nacionalismo

Matanzas y genocidios

Las idioteces suelen reproducirse y crear nuevas estupideces, con vida propia, en un movimiento exponencial. La estupidez sobre los lienzos que adornan las paredes del salón de pleno del Parlamento de Canarias ha derivado, ahora, hacia otra babiecada, el genocidio que sufrieron los guanches y que, al parecer, ni conocemos ni hemos llorado lo bastante. Reconozco mi estupefacción cuando escucho hasta al estimable Juan Manuel García Ramos hablar de genocidio y recomendar, incluso, que se organice un espacio expositivo sobre semejante despropósito. Algunos van más lejos todavía y comparan la matanza de aborígenes canarios a manos de los despiadados españoles con los hornos crematorios de los nazis. Sospecho incluso que estos ñacañacas encuentran más humanitarios a los nacionalsocialistas, que al menos les contaban piadosamente a los judíos que los llevaban a duchar. Pero los españoles, con los guarros que era y son, por supuesto ¿cómo iban a engañar a los guanches con una propuesta semejante? “Acercaos presto a esta alberca, valeroso aborigen, y dejad que os frote la espalda para vuestra limpieza y deleite”. No. Los mataron a lanzazos, los muy canallas.

Un genocidio supone una voluntad de exterminio deliberada y sistemática. Y esa estrategia de exterminio planificado no está avalada ni por los datos históricos disponibles ni por la praxis política de la Corona de Castilla – y más tarde de España – en su expansión atlántica y americana. El director general de Patrimonio del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Clavijo, él mismo historiador, ha terciado apuntando esta incontrovertible evidencia, y un ejército de vociferantes indocumentados, simpáticos guanchistas que se sujetan el cerebro con taparrabos, le ha caído encima para vengar la sangre derramada de nuestros martirizados ancestros. Lo más exaltados llegan a asegurar que los guanches fueron prácticamente exterminados por la homicida brutalidad española, lo que les convierte en descendientes de españoles sin mezcla de sangre aborigen, en el fondo, algo así como peninsulares con mala consciencia. La mayor parte de la población aborigen desapareció en menos de 50 años, pero en su mayoría no fueron pasados por las armas ni vendidos como esclavos: murieron a consecuencia de enfermedades causadas por agentes patógenos de origen peninsular y europeo. No es disparatado, sino bastante racional, suponer que esa mortalidad no constituyó una excelente noticia para las autoridades de la Corona y para los señores de las islas. De hecho debieron promulgarse leyes y atraer con tierras baratas y exenciones fiscales a hombres para poblar el Archipiélago. Ni la gripe, ni el cólera, ni la fiebre amarilla se emplearon como armas biológicas en las Canarias del siglo XV y XVI. Y entre los aborígenes supervivientes se encuentran a bastantes que se integran entre las élite de poder, como otros, en cambio, se retiran a comarcas de las islas menos controladas, política y militarmente para vivir encapsulados en su moribunda cultura.

Los guanches. Nuestro embeleco histórico preferido. El arquetipo amasado para romantizar el resentimiento, la melancolía o la impotencia. La supuesta cifra de nuestra identidad cultural más central, telúrica y verdadera. Pues no, nada de eso. Somos un pueblo de aluvión y la entrada de Canarias en la historia es el fascinante relato de una región fronteriza a la que acuden castellanos, andaluces, portugueses, catalanes y genoveses – y luego vendrán muchos otros — para construir un país y articular la primera economía monetaria del Atlántico.  Qué difícil resulta admitir que somos un pueblo mestizo y que los guanches no representan una privilegiada instancia epistemológica que ilumine nuestro desarrollo histórico,  ni nuestros éxitos, duelos y quebrantos.

