Corrupción

La vie (y Santiago Pérez) est ondoyante

El llamado caso de Las Teresitas – que desentrañó una estafa multimillonaria a Santa Cruz de Tenerife  en beneficio de dos de los grandes empresarios de Tenerife y estableció como máximo responsable político de la operación a Miguel Zerolo, icono de ATI y luego CC —  fue exaltado repetidamente, después de la sentencia firme, como un éxito del PSOE y de su rigurosa y hasta valiente labor de oposición. Pero, como decía sabiamente Michael de Montaigne, “la vie est ondoyante”. La muy reciente reforma del código penal impulsada por los socialistas en las Cortes, un traje a la medida de ERC para anular los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017,  será utilizado por los abogados de Zerolo y otros condenados para sacar ya a la calle a sus clientes e incluso pedir indemnizaciones. O al menos eso intentarán en las próximas semanas. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría bañarse en Las Teresitas antes del verano sin tener que regresar al centro penitenciario Tenerife II.

Habría que detenerse por un momento en lo que parece más obvio y no lo es tanto: la relación entre el PSOE y la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005 que condujo finalmente al procesamiento de los políticos y funcionarios, en ese momento presuntamente implicados, y en su condena final doce años después por la Audiencia Provincial, ratificada en marzo de 2019 por el Tribunal Supremo: siete años de cárcel para Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Ignacio González (expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia) y Antonio Plasencia, uno de los mayores constructores de Tenerife y de Canarias y presidente de la patronal del sector Fepeco. Durante años el PSOE no quiso saber absolutamente nada de la operación sobre los terrenos de Las Teresitas. Es más: el grupo municipal socialista, encabezado entonces por Emilio Fresco, votó a favor –como el resto de los partidos con presencia en el consistorio – de la compra-venta de los terrenos a los empresarios, adquiridos por el ayuntamiento –según se averigüó y certificó después judicialmente – a un precio muy superior a su valor  de mercado y bajo una circunstancia particularmente escandalosa: parte de esos terrenos eran ya de propiedad municipal. 

A Santiago Pérez y algunos de sus discípulos políticos la operación se les antojaba, como mínimo, sumamente sospechosa, cuando no alarmante. Vislumbraba quizás una gran causa contra el zerolismo que pudiera desarbolar Coalición Canaria, al menos, en el municipio santacrucero. Emilio Fresco lo frenó en seco. Había apoyado la compraventa desde la convicción de que era lo mejor para la capital y no tenía constancia directa de ninguna irregularidad. Fresco, como otros concejales, tenía plena confianza en la profesionalidad –demostrada durante más de veinte años –del secretario del ayuntamiento de Santa Cruz, Eugenio de Zárate, que posteriormente fue procesado, aunque se le retiró la acusación por prevaricación. Emilio Fresco creía que una denuncia contra la compraventa de Las Teresitas no tendría recorrido y, a la postre, perjudicaría al PSOE. Y así se lo comunicó al todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán. Se decidió, por tanto, que los socialistas se abstendrían de cualquier pronunciamiento al respecto. Y ese silencio más o menos impuesto y autoimpuesto fue el origen de la asociación Ínsula Viable.

Insula Viable no tenía otro sentido que el instrumental. Fue una herramienta de trabajo político-judicial. Una brillante ocurrencia de Santiago Pérez para actuar leguleyamente con las manos libres, aunque inicialmente ni siquiera le constara a nadie que formara parte de la misma. Su rostro visible fue José Ángel Martín Bethencourt, por entonces un militante muy joven con un pie en las Juventudes Socialistas y otro en el partido. Después se transformaría en la sombra, el paño de lágrimas, el maestro barista y el pararrayos de las iras de Patricia Hernández, su secretaria general en las JJSS, quien se sumaría al santiaguismo para más tarde, cuando el compañero Santiago resultó defenestrado, tomar distancia a toda velocidad para no tocarlo ni con un palo, y ahora, de nuevo, ser su patricita. Pérez redactó, con alguna ayuda técnica, la denuncia que presentó Ínsula Viable. Solo tiempo más tarde, cuando los juancarlosalemán y los emiliofrescos eran ya casi historia, el senador socialista salió del armario teresito y reclamó la gloria del procesamiento judicial de Zerolo et alii.

