Pedro Sánchez

El miedo de un presidente

Pedro Sánchez ha asegurado que a algunos poderes económicos no les gusta nada su Gobierno. No entró el presidente en mayores precisiones. Y eso le resta verosimilitud y fuerza política a la declaración. A mi juicio Sánchez está obligado a precisar a quién se refiere exactamente. ¿Quiénes forman parte de la conjura de los necios multimillonarios que anhelan asfixiar al heroico gobierno progresista? ¿Podría hablarnos el señor presidente con mayor detalle de esas conexiones entre los poderes económicos y sus terminales mediáticas? Por poner un ejemplo al azar, el principal accionista de El País es Liberty Acquisition Holding, uno de los mayores fondos de inversión de Estados Unidos, que controlan dos multimilllonarios, Nicolas Berggruen y Martin Franklin.  Y a pesar de que el diario fundado por Polanco en 1976 esté en manos de un fondo de riqueza insondable y con fuertes conexiones con el capital norteamericano y europeo ahí está El País, apoyando indesmayablemente al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Quizás, como solía decir  Salvador Novo, existen multimillonarios de izquierdas y multimillonarios de derechas, “que son muy distintos y solo comparten el amor reverencial por el dinero”, señalaba irónicamente el escritor mexicano. ¿No dijo el propio Berggruen una vez que no estaba interesado en las cosas materiales y que era capaz de prescindir de todo, salvo de su jet privado?

Es difícil localizar alguna zona financiera o empresarial que haya manifestado, siquiera tenuamente, un antisanchismo militante. Pero si la CEOE incluso le firmó su pequeña y pinturera reforma laboral sin mayores fricciones. La élite financiera y empresarial española tiene motivos suficientes para criticar al Gobierno, pero no por modificar estructuras de poder, sino por abusar casi hasta el infinito del gasto público como solución ante cualquier coyuntura crítica. Pero el  poder de la oligarquía empresarial –obviamente –permanece intacto, y las rentas que derivan de sus conexiones con gobiernos y partidos son más sólidas que nunca. Quien sufre y sufrirá más intensa e inevitablemente la disparatada política económica y fiscal de Sánchez serán las clases medias, los pequeños empresarios y comerciantes, los trabajadores sin cualificación, los desdichados autónomos. Esos experimentan ya un empobrecimiento alarmante que solo se agravará en los próximos meses, quizás en los próximos años. ¿Qué diablos le importa a Patricia Botín que la barra de pan sea un 20% más cara o que la gasolina o el fuel no dejen de subir de precio? Un poco de inflación durante un par de años no supone ni un arañazo para los más pudientes, y en ciertos espacios de la actividad económica y comercial, incluso puede ser momentáneamente beneficiosa. No, las élites económicas de España no tienen nada que temer del Gobierno, que es tan cariñoso que – volviendo a la rueda de prensa del señor Sánchez del pasado sábado – aprobará el nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios del oligopolio eléctrico para que entre en vigor el próximo 1 de enero. Los extraordinarios de este 2022 no se verán afectados. No, no hay nada que temer.

Ni los poderosos españoles ni los extranjeros, en fin, deben albergar miedos o suspicacias.  El presidente Sánchez brindó también una de las afirmaciones más aterradoras jamás dictadas por un presidente del Gobierno español en los últimos cuarenta años. En efecto, su agradecimiento y elogio a la gendarmería de Marruecos por su trabajo a la hora de contener a aquellos que pretendieron la pasada semana saltar las vallas de la ciudad de Melilla. Ciertamente se emplearon a fondo: unos cuarenta muertos y alrededor de un centenar de heridos. Lo repetiré: Pedro Sánchez felicita a las fuerzas del orden de Marruecos por una acción criminal en la que fueron asesinadas cuarenta personas. Sus cadáveres se han podido ver en periódicos y televisiones. Marruecos los permitió llegar hasta ahí, para hacer un happening sangriento, y Marruecos los ha matado, y el presidente Sánchez los felicita por su carnicería vil y calculada. No, presidente. A ningún magnate español le da miedo su gobierno. El que da miedo a cualquier alma democrática – un miedo hirviente de náuseas –es usted.

 

 

 

 

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Lo normalito

“Somos un Gobierno responsable y que cumple”, tuiteaba ayer el presidente Pedro Sánchez después de que el Consejo de Ministros aprobase su plan económico contra el impacto de la guerra en Ucrania y el proceso inflacionista que amenaza con destrozarnos los bolsillos. Qué cansina es toda esta épica sanchista. Todos los puñeteros gobiernos europeos han articulado planes económicos de contingencia desde hace días, algunos implementaron medidas fiscales o ayudas directas hace ya semanas. El señor Sánchez llega con retraso después de avanzar su programa anticrisis en medios de comunicación y reuniones empresariales. Finalmente irá al Parlamento y aprobará su paquete – es un decir – a través de un decreto ley, que es como le gusta gobernar al señor presidente. En unos días se votará la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados y si votas en contra es que quieres hundir a España por un  miserable interés electoralista. Porque, obviamente, y tal y como ha demostrado en los últimos dos años, el Gobierno no va a tolerar la incorporación de disposiciones que le sugieran no ya la oposición, sino sus propios socios parlamentarios.

