Servicio Canario de Salud

La realidad es la oposición

La realidad siempre trabaja para la oposición. Como político veterano (y singularmente dotado para escapar vivo: hubiera sobrevivido en Auschwitz siendo rabino) Blas Trujillo lo tiene muy asumido. La respuesta solo puede ser ignorarla aunque parezca que se habla de ella constantemente. En el campo de la sanidad pública, que en los últimos años ha sido su negociado, Trujillo está vendiendo ahora la regularización de las plantillas del Servicio Canario de Salud como un éxito arduamente conseguido. Acabar con la temporalidad. Convertir en funcionarios o laborales fijos a más de 4.600 efectivos el próximo año a través de la ley de presupuestos generales de la Comunidad de 2023, donde se introdujo una “disposición” por la cual el Gobierno autónomo creará de aquí al 30 de marzo “las plazas que respondan a necesidades estructurales  como consecuencia del incremento de las exigencias asistenciales”. Respecto al follón en el Hospital Universitario de Canarias pues se van a realizar 1.052 nombramientos hasta el mes de abril, aparte de los profesionales ya regularizados en 2018 y 2021. Sin quitarle ningún mérito al señor Trujillo y su equipo, no parece procedimentalmente muy complejo. Se introduce una “disposición” en la ley presupuestaria en un caso, se llama a los eventuales desde la dirección del HUC para formalizar nombramientos y reclamar las firmas en otro. Sobre todo no conviene olvidar que lo que mejora inequívocamente es la condición laboral de los profesionales sanitarios, no la condición asistencial (patológica, diagnóstica o quirúrgica)  de los pacientes.

Porque la gestión de Blas Trujillo, antes y después de la etapa de Conrado Domínguez al frente de SCS, resulta claramente insatisfactoria, y en ciertos ámbitos delicados, un fracaso poco cuestionable. Meter muchos millones de euros más en la maquinaria del SCS, estabilizar plantillas y contratar a cientos de profesionales no conduce inevitablemente a una mejora de la gestión y Trujillo lo está demostrando cada día: baste señalar cómo ha empeorado la saturación tradicional de las urgencias o el escaso impacto del Plan Aborda en la Atención Primaria o de la inanidad de las medidas tomadas para disminuir las listas de espera. Cualquier usuario de la sanidad pública canaria en los últimos meses puede comprobar que la situación no ha cambiado en lo sustancial ni cualitativa ni cuantitativamente pese al muy considerable esfuerzo presupuestario realizado por el Ejecutivo. No es cuestión (ahora mismo) de dinero, sino de agilidad e inteligencia en la gestión, de modelo de administración sanitaria, de capacidad técnica y operativa en lo organizacional y lo procedimental. Una gestión mediocre, continuista, con una planificación ajena a la realidad y que atravesó el terrible shock de la pandemia del coronavirus  — que sigue ahí pese a los esfuerzos de Trujillo de trivializarlo estadísticamente – puede consumir y de hecho está consumiendo a una velocidad pasmosa todos los recursos financieros que se les eche.

Ocurre algo similar en la educación: la obsesión de la contratación como mecanismo sustitutorio de una gestión eficiente y eficaz. No, no es suficiente contratar a otros 2.000 enseñantes. No lo es ni de lejos si se sigue negando incomprensiblemente a las universidades un contrato-programa, si no se diseñan los currículos en tiempo y forma, si la Consejería de Educación ni siquiera es capaz de abonar lo adeudado a los empresarios del transporte escolar después de años de promesas y postergaciones. Al presidente Ángel Víctor Torres le parece “llamativo” que el transporte escolar haga paro “cuando se le va a a pagar”. No, presidente. Lo llamativo sería que hicieran paro después de pagarles. Que no es lo mismo. Ni siquiera en Arucas.        

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Malos como un pasillo del Hospital Insular