Quiere decirse que no fue el PSOE, sino uno de sus dirigentes históricos, apantallado tras varios compañeros muy poco conocidos públicamente y algunos miembros de la pibada socialista quienes tomaron la iniciativa judicial en el caso Las Teresitas. La dirección  — por no hablar de los concejales – se abstuvo y negaron una y otra vez que el partido estuviera involucrado en la denuncia (y no mentían del todo). Por la otra parte los disidentes no eludieron en lanzar sobre dirigentes y concejales cientos de chismes pútridos, y solo la piedad me detiene a la hora de dar los nombres de los que vociferaban por las esquinas de Santa Cruz (y de La Laguna) que los concejales socialistas respaldaron la contra-venta de las parcelas del frente de la playa a cambio de sobornos mareantes que incluían millones de euros en paraísos fiscales o en bolsas de basura, casas y apartamentos, coches de baja cuna y de alta gama o vacaciones de lujo asiático. La historia de la agrupación socialista de Santa Cruz es la de sus desfallecimientos crónicos entre guerras civiles, hasta quedaron tan exhaustos que han terminado votando a Patricia Hernández y que sea lo que dios quiera.

Pero, en efecto, la vida es onduleante, y de nuevo será el PSOE el que propicie que el caso de Las Teresitas regrese a los juzgados. La modificación del delito de malversación de fondos – por la que se deducen las penas — ha puesto los dientes largos a condenados de corrupción en varias cárceles españolas. Conviene recordar que el artículo  2.2 del Código Penal señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena”. Según el nuevo texto las penas por malversación de fondos públicos se reducen a cuatro años cuando no exista “ánimo de lucro”. En el caso de Miguel Zerolo – el más relevante políticamente – no pudo demostrarse en ningún momento enriquecimiento ilícito, pese a la fueron enviadas varias comisiones rogatorias a otros tantos paraísos fiscales de Europa y América para investigarlo. Sin embargo vale la pena apuntar un matiz. La norma reformada especifica que las penas serán las mismas (hasta ocho años) si se produjera “apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público”, pero también se castiga el permitir a un tercero la apropiación.  En la mamandurria de Las Teresitas, ¿no jugaron el papel de terceros, precisamente, Ignacio González y Antonio Plasencia?  Para los letrados del exsenador y el teniente de alcalde no. Han anunciado que interpondrán recurso para que a sus representados le sea aplicada la ley reformada, lo que unido a la circunstancia de que ya han cumplido más de un tercio de la condena supondría, si los tribunales les dan la razón, la terminación inmediata de la condena.

Y de nuevo aparece Santiago Pérez. Ahora está en el Senado, porque de nuevo ha regresado al PSOE, no porque haya reflexionado, sino porque el PSOE ha cambiado y ahora se ajusta a él como un guante. Volver a la militancia socialista no le ha llevado deshacerse de la agrupación electoral con el que se presentó a las elecciones municipales en 2019, por supuesto, porque un grupo de amigos y compañeros dependen del chiriringuito, pero sí regresar a la Cámara Alta, como senador autonómico. Y como senador socialista vota, por supuesto, a favor de la reforma de los delitos de sedición y de malversación de fondos. Obedientemente, porque ya este es el último tren que puede tomar en su vida política, y no se quedara en el andén, como se quedarán los de Avante dentro de unos meses, como se quedaron los de X Tenerife en su momento. No solo lo vota, sino que pide la palabra y justifica la reforma aunque curiosamente — ¿será el subconsciente? – no hace ninguna referencia al delito de malversación. Es muy aplaudido y se nota que le encanta. Lo explica al gusto del sanchista más oligrofrénico. El Gobierno tiene pleno derecho a intentar sobrevivir a través de alianzas parlamentarias. La pregunta no es esa, advierte Santiago Pérez, que siempre ha querido tener como patrimonio todas las preguntas y todas las respuestas. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, claro. Lo cierra muy bien. ¿Quién ha traído y garantizado la libertad en España? “Las fuerzas progresistas, y entre ellas, el PSOE”. Es una observación bastante atrevida, por cierto, y probablemente falsa. Al menos si se refiere a las libertades públicas. Si, en cambio, estuviera hablando de Miguel Zerolo tal vez tendría razón. Porque resulta indiscutible que en los últimos días, y gracias a sus enjüagues con los independentistas catalanes, El PSOE está facilitando no solo la plena libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, sino también la de Miguel Zerolo.   

