Coalición Canaria

Una amnesia desvergonzada

En un ensayo breve y delicioso Roland Barthes llamó a Voltaire el último escritor feliz, porque jamás sufrió ni la hiperconciencia del lenguaje ni conflictos ideológicos internos ni las ambigüedades morales de quienes le sucedieron. El último (y quizás el único) presidente del Gobierno de Canarias feliz, indescriptiblemente feliz de ser presidente, fue Román Rodríguez.  Su gorja naturaleza, su buen humor casi inalterable, su ciega confianza en sí mismo lo convertían en una excepción, porque los presidentes, aunque anhelen mucho su condición (“se puede llegar a presidente por casualidad, pero no sin desearlo mucho”, como dijo Abraham Lincoln) suelen  mostrarse como esclavos de un ideal, estrictos servidores de los intereses públicos, monjes trapenses de la gestión institucional,  víctimas de su propia entrega acogotadas por una responsabilidad  que devoraba sus días y sus noches. Rodríguez jamás pisó semejantes pantanos. Dormía a pierna suelta sin perdonar breves y reparadoras siestas, bebía bien y comía mejor, bromeaba con unos y con otros, proyectaba una imagen entre deportiva y hedonista del poder en época de presupuestos gordos y mantecosos. Pero, por supuesto, era un presidente, un presidente bastante común y corriente, y quería seguir siéndolo.
Ahora Román Rodríguez le pide a otro presidente, Fernando Clavijo, que presente una cuestión de confianza en el Parlamento. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Rodríguez cambió cuando los restantes dirigentes de CC incumplieron tramposamente el acuerdo en virtud del cual le correspondería la Vicepresidencia y la Consejería de Economía y Hacienda a partir de la victoria electoral de 2003. Fue entonces cuando decidió marcharse y fundar con la mayoría de los cargos públicos (y los militantes) de la CC grancanaria un partido, Nueva Canarias. Cambió entonces, no antes. Pero no se trata de afear los cambios de posición política, sino de subrayar esa amnesia empapada en cinismo con el que Román Rodríguez, reverdecido izquierdista, se desenvuelve hace años. Reclama conocer los apoyos de Clavijo y olvida la espectacular y follonera inestabilidad que presidió buena parta de su mandato. Al parecer no lo recuerda. No recuerda cuando destituyó a Guillermo Guigou, secretario general del PP de Canarias, como consejero de Agricultura y Pesca. No recuerda tampoco que el PP decidió abandonar el Gobierno autonómico, pero sus tres consejeros – Lorenzo Suárez, Tomás van de Valle y Rafael de León – se negaron a dejar el gabinete: los tres se negaban a reconocer el liderazgo de José Manuel Soria. Es difícil imaginar una inestabilidad más circense: gobernar con tres consejeros que no reconocen la autoridad de tu socio parlamentario y que se niegan a seguir las instrucciones de su propio partido. Esta grotesca situación duró más de cinco meses. La oposición socialista le solicitaba casi a diario una cuestión de confianza, pero a Rodríguez el infecto vodevil que copaba la información política le importaba un rábano. Finalmente el PSOE de Juan Carlos Alemán presentó una moción de censura pero ya por entonces se había recuperado la confianza entre Coalición y el PP, y los votos de la derecha acudieron prestos a salvarle el pescuezo a Rodríguez.
Como ejemplo de inestabilidad – incluso de inestabilidad en el seno de CC – podría citarse también esa monstruosa comisión de investigación sobre Tindaya: montaña sagrada y violentada que parió un ratón parlamentario. Que un político con estos antecedentes describa ahora mismo un escenario cuasiapocalíptico y siempre dudas sobre la legitimidad del Ejecutivo regional – cuya gestión, sin duda, reclama duras críticas – no es más que una lección de desmemoriada sinvergüencería.