Es divertido. Están fraguando dos relatos supuestamente antagónicos sobre la dimisión de Conrado Domínguez y sus antecedentes y consecuentes políticos. Según el primero el exdirector del Servicio Canario de la Salud es un probo, concienzudo y leal servidor público que ha sido elegido como cabeza de turco por aquellos que conocían perfectamente la compra fraudulenta de las mascarillas en el explosivo momento inicial de la pandemia. Que buen vasallo si hubiera buen señor. Según el segundo, el señor Domínguez, por supuesto, actuó por su cuenta y riesgo, no le dijo nada a nadie y es más, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera en la Consejería de Hacienda  — ignoro las razones por las que en estos primorosos relatos jamás aparece la  Consejería de Hacienda ni la Intervención General –se enteró de sus beneméritos tejemanejes, y menos que nadie, el presidente del Gobierno autónomo, a su vez presidente del comité de emergencia sanitaria creado por el propio Ejecutivo y en el que se incluyó  –¿y quién decidió incluirlo? – al por entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. En ambos relatos se menciona, como casualmente, la válvula de seguridad para que todos escapen locos: existía una legislación extraordinaria que toleraba  ciertas flexibilidades que para algunos, al parecer, resultaban infinitas. Pues no es así. Esa legislación de emergencia –un decreto ley – autorizaba a simplificar y abreviar procedimientos pero no a saltarse a la torera ni principios básicos de Derecho ni el control administrativo que es, precisamente, garantía de un uso correcto y pertinente de los fondos públicos. El presidente Torres se mueve anfibológicamente – es filólogo – entre ambos extremos y sostiene al mismo tiempo que su Gobierno recuperará hasta el último euro perdido –  y admite así subrepticiamente una estafa – y que se realizaron muchísimas operaciones inhabituales pero no ilegales en toda España porque la carencia de material sanitario era terrible – y admite indirectamente que no es reprochable jurídica y moralmente lo ocurrido. Si no se cometió una ilegalidad clamorosa, ¿por qué están encausados exaltos cargos del Ejecutivo, por qué va a declarar el propio Torres como testigo en los próximos días?  El decreto ley supercalifragilisticoexpialidoso no te blinda si cometes estafa, prevaricación o malversación de caudales públicos.

Mientras el presidente hablaba sobre la maravillosa actuación del SCS durante la pandemia en las Urgencias del Hospital Insular se prolongaba un caos espeluznante y casi enloquecido. Más de 120 pacientes esperaban en la tarde de ayer ser ingresados. Pero no hay camas. Otros muchos se acumulan en camillas en los pasillos. También ha ocurrido en el Negrín y las urgencias atardecen cada día próximas al colapso en los hospitales Universitario y La Candelaria en Tenerife. Hay jornadas atroces en las que simplemente no se pueden atravesar los pasillos porque se encuentran casi bloqueados. Y los sanitarios advierten que el invierno no ha llegado y los casos de gripe – como los de la nueva subvariante del covid – van a aumentar, como ocurre estacionalmente. Es realmente indignante que después de la experiencia de la pandemia y con los recursos financieros de los que se dispuesto en los dos últimos años la situación no haya hecho más que empeorar. Esa campanuda Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, presentada por Blas Trujillo el pasado abril como un prodigio de planificación conradezca dotado de casi 60 millones de euros y con la contratación prevista de 774 médicos, enfermeros, psicólogos clínicos y documentalistas se ha visto absolutamente desbordada por los hechos. Como gestores sanitarios son ustedes muy malos. Pero malos a rabiar. Son ustedes peores que un pasillo  del Insular a medianoche. El PSOE llegó al poder sin una estrategia política ni un programa técnico para la reforma organizativa y el fortalecimiento del sistema sanitario público y ha improvisado y ha arrastrado los pies desde el primer día. Y en lo peor de la pandemia fichan al mismo Conrado Domínguez que pusieron a parir durante el Gobierno de Fernando Clavijo. Ya no saben dónde meterse y, para colmo,  no es demasiado improbable que termine alguno de ustedes en un juzgado.

 

 

 

 

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Mamandurria enmascarada

A mi flaco juicio es irrelevante que Ángel Víctor Torres explique –como secretario general del PSOE canario – las razones que llevaron a los diputados socialistas de las islas a votar en contra de reducir el hasta el 60% del IRPF en las nóminas de los ciudadanos palmeros como medio de animar la todavía colapsada economía local después de la catástrofe volcánica Es irrelevante porque es obvio. Actuaron como cipayos siguiendo las instrucciones del portavoz en la Cámara Baja que, para colmo, es un tinerfeño llamado Héctor Gómez. Ya se ve la extraordinaria noticia – eso soltó Torres en su día — que ha representado para Canarias que un isleño haya sido designado como portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. Ahora las instrucciones de obligado cumplimiento se imparten en español atlántico. En todo caso los primeros que deberían explicar su sumisión lacayuna son los propios diputados. Y una vez aprobada la proposición, explicar por qué no demandarán al Gobierno de Pedro Sánchez que la cumpla. Porque no lo harán. El papel es los representantes canarios del PSOE en las Cortes es perfectamente irrelevante. En la práctica son diputados cuneros  aunque hayan nacido en Canarias. Los coros y danzas macaronésicos del parlamentarismo entendido al modo sanchista.

