A mi flaco juicio es irrelevante que Ángel Víctor Torres explique –como secretario general del PSOE canario – las razones que llevaron a los diputados socialistas de las islas a votar en contra de reducir el hasta el 60% del IRPF en las nóminas de los ciudadanos palmeros como medio de animar la todavía colapsada economía local después de la catástrofe volcánica Es irrelevante porque es obvio. Actuaron como cipayos siguiendo las instrucciones del portavoz en la Cámara Baja que, para colmo, es un tinerfeño llamado Héctor Gómez. Ya se ve la extraordinaria noticia – eso soltó Torres en su día — que ha representado para Canarias que un isleño haya sido designado como portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. Ahora las instrucciones de obligado cumplimiento se imparten en español atlántico. En todo caso los primeros que deberían explicar su sumisión lacayuna son los propios diputados. Y una vez aprobada la proposición, explicar por qué no demandarán al Gobierno de Pedro Sánchez que la cumpla. Porque no lo harán. El papel es los representantes canarios del PSOE en las Cortes es perfectamente irrelevante. En la práctica son diputados cuneros aunque hayan nacido en Canarias. Los coros y danzas macaronésicos del parlamentarismo entendido al modo sanchista.
En cambio Ángel Víctor Torres –como presidente del Gobierno autonómico – no puede eludir a facilitar una explicación política al caso de las mascarillas. Han desaparecido millones de dinero público que desde el Ejecutivo se quiso emplear para una operación comercial precipitada, chapucera y muy maloliente en el peor momento de la pandemia (aunque ahora mismo, en lo que se refiere a mortalidad, vivimos uno de las peores coyunturas pandémicas con la despreocupación y el silencio cómplice de todos). Y asombrosamente el señor Torres no hace nada. Nada de nada. Repetir la monserga de que respectará las decisiones que tome la justicia: pues faltaría más. Los fiscales y, en su caso, los jueces harán el trabajo que le corresponde, y no es responsabilidad de Torres recordárselo. La responsabilidad del presidente Torres es ofrecer una explicación política y operativa de lo ocurrido. Una explicación detallada, coherente y convincente sobre cómo, en el seno de su gobierno, se desarrolló una “deficiente y desleal gestión del patrimonio al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido”, como ha señalado la Fiscalía de Anticorrupción. Bajo las narices de Ángel Víctor Torres, presidente del Comité de Emergencia Sanitaria, les robaron a los canarios cuatro millones de euros.
El presidente afirma ahora que no se le ha pedido la dimisión a Conrado Domínguez, quien al parecer lo hizo tan bien que no hubo más remedio que nombrarlo, pocas semanas después de la culminación de la mamandurria, director del Servicio Canario de Salud. ¿Se la ha pedido a nadie más? La habitual exigencia del PSOE en dilucidar responsabilidades políticas en los casos (verdaderos o falsos) de corrupción del PP se disuelve en una autocomplacencia perfecta cuando el quebranto de la legalidad se produce en sus inmediaciones. El silencio de Torres, sin embargo, no es tan intachable como el de Román Rodríguez, quien fue el que filtró que se preparaba el guillotinamiento de Domínguez: buscaba una profecía autocumplida. Rodríguez es consejero de Hacienda y de su bigote depende la Intervención General de la Comunidad autónoma. Su responsabilidad política en este fétido asunto es, incluso, más directa que la del propio presidente, y quizás por eso va insinuando prebostes sacrificables. Torres espera que escampe. Rodríguez que una dimisión o un cese cubran el escenario de olvido y desmemoria. Se equivocan ambos.