El Tribunal Constitucional no ha declarado ilegal (todavía) la consulta impulsada por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas frente a la costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central y eso significa automáticamente la paralización cautelar de la misma. De inmediato algunos voceros del Ejecutivo regional han señalado que están seguros (sic) de que el Tribunal Constitucional dictará a favor de la legalidad de la consulta. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y Tú Más, Fernando Ríos, se ha atrevido incluso a aventurar que habrá sentencia definitiva en un plazo de cinco meses, a pocas semanas, por tanto, de la convocatoria de las elecciones autonómicas. A cualquiera le parecería imprudente convocar una consulta pocos días antes de la convocatoria de unos comicios, pero cabe colegir que al señor Ríos y a don Paulino Rivero no. Pero si uno se resigna a pensar como una persona adulta y un ciudadano responsable, debería admitir que la vía de la consulta popular está en punto muerto y, en cambio, los sondeos exploratorios de Repsol comenzarán antes de finales de mes.
Por supuesto, el argumento que aflora en esta coyuntura (y no ha dejado de manar desde hace meses) es que el Gobierno de Mariano Rajoy impide que los ciudadanos canarios se pronuncien sobre este asunto, es decir, perpetra un estrangulamiento democrático deliberado. Aunque se trata de asuntos de distinto calado político y jurídico, esta crítica es la que se practica hasta la exasperación en Cataluña a propósito de otro recurso al Constitucional que ha paralizado el referéndum enmascarado de consulta amable y enmarañadamente inquisitiva propuesto por la Generalitat. Hace unos días sostuve una discusión bastante demencial con un amigo convencido de la necesidad y la justicia del procés catalán. Desde su punto de vista, lamentablemente representativo, la democracia había sido prácticamente extirpada en Cataluña bajo la bota facistoide de un Gobierno aguasanado por la corrupción. La lucha por la celebración de un referéndum y la conquista de la independencia eran – según mi atrabilario interlocutor – ni más ni menos que el combate decisivo por la democracia. Tanto catalanes como canarios viven en un régimen autonómico con unas cuotas de autogobierno que jamás habían gestionado en su historia y votan periódicamente a sus parlamentos y sus corporaciones locales. El sistema democrático corre tanto peligro en Cataluña como en Extremadura, en Galicia como en Canarias. La democracia no se juega en un referéndum. La democracia se juega día a día en los gobiernos y las administraciones públicas y en Canarias, ahora mismo, la prioridad debería estar en los quebrantos, miserias, errores y latrocinios que se ramifican en tierra firme, no en mar abierto, y que son los que trituran cotidianamente nuestra depauperada condición de ciudadanos.