En cambio Ángel Víctor Torres  –como presidente del Gobierno autonómico – no puede eludir a facilitar una explicación política al caso de las mascarillas. Han desaparecido millones de dinero público que desde el Ejecutivo se quiso emplear para una operación comercial precipitada, chapucera y muy maloliente en el peor momento de la pandemia (aunque ahora mismo, en lo que se refiere a mortalidad, vivimos uno de las peores coyunturas pandémicas con la despreocupación y el silencio cómplice de todos).  Y asombrosamente el señor Torres no hace nada. Nada de nada. Repetir la monserga de que respectará las decisiones que tome la justicia: pues faltaría más. Los fiscales y, en su caso, los jueces harán el trabajo que le corresponde, y no es responsabilidad de Torres recordárselo. La responsabilidad del presidente Torres es ofrecer una explicación política y operativa de lo ocurrido. Una explicación detallada, coherente y convincente sobre cómo, en el seno de su gobierno,  se desarrolló una “deficiente y desleal gestión del patrimonio al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido”, como ha señalado la Fiscalía de Anticorrupción.  Bajo las narices de Ángel Víctor Torres, presidente del Comité de Emergencia Sanitaria, les robaron a los canarios cuatro millones de euros.

El presidente afirma ahora que no se le ha pedido la dimisión a Conrado Domínguez, quien al parecer lo hizo tan bien que no hubo más remedio que nombrarlo, pocas semanas después de la culminación de la mamandurria, director del Servicio Canario de Salud. ¿Se la ha pedido a nadie más? La habitual exigencia del PSOE en dilucidar responsabilidades políticas en los casos (verdaderos o falsos) de corrupción del PP se disuelve en una autocomplacencia perfecta cuando el quebranto de la legalidad se produce en sus inmediaciones. El silencio de Torres, sin embargo, no es tan intachable como el de Román Rodríguez, quien fue el que filtró que se preparaba el guillotinamiento de Domínguez: buscaba una profecía autocumplida. Rodríguez es consejero de Hacienda y de su bigote depende la Intervención General de la Comunidad autónoma. Su responsabilidad política en este fétido asunto es, incluso, más directa que la del propio presidente, y quizás por eso va insinuando prebostes sacrificables. Torres espera que escampe. Rodríguez que una dimisión o un cese cubran el escenario de olvido y desmemoria. Se equivocan ambos.

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Colapso sanitario

Ciertamente un repunte de gripe y los efectos de la calima han colapsado los servicios de urgencia de los hospitales públicos –particularmente en Tenerife – durante varias horas, pero la situación de sobrecarga estructural, la presión de una demanda asistencial incesante, no es nueva precisamente, y si uno repasa las estadísticas, la saturación de los centros viene incrementándose desde el año 2010.  Hace algunos meses estuvo a punto de estallar una rebelión de los gerentes de los hospitales públicos de la Comunidad autonómica, que incluso se plantearon presentar unánimemente su dimisión, y que fue abortada in extremis por los responsables políticos del Servicio Canario de Salud.  Los gerentes entendían que la situación de sus centros era financieramente insostenible y que la testaruda (o estúpida) fiscalización de los servicios de intervención resultaba incompatible con los principios gerenciales de un hospital público, incluida una inevitable (aunque racional) flexibilización en el gasto en atención a circunstancias impredecibles.

Los problemas derivados de la presión asistencial en centros hospitalarios desbordados guarda relación directa, obviamente, con los recortes en los presupuestos sanitarios. Los presupuestos de la sanidad pública canaria se incrementaron un 1,65% en 2014 respecto al año anterior, pero es que entre 2010 y 2013 la poda sumó más de un 14%, con una media anual en dicho trienio de cerca del 15% en el capítulo de Atención Primaria. Era y es imposible recortar un euro más sin verse abocados a situaciones todavía más graves, como las registradas en Madrid y Valencia, con cierres definitivos de servicios y despidos directos en el personal sanitario. Pero la asfixia financiera no es la única razón de la crisis de un sistema sanitario que se tambalea. La Comunidad autonómica destina más de 2.600 millones de euros a los servicios sanitarios públicos, es decir, un 42,6% de su presupuesto.

