Los denuestos y las gracias sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los contenidos de la asignatura de religión  religión empiezan produciendo asentimiento y terminan generando cefaleas. Una de los rasgos que ha desvelado la actual crisis política y económica es el vuelo gallináceo del progresismo convencional español. Así que repentinamente se encuentra uno en las redes sociales a miles y miles de furibundas cluecas picoteando en el BOE contra el grano de su indignación. ¡Qué se publique en el Boletín Oficial del Estado que Dios creo el Universo en menos que tarda Jorge Javier Vázquez en insultar a Belén Esteban (o viceversa)! ¡O que el tal Jesucristo resucitó a los tres días, sin duda sin pestañear! Al parecer en el BOE solo se publica aquello que es puntillosamente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cabe deducir que imprimir en esos sagrados folios que el cosmos tiene un origen divino supone una suerte de monstruosa profanación y un síntoma de la degradación aterradora del país, cuando no en un motivo añadido para votar, por ejemplo, a Podemos.
Lo cierto es que no hay más remedio – desde un punto de vista técnico-administrativo – que publicar en el Boletín Oficial del Estado los contenidos establecidos para la asignatura de religión (católica, apostólica y romana, por supuesto).  Solo faltaría que tales contenidos fueran secretos y se los guardase solícitamente el Nuncio Apostólico en el braguero. Lo realmente inadmisible en un Estado aconfesional (y en este punto las diferencias afiligranadas entre laicismo y aconfesionalismo resultan insignificantes) es que se imparta la religión como asignatura en las escuelas sostenidas con fondos públicos. Es decir, que el Estado financie total o parcialmente el adoctrinamiento religioso de los ciudadanos. El hecho de que en este programa de adoctrinamiento se entrecrucen milagros, creacionismos, vírgenes, santos y papadioses es secundario, porque no sería menos intolerable (y constitucionalmente discutible) la inculcación en los centros escolares de contenidos propios del judaísmo, del islamismo o del culto del Espagueti Volador. En una sociedad democrática las religiones son un asunto meramente privado. Adherirse a creencias y prácticas religiosas representa  un derecho del ciudadano pero en ningún caso puede establecerse desde los poderes públicos como un deber reglado escolarmente. La crítica debe dirigirse a un Gobierno derechista y catolicorro, cuyo liberalismo político es tan verosímil como los Reyes Magos, que abre puertas y ventanas de las escuelas públicas a la religión, mientras considera absolutamente irrelevante (cuando no sospechosa) la enseñanza de los principios y valores constitucionales que fundamenta un Estado democrático.