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Remedio y enfermedad

Nadie se sorprenderá por los resultados de una reciente encuesta que indica que solo un 15% de los votantes habituales de CC son nacionalistas. A ver por qué creen ustedes que la organización política se llama Coalición Canaria y no Partido Nacionalista del Pueblo Canario Libre, un suponer. Los dirigentes coalicioneros siempre han sabido que el nacionalismo era un sortilegio ideológico que no atraía especialmente a los canarios. Es extremadamente curioso porque los líderes y cargos públicos de CC han conseguido enhebrar con sus electores – aunque cada vez más dificultosamente – un metalenguaje propio. Nosotros nos llamamos nacionalistas – susurran o gritan – pero tú, querido elector, sabes que eso es una forma de hablar, porque tenemos y sobre todo tienes donde elegir: alcaldes que en las fiestas patronales del pueblo lo llenan todo de banderitas españolas, regionalistas cuya alma de vino azufrado cabe en un soneto de José Tabares, nacionalistas convencidos y/o conversos  que son, sobre todo, patriotas estatutarios — una reproducción a escala local del patriotismo constitucional que defendió Habermas — y hasta cuquerías vintages como las figurillas del PNC, sin olvidar a los soberanistas de toniques amenazantes que confunden a Secundino Delgado con José Martí, especialmente si media una botella de vino de parra y una escolaridad fracasada.
Si el nacionalismo canario continúa siendo débil, una minoría francamente reducida, es porque no se ha producido ninguna fisura en el sentido de pertenencia de los isleños al Estado español. No está mal después de más de veinte años de una fuerza que se denomina nacionalista al frente del gobierno autonómico. Uno de los más cansinos mantras del nacionalismo insiste en que  construir una conciencia nacional resulta extraordinariamente difícil, algo así como reproducir Notre Dame con cerillas, pero que cuando la autoconciencia de un pueblo alcanza su plenitud la lucha por la libertad nacional irrumpe inconteniblemente y todas esas zarandajas. Para el nacionalista mostrenco la nación y el Estado están hechos el uno para el otro. Lamentablemente para sus pruritos ideológicos, en absoluto tiene que ser así. Los canarios han ganado mucho (en lo político, en lo económico, en lo social) con la Constitución de 1978, con el Estatuto de Autonomía (reformado) y con la incorporación al Mercado Común, posteriormente Unión Europea. Sin duda han existido pérdidas, torpezas, egoísmos y estupideces, pero el balance global es positivo, y en nuestra pequeña historia pocas veces lo había sido. Ni siquiera una crisis tan brutal y prolongada como la que padecemos – y que obviamente ha desnudado todas las debilidades, contradicciones, desvergüenzas y fragilidades del sistema autonómico y del modelo de crecimiento económico del Archipiélago – ha dañado gravemente el convencimiento de la inmensa mayoría de la población de que el nacionalismo, como apuesta por el independentismo y por el encapsulamiento identitario, sería un remedio mucho peor que la enfermedad.

 

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Alergias

En una de sus giras madrileñas el presidente Paulino Rivero ha declarado que no entiende cómo alguien puede no ser nacionalista. Yo la evaluaría como una declaración preocupante si desde la ventana de mi despacho no observara, cada noche, como es saqueado un contenedor de basura. Cada semana hay menos basura y más saqueadores. No me atrevo a preguntarles si son nacionalistas o maoístas, porque de su código gestual no se derivan angustias ideológicas demasiado acentuadas. Pienso que si un señor (o una señora) con cierta proyección pública profiriera reflexiones como “no entiendo como alguien puede no ser liberal” o “no comprendo, sinceramente, como todo el mundo no es socialdemócrata, neoconservador o leninista”  la tentación de telefonear al frenopático más cercano seria irreprimible. Curiosamente con los nacionalistas no pasa eso. Los nacionalistas siempre suponen que todo el mundo debe ser nacionalista si es bien nacido, es decir, si nació precisamente aquí y no en Mongolia. Para los nacionalistas, en fin, todos somos nacionalistas, en acto o en potencia, y si no nos hemos descubierto como tales es a causa de alguna tara oculta, a menudo tan sórdida como vergonzosa, que nos impide reconocernos en el luminoso espejo de la identidad.

