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Cry macho

Ya hacía falta. Estos tres años y medio de legislatura hemos descubierto carencias que padecíamos sin siquiera sospecharlo. La principal, tal vez, la de un líder macho. Feminista, por supuesto, pero muy macho. Un líder capaz de decirnos que basta ya de lloriqueos pusilánimes y de berrinches quejumbrosos. Basta ya de interminables llantos y de pedigüeñismo existencial, mariquitas. Ángel Víctor Torres se ha cansado de ser simplemente el presidente del Gobierno de una comunidad de nenazas y es ahora nuestro sargento de hierro. Ya nos imagino en fila mientras nos escruta de arriba abajo: “Referosky, Zecillo, Estatutón, me muero de ganas de meterme en la cama con ustedes”. Y la promesa: queramos o no nos transformará en ciudadanos respetuosos con el autonomismo psocialista pero, sobre todo, con don Pedro Sánchez y su voluntad de descentralizar el bien y centrifugar el mal. Seremos marines socialdemócratas con la jerarquía bien clara en la cabeza, la aceptación estoica del destino en el corazón, la voluntad de servicio hirviendo en las gónadas.

Yo asumo, porque me lo ordena mi sargento, mi parte quejica. Pero no me quejo por lo de las agencias estatales que nunca vinieron. Yo sollozo por las toletadas de mi suboficial y su estado mayor. Gente que lleva tres años y medio, en efecto, calentado la flor de su secreto, con una perfecta indiferencia hacia la actividad económica y empresarial en las islas. Su obsesión – sin duda parcialmente justificable – se ha centrado en la redistribución a través del Estado de Bienestar y en las ayudas y recursos extraordinarios para combatir los efectos destructivos de la pandemia: un reguero irregular de millones en el tejido empresarial que ha beneficiado relativamente poco a las microempresas canarias, las más numerosas y golpeadas. Próximamente este círculo dadivoso se cerrará con la aprobación de la ley que regulará la renta básica canaria. El otro día, cuando se dejó la norma preparada para su aprobación definitiva por el pleno parlamentario, una diputada de Podemos, henchida de gozo proletario, proclamó que este éxito era apenas un primer paso. La buena señora ya estaba pensando en una renta universal. Porque muchísimos de los que gobiernan o sostienen a este gobierno son unos chalados que creen que basta con pegar una patada empática al suelo para que la propia tierra escupa el dinero necesario para cualquier cosa. Viven aquí, son elegidos aquí, cobran y discursean aquí, pero siguen ignorando que Canarias no es un país rico. Ignorantes e irresponsables, mi sargento. Y aunque le moleste: estos machangos, sus bravos machangos, dan ganas de llorar.

Este es asimismo un Gobierno que ha obliterado un rasgo sustancial de la identidad política socialdemócrata: la atención a la educación pública. Conviene no dejarse engañar con la hemorragia verbal dedicada a solemnizar los cientos de profesores contratados. No encuentro a nadie que sepa exactamente cuántos son. A usted mismo, mi sargento, le he escuchado que son 300, que son 350, que son más de 400. Parece que se mueven tanto que resulta difícil contarlos. Claro que para mejorar la educación pública no basta – ni de lejos – con contratar a más profesores. Existen laboratorios, aulas informáticas y canchas deportivas mal dotadas, existen currículos no adaptados, existen alumnos con necesidades especiales desatendidos crónicamente. Existen dos universidades a las que usted, sargento, sigue negando un contrato programa, sigue negando la pasta para que recuperen el músculo financiero perdido hace una década. Unos 57 millones de mierda que usted les niega a través de la cabo furriel que le lleva los asuntos educativos como una cantina, mi sargento. Fíjese: eso representa más del 50% de lo que usted dedica a I+D+i. La comunidad autónoma que dedica menos a investigación y desarrollo en términos absolutos y en relación con su población, sargento Torres. Yo no lloro por las agencias. Solo me pican los ojos (y los oídos) cuando lo escucho, señor, sí señor.  

