El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, confía en que sea posible mantener el solemne compromiso de Paulino Rivero de no introducir más ajustes presupuestarios en el año 2014, pero sus píos deseos se antojan un cascado recurso retórico bajo las brutales restricciones recogidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014. Naturalmente que se producirán nuevas restricciones y afectarán a los servicios sociales y asistenciales públicos (educación, sanidad, dependencia) y previsiblemente a los salarios de los funcionarios de la administración autonómica. Pero los presupuestos generales del Estado no serán, ni por asomo, el único problema presupuestario y hacendístico de González Ortiz y su equipo en los próximos meses, ni la última borrasca de granizo negro y amargo como la hiel que amenaza a los ciudadanos.
El primero es un reto operativo. Gestionar y gastar ordenada y eficazmente los 200 millones de crédito extraordinario regulado por una ley que aprobaron Coalición Canaria y PSC-PSOE sin darle apenas una oportunidad a la oposición parlamentaria. Si el Ejecutivo regional tenía tanta prisa por aprobar el crédito extraordinario – que solo dedica a políticas y programas sociales, por cierto, el 45% de su monto total – y optó por no aguardar el proyecto legislativo del señor Montoro y compañía es porque ese dinero, esos 200 kilos, deben gastarse y justificarse antes del próximo 31 de diciembre. Si se considera la rapidez procedimental de nuestra nunca bien ponderada administración autonómica, se trata de un desafío tormentoso que debe embridarse y materializarse en apenas tres meses.
La segunda tormenta de miserias y canalladas, mucho más grave y de carácter estructural, llegará con la promulgación el próximo año de la reforma de la ley de administraciones locales, por las que se trasladarán las actuales competencias de los ayuntamientos en servicios sociales y sociosanitarios a las comunidades autonómicas: servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones, comedores y albergues, servicios de atención a la mujer, talleres ocupacionales. Con la situación financiera que soportan las comunidades autonómicas las opciones más obvias serán el cierre o la privatización. En Canarias son unas 30.000 personas las que podrían quedarse desatendidas y alrededor de 6.000 puestos de trabajo los que estarían directamente amenazados.