Para calmar los patéticos miedos y tembleques de Unidas Podemos el presidente les ha tolerado presumir de su portentoso papel en el diseño de un nuevo “escudo social” que va a impedir, ya lo saben ustedes, que la inflación moleste a nadie, en especial, como siempre, a los más débiles. Tampoco es gran cosa. Los 10.000 millones de créditos ICO son de obligatoria devolución y ya se verán las horrorosas condiciones que se exigirá, como en lo más duro de la pandemia, a las medianas y pequeñas empresas para acceder a las perras; por el momento se han extendido los plazos de vencimiento de los créditos concedidos en años anteriores. Los otros 6.000 millones tienen un ligero sabor a ciencia ficción. Una bonificación de veinte céntimos por litro de combustible. Una limitación de la subida de alquileres que no superará el 2% para las familias arrendatarias (me gustará mucho ver eso por escrito en una normativa congruente con la legalidad vigente). Un aumento de los beneficiarios del bono eléctrico. Un mezquino crecimiento del ingreso mínimo vital ese que reciben, proporcionalmente, cuatro gatos en España (medio gato en Canarias). Impedir que se despida a gente flexibilizando aún más los ERTE. También se van a soltar 362 millones de euros para la actividad agrícola y ganadera y unos  68 millones para la pesca. Con todo esta pasta el Gobierno cree que al menos tiene controlada la situación hasta el mes de julio –aunque se implora que la guerra en Ucrania acabe mucho antes – sin que las previsiones de decrecimiento del Producto Interior Bruto sobrepasen el 1%.

En términos generales el Gobierno no ha hecho otra cosa que lo que tenía que hacer, aunque haya prescindido del alivio de luto fiscal, para el que tenía margen de acción por valor, al menos, de 3.500 millones de euros. Que se gestionen con rapidez y diligencia las ayudas directas – sin caer en el espantoso caos que se vive en las solicitudes del ingreso mínimo vital o la gestión de la dependencia –  deviene una prueba de fuego sobre la que caben dudas muy razonables. Entretanto los agentes sociales y económicos saben perfectamente que todas estas operaciones de salvamento, más que un escudo, representan una tirita con fecha de caducidad. Y no todo depende de la guerra en Ucrania y de la normalización del suministro del gas ruso –que en ningún momento se ha interrumpido  — sino en las tensiones de las cadenas de distribución, de problemas estructurales en las producciones agropecuarias ligados a forrajes, fertilizantes y mano de obra, del retraso de las grandes inversiones de los fondos de la Next Generation, del riesgo-país de un Estado con una deuda pública superior al 122% del PIB anual. Esto es un chute relativamente caro para sobrevivir un cuatrimestre.

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Recuerdo que en 1999, cuando Mohamed VI subió al trono, muchos observadores y analistas presagiaron que se produciría una mayor apertura política y que las reformas del nuevo monarca se encaminarían hacia una aceptable democracia parlamentaria, más o menos homologable y basada en un respeto irrestricto a los derechos humanos. Mohamed VI tomó algunas decisiones iniciales realmente esperanzadoras, entre las cuáles no fue la menor destituir al ministro de Interior y mano derecha de su padre Hassan II, el temible Driss Basri, bien conocido, por cierto, por los saharauis: mató a muchos cientos y torturó a varios miles. Bari era simultáneamente un chacal sanguinario y un referente de la infinita corrupción del reino alauita como cabeza visible del Majzén. Intervenía, bajo la jurisdicción del Rey de los Creyentes, en el reparto de canonjías y mordidas y licencias de importación. Todo el mundo aplaudió a Mohamed VI en el país y en el extranjero. Los años más oscuros tocaban a su fin. A lo largo del lustro posterior una cadena de cambios políticas, jurídicos y normativos parecieron dar la razón a los más optimistas. Aumentó el pluralismo –dentro de ciertos límites –en los medios de comunicación y en la institución universitaria. Pero poco a poco el luminoso esfuerzo reformista fue perdiendo fuelle y terminó por detenerse.