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El escándalo Mestisay

Hay algo patético en imaginar a Carmelo El Chico pidiendo las facturas de todas las áreas del Cabildo de Gran Canaria a favor de la productora de Olga Cerpa y Mestisay. En realidad lo más infortunado es el propio Carmelo Ramírez, cuyo curro siempre ha consistido en limpiar la basura de sus señoritos, y que lleva ininterrumpidamente desde 1979 ocupando cargos públicos: alcalde de Santa Lucía de Tirajana, diputado del Parlamento de Canarias, vicepresidente y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Hace tiempo, sin embargo, alcanzó su nivel de incompetencia, y ahora es consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Institucional (nada menos) en el  Cabildo grancanario, lo que le deje bastante tiempo libre para cumplir con sus funciones en la gestión de residuos morales y blanqueamiento político. Ramírez, por ejemplo, blasona de su compromiso con el pueblo saharaui y lleva a gala que Santa Lucía fue el primer ayuntamiento de España que se hermanó con otros municipios del Sahara ocupado. Cuando Pedro Sánchez, a espaldas de la opinión pública, de las Cortes y de su propio gobierno decidió abandonar la posición tradicional española y apoyar la marroquinización del Sáhara,  el encargado de explicar que aquí no ha pasado nada y que Nueva Canarias sigue siendo lo más saharaui del mundo fue, por supuesto, Carmelo Ramírez. Que su partido siguiera apoyando indesmayablemente al PSOE en Madrid y en Canarias era lo de menos. Agitaron a Ramírez como la conciencia solidaria con los  saharauis para distraer, como quien agita un pañuelito, sobre la obvia decisión de seguir con los glúteos canaristas en el poder y en la mayoría del poder.

Cuando un político profesional se presta a eso – a utilizar lo más noble de su legado para opacar el cinismo supurante de su partido – ya tiene la senda despejada para muchas otras cosas. Incluso para intentar presentar a uno de los grandes grupos musicales de Canarias, autor de una excepcional obra desplegada durante décadas de amor incansable por nuestra herencia cultural y proyectada en una veintena de producciones discográficas en unos muertos de hambre que se dedican a asaltar las administraciones públicas para succionar pasta.  La extraordinaria desvergüenza que hay que reunir para atacar de este modo a Mestisay habla de una catadura moral difícil de encontrar incluso en el muladar político que sufrimos a diario. Ya los miembros del grupo han respondido puntualmente al supuesto trato de favor que han recibido desde las administraciones públicas y que, de hacer caso a los juegos de manos de Ramírez, les debiera haber convertido en millonarios. Cualquiera puede leerlo en la prensa en los últimos días. Cualquiera puede atestiguar que lo proferido por el consejero Ramírez, de profesión sus cooperaciones y solidaridades, tiene todo el sabor de una bajeza que no debería permitirse un cargo público con una mínimo respeto personal e institucional hacia la corporación a la que sirve.

El origen de esta diatriba ruin e injustificable, emitida con esa expresión de perpetuo dolor gastrointestinal que adorna el rostro patriota del señor Ramírez,  no es lo que ha cobrado Mestisay del Cabildo y de los ayuntamientos isleños en los últimos cinco, diez o veinte años, sino el posicionamiento político de los músicos contra el proyecto – ya desgraciadamente en ejecución – del Salto de Chira, una chifladura megalomaniaca, dañina y tecnológicamente anacrónica que amenaza el barranco de Arguineguín. Ese atrevimiento no podía quedar impune y como Antonio Morales es un genio napoleónico lo único que se le ocurre es quitarle conciertos y afirmar a continuación que se les ha pagado muchísimo dinero. Pronto nos enteraremos de que estos músicos beben ron importado, solo comen caviar gomero y disponen de agua caliente en sus casas. Es un escándalo y menos mal que contamos con Carmelo Ramírez para ponerse de puntillas y desenmarcararlos.       