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Plácidos sigilos

Me parece que, en fin, voy a repetir artículo, pero no soy totalmente responsable. En el pleno parlamentario que terminó ayer se coló por un instante una verdad incómoda para la que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres no tenía una respuesta. Ocurrió cuando Vidina Espino citó maliciosamente la apertura de juicio oral a Blas Acosta, viceconsejero de Economía –pero qué guasa – por un presunto caso de corrupción. En realidad sobre Blas Acosta pesaban dos denuncias judiciales desde que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura gracias a un pacto de irás pero no volverás. Acuciado por la pestilencia judicial y por una creciente inestabilidad política abandonó el Cabildo, pero pidió un salvavidas. Acosta controla eficazmente la organización majorera del PSOE, apoyó sin fisuras a Torres como candidato presidencial en 2019,  dispone de información muy desagradable de algún alcalde y algún concejal socialista del sur de Tenerife. Por todas estas razonables razones y alguna más se decidió incorporarlo al Gobierno de Canarias como viceconsejero, aunque el compañero también intentó convertirse en senador por designación autonómica en sustitución del dimisionario Pedro Ramos; por fortuna se prefirió a Santiago Pérez. En la zoología gubernamental el viceconsejero es una especie pacífica, superflua y generalmente invisible que gasta toda su energía en consumir su pienso anual. Acosta ha asumido sin problemas su insignificancia.

Mientras intentaba librarse de las arenas movedizas de los juzgados don Blas ha seguido dirigiendo el PSOE de Fuerteventura y ha conseguido el pasado septiembre que en tan delicada situación su partido lo haya consagrado, de nuevo, candidato a la Presidencia del Cabildo Insular. En realidad cuando es designado candidato para las elecciones de mayo Acosta ya sabía que se le abría en pocas semanas juicio oral por el llamado caso Gesturpa. El código ético del PSOE establece precisamente en la apertura de juicio oral el límite para abandonar el partido o para abrir el expediente de expulsión, pero eso es una fantasía reglamentaria que les trae sin cuidado a Acosta y sus compinches. No es que no dimita: es que lo aclaman como candidato ocho meses antes de las elecciones.

La dirección regional del PSOE no ha pronunciado una sílaba sobre este incumplimiento flagrante de su reglamento, sobre este pequeño pero purulento escándalo. Por supuesto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, guarda un mutismo perfecto. Escuchaba en el Parlamento los pateleos y grititos de los psocialistas y pensaba melancólicamente que hace muy pocos años estaríamos ahí, en los pasillos, esperando la salida del presidente del salón de plenos para que respondiera a la prensa. Pero de nuevo miré alrededor y solo descubrí a una joven incrustada en la pantalla de su diminuto ordenador.  Pensé en todos los compañeros que durante años informaron, preguntaron, explicaron, divulgaron.  Los recordé recorriendo los pasillos en busca de declaraciones y respuestas de presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, portavoces, culiparlantes. Recordé la expresión de horror o nerviosismo de jefes de Gobierno al entrar en una rueda de prensa, las catas en comisiones parlamentarias, la división del trabajo mismo para seguir un pleno parlamentario, en el que alguien le tocaba “hacer pasillos” si no había nada mejor en perspectiva. Recordé una docena de micrófonos alrededor de un consejero, los secretos filtrables, la documentación porfiada, la palpitante verdad de las mentiras, el hedor sobre las alfombras de la mentira en la que desembocaban las verdades. Pero hoy todos los salones, todos los pasillos, todos los silencios y todos los comunicados son suyos y solo suyos y Ángel Víctor Torres pudo salir de la Cámara esmaltados de plácidos sigilos y con las manos en los bolsillos.   