El mismo Mohamed VI, muy activo al principio de su reinado, fue afectando una indiferencia creciente no ya a una agenda reformista muerta, sino al propio gobierno cotidiano. Pasó y sigue pasando largas estancias, a veces de varios meses, en París y en los Alpes suizos; con menos frecuencia, en Londres y Nueva York. En todas esas ciudades dispone de viviendas de esplendor palaciego y de importantes inversiones inmobiliarias. Porque ese es el secreto – si merece tal nombre – del fracaso de las reformas después del fallecimiento de Hassan II. Reformar el país democráticamente, emprender una vía para una política social amplia, eficaz y eficiente, significaría necesariamente el sacrificio del Majzén, esa oligarquía que, a la sombra de Palacio, maneja y amplía fortunas inmensas relacionadas con el turismo, la hostelería, las licencias de importación, las infraestructuras, la compra de material militar, la minería o la producción agrícola. Y la primera fortuna –con intervención directa e indirecta en las empresas públicas marroquíes – es la del rey. Es imposible una plena democratización de Marruecos si la corrupción estructural del reino – que articula y fiscaliza toda la iniciativa económica y empresarial — no es destruida de raíz. Por decirlo con la máxima sencillez: más allá de algunos aspectos valiosos, pero muy insuficientes, el Reino de Marruecos resulta política y socialmente irreformable.

De ahí se deriva, por supuesto, otra obviedad: el gobierno marroquí no está en condiciones ni anhela ni podría permitir en absoluto un Sáhara dotado de un estatuto de autonomía política. Ninguna región marroquí dispone de tal artefacto político. Solo puede pensarse — y necesitaría de una reforma constitucional — en una limitada y siempre suspicaz autonomía administrativa, que probablemente terminaría desapareciendo en muy poco tiempo. La marroquinidad del Sáhara ha sido, precisamente, una de los límites en el espacio público del reino. Ninguno de los grandes partidos políticos de Marruecos (de izquierdas o de derechas, laico o islamista) pone en cuestión que la excolonia española debe integrarse sin más en su territorio. O  más exactamente: todos los partidos políticos, cn o sin representación parlamentaria,  respaldan sin fisuras que el Sáhara es propiedad de Marruecos. Cuando uno escucha a altos cargos de los gobiernos de España y de Canarias las cínicas y repeinadas insensateces de los últimos días no sabe dónde meterse para que lo asfixie la vergüenza ajena.   

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Gana Marruecos

Cuarenta y tantos años después se consuma la traición definitiva al pueblo saharaui. La carta que ha remitido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, está empapada de ignominia. Contra la posición tradicional – aunque puramente retórica—del PSOE, contradiciendo incluso el programa electoral que hace dos años lo consolidó en el poder, Sánchez ha aceptado el objetivo instrumental de Marruecos: lo mejor para el Sáhara no es un referéndum sobre su soberanía política, sino la limitada autonomía administrativa que le ofrecen los marroquíes. Es exactamente lo mismo que admitir que España reconoce que el Sáhara forma parte territorial de Marruecos. Mohamed VI y el régimen que heredó de su padre – y que no ha sabido o querido reformar  sustancialmente – han ganado la partida. Durante casi medio siglo han empleado todas las herramientas – la ocupación militar, el despliegue de una policía secreta omnisciente, el cultivo de la corrupción de líderes saharauis, el encarcelamiento y la tortura de opositores, un incansable aparato de propaganda dentro y fuera del Reino – para retrasar los mandatos de la ONU y desactivar la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya de 1975. Para todas las fuerzas políticas del país – de izquierda a derecha – el Sáhara forma parte integral de Marruecos “desde lazos históricos y culturales comparten todos los marroquíes”.  Eso nunca ha sido negociable.

También es cierto que nunca se ha intentado negociar seriamente por parte de ningún gobierno español desde 1976, pese a que legalmente, como potencia colonizadora del territorio, España estaba obligada a hacerlo, con el mandato explícito de cumplir un proceso de descolonización que preservara los intereses saharauis  Por el contrario, los gobiernos españoles han dejado pudrir la situación facilitando la marroquinización del Sáhara. Mientras se seguía sosteniendo, cada vez más ridículamente, la estratagema del “colchón de intereses” entre ambos vecinos para evitar conflictos a través de una arcangélica cooperación económica y comercial, Rabat seguía a su bola, mejorando sus acuerdos agrarios y pesqueros con la UE y chantajeando con su flujo migratorio a cambio de nuevas concesiones. En los últimos cinco años ha adquirido armamento y material militar por valor de 20.000 millones de dólares. Desde antes incluso se había embarcado en una política de compras que incluye cazabombardeos, carros de combate, helicópteros Apache, fragatas y cuatro drones MQ9.  Hace casi dos años se reintrodujo el servicio militar obligatorio.  El objetivo de Marruecos – nunca lo ha ocultado – es alcanzar la supremacía militar regional que se disputa con Argelia.

