¿Lo de la renovación de los sillones del salón de pleno del Parlamento? Sencillamente me importa un bledo. La renovación va a salir por unos 105.000 euros, pero estoy seguro que el mobiliario contratado llegará, mientras que de los cuatro millones gastados al borde de la ilegalidad para comprar mascarillas quirúrgicas durante la pandemia no veremos jamás un duro (ya está descartado, desde luego, que se reciba una puñetera mascarilla) y aquí no ha pasado ni previsiblemente pasará nada. Al personal le entusiasma inmoderadamente que los órganos de gobierno parlamentario se gasten partidas en comprar cafeteras, croquetas, agua mineral, teléfonos móviles o sillones porque son una sabrosa ocasión, sencilla y directa, para cabrearse con nuestras élites políticas. Pero los problemas de la gobernanza en Canarias, y de la política parlamentaria en particular, son otros, más graves y que, a la corta o a la larga, nos salen democráticamente y a veces económicamente más caros.

Por ejemplo, que sea un caballero, Casimiro Curbelo, quien decida quien gobierna la Comunidad autónoma. Lo decidió la pasada legislatura (y el beneficiario por CC) y lo decidió en esta (en la que lo fue el PSOE). La reforma electoral de 2018, que renovaría tantas cosas según las cursiladas técnicas más estilosas, nos ha devuelto a la etapa anterior a 1996, cuando alguno o varios de los pequeños partidos marcaban el devenir político regional. Como el señor Curbelo quería grupo parlamentario propio puso como condición poder formarlo con solo tres diputados, y se reformó instantáneamente el reglamento de la Cámara para satisfacerlo. Espero, con cierto escepticismo, que la extensa y densa lista de concesiones y regalías a Curbelo y sus mariachis se conozca algún día. Representa una anomalía democrática. Casimiro Curbelo es el elefante en el salón de plenos que nadie quiere ver pero que todos anhelan acariciarle la trompa.

El uso y abuso fraudulento del reglamento parlamentario, las inexcusables dilaciones para facilitar documentación, la práctica cada vez más habitual de no responder a las preguntas de la oposición y en el mejor de los casos sustituir las respuestas por circunloquios entre cínicos y majaderos o la costumbre de utilizar el parlamento como seguro electoral a todo riesgo, simultaneando candidaturas y a veces cargos – alcaldes, presidentes de cabildo – forman parte de la patología de la política canaria, y si no obsérvese el trabajo parlamentario (prácticamente nulo) de una presidenta del cabildo y una exalcaldesa y concejal que simultanean sus responsabilidades locales con el escaño. También ocurre con alcaldes socialistas, coalicioneros y conservadores. Por supuesto esto socava la calidad parlamentaria y empobrece el debate democrático. Especialmente cuando están ahí simplemente para cobrar.  Esta práctica es  –también – una forma respetable de corrupción política y sale mucho más cara que setenta sillones nuevecitos y relucientes.

No conviene olvidar los recursos asignados a los grupos parlamentarios. Siempre se habla de los sueldos y dietas de sus señorías y muy rara vez de la morterada que se llevan los grupos parlamentarios anualmente y que asciende a muchos cientos de miles de euros. Lo más asombroso es que todavía hoy esos gastos son fiscalmente opacos. Los grupos parlamentarios no deben dar cuenta a nadie por la gestión de sus asignaciones, es decir, pueden gastar las perritas en lo que se les antoje, sin mayor preocupación o compromiso de transparencia.

 Así que no me hablen de la renovación de los sillones donde ponen sus honorables nalgas los diputados y diputadas que, por cierto, son los mismos desde finales de los años ochenta. Desde un punto de vista institucional, democrático y financiero debería preocuparnos bastante más nuestro culo que el de sus señorías. Los sillones se renuevan fácilmente: basta con firmar una factura. El sistema de la democracia parlamentaria no.