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La verdadera desafección

Cuando parecía encarrilado el proceso negociador sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial salta Núñez Feijóo y dice que no, que ni un paso más si el Gobierno se empeña en modificar el delito de sedición del Código Penal. Hasta ahora todos los gallegos que había conocido eran listos. Incluido Mariano Rajoy, que a su lado no hace más que agigantarse como si fuera Gladstone. ¿De veras cree el líder del PP que ganará un maldito voto por esto? ¿Qué diablos tiene que ver una renovación que se ha frustrado una y otra vez – casi siempre por decisión del PP, en alguna ocasión por zorrerías del PSOE – con el delito de sedición? Si a los conservadores no les gusta la reforma en la que se apresuran los socialistas – a mí tampoco — que la lleven al Tribunal Constitucional.  Esta salida es extemporánea, mezquina, estúpida y sobre todo irresponsable. El PP – y sobre todo su líder – pierde mucho más que lo que gana. Núñez Feijóo se engalanó con los ropajes de la moderación, la contención y el diálogo. Mantener el gamberrismo institucional lo despoja de cualquier talente y talento propio y verosímil.

Si se vuelve a las andadas en este asunto, ¿qué cabe esperar del esfuerzo de negociación y consenso que debería caracterizar a la élite política del país en una situación de emergencia como la actual? Recesión económica en la próxima esquina, inflación incontrolable, frenazo a la creación de empleo, carestía de materias primas, guerrilla fiscal entre las comunidades autónomas, pauperización de las clases medias y hasta la amenaza de la detonación de una bomba atómica o incluso el estallido de un conflicto nuclear generalizado. Pues ni siquiera eso es suficiente. Todos aquellos que piden un pacto de rentas, un conjunto de reformas imprescindibles, unos presupuestos que sin desatender políticas sociales y asistenciales que alivie el sufrimiento cronificado de los más necesitados no parta del absurdo de un crecimiento del PIB de un 4% que nadie se cree claman en el desierto. Todo o nada. ¿Pacto de rentas? Espere usted sentado. Pero les podemos ofrecer a la ministra de Trabajo lloriqueando al anunciar que le quitaban una condecoración a Francisco Franco, muerto y momificado hace 47 años.

Hace unos días, en la Cámara regional, el presidente del Gobierno autónomo,  Ángel Víctor Torres, insistió en que la corrupción política generaba entre los ciudadanos desafección democrática. Probablemente pecaba de cierto optimismo muy característico del señor presidente. Lo que indica la experiencia histórica es que la corrupción no les gusta a los votantes, pero que suele tratarse con una decepcionante indulgencia. No hablo de los casos más extremos, como la de aquellos miles y miles de peronistas que en una manifestación en Buenos Aires gritaban: “Ladrón o no ladrón/queremos a Perón”.  Me refiero a las graves patologías de corrupción que han afectado al PSOE o al PP y que no han dañado sus expectativas electorales. Los ciudadanos condenan la corrupción cuando va unida a la ineficacia e ineficiencia en la acción de un Gobierno que maltrata sus intereses. Y lo realmente grave es que el maltrato continúa. Después de tres años de gobiernos progresistas en España y en Canarias ha aumentado la desigualdad social, y si bien se ha limitado el crecimiento de la pobreza tradicional y la exclusión social se han multiplicado los nuevos pobres: esa clase media pauperizada que tiene trabajo pero no llega a fin de mes. Esta situación, que comenzó a cronificarse en la crisis de 2008-2009 pero que hunde sus raíces varios años antes, es la que lleva a la gente a un desprecio insuperable por la democracia representativa, sus símbolos y sus instituciones, y el desprecio se transforma en descreimiento y el descreimiento en una torva convicción: la democracia ya no sirve porque no garantiza bienestar social ni estabilidad cultural. La democracia ya no es válida, ni atractiva, ni convincente. La democracia, en realidad, ha muerto, y ya apesta.  