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Partidos en crisis y crisis del pacto

Una de las raíces de la actual crisis del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSC-PSOE — es la extremada debilidad de ambas organizaciones políticas y la ausencia quebradiza de sus liderazgos. Supuestamente tanto los coalicioneros como los socialdemócratas abrían legislatura y sellaban un acuerdo que coronaría la llegada de una nueva generación política al poder autonómico, encarnada en Fernando Clavijo y Patricia Hernández.  Y en efecto, ha cambiado algunos (pocos) nombres, pero se trata de un asunto puramente nominal. Tanto CC como el PSC no han cambiado lo más mínimo ni es previsible que lo hagan. Como todas las viejas fuerzas políticas casi se han reducido a maquinarias electorales: partidos cártel que funcionan como lobbys incrustados en las instituciones. No se transformarán, entre otras razones menores, porque ni Clavijo ni Hernández cuentan con la suficiente potencia política y con unos aliados sólidos para intentarlo. Hablando con propiedad: ni uno ni  otra tienen incentivos para hacerlo. Jóvenes sí, pero profundamente conservadores también, porque introducir cambios en la praxis de sus partidos, en sus criterios de organización, en sus programas y sus relaciones con la sociedad civil, en el método de selección de su personal político, en fin, pondría en marcha una dinámica interna de democratización y fragmentación a la vez que muy probablemente no podrían controlar. Ni el presidente ni la vicepresidencia están dispuestos a jugársela. Cambios, los mínimos indispensables, en un proceso cuyo control esté en sus manos.

El caso de Clavijo es particularmente agónico. Después de alcanzar la designación para la candidatura presidencial, y de conseguir encabezar el Ejecutivo regional, Clavijo reparó en que si pudo desplazar a Paulino Rivero fue porque logró la secretaria general d la Coalición tinerfeña. El fin de Rivero, en el seno de CC, llegó cuando perdió el control partidista de Tenerife, que le cuidaba como una huerta   –al final como un chalet que visitaba un par de veces al mes –  Javier González Ortiz.  Era, por tanto, inexcusable mantener el control de la organización insular,  aunque suponga una muy llamativa circunstancia – por decirlo suavemente — que el presidente del Gobierno desluzca su neutralidad regional – o nacional – asumiendo los intereses de una de las islas. El presidente se ha encastillado en esta posición, empujando de una patada el balón del Congreso Nacional de CC hacia 2017, y ha contaminado su pequeña magistratura con las crisis municipales en su isla de origen. Es disparatado y contraproducente. Es irracional. Es impolítico. Pero entre los tinerfeños de la cúpula de CC se pretende hacer pasarlo como normal, como se pretende hacer pasar como normal que no se debata políticamente con tu socio político, hasta llegar a un consenso operativo,  un buen proyecto legislativo como es la Ley del Suelo o un criterio de reparto caprichoso como supone el propuesto para la inversión del ahora Fondo de Desarrollo de Canarias: es perfectamente posible una fórmula mixta que integre la priorización de proyectos concretos con el equilibrio interinsular a partir de la aportación de cada territorio al PIB regional.

Sí, existe una crisis política que pone en peligro la continuidad del pacto que sostiene al Gobierno autonómico. Pero no es únicamente el precipitado de intereses bastardos, fulanismos exasperados, desconfianzas y puñaladas municipales. Es una crisis de cohesión y coherencia de los grandes partidos, de una concepción inteligente e integradora del liderazgo político, de responsabilidad hacia un país que está perdiendo sus penúltimas oportunidades para no terminar como un balneario abaratado, envejecido y destartalado al oeste de África.