Unas pocas fechas. El diciembre de 2020 Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara. En julio de 2021 Sánchez entregaba la cabeza de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por su implicación en la estancia en un hospital español de Brahim  Ghali, líder del Frente Polisario; eso no bastó, y los chacales de Rabat exigieron igualmente la destitución del jefe del gabinete de González Laya, que lo había sido con los tres ministros anteriores. Aun así el Gobierno marroquí no estuvo satisfecho y mantuvo las relaciones congeladas hasta anteayer, cuando la invasión de Ucrania por Rusia proporcionó la desatención más adecuada para la infame carta de Sánchez.

Es tan sórdido y grotesco. Llorar por la pisoteada soberanía de Ucrania y dejar en manos de un déspota corrupto 270.000 kilómetros cuadrados de un pueblo ultrajado. Con Argelia y su gas mirando. Con Canarias ignorándolo todo sobre este desafuero criminal.

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Circo de pulgas

La élite política del país solo es rápida y ágil para una cosa: borrar sus propias huellas. Como era previsible que el PP hablara de tongo en la votación para convalidar el decreto de la reforma laboral  — el papel de  Meritxell Batet ha sido, como mínimo, cuestionable – el PSOE, a los cinco minutos de acabar el pleno, acusó directamente a los conservadores de haber comprado a los diputados de Unión del Pueblo Navarro: como si Adriana Lastra hubiera escuchado el sonido de las monedas cayendo en los bolsillos de los navarricos. En realidad el PP intentaba ocultar que entre sus diputados hay un oligofrénico que no sabe votar y que estaba en su casa tocándose las meninges y PSOE/UP lanzan humo para enmascarar la ruptura del bloque de investidura y su torpeza negociadora como diálogo transversal y apertura al centro. Aquí no hay estrategia, coherencia, respeto ni dignidad,: solo un circo de pulgas ansiosas.

Abajo, en los subtrópicos de tormenta y calima, de covid y preposiciones, de manueldominguez y nirafierros, la degradación político-institucional no es tan estruendosa, pero sin duda avanza. Se la puede escuchar como tenue música de fondo en los tuits gubernamentales. Hace algunas semanas un dirigente del PSOE me comentó satisfecho, arrastrando fruitivamente las palabras: “Va a llegar dinero para todo”. El dinero no es una preocupación. El de Ángel Víctor Torres es el primer gobierno de la crónica autonómica que no está preocupado por la pasta, al contrario, su única preocupación es poder  gestionar semejante dineral  sin morir de indigestión. Por lo demás es conveniente estar atentos a lo que incluye el para todo. El PSOE como organización política mercantilizada sufrió una tormentosa y apurada situación financiera hace más de una década, pero ahora es, valga la metáfora, un partido saneado y rico: sus terminales territoriales recibirán un caudaloso río de euros para la campaña y la precampaña electoral. Asignar los mayores fondos que jamás haya manejado la administración autonómica y contar con una generosa cobertura federal para la campaña electoral son las razones principales del optimismo del PSOE.  Están convencidos que por primera vez una crisis económica relevante no impedirá, sino al contrario, puede contribuir – gracias a los programas de reactivación decididos en la UE — a consolidar a la izquierda en el poder. También en Canarias.

El presidente Torres canta las maravillas de la evolución del empleo en las islas. Bueno. Una empresa española abrió recientemente una nueva y amplia sede en el sur de Tenerife. La media del salario de los trabajadores se mueve entre los 700 y los 800 euros. Por supuesto, por debajo del salario mínimo, pero es que contratan por un par de horas menos de la jornada laboral. Convertirán los contratos en indefinidos, pero con jornada de cinco horas y media. Todo esto le importa un rábano al señor Torres y sus corifeos. Es lo mismo que los decenas de millones de ayudas del Gobierno central que “ya están en La Palma”. ¿Qué significa eso? ¿Los tiene enterrados bajo un tonique Anselmo Pestana?  ¿Los escondió en una bolsita impermeable bajos del Chorros de Epina Miguel Ángel Pulido? ¿O los lleva a la isla en un falso volumen de El capital monopolista  de Baran y Sweezy Antonio Olivera? Porque salvo para un puñado de afortunados la situación de los damnificados por la larga y dañina erupción volcánica no ha cambiado sustancialmente. ¿Y la sorpresa del Plan Reactiva Canaria? ¿No le lleva a ninguna reflexión al presidente que la oposición (CC y PP) se quejen formalmente de ausencia de datos y transparencia? Pues no. Torres afirma que se ejecutaron 3.130 millones de euros en 2023, solapando iniciativas del PRC con gasto corriente consignado en los presupuestos generales de la Comunidad. Esta exhibición casi obscena de manipulación y charlatanería también socava la legitimidad del sistema democrático. Tranquilamente. Con una sonrisa en la boca, una palmadita en la espalda, una pulga levantando en peso el futuro de Canarias.

 

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