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Una explicación del alcalde

Hoy es miércoles y día laborable para los afortunados que tienen un curro. Pues hoy, sin más retraso, el alcalde del ayuntamiento de La Laguna tendría que ofrecer una explicación detallada y convincente de los hechos que se exponen en la querella criminal que se ha admitido a trámite en el juzgado de instrucción número cuatro del municipio, y por la cual Luis Yeray Gutiérrez y varios de sus concejales serán investigados por hipotéticos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, gestión interesada, cohecho y falsificación documental. Llevan meses mareando la perdiz con este maloliente asunto, como si fuera una posma de cinco minutos sobre la plaza del Cristo, mientras que los palmeros, los meatintas indecentes que les ayudaron llegar a la poltrona, culpabilizan a CC, el PP y Ciudadanos del delito de poner denuncias. Es todo payasesco, estúpido y ruin, máxime si se considera que el PSOE alcanzó la Alcaldía de La Laguna sobre una estrategia estentória de judicialización de la gestión política y administrativa que le prepararon Santiago Pérez y Rubens Ascanio. El chiringo santiaguero y Unidas se Puede pusieron antes de las elecciones las querellas y el PSOE puso después de las elecciones los votos. El ahora alcalde había sido asesor del gobierno municipal con Fernando Clavijo y José Alberto Díaz como alcaldes sin que se le cangrenaran las manos ni exhibiera un sufrimiento indescriptible, por cierto.

El relato con el que el actual esquipo de gobierno llegó al poder se desquebraja. El gobierno que preside Luis Yeray Gutierrez es una fábrica de humo que carece de una auténtica dirección política. Intente ustedes deducir de cualquiera de sus declaraciones una descripción plausible de un proyecto para la ciudad universitaria: es absolutamente inútil. En realidad Gutiérrez intenta pasar todo lo desapercibido que puede. No sé si fue Pla quien dijo que más vale no decir nada y parecer tonto que comenzar a hablar y confirmarlo, en todo caso, el señor alcalde asume el apotegma escrupulosamente. Incluso circula un chiste de sus primeras semanas como máximo responsable municipal, según el cual era incapaz de dar los buenos días por si se ponía a llover y alguien pudiera cuestionarlo. Si lo sacas del territorio epistemológico de la salsa y el merengue comienza a sentirse huérfano. Los vecinos quizás deban soportar botellones infernales, como ocurre últimamente, pero el alcalde no se entera, porque vive o vivirá en un modesto chozo en el camino de las Mercedes, adquirido el pasado año. Sería interesante que alguien, en su equipo, apuntara sin ayuda de un logopeda en qué se han gastado este largo bienio de gestión, con los ediles atrincherados en sus pocas o muchas ocurrencias, una planificación urbanística paralizada, un patrimonio histórico bajo mínimos, unos servicios sociales con los que no se ha sabido responder a los embates económicos de la pandemia  y el turismo o la movilidad sometidos a interminables álbumes de fotos de una concejal encantada de conocerse inclusivamente.

Los indicios detallados en la querella presentada por Alfredo Gómez, concejal de Ciudadanos destituido como presidente de la Comisión de Transparencia por el propio alcalde recientemente, son bastante apabullantes, aunque se circunscriben a cargos y áreas controladas por el PSOE.  Pero el alcalde tal vez disponga de información – y de una explicación cabal — que desbarate o esfume cualquier sospecha de delito. Debe ponerla a disposición del juzgado, por supuesto, pero también del pleno de la corporación, y debe hacerlo cuanto antes. Durante más de un lustro la oposición a CC estiró como un chiste malo el llamado caso grúas, que fue finalmente archivado por el Tribunal Supremo. Los socios de Luis Yeray Gutiérrez deberían exigir aclaraciones al flamante investigado con la misma diligencia. E indignarse mucho, pero mucho, cuando le pase la minuta de su abogado al ayuntamiento.