En cambio lo que resulta escandalosamente incomprensible es que CC y el PSC-PSOE hayan ejercido su mayoría parlamentaria para rechazar una humilde proposición de Nueva Canarias destinada a diseñar y poner en marcha urgentemente un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social. Inútilmente el portavoz de NC, Román Rodríguez, recordó la atroz situación por la que atraviesan decenas de miles de familias isleñas: cerca de 300.000 desempleados, de los cuales más de un tercio ya no reciben ninguna prestación, y casi el 18% de los hogares del Archipiélago con todos sus miembros en el paro. Rodríguez podría haber sido más dramático. Podría haberse referido a la desnutrición de cientos de niños y ancianos, al aumento de la delincuencia callejera, al incremento de la mendicidad, al desbordamiento de las organizaciones no gubernamentales. La mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno regional no se inmutó y la propia consejera de Asuntos Sociales se ausentó del salón de plenos. No es que el Gobierno tenga un plan alternativo. Es que le tiene alergia a la realidad. Falta saber hasta cuando aguantará la realidad la alergia (por no hablar de otras patologías) que le provoca el Gobierno.

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El Taburete del Guirre

Los mexicanos llaman La Silla del Águila a la Presidencia de la República. Es un apelativo que refleja la casi ilimitada concentración de poder, preeminencia e influencia de la Jefatura del Estado en el sistema político mexicano. Por el contrario, la Presidencia de Coalición Canaria no es nada. Absolutamente nada, salvo un instrumento de ampliación o limitación de poderes ajenos a sí misma. Carece de ningún peso intrínseco y podría llamársele el Taburete del Guirre.

Quizás resulte conveniente recordar lo que ha sido la Presidencia como órgano de dirección de CC. Y fundamentalmente ha sido cualquier cosa salvo un órgano de dirección de CC. En sus orígenes primigenios nadie pensó que Coalición Canaria, como embrión de una federación de partidos, debiera tener una Presidencia. De hecho durante sus primeros años no la tuvo de facto ni tal vez de iure. Un rasgo perfectamente lógico, porque CC no era un partido, sino, primero, un acuerdo parlamentario (el que propició la moción de censura contra Jerónimo Saavedra), luego un Gobierno sostenido por 31 diputados de grupos heterogéneos, después una coalición electoral, y solo más tarde, una federación de partidos con escasísima voluntad de unificación política y organizativa. En ningún caso las bases de los partidos integrantes de CC (los agrupados en AIC, Iniciativa Canaria o Asamblea Majorera) fueron consultadas para impulsar o refrendar la articulación de una coalición político-electoral A una de las fuerzas implicadas, Iniciativa Canaria,  le costó incluso un pequeño derrame de afiliados: el sector del PCE que se negó a asumir los acuerdos y enjuagues de José Carlos Mauricio y compañía. Las decisiones básicas se tomaron en 1993 por las respectivas cúpulas de los partidos implicados, y así ha seguido haciéndose hasta hoy, con el desgaste progresivo de una federación que apenas merece ese nombre. Coalición Canaria es una organización política con una dirección fuertemente oligarquizada desde sus mismos orígenes –un modelo oligárquico blindado por sus propios estatutos — y cuya selección de personal político, tanto en lo que se refiere a sus delegados congresuales como a los militantes que integran los órganos de representación internos funciona a través de mecanismos de cooptación descaradamente evidentes. Después de casi veinte años de historia –los casi veinte años que lleva gobernando la Comunidad autonómica, solo o en compañía de PP o PSOE – el modelo de organización interna de CC se ha osificado y cada vez se proyecta con mayor nitidez una contradicción creciente. Por un lado una militancia cada vez más harta de su condición de extras en las (malas) películas congresuales; por otro, unos dirigentes apoltronados hace lustros, a veces hace décadas, en los cargos institucionales, y que terminan dirimiendo los equilibrios de poder internos en negociaciones y acuerdos alérgicos al debate público, a la discusión real y comprometida en el seno del propio partido y que, por tanto, cada vez muestran menos intereses –incluso menos interés operativo – en los debates congresuales y precongresuales. La miseria conceptual, estratégica y hasta gramatical de las tres ponencias que se debatirán en el V Congreso Nacional de Coalición Canaria, el próximo mes de junio, es una inmejorable prueba de la abulia y la negligencia con la que la dirección de la federación nacionalista se enfrenta a su reunión más importante.