 

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Relatos viborinos

Hace tres o cuatro días la Consejería de Transición Ecológica ordenó la paralización de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, medio millón de metros cuadrados en las inmediaciones del puertito de Adeje destinadas a villas de lujo, jardines babilónicos, tiendas muy postinudas y un hotel aproximadamente inaccesible para el 80% de los mortales. La decisión del departamento dirigido por José Antonio Valbuena supuso una conmoción en el Cabildo de Tenerife y en el ayuntamiento de Adeje, que no fueron advertidos previamente. Lo que terminó de enfurecer a Pedro Martín y a irritar a José Miguel Rodríguez Fraga  (la diferencia de la reacción se basa en el carácter y la madurez política) es la razón esgrimida por Transición Ecológica: las obras de la promotora amenazaban una población de la viborina triste, una flor que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Por supuesto, ya en vigor el catálogo, se ha construido bastante en los alrededores e incluso encima mismo de viborinas sumamente tristes. Lo que se sostiene desde el Cabildo tinerfeño y el ayuntamiento adejero es que se trata de un pretexto para paralizar las obras. En ninguna de ambas corporaciones se creen que Valbuena no dijera nada a nadie. Al contrario: se rumorea que lo comunicó en el último consejo de gobierno y que nadie dijo nada. Tampoco Ángel Víctor Torres.

Los promotores llamaron – y no precisamente a Valbuena – para explicar que acatarían la congelación de las obras – cuando llegase la comunicación de Transición Ecológica – pero que todos los permisos e informes estaban en regla y que suponía una agresión contra su derecho a la seguridad jurídica que ahora, muchos meses después de finalizado el proceso administrativo,  se ve vulnerada. Por tanto, los inversores belgas están dispuestos a dialogar con las administraciones públicas y etcétera pero ya han cursado órdenes a sus bufetes – ese tipo de bufetes que cobran minutas estratosféricas solo por respirar a lo lejos el Acqua di Parma de sus abogados – para presentar las batallas judiciales que sean necesarias en defensa de lo que consideran sus derechos. Por supuesto, tanto las autoridades insulares y municipales como los socios canarios de los promotores dirigieran su indignación bien templada a la CEOE, y la patronal se apresuró a trompetear que así no puede ser porque se ahuyentaba la inversión de Tenerife y se abrirán las puertas del infierno y moriremos todos de hambre y de sed.

Finalmente están las redes sociales: satisfacción por la decisión de la Consejería de Transición Ecológica, alguna llamada a la cautela y mucha insistencia en que esta es una victoria del pueblo, de la presión popular, de la negativa de la mayoría social a esta nueva destrucción de nuestros espacios naturales a través de su obscena privatización. Gobierno chachi, cabildo chungo, ayuntamiento vomitivo. Algo así. Sin duda llevado por un escepticismo plomizo mi conclusión  provisional es  la siguiente:

La Consejería de Transición Ecológica, en efecto, ha decidido improvisar un argumento menor para paralizar las obras.  No por convicción político-ideológica, sino por imagen pública. Dentro de medio año se celebran elecciones. Valbuena –con la anuencia del Ejecutivo y, en particular, del presidente Torres – pretende escenificar una resistencia  medioambientalista. Si se puede estirar sin excesivos riesgos hasta mayo bien. Si no es que ganaron los malos y poderosos sobre un Gobierno honrado. ¿El límite? Que los promotores se lancen a degüello a exigir indemnizaciones y lucros cesantes. Justo antes que eso. Y por supuesto que es un nuevo maltrato al PSOE tinerfeño, esos mendicantes desarrollistas. ¿La presión popular? No ha tenido demasiado que ver. Ha sido el elemento amalgamador de un relato más cercano a la fantasía que a la realidad.   