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Gárgaras de orina

La situación en el PP ha llegado a tal degradación que escuchas a Mariano Rajoy y parece que haya hecho a primera hora de la mañana gárgaras de orina para enfrentarse a la rueda de prensa. Si existiera alguna duda de la imperiosa necesidad de que desaparezca de la vida política basta con el cúmulo de insensatas mamarrachadas que regurgitó en la mañana de ayer sería suficiente. A partir de cierto momento en cinismo no es una trinchera, sino una pocilga. Ya no hay nada tras lo que esconderse y Rajoy, en esa espantosa comparecencia, intentaba todavía esconderse tras bultos imaginarios. El PP no son docena y media de condenados por sentencia judicial, pongo por ejemplo de excusa fantasmagórica. ¿Quizás estima el presidente que hasta el 51% de los militantes de su partido no hayan sido procesados y condenados no puede empezar a reconocerse cierto problema en lontananza? Y la sentencia no es firme, como si la hubiera emitido un juzgado de primera instancia y no la Audiencia Nacional. Y no hay ningún ministro afectado, aunque casi todos los ministros del primer gobierno del Partido Popular estén procesados o investigados judicialmente. Y eso es más o menos todo, porque, obviamente, Rajoy no se va a centrar en que el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción de Gürtel. Es decir, que la organización política que lidera se benefició financieramente de las trapisondas de los políticos corruptos. Un paréntesis: el PP es muy caro. Y no exclusivamente por las razones que convierten en organizaciones onerosas a los grandes partidos de gobierno de Europa. El PP también es caro porque abona salarios, complementos y gratificaciones asombrosas a su cúpula directiva. En el año 2011 Rajoy era el presidente del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados. Entre pitos y flautas cobraba unos 5.000 euros netos mensuales: un magnífico salario.  En ese mismo 2011 el PP le abonó 200.000 euros por su sacrificada labor de presidente del Partido Popular. De hecho, y según sus declaraciones de la renta, el presidente Rajoy recibió alrededor de un millón de euros en el plazo de sus nueve primeros años al frente del partido, al margen de los sueldos públicos que devengara. Su patrimonio aumentó un 43,7% entre 2003 y 2007. Muchos otros dirigentes, la mayoría procedentes del aznarato, cobraron sobresueldos y complementos altísimos. Escalar en la jerarquía del PP tenía un aliciente automático: podrías cobrar mucha pasta. Y sin salir (o entrar) en el despacho. Un curioso sistema de incentivos cuyos creadores eran directamente sus beneficiarios y que exigía unas finanzas bien saneadas. Las que tutelaba Luis Bárcenas, del quien pese a sus problemas judiciales, nadie sospechó jamás nada, y menos que nadie, Rajoy, que después de su caída en desgracia ejerció de coach a través del wasap.
El PP no puede aguantar más tiempo y España no puede aguantar más con el PP vaciando sus intestinos en los despachos y los decretos. El día anterior a la sentencia consiguió que se aprobara su proyecto de presupuestos generales para 2018, con el que Rajoy pensaba tirar hasta la primavera de 2020 o, al menos, hasta inmediatamente después de celebrados los comicios autonómicos y locales del próximo año. Ya le será imposible. Con su miserable escapismo, con su desdeñoso y ausente encanallamiento, Rajoy y sus colaboradores van a conseguir implosionar al partido y arrastrarlo a la irrelevancia electoral en medio de la peor crisis política, institucional y territorial que vive España en los últimos cuarenta años. Esta camarilla solo entiende la democracia si legitima su poder y solo siente la patria cuando palpan sus carteras.

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