Habría que aclarar que defender estentóreamente el gasto público no equivale sin más a defender el Estado de Bienestar ni resulta particularmente eficaz para conseguirlo.  Un país puede gestionar un gasto público elevado y disponer de unos servicios sociales más bien deplorables, es decir, redistribuir comparativamente poco y mal. Esto último ocurre con el modesto (y durante el último lustro erosionado) Estado de Bienestar en España y, desde luego, en Canarias. La estructura política y técnica del Servicio Canario de Salud  –así como el mismo modelo de gestión en hospitales y en atención primaria – se mantiene básicamente igual que en el año 2008 como si la realidad no fuera con ellos. La financiación territorial del Estado no se ha adaptado a un escenario económico y presupuestario recesivo, lo que ha contribuido a aumentar la insuficiencia financiera y una desigualdad relativa entre comunidades autonómicas.  Meter tijeras es sencillo;  introducir programas de racionalización del gasto sometidos a una evaluación sistemática exige, en cambio, un mayor esfuerzo organizativo basado en la corresponsabilidad de gestores, personal sanitario y pacientes. Pero sobre todo conviene no olvidar que población del Archipiélago ha crecido en más de 400.000 personas en los últimos quince años y el porcentaje de ciudadanos de más de 60 años casi se ha triplicado en los últimos veinte. El mayor problema del sistema sanitario canario no deriva de la limitación de recursos financieros, con toda la gravedad generada por unos recortes torpes y brutales, sino de su mismo modelo organizativo y de gestión en el seno de una sociedad afectada por un rápido crecimiento demográfico y un envejecimiento pronunciado de su población.

Es la misma supervivencia del sistema sanitario público la que está en riesgo y esta quiebra anunciada no se detendría aunque se regresara a los niveles de gasto público anteriores a 2008.

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Kilómetro Cero

Kilómetro Solidario Tenerife Sur es una plataforma integrada en la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer que desde hace más de un año trabaja con el objetivo de trasportar pacientes oncológicos desde el Sur de la isla hasta el Hospital Nuestra Señora de Candelaria para someterse a tratamiento. La plataforma ha organizado varios actos (cenas, espectáculos, conciertos) y destinado hasta el último euro de lo recaudado a facilitar el traslado a un centenar y medio (hasta el momento) de enfermos de cáncer. Y si Kilómetro Solidario existe y realiza su benemérita tarea es porque el Gobierno de Canarias suprimió totalmente en el año 2012 las ayudas al transporte público que se asignaban a los enfermos oncológicos que residían fuera del área metropolitana. Ni un céntimo. Nada de nada. Es uno de tantos gestos de lo que el presidente Paulino Rivero definió en su día como “el Gobierno de las personas”. Una frase que, en sí misma, destilaba una idiotez bastante irritante – no se gobierna nunca para las aulagas ni para las termitas – pero que pocos años después revela el vomitivo cinismo presidencial a la hora de elegir titulares de medianías.  Ciudadanos canarios que en medio de una crisis económica y social escalofriante deben elegir a veces comer – o que coman sus hijos y sus nietos – o asistir a la radioterapia de la que depende su vida.
¿Cuánto gastaba el Servicio Canario de Salud – o quien fuera – en transportar a los enfermos de cáncer anualmente? ¿Cien mil euros? ¿Quizás 200.000? ¿Qué cantidad basurienta es esa y qué basura espiritual devuelve como un espejo una roñosería tan despreciable como irrelevante?  Las restricciones presupuestarias – y este deviene un ejemplo insuperable – no solo son un problema cuantitativo, sino también cualitativo. Se ha recortado presupuestariamente demasiado pero, sobre todo, se ha recortado demasiado mal y con una sensibilidad social digna de un orco. Mientras tanto la televisión autonómica ve incrementado sus presupuestos en varios millones de euros, una docena de viceconsejeros continúan palpándose deleitosamente los testículos en despachos superfluos o el fondo de reptiles panzudos florece en un año electoral. Mientras tanto el presidente del Gobierno continúa su malhadada película en el que como un Bruce Willis descangayado arremete contra los malvados poderes de una multinacional y su socio de gobierno, dizque socialdemócrata, espera que termine esta truculenta payasada para saltar al Senado y continuar soñando con un Ministerio de Educación que no pisará en su vida. Y todavía queda medio año. Medio año aguantando todo esto. Medio año soportando el peor presidente en la peor crisis de unas islas que, más que nunca, parecen siete laberintos que convergen en la misma pesadilla.

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