“Somos un Gobierno responsable y que cumple”, tuiteaba ayer el presidente Pedro Sánchez después de que el Consejo de Ministros aprobase su plan económico contra el impacto de la guerra en Ucrania y el proceso inflacionista que amenaza con destrozarnos los bolsillos. Qué cansina es toda esta épica sanchista. Todos los puñeteros gobiernos europeos han articulado planes económicos de contingencia desde hace días, algunos implementaron medidas fiscales o ayudas directas hace ya semanas. El señor Sánchez llega con retraso después de avanzar su programa anticrisis en medios de comunicación y reuniones empresariales. Finalmente irá al Parlamento y aprobará su paquete – es un decir – a través de un decreto ley, que es como le gusta gobernar al señor presidente. En unos días se votará la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados y si votas en contra es que quieres hundir a España por un miserable interés electoralista. Porque, obviamente, y tal y como ha demostrado en los últimos dos años, el Gobierno no va a tolerar la incorporación de disposiciones que le sugieran no ya la oposición, sino sus propios socios parlamentarios.
Para calmar los patéticos miedos y tembleques de Unidas Podemos el presidente les ha tolerado presumir de su portentoso papel en el diseño de un nuevo “escudo social” que va a impedir, ya lo saben ustedes, que la inflación moleste a nadie, en especial, como siempre, a los más débiles. Tampoco es gran cosa. Los 10.000 millones de créditos ICO son de obligatoria devolución y ya se verán las horrorosas condiciones que se exigirá, como en lo más duro de la pandemia, a las medianas y pequeñas empresas para acceder a las perras; por el momento se han extendido los plazos de vencimiento de los créditos concedidos en años anteriores. Los otros 6.000 millones tienen un ligero sabor a ciencia ficción. Una bonificación de veinte céntimos por litro de combustible. Una limitación de la subida de alquileres que no superará el 2% para las familias arrendatarias (me gustará mucho ver eso por escrito en una normativa congruente con la legalidad vigente). Un aumento de los beneficiarios del bono eléctrico. Un mezquino crecimiento del ingreso mínimo vital ese que reciben, proporcionalmente, cuatro gatos en España (medio gato en Canarias). Impedir que se despida a gente flexibilizando aún más los ERTE. También se van a soltar 362 millones de euros para la actividad agrícola y ganadera y unos 68 millones para la pesca. Con todo esta pasta el Gobierno cree que al menos tiene controlada la situación hasta el mes de julio –aunque se implora que la guerra en Ucrania acabe mucho antes – sin que las previsiones de decrecimiento del Producto Interior Bruto sobrepasen el 1%.
En términos generales el Gobierno no ha hecho otra cosa que lo que tenía que hacer, aunque haya prescindido del alivio de luto fiscal, para el que tenía margen de acción por valor, al menos, de 3.500 millones de euros. Que se gestionen con rapidez y diligencia las ayudas directas – sin caer en el espantoso caos que se vive en las solicitudes del ingreso mínimo vital o la gestión de la dependencia – deviene una prueba de fuego sobre la que caben dudas muy razonables. Entretanto los agentes sociales y económicos saben perfectamente que todas estas operaciones de salvamento, más que un escudo, representan una tirita con fecha de caducidad. Y no todo depende de la guerra en Ucrania y de la normalización del suministro del gas ruso –que en ningún momento se ha interrumpido — sino en las tensiones de las cadenas de distribución, de problemas estructurales en las producciones agropecuarias ligados a forrajes, fertilizantes y mano de obra, del retraso de las grandes inversiones de los fondos de la Next Generation, del riesgo-país de un Estado con una deuda pública superior al 122% del PIB anual. Esto es un chute relativamente caro para sobrevivir un cuatrimestre.