para la diversificación e internacionalización de la economía canaria, pero sí ofrece cierta utilidad operativa para que las élites políticas que controlan la Comunidad autonómica sigan manteniendo una capacidad de influencia social que es condición necesaria para su autorreproducción, así como para la continuidad de un pool empresarial privilegiado en magníficas relaciones – aunque a veces conflictivas — con los primeros. ¿Y Soria? José Manuel Soria, simplemente, ya está en campaña.

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