Turismo

Turismo año cero

Más tarde o más temprano los efectos destructivos de la masificación turística de Canarias (terminaremos este año con catorce millones y medio de visitantes entre vivas incesantes del Gobierno) comenzarían a contradecir (si no a destruir) sus indudables efectos positivos. Siempre ha sido el turismo nuestro Jano Bifronte: dios de los comienzos y los finales, de las entradas y las salidas, del amanecer y del  crepúsculo. Las externalidades negativas de la dinámica económica generada por el turismo se han multiplicado e intensificado mientras avanzaba el siglo, pero a las mismas nadie – ni los hoteleros, ni los agentes turísticos ni las administraciones públicas – le ha prestado la debida atención. Lo que intenta cada empresa que se integra en la cadena de valor es crecer cuanto más rápidamente mejor. La ceguera ha sido absoluta. La única política turística por parte del Gobierno ha consistido en gastar un potosí en promoción turística  — asombrosamente son los poderes públicos los que asumen económicamente y con un apoyo político jacarandoso la propaganda de los negocios privados — y en la mejora de la conectividad aérea de las islas.

Baleares cerró el año 2019 con casi dieciséis millones y medio de turistas y destinó en ese ejercicio poco más de seis millones de euros en promoción. Para el próximo año los presupuestos generales de Canarias reservan más de 21 millones de euros para la promoción turística del archipiélago. La consejera Yaiza Castilla ha salido a garrapiñar hasta la última raspa de turista vivo y ha lanzado una campaña delirante en pos de ese animal mitológico llamado nómada digital, capaz de crear con una veintena de colegas con los que se pueda encontrar casualmente en La Gomera o Fuerteventura todo un ecosistema de I+D+i en medio año. El principal partido del Gobierno – el PSOE –accedió al poder desprovisto de cualquier reflexión estratégica sobre el que la actividad que representa –junto a la administración autonómica – el principal motor económico del país. Nada de nada. La hecatombe del covid acabó con cualquier tentación de inteligencia crítica. Hoy ni en el PSOE ni en el Gobierno  se reflexiona ni se debate sobre los efectos perversos del turismo y los límites de la capacidad de carga de un territorio reducido, fragmentado y altamente ocupado. Pero la responsabilidad se extiende a todos los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno en la Comunidad, los cabildos y los ayuntamientos.

Como han señalado los economistas, las externalidades dañinas del turismo “no se incluyen en el precio de los productos ni se capturan en las ganancias de la empresa turística”. Los costos de sus efectos perniciosos los sufre la población local.  Recientemente el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, mostraba su alarma porque sus asociados no conseguían cubrir cientos de puestos de trabajo en sus establecimientos. No es una elección voluntaria.  Simplemente ya es casi imposible marchar a los sures turísticos a trabajar y menos aún a construir un proyecto vital o profesional. La propia actividad turística ha estimulado directamente el incremento del precio de la vivienda (bastante) y de los alquilares (de manera delirante) y los costes de la alimentación y del transporte, empujando incluso procesos de gentrificación en varios núcleos turísticos.  La subida de la inflación exógena ha hecho el resto. Vivir ahora con mil euros mensuales es algo similar a un milagro en las zonas turísticas isleñas, cuyo estrepitoso crecimiento demográfico no ha sido suficiente criterio para diseñar un urbanismo soportable, construir viviendas públicas, levantar centros hospitalarios, prever centros sociosanitarios. Incluso una modesta ecotasa se toma como una herejía. La buena salud del turismo está empezando a dejar de ser la nuestra.

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Ecotasa sí, pero no (o viceversa)

Estoy entre los que apoyan una tasa turística (llámalo así, llámalo ecotasa) en las islas. No ahora, no, sino desde hace bastante tiempo, cuando todavía la señora Noemí Santana jugaba a las muñecas empoderadas. Mi escueto razonamiento no solo era ecológico, medioambientalista o resilente, sino de carácter redistributivo. Aunque con algunos antecedentes, el turismo  de masas se entendió en Canarias cada vez más velozmente en el último tercio del pasado siglo sobre ventajas naturales y climatológicas comparativas a partir de empresas extranjeras y turoperadores, y creció y creció reclutando a miles de trabajadores en hoteles y en la construcción y fortaleciendo un sabroso negocio inmobiliario. En realidad el turismo en las islas vive en combate perpetuo contra su propio modelo desde hace cerca de veinte años, cuando dejó de ser un negocio fácil y con amplios márgenes de beneficio (clientes durante todo el año, salarios bajos, mínima reinversión en rehabilitación y mejora de las dotaciones turísticas) y se asomó al abismo de su envejecimiento prematuro. Se sigue ganando mucho dinero, pero mucho menos dinero que antes, aunque el efecto económico transversal de la industria turística continúa demostrando energía. El turismo sigue dinamizando la economía y junto a la oferta de empleo público es el mayor creador de puestos de trabajo en el último año y medio. Desde luego que los empresarios hoteleros ya pagan sus impuestos, pero la tasa turística supondría una aportación más – poco dolorosa para el hotelero pero muy beneficiosa para la ciudadanía – a favor de la redistribución tributaria de los ingresos turísticos.