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Gobierno y gobernanza

Este verano que comienza lentamente a despedirse he estado muy ocupado en volver a aprender a respirar,  a tomar resuello sin razones demasiado poderosas para hacerlo, y no pude escuchar el solemne anuncio de Fernando Clavijo de inminentes cambios en el Gobierno autonómico. Por el momento no se ha producido ningún cambio. En realidad se trata de una hipótesis bastante inverosímil por una única y suficiente razón: Fernando Clavijo –como cualquiera de sus predecesores al frente del Ejecutivo – no es el arquitecto de su Gobierno. Como mucho, estrictamente, es un  casero obligadamente bondadoso que permite que se acumulen los alquileres y vigila con parsimoniosa desconfianza las entradas y salidas de los despachos.  Por eso los presidentes coalicioneros se han limitado invariablemente a destituir a consejeros y otros altos cargos del Partido Popular o a emprender cambios en el organigrama general y felizmente consultados con los menceyes insulares. Los presidentes coalicioneros – exagerando apenas un poco – no nombran a nadie, salvo a la exigua cuota que corresponde a su isla: su  staff en Presidencia, la dirección de alguno de los departamentos horizontales, un puñado de directores generales y varios asimilados y para de contar.
El hecho de que el presidente no designe realmente a su equipo gubernamental es uno de los rasgos más grotescos – y ya insostenibles – de la praxis de Coalición Canaria en el último cuarto de siglo. Una praxis tan invariable y testaruda que todos nos hemos acostumbrado a semejante disparate, es decir, a que cada organización insular de CC decida quien va a representarle en el Gobierno autonómico y repartir buena parte de la pedrea de cargos en su área de influencia. Por ese camino, por ejemplo, una señora como Soledad Monzón puede terminar como consejera de Educación sin atesorar ninguna experiencia, cualificación profesional o interés político o personal en tan enorme y delicada responsabilidad.  Lo cierto es que si a alguno de los que ya peinamos canas nos hubieran asegurado en los años noventa que la señora Monzón, alegre compañera de la pequeña corte del siempre anocturnado Julio Bonis, llegaría a encargarse de la gestión sistema de enseñanza pública en Canarias, nos hubiéramos carcajeado y pedido otro whisky. Qué tiempos aquellos en los que lo más terrible y estúpido todavía se nos antojaba inimaginable.
Un Gobierno que no es elegido por su presidente, sino en el mejor de los casos consultado con el jefe del Ejecutivo, atenta contra cualquier principio de buena gobernanza, democrática y operativamente. Una de las reflexiones que los coalicioneros deberían plantearse en su congreso, si es que el congreso se celebra algún día, es buscar un mecanismo sustitutivo de esta viciosa y enviciada metodología para construir un Gobierno que, con semejante formato, se asemeja demasiado a un botín y trasluce una intolerable concepción patrimonial de las administraciones públicas El problema no es que Clavijo no pueda cambiar libremente de gobierno. El problema – como ocurre en el último cuatro de siglo – es que le gustaría cambiar su gobierno porque no lo hizo él.

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Se acabó el tiempo

El suspiro de alivio en las huestes de Coalición Canaria cuando en la noche del pasado domingo constataron que habían salvado el escaño en el Congreso de los Diputados estuvo más que justificado. Los coalicioneros –especialmente en Tenerife – echaron los restos y, en contra de lo ocurrido en diciembre, la organización se movilizó. Pero les convendría no eternizar el resuello de satisfacción. Sí, fue meritorio conservar el acta, y Ana Oramas se exprimió a sí misma como una mandarina a media mañana, mientras por primera vez en muchísimos años se podían escuchar y leer invocaciones para que no se votase a Coalición Canaria (no para que se votara a Podemos, sino para que no se votara a CC) con una suave fragancia fascistoide. Y aun así, globalmente, se perdieron sufragios respecto a los anteriores comicios, y la gran mayoría de los votantes fueron ciudadanos de más de 50 años de zonas suburbiales y rurales. Así no se ganan elecciones, ni se consiguen amplias mayorías, ni se puede vertebrar políticamente la sociedad isleña. Si CC – y en particular sus dirigentes y cargos públicos – no son capaces de emprender un verdadero proceso de cambio interno, reformas normativas y democratización de sus estructuras y procesos de participación el futuro es bastante lóbrego para el exitoso experimento que se puso en marcha en un cada vez más lejano 1993.  Para los coalicioneros es una prioridad cargada de emergencias legitimarse políticamente como una fuerza política dotada de democracia interna y de una estrategia de desarrollo para el país, una fuerza política urbana y moderna, capaz de acoplarse a las demandas específicas de las grandes ciudades y de interesar electoralmente a las clases medias urbanas, a jóvenes y mujeres, a profesionales y emprendedores.
Pero, sorprendentemente, pasan las semanas y los meses y nadie sabe aun cuándo se celebrará finalmente el Congreso Nacional de CC ni se percibe el atisbo más modesto de debate precongresual. No se oye una sílaba respecto a propuestas, iniciativas, diagnósticos ni absolutamente nada. De hecho, la actual comisión ejecutiva nacional de CC está amortizada desde hace un año y si se reúne desde el verano pasado debe ser en las bodas, bautizos o comuniones de sus integrantes y familiares. El secretario general del partido sigue siendo José Miguel Barragán, y debe ser el único secretario general del Hemisferio Occidental que al mismo tiempo es viceconsejero – un cargo de segundo nivel– del Gobierno autonómico. Resulta todo muy loco y ligeramente esperpéntico, como ha sido siempre el jardín del Bien y del Mal coalicionero donde la serpiente ha llegado a ser, en alguna ocasión, el director del zoológico. Pero ya no queda prácticamente tiempo. O se renuevan ideas y relatos y se democratiza ese complejo puzzle de siete piezas, acabando con liderazgos vetustos y con la cultura de la cooptación y la subordinación de la sufrida militancia o CC pasará a vivir, encastillada en una perplejidad numantina,  una corta y veloz agonía.

