El Cabildo de Tenerife carga con una deuda que supera muy probablemente los 477 millones de euros, es decir, la corporación insular adeuda un volumen similar al de su presupuesto anual. Según los datos del Ministerio de Hacienda, es la segunda entidad local supramunicipal más endeudada de España, después de la Diputación Foral de Vizcaya. Hace unos días una sentencia del Tribunal Supremo estableció que el Cabildo tinerfeño estaba obligado a devolver créditos solicitados durante el año 2010. En el origen de este pronunciamiento judicial está un decreto del Ministerio de Economía de 2011 –todavía gobernaba Rodríguez Zapatero – que, en pleno del pánico por una situación económica agónica, instaba al Cabildo a cancelar los créditos solicitados y le transmitía tajantemente que no podía solicitar otros nuevos. Finalmente el Supremo ha concedido la razón al Ministerio, observando en su sentencia varias causas de nulidad, entre otras, la utilización de los créditos solicitados para abonar la devolución de deuda comprometida en años anteriores. La corporación tendría que apoquinar este año más de 137 millones de euros de créditos suscritos en 2010. Su última trinchera es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que interpuso un recurso contra el decreto ministerial, aunque es al menos jurídicamente discutible que el Cabildo no deba ejecutar inmediatamente la devolución de los créditos, tal y como ha señalado Santiago Pérez.
Este asunto no es precisamente menor (supone el riesgo casi inevitable de un impacto brutal en los recursos públicos de Tenerife) pero extrañamente no ha sido objeto siquiera de un pleno extraordinario en el Cabildo Insular ni parece preocupar a los lánguidos agentes de la tibetana sociedad civil isleña. Nada, como si se tratase de un incidente meteorológico que se superará gracias al fondo de armario de gabardinas del consejero Víctor Pérez Borrego. Y ocurre tal pachorruda enormidad sin que el Cabildo, después de un lustro de crisis económica, haya avanzado un ápice en una reforma técnica, organizativa y administrativa para disminuir los costes estructurales y los lastres financieros de una corporación que mantiene vivas y zarzaleando un montón de empresas públicas (16 entre las participadas íntegra o mayoritariamente) y concediendo subvenciones a granel.