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Un fracaso de país

La pobreza severa aumentó en Canarias en 2021, alrededor de un 16,8% con respecto a los datos de 2020. Afecta a más de 365.000 personas, que viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros. Por el contrario, la población en riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó 1,3%, y aun así representa casi un 38% de los habitantes de las islas. Son cifras espeluznantes, pero no cifras nuevas, porque son el resultado de un fracaso económico y social que nos negamos a reconocer tozudamente. Un fracaso no de este o aquel gobierno, sino un fracaso de país. Los últimos (relativamente) buenos años transcurrieron entre los últimos del siglo pasado y los primeros de este. Correspondieron poco más o menos a las presidencias de Román Rodríguez y Adán Martín. Mejoraron las infraestructuras, el REF funcionaba, se recibían fondos notables de Bruselas, se aceleraba el proceso de convergencia económica con la media española, el desempleo descendió hasta el 10% de la población activa (2006) y, con todo, algo ocurría en las entrañas del sistema económico: la productividad, en esos primeros años de siglo, comenzaba a declinar, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Sin embargo el gran estacazo llegó con el desastre provocado por la crisis financiera de 2007/2008. Las políticas de austeridad presupuestaria y recortes brutales en el gasto social –dictadas por la UE y seguidas resignadamente por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy — fueron especialmente dañinas para Canarias. El desempleo llego a superar el 33%, desaparecieron miles de empresas y los sistemas públicos de sanidad y educación quedaron muy fragilizados. Miles de personas perdieron entonces sus puestos de trabajo y no los han recuperado. Otro datito: el 64% de los canarios en paro son, actualmente, desempleados de larga duración.

Los problemas económicos de Canarias no son coyunturales, sino estructurales. No derivan de un crack financiero, de una crisis energética o de una pandemia, dificultades que simple aunque dolorosamente evidencian nuestras peores disfunciones, debilidades y fragilidades. Un país que durante un cuarto de siglo no consigue bajar de un 10% de desempleo – en Francia es ahora de un 7,3%, en Alemania 5,3%, en el Reino Unido del 3,5%– tiene un problema grave que larva tanto su crecimiento como su cohesión social. Es precisamente la cohesión social lo que se ha priorizado siempre en la retórica política y en la agenda pública. La desigualdad creciente, la pobreza de clases medias pauperizadas, la exclusión. El sufrimiento social nos distrae de las causas profundas de esta anomalía. Tendemos a creer que se trata exclusivamente de repartir más y mejor. Nos hacemos trampas en el solitario estadístico: las hacen los ciudadanos, los medios de comunicación, las empresas, el propio Gobierno.  Recientemente el Ejecutivo lanzó de nuevo sus áureas campanas al vuelo porque en el segundo trimestre de este año se creció un 9% respecto al segundo trimestre de 2021. Solo nos estamos recuperando del infarto económico de 2020 en el que el PIB canario cayó 19 puntos porcentuales, pero se celebra como la victoria hercúlea de una economía invencible.

Es un disparate. El PIB no interpela correctamente  la situación económica y social de las islas. Mucho más preciso es el PIB per cápita, es decir, el promedio del Producto Interior Bruto por cada persona, resultante de dividir la totalidad anual de los bienes y servicios de una economía de un país o una comunidad por sus habitantes. Pues bien: el PIB per cápita de Canarias apenas se ha movido en los últimos veinte años. Es algo muy similar de lo que ocurre con España en su conjunto, con un PIB per cápita estancado en 23.000 euros desde 2005.  El PIB per cápita canario en 2021 fue de unos 20.000 euros, el de 2019 21.387, el de 2007 21.050. Canarias – sus empresas y sus ciudadanos—está económicamente estancada desde hace casi de dos décadas y nadie quiere asumirlo ni identificar las razones de esta paralización destructiva y renqueante. La normalización de este fracaso colectivo en un momento de máxima incertidumbre económica mundial  no pronostica nada nuevo. El tiempo para que Canarias se transforme en una comunidad económicamente próspera y socialmente viable se está acabando.   

