Los cuatro últimos presupuestos generales del Estado (el final de Rodríguez Zapatero y los tres de Mariano Rajoy) son películas de terror. Quiero decir que son básicamente complejas ficciones contables a las que se ha encargado convencer a la Unión Europea y a los mercados financieros, pero ficciones capaces de matar. Como si usted disfrutase en casa de la proyección de Abierto hasta el amanecer y los vampiros le saltasen desde la pantalla a la yugular. Una y otra y otra vez el Gobierno del PP ha fracasado en sus compromisos fiscales y de gasto público, una suerte de tocomocho que Bruselas ha admitido mirando para otro lado, y ahora, de nuevo, se nos presentan para el ejercicio de 2004 unos presupuestos capaces de cumplir todos los objetivos. Es la misma basura que siempre, por supuesto, pero trampeando aquí y allá – como todavía, aunque con márgenes mucho más estrechos, continúan haciendo ayuntamientos y comunidades autonómicas –  Rajoy y el Partido Popular creen que pueden llegar a las vísperas electorales con la piel más o menos intacta.
Si algo demuestra el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014 es que el propio Gobierno no confía en ninguna recuperación económica, siquiera incipiente. Por eso mismo son los presupuestos con mayor carga tributaria que se recuerde  — aunque el Ministerio de Hacienda admita ya que se cerrará 2013 con una recaudación fiscal 2.300 millones por debajo de lo previsto – y la inversión directa del Estado baja aun más estruendosamente, mientras el peso granítico de la deuda pública roza ya el 100% del PIB y se deja claro que tanto la confianza en un aumento del crédito bancario como la creación de empleo neto son chistes complementarios. Concretamente la inversión directa del Estado en Canarias desciende otro 5% para reducirse a 255 millones, como lo hacen las transferencias a través de sus variados instrumentos: en el Fondo de Compensación Interterritorial se pega un nuevo hachazo del 35,44% y la cifra final mengüa hasta unos ridículos 44 millones de euros. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, deberá practicar una nueva autopsia a los presupuestos autonómicos en las próximas semanas. La flexibilización de los objetivos de déficit público ha pasado –en Canarias — de respiro momentáneo a gargajo asfixiante.
Lo peor es la mentira como principio básico de la praxis política: no contar la realidad social que nos espera (concentración de renta, desigualdad, debilitación terminal de los servicios públicos, empobrecimiento del capital humano del país) al final del interminable camino de la consolidación fiscal  y la austeridad presupuestaria.