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A vueltas con el pleitismo (2)

En el Estatuto de Canarias que impulsó Gil Roldán y cuyo desarrollo fulminó el golpe de Estado de julio de 1936 Canarias no contaba exactamente con un Parlamento – aunque tuviera una limitada capacidad legislativa – ni mucho menos con un Gobierno regional. En cambio, gracias a impuestos cedidos y a transferencias de capital y de crédito el Gobierno de Canarias se convirtió en el principal asignador de recursos del país a finales de los años ochenta. A partir de ahí fragüó nuestra clase política y unos gobernantes locales – en su gran mayoría con muy escaso o nulo currículo antifranquista –  cuyo poder e influencia  hubieran envidiado el astuto José Miguel Galván Bello o el mucho más inteligente y relevante Fernando León y Castillo.  A través del nuevo sistema institucional el pleitismo se evidenciaba como una estrategia ya periclitada simplemente porque desaparecía, frente al poder autonómico – que gestionaba nóminas y carreras funcionariales, decidía inversiones, recibía cientos de millones de euros europeos – cualquier posibilidad de mediación a través de terceros. Y al mismo tiempo, como ya se ha señalado, era política y electoralmente imposible que cualquier isloteñismo se hiciera fuerte. Las AIC fueron la demostración no de la fuerza del insularismo, sino de la deliberada necesidad de superarlo, empezando, modestamente, por las sumas aritméticas.
Cuando hablo del universo simbólico del pleitismo – sin pretender incordiar a quien considero uno de los grandes periodistas de las islas – me refiero precisamente a esa larga y no muy estimulante etapa histórica en el que las luchas, roces y reticencias entre los bloques de poder de Gran Canaria y Tenerife constituían un elemento ideológico clave, definitorio y definitivo, con la que se construía socialmente nuestra realidad. El pleito era, poco más o menos, una explicación universal de lo que ocurría, como en otras coyunturas históricas ocurrió con el judaísmo, el comunismo y otras raleas. Y esa hermeneútica pleitista, cómoda y multifuncional, que explica igual un roto que un descosido, está instalándose de nuevo en Gran Canaria. Pondré un ejemplo del pleito utilizado como deus ex machina de la política insular y su historia reciente. Alemán explica que los áticos se percataron que la ansiada hegemonía tinerfeña pasaba por ganar posiciones y así nacieron las AIC y luego CC. A mí, con sinceridad, me asombra mucho este relato sobrevenido, porque Coalición Canaria no fue precisamente un invento del Hermoso Manuel. En su gestación jugaron un papel tan activo como Hermoso o Adán Martín los señores Lorenzo Olarte o José Carlos Mauricio, un exsuarista y un poscomunista, a los que se sumaron, por supuesto, una fuerza como AM y caudillos y reyezuelos locales como Dimas Martín en Lanzarote. No, los áticos no secuestraron la voluntad ni narcotizaron las entendederas de organizaciones que desde varios puntos de referencia político-ideológico convergieron en una chirriante federación entre regionalista y nacionalista que, gracias al sistema electoral y a su implantación en las siete islas, concedía al invento la centralidad en el espacio político canario y auguraba, por tanto, una prolongada estancia en el poder.  Para entender el éxito político-electoral de Coalición Canaria — y no caer en la tentación de describirlo exclusivamente en términos negativos — es más útil emplear aparatos conceptuales politológicos y sociológicos que galimatías pleitistas, aunque llenen el corazón y reconforten viejos prejuicios.

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