No, la Presidencia de Coalición Canaria nunca ha sido importante en sí misma. En ningún caso los dirigentes coalicioneros – los máximos representantes de cada isla en la federación, los menceyes insulares—estarían dispuestos a tolerar a un presidente con una auténtica capacidad ejecutiva. Es algo absolutamente extraño a la propia naturaleza de CC. Como los campesinos dijeron a aquel rey castellano, “uno a uno somos tanto como vos, y todos juntos, más que vos”, y eso se lo pueden decir tanto al presidente de la federación como al jefe del Gobierno.  La Presidencia de CC surgió a finales de 1998, cuando se consensuó a Román Rodríguez –extraño consenso nunca plenamente explicado –como candidato presidencial de los nacionalistas en los comicios de 1999. Y surgió como una suerte de satisfacción a Lorenzo Olarte, a la sazón vicepresidente del Gobierno regional, que se había quedado compuesto y sin novia presidencial. Olarte rechazó la oferta. Y no había mucho entusiasmo por parte de nadie, hasta que Paulino Rivero asumió el sacrificio. Por aquel entonces Rivero no era una figura descollante a nivel regional. El presidente del Gobierno era Manuel Hermoso, Román Rodríguez el candidato y Adán Martín le acompañaría en el Ejecutivo como vicepresidente. Como portavoz del grupo parlamentario de CC en el Congreso de los Diputados destacaba un triunfal José Carlos Mauricio. Rivero, en fin, era el portavoz adjunto, pero tomó la Presidencia de Coalición, y fue él quien la llenó de contenido práctico. Rivero hizo con la Presidencia de Coalición exactamente lo mismo que lo que hizo con la secretaria general de ATI desde finales de los años ochenta: mientras otros se ocupaban de la gestión, las fotos y las declaraciones mayeúticas, el diputado y alcalde de El Sauzal se entregó a una incansable labor de fontanería política en todo el Archipiélago, recorriendo isla a isla y municipio a municipio, intermediando en dificultades y atascos, engrasando maquinarias electorales, disolviendo conflictos y desconfianzas. Al cabo de tres años ningún político de CC conocía tan bien las fortalezas y debilidades, las ambiciones y las traiciones, las potencialidades y las miserias que albergaba CC como él. Llenó, por tanto, de contenido estratégico y táctico la Presidencia de CC y la convirtió en su principal capital político para los años venideros. Cuando alcanzó finalmente la Presidencia del Gobierno, tras las elecciones de 2007, encontró en el conejero José Torres Stinga a un sucesor en la Presidencia de CC de toda confianza.

Torres Stinga en ningún momento ejerció como presidente de CC, salvo a efectos puramente formales. Se asemejaba más a un taquimecanógrafo del Gobierno que a un dirigente político con una mínima autonomía. Sin embargo, el acuerdo de majoreros, palmeros y grancanarios que acabó con su Presidencia en el IV Congreso Nacional quiso proyectarse más como un voto de advertencia a Rivero que como un castigo personal. No era nada personal, solo negocios. La elegida, Claudina Morales, aceptó una Presidencia reglamentariamente devaluada, y jamás ha impulsado ninguna iniciativa política propia, en medio de una anomia generalizada de la dirección: el comité ejecutivo apenas se ha reunido formalmente en los últimos tres años y el consejo político nacional (máximo órgano entre congresos) jamás. No se conoce un solo posicionamiento mínimamente solvente de la dirección de CC sobre ningún asunto público, más allá de patéticas notas de prensa escarchadas de obviedades y perezas. Su producción en materia estratégica, programática o ideológica es aproximadamente nula: ni un papel, ni una reflexión, ni un análisis. Absolutamente nada. Y todo esto durante la mayor crisis económica y social que ha padecido el Archipiélago desde la posguerra civil y después de haber sido superados electoralmente por el PSC-PSOE (en 2007) y por el PP (en 2011) en las dos últimas.