Es imposible conocer con seguridad de cuanta pasta podría tratarse. He leído cifras muy distinta – desde los 90 hasta los 300 millones de euros anuales– y es imposible alcanzar un consenso al respecto. Otra discusión, mucho más sencilla, se centra en el destino del gasto de lo recaudado. Es un poco absurdo. Ya que el turismo influye en casi cualquier aspecto económico, social y medioambiental de Canarias cualquier objetivo sería compatible; por ejemplo, asignar lo recaudado a potenciar y abaratar más aun el transporte público (guaguas y tranvías). Cabe recordar que el Ejecutivo regional, en los últimos treinta años, ha gastado cantidades ingentes tanto en la promoción turística como en la rehabilitación de infraestructuras.

En el pleno parlamentario de ayer el presidente Ángel Víctor Torres se vió obligado a responder una pregunta sobre la tasa turística. ¿Le gusta la idea al presidente? ¿Qué le parece la insistencia de Podemos, su socio gubernamental,  sobre este asunto en las últimas semanas? Torres, que es un orador poco inspirado pero astuto, demostró una vez más que tiene respuesta para todo, y si no la tiene, se las inventa. El presidente suele responder con cucuruchos de helado destinados a derretirse enseguida, pero cuando se licuan ya ha acabado el pleno. Vino a responder que, en efecto, en uno de los parágrafos del pacto de gobierno que firmaron el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y los alegres colombinos en junio de 2019 figura crear una comisión para estudiar la viabilidad de una ecotasa. Y un poco cómicamente Torres explicó que, en efecto, estudiarían la tasa turística concienzudamente y con la voluntad de llegar a un acuerdo entre todos. ¿Qué por qué no se debatió tal asunto al principio de la legislatura? Bueno, ahí empieza la enésima enumeración de las desgracias: una pandemia, el cero turístico, Thomas Cook, un volcán, una guerra. Dicho más claramente: no se establecerá una ecotasa turística en esta legislatura. Pero Santana aplaudió la respuesta del presidente y eso es precisamente lo que cuenta.

 

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Las manos que mueven la cuna

Va a ser difícil parar la voraz agresión que para el puertito de Adeje y zonas aledañas supondrá el proyecto de inversores belgas que pretende erigir villas residenciales, un hotel de lujo, piscinas naturales, restaurantes macrobióticos, clubes exclusivos donde te sirven las bebidas con cubitos de hielo tallados con tu nombre y apellidos, babilónicas zonas verdes y un spa como fuente de eterna juventud. Han bautizado este paraíso para ricos y ricachos como Cuna del Alma porque la cursilería y la guarrería siempre están abrazadas. Lo cierto es que todo esto empezó a moverse hace siete u ocho años bajo la complaciente y muy activa tutela del ayuntamiento de Adeje y hace pocas semanas fue presentado en una ceremonia muy chill out, con la patriarcal presencia de José Miguel Rodríguez Fraga, quien con su habitual humildad se negó a poner la primera piedra, traspasando el honor a Berta Pérez, vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, política sobrevenida que no se entera absolutamente de nada: ni falta que le hace. Seguro que todo el proceso está basado en expedientes impolutos y en informes técnicos irreprochables, y si existe algún reproche ya se encargará de subsanarlo una legión de abogados de mil euros la hora por corbata a plena satisfacción de las partes.

Esto va a costar mucho pararlo porque Rodríguez Fraga es una pieza singularmente relevante en el ecosistema del PSOE canario, más allá de su actual condición (casi simbólica) de presidente del partido.  En los últimos cuarenta años los alcaldes socialistas, en España y en Canarias, han participado activamente en la feroz explotación turística de las costas, frangollando un urbanismo tramposo, dislocador, gentrificador e invivible, un urbanismo cuatrero y al dictado, consagrando el cemento, los campos de golf y las piscinas como signos de prosperidad, y en no pocos casos, protagonizando o tolerando una corrupción galopante. Que el PSOE ahora proclame un corazón verde que te quiero verde, como si no tuviera responsabilidades directas en la turistificación destructiva de las costas canarias es de un cinismo apabullante. Rodríguez Fraga es la mano que mueve la cuna y va a emplearse a fondo para que no sea interrumpida una inversión de 350 millones de euros sobre 437.000 metros cuadrados. Moverá sus influencias en la dirección del PSOE canario, en la dirección nacional del PSOE, en el propio Gobierno autónomo y en el grupo parlamentario. Y pedirá apoyo de organizaciones empresariales y del comercio local. Por el momento nadie ha escuchado una palabra crítica o simplemente interesada del presidente Ángel Víctor Torres. Evitará pronunciarse todo el tiempo que pueda. Hasta que se le ocurra algo. O no.