 

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Media hora

Le pregunté a un amigo que sabe de estas cosas cuando tardaría en llegar un misil con carga nuclear desde la frontera rusa a Gran Canaria o Tenerife. “Bueno”, tosió un poco, “un misil balístico intercontinental tardaría una media hora en llegar, quizás incluso algún minuto menos”. Media hora. ¿Qué se puede hacer en media hora? Meterse por última vez en la playa con los ojos cerrados y solo abrirlos por unos segundos en la profundidad del mar. Leer un soneto de John Done, o dos o tres cuentos de Manganelli, o un recetario de cocina francesa. Jugar un rato con tus hijas. Reír con los amigos tomando la penúltima. Escribirte – ahora sí – por última vez. Pedir disculpas con el laconismo y la sobriedad debidas. Terminar de barnizar esta jodida puerta. Borrar con una sonrisa todos los artículos escritos durante los últimos diez años. Pasear al perro y que por fin no te preocupes si mea en los parterres. Despedirte de tus libros que no es otra cosa, quizás, que despedirte de tí mismo.

Mi amigo, no obstante, intentó tranquilizarme paradójicamente. “Ningún misil balístico con carga atómica apunta hacia Canarias”. ¿Y lo más cerca? “Ciertamente es un problema. Lo más cerca puede ser la base de Rota, en Cádiz, lo que no nos afectaría directamente pero, claro, hay que contar con la extensión de la radioactividad y de las nubes de ceniza”. Pongo cara de asco y el colega continúa. “En el caso de un verdadero intercambio de misiles con cargas atómicas”, insiste ligeramente azorado, como si le obligara a ser un aguafiestas, “la radioactividad tardaría algunos días en llegar a las islas, pero lo haría, como lo haría por el resto del planeta, con consecuencias sanitarias muy graves y para las que, obviamente, no estamos preparados médica y asistencialmente, no podemos estarlo…” Ya más tranquilo, como si hubiera superado una ligera fiebre, mi amigo me responde de manera mucho más elocuente y concreta.

Lo alarmante es que se minimicen los efectos de una guerra nuclear, lo que están haciendo muchos en la segunda y tercera fila del poder político en Europa y Estados Unidos. Suponer que por estar lejos del escenario de una conflagración nuclear, aunque fuera una guerra limitada que solo utilizara armas atómicas tácticas, apenas nos afectaría, deviene un error asombroso. El efecto en la economía mundial de una única bombaatómica  sería de una brutalidad desoladora: caída de las bolsas, pánico en los mercados, ruinas bancarias, grandes estructuras  empresariales implosionando, cadenas de distribución rotas tal vez por mucho tiempo y una larga lista de consecuencias, entre ellas, las dificultades para conseguir alimentos, medicinas y agua potable.  Una sociedad como la canaria, estructuralmente dependiente del exterior –combustible, alimentos, medicinas – sufriría con mucha intensidad una situación completamente inédita y sin un horizonte claro para superar una coyuntura tan atroz. Para un territorio mal desarrollado económicamente  —esa es la puñetera realidad y no los pajaritos preñados que sobrevuelan la tonsura de Ángel Víctor Torres – esa solitaria bomba atómica que estallaría en las cercanías de Kiev –por ejemplo — supone la propia supervivencia de Canarias, su viabilidad económica y social. Los supervivientes de las primeras semanas o meses no tendrían otra opción racional que dejar sus islas, y eso en el caso de que no se suspendiera –algo sumamente improbable — la libre circulación de ciudadanos. Un misil con carga nuclear que cayera en Triana o en la calle del Castillo sería, en resumen, lo que ocurre ahora mismo, pero en una escala y con una rapidez extraordinaria. No sé qué es peor: que te fulmine una ola de fuego o que lleguemos mucho antes de lo previsto al no-futuro que hace tiempo –seamos sinceros — todos esperamos.

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