Paulino Rivero no ha anunciado que opte por recuperar la Presidencia de CC en el V Congreso. Pero en ningún momento lo ha desmentido. Probablemente se encuentre rumiando y explorando las posibilidades de una candidatura. A tal efecto se han lanzado diversos globos sondas, como la oportunidad de crear una Secretaría General que asuma las “funciones ejecutivas” en la federación nacionalista. Lo que nadie explica es qué funciones ejecutivas serían esas en una organización política cuya dirección presenta una hoja de servicios como la descrita anteriormente. En todo caso la candidatura de Rivero presente riesgos que, con toda seguridad, el presidente del Gobierno no ignora, y que no le conciernen únicamente a él. Presentarse con posibilidades nada remotas de perder le afectaría a Rivero como presidente del Gobierno (cabe imaginar el titular que emitiría el PP al instante: “un presidente al que no quiere ni su propio partido”)  pero también a la propia organización (que en su actual estado de extrema debilidad debería consensuar una sucesión presidencial y un cambio es estrategia). Con una dirección ausente, indiferente y sorda ante el debate en los comités locales e insulares, brutalmente despreocupada por los intríngulis de su propio congreso, los resultados de votaciones y debates pueden ser imprevisibles. En realidad a Coalición Canaria, para salir de su engarrotamiento pertinaz, de la ataraxia política y organizativa que sufre, no tendría más remedio que abrir un proceso de democratización interna que entra en colisión, precisamente, con toda su delicada arquitectura interna y con el control oligárquico y territorializado de la federación. No parece una contradicción fácil de superar razonablemente. Y en tres semanas aun peor.  El Taburete del Guirre es (y no es) lo de menos.

 

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Después de ETA

El fin de ETA. La violencia terrorista etarra muy probablemente ha acabado, ETA misma, todavía no, y su placenta ideológica y cultural, aun menos. La actividad de la organización ETA ha acabado como resultado de la inviabilidad del asesinato y la coacción como metodología de acción política sedicentemente revolucionaria enla Europa del siglo XXI. Ha terminado por el acorralamiento, cada vez más sistemático, diligente y coordinado, de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia españoles y franceses. ETA ha cerrado la tienda porque, en esta situación de debilidad estratégica, táctica y económica, cada día más agudizada, la mayoría de sus matarifes se inclinaron a admitir que la opción de participar en las elecciones y defender los postulados de un independentismo de izquierdas – adobado aun con todos los perifollos retóricos del comunismo y el asamblearismo – resultaba políticamente más rentable que seguir asesinando, secuestrando, amedrentando a la gente. ETA contó durante muchos años con un apoyo social amplio, que por supuesto no se limitó a la izquierda abertzale. Era un apoyo de variado y repulsivo registro semántico: los que apoyaban el asesinato político como vía insurreccional o estrategia de tensión, los que no lo apoyaban, pero lo consideraban un factor ventajoso; los que sentían asquitos, pero decían comprenderlo, entre cabezadas quejumbrosas, por la terrible opresión que sufría el País Vasco. Para la derecha peneuvista eran hijos descarriados y atrabilarios, pero, por supuesto, eran antes hijos que delincuentes: sangre de su sangre que a otros hacía sangrar. Siempre a otros. La dictadura franquista fue la mecha del independentismo etarra,  pero este variopinto apoyo se mantuvo intacto, más o menos, hasta mediados de los años noventa, y solo a partir del atroz asesinato de Miguel Ángel Blanco comenzó a erosionarse seriamente: para pasmo de los terroristas, Ermua se puso en pié, y la reacción cívica se convirtió en legión de manifestantes hartos de sangre, miedo y necedades. En ese momento (1997) Euzkadi llevaba ya 17 años de gobierno autonómico ininterrumpidamente presidido por el PNV, 17 años de concierto económico, 17 años de diputaciones y ayuntamientos libremente elegidos, 17 años de desarrollo legal y normativos propios, 17 años con su propia política educativa, cultural y lingüïstica. Y había transcurrido más de una década desde que el Estado había abandonado toda tentación de violencia extralegal y extrajudicial: lo mismo que otras organizaciones e iniciativas estatales y paraestatales anteriores, el GAL, además de matar y torturar, significó un daño profundo, y no precisamente una solución, en el intento de desterrar la violencia etarra y desacreditar a sus apologetas. “España no sigue matando”. No era España, por supuesto. Y las instituciones democráticas españolas juzgaron en tribunales, sentaron en el banquillo y sentenciaron a prisión a un exministro, un exsecretario de Estado, un teniente coronel dela Guardia Civil y varios agentes y colaboradores necesarios. Parala España constitucional el GAL era una anomalía criminal y por el sistema legal español fueron juzgados y sentenciados como delincuentes. En cambio los asesinos etarras, para el sector mayoritario de la izquierda independentista, no eran vulgares matones, sino valientes gudaris cuyo nombre y gestas deberían honrarse, y así se hacía, y se sigue haciendo, en mítines, asambleas y manifestaciones. Son víctimas, también, y que nadie lo olvide, pero se les homenajea como a honestos verdugos.