Esto va a costar mucho pararlo porque los promotores e inversores de esa dulce salvajada no están dispuestos a perder unas plusvalías previsiblemente fabulosas. Disponen de suficientes recursos y de unas administraciones públicas muy colaboradoras y de dinero contante y sonante para sumarse a los esfuerzos propagandísticos (ya en marcha) del ayuntamiento adejero.

Esto va a costar mucho pararlo porque incluye intereses de gente de tronío. Para empezar los de una decena de arquitectos con sede en Tenerife, algunos muy conocidos, pero también porque entre los socios minoritarios del proyecto figura el grupo Compañía de las Islas Occidentales, compañía de capital canario controlada por la familia Zamorano, una organización solvente y exitosa que goza, igualmente, de excelentes relaciones en todas las esferas políticas, empresariales y administrativas de la isla de Tenerife.

Esto –no sé si lo he dicho antes — va a costar mucho pararlo.

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La sagrada familia

Recuerdo a los argonautas de la reforma electoral canaria insistir hasta la náusea en que un sistema electoral justo – sea eso lo que sea – promueve no solo una mayor igualdad política, sino también un mayor bienestar colectivo y una cohesión social más robusta. Es una aseveración al menos discutible pero recuerdo muy bien el desprecio hacia la basurita periodística de algún flamante doctor en Ciencias Políticas desde su altar académico. El aumento del bienestar y la construcción del Estado de Bienestar en el Reino Unido en los años cincuenta, sesenta y primeros setenta no tiene ninguna relación causal con un sistema electoral uninominal, sino con políticas públicas impulsadas por los laboristas y asumidas o toleradas por los conservadores hasta Margaret Thatcher.  Canarias necesita de otros cambios normativos y reglamentarios mucho más urgentes para adecentar su insuficiente democracia. Entre ellos la limitación del número de mandatos. Sería muy conveniente a nivel autonómico, pero sobre todo en los cabildos y en los ayuntamientos.

José Miguel Rodríguez Fraga lleva 35 años como alcalde de Adeje. Casi los mismos que gobernó Franco toda España. Por supuesto ha sido elegido democráticamente una y otra vez por sus conciudadanos, obteniendo sucesivas mayorías absolutas. Pero las urnas no son suficientes y es imposible que un lapso de tiempo tan largo no terminé generando efectos políticos perversos. Rodríguez Fraga se ha acostumbrado a que sus deseos se conviertan en ley. Ha rodriguezfragueteado el ayuntamiento adejero para solaz de sus compinches y desolación de una oposición impotente. En realidad no sería impreciso sostener que la impotencia se extiende a la mayoría de los residenciados en Adeje. En las elecciones municipales de 2019 la abstención llegó al 59,31% del censo. Votaron 10.368 personas con derecho al sufragio y se abstuvieron más de 15.000. Una resignación plúmbea, cansada, harta de sí misma. El alcalde entiende, entre otras premisas, que lo mejor es rodearse de la familia. Su hermana, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, entró en el gobierno municipal y después intentó una carrera regional, cuando su hermano convenció a su protegida Patricia Hernández, entonces vicepresidenta del Gobierno autónomo, para que la nombrara viceconsejera de Administraciones Públicas. La dicha fue breve y debió volver al ayuntamiento en 2017 como personal eventual. Más asuntos familiares. Un yerno que consiguió una plaza de funcionario. Un sobrino, Daniel Melo Rodríguez, hijo de doña Carmen Nieves, que no sale elegido concejal en 2019, pero que inmediatamente es designado “coordinador de Juventud”, un eventual con 38.000 euros anuales, hasta que la oportuna dimisión del compañero que le antecede en la lista le permite sustituirlo.