2. Conflicto de legitimidades y doble programa. ETA deja de matar. No anuncia su disolución y tal vez no lo hará nunca: queda latiendo como una calavera sonriente suspendida en hibernación, como una amenaza fantasmal que custodia su propia historia. Queda un problema, claro: la convivencia democrática. La reconstituida izquierda independentista – y no solo Bildu, sino organizaciones como Aralar, que comparten análisis básico – tiene un programa de máximos y otro de mínimos y se moverá ágilmente entre ambos. El programa de máximos consiste en exigir que el Gobierno español negocie un proceso para una consulta sobre la independencia cuyos resultados se comprometa a respetar ante autoridades y observadores internacionales. “Ya no se mata, se secuestra ni se extorsiona. Hemos elegido la vía democrática y legalista. ¿No cabe todo en esta democracia de ustedes? Pues queremos y tendremos la independencia”. Bildu y sus aliados fácticos saben, por supuesto, que este programa es inasumible actualmente por el Estado español, pero dedicarán el próximo año y medio, hasta las elecciones autonómicas, para articular un frente soberanista con el PNV – ya se le ofreció a los peneuvistas una coalición electoral de cara a las elecciones del 20 de noviembre, rápidamente rechazada — y con el respaldo activo de su muy ampliada base municipal y provincial. El programa de mínimos se fundamenta en una negociación sobre “los resultados del conflicto”, según la estilística etarra y batasunera más tradicional: amnistía, liberación de presos, acercamiento de los mismos, modificaciones legales o hasta estatutarias. Son dos programas sobre los que Bildu y sus colegas pedalearán simultáneamente y sin riesgo aparente de caídas estruendosas. Básicamente los dirigentes de Bildu son brillantes estrategas políticos y magníficos propagandistas, como ha demostrado la llamada Conferencia de San Sebastián. La gestión de los recursos públicos les interesa – por el momento — mucho menos, salvo en lo que toca, precisamente, a las necesidades de adoctrinamiento, agitación y propaganda. Un sketch  del programa Vaya semanita lo explica muy bien: en un ayuntamiento vasco unos concejales de Bildu con mayoría absoluta son advertidos por el interventor municipal sobre los problemas con el servicio de basuras. Los concejales se indignan y gritan al unísono: “¡Vamos a manifestarnos inmediatamente!”. Persiste, por supuesto, la proyección sistemática de un conflicto de legitimidades, que se mantiene al rojo vivo mientras se utiliza la legalidad vigente para denunciarlo desde el poder político y presupuestario que otorga el control de diputaciones y ayuntamientos.

3. La mística de la violencia revolucionaria y un totalitarismo de rostro humano. El sustrato de la mística de la violencia revolucionaria no ha desaparecido, aunque se renuncie a matar por objetivos políticos. La democracia, para Bildo y sus congéneres, es únicamente un conjunto de reglas que pueden y deben utilizarse para imponer un proyecto político irreversible desde una mayoría social al que le bastaría el 51% de los votos para sentirse legitimada per secula seculorum. El socialismo, el otro elemento del binomio programático, es un apéndice sin importancia. Es el suyo un socialismo cuyos principios y métodos no van más allá de enunciados abstractos y que entran en contradicción directa (por ejemplo) con los intereses sociales que defiende el PNV. Así que, en realidad, la independencia lo es todo, y la euskadización a machamartillo de Euskadi el objetivo prioritario. Sí, eso es todo: la independencia como cura de todos los males sociales, bálsamo de un dolor secular, apósito para la melancolía de una patria imaginaria, pago de la sangre derramada, llave de oro que abrirá la única puerta que conduce a la feliz dignidad del pueblo. Los que no compartan esta radiante necedad siguen siendo traidores al pueblo vasco y no tendrán sitio en el sagrado recinto de la libertad.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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