Existen otras enigmáticas costumbres alrededor del alcalde más aficionado a los santos, las vírgenes y las capillas de las Canarias Occidentales . Por ejemplo, que no se lleve en el transcurso de quince plenos ni un solo expediente urbanístico, pero en cuanto el secretario accidental sustituye al titular, se presenten 38 expedientes y recursos de urgencia. El diario Público acaba de dar a conocer que la hermanísima del alcalde tiene construido sobre terreno rústico y de protección natural un suntuoso chalet con jardín  y piscina. Justo al lado de donde vive el propio Rodríguez Fraga. Esta circunstancia levemente hedionda, sumado al proyecto constructivo junto (sobre) el puertito de Adeje puede que por fin atraigan el interés informativo sobre la larguísima y faraónica gestión de Rodríguez Fraga y su astucia embilletada para sustraerse sustraerse de un control democrático efectivo. Representa inmejorablemente el desarrollismo económico, el amor al cemento y a la familia, el aplastamiento de la disidencia y la liviandad ideológica de la inmensa mayoría de los alcaldes del PSOE, ese partido del que Rodríguez Fraga es presidente como otros se honran en pertenecer a un club de golf,  una sociedad gastronómica o un grupo de filatélicos.  

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Trampas al solitario

El Gobierno autonómico está empeñado en una partida al solitario en la que se engaña  –simula engañarse – a sí mismo. Hace unos días se festejaba la portentosa recuperación del sector turístico, corazón económico del país periódicamente infartado. Las estadísticas señalan que el pasado marzo se superó el 70% de los visitantes de marzo de 2020. A finales de año, si todo va bien, insisten los más optimistas, Canarias puede recuperarse plenamente, con la mejor temporada de invierno de su historia, muy cerca de quince millones de turistas. Por supuesto en el discurso oficial del Gobierno autonómico no se renuncia a mencionar riesgos y reservas. Esa molesta guerra de Ucrania. Sí, ciertamente ha subido mucho  el precio de los combustibles. La altísima y rampante inflación, por supuesto, es una lata. Pero los datos –se insisten – son objetivos. Es curioso, porque tanto el precio del barril de petróleo como la matanza en curso en Ucrania o una inflación de dos dígitos parece que no son datos.

Ese hacendoso y disciplinado optimismo es el que demostró el pasado jueves la consejera de Turismo e Industria, Yaiza Castilla, en el programa El debate de TVE en Canarias. Lo cierto es que este Gobierno necesita buenas noticias económicas casi desesperadamente.  ¿Cómo no va a afectar una inflación galopante a las familias británicas y alemanas, nuestros principales clientes? ¿Cómo las compañías aéreas no van a trasladar a sus clientes a medio plazo el incremento brutal de los combustibles? ¿Y quién puede asegurar – después de la salvajada rusa de ayer en la estación ferroviaria de Kramatorsk – que la guerra en Ucrania no se prolongará durante meses con un impacto desestabilizador terrible en lo económico, en lo comercial y quizás en lo político?

Canarias como destino-refugio es francamente cuestionable. Está más lejos de la guerra, por supuesto, pero también es más caro. Esta es la primera trampa. El regreso a las cifras millonarias de turistas que ahora aclaman los que anteayer alertaban sobre los riesgos y costes del satánico monocultivo  invasivo y destructor. El Gobierno autonómico ha repensado menos la actualización y modernización de Canarias como destino turístico  — menos visitantes pero que gasten mucho más – que los empresarios privados. La segunda trampa es más grotesca: intentar recuperar los quince millones de turistas y asumir unos objetivos ecológicos y medioambientales muy exigentes jurídica y económicamente. Y simplemente no es posible. Y cuando antes se entienda mejor. La huella de carbono no se borra con una normativa, una campaña turística o separando basura entre cuatro contenedores. Quince millones de turistas supone un avión aterrizando y otro despegando en Canarias cada cuarto de hora en los aeropuertos isleños. Y los aviones no se desplazan (al menos todavía) con hidrógeno verde. El consumo de agua de un turista en un establecimiento de cinco estrellas es de unos 700 litros diarios de media. Nuestra densidad de población ha llegado a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, sin contar con los turistas peninsulares y extranjeros. Y no se puede tener todo: un turismo de millones de visitantes al año y unas islas verdes, ecosostenibles, sin abusos en la fragilizada capacidad de carga de su territorio y con más de un 45% de su superficie bajo protección legal: parques nacionales, parajes protegidos, reservas de la bioesfera…

Lo más hilarante y a la vez angustioso de este tahúr que es el Gobierno consigo mismo reside en su interés en comercializar también nuestra cultura, sus símbolos más señeros y nuestro acervo patrimonial. En 2019 visitaron el Parque Nacional del Teide más de 4.300.000 personas.  Visitar el Teide un fin de semana cada vez se asemeja más a acudir a unos garndes almacenes. ¿De verdad pretenden –por poner un ejemplo – que millones de turistas se planten anualmente en el Parque Arqueológico de Cueva Pintada? ¿Olvidan nuestros graves problemas de movilidad? Bajo afeites buenistas y una prosa eco friendly se sigue soñando con un turismo sin límites ni limitaciones, infinitamente expansivo y persuasivo, nuestro cálido y bendito ogro filantrópico, nuestra única redención.       

 

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