Blas Acosta

La garantía de supervivencia de Sergio Lloret

Ya es más que evidente que todas las fuerzas con representación en el Cabildo de Fuerteventura deben presentar una denuncia contra el presidente de la corporación, Sergio Lloret, quien después de sucesivas crisis no cuenta, en la actualidad, más que con el apoyo de su propio partido político. Ahora mismo, cuando Lloret convoca un consejo de gobierno, se sienta el menda en su despacho, entra su compañero de esa versión lego de AM, las Asambleas Municipales de Fuerteventura,  Juan Nicolás Cabrera, y comienza el orden del día. Es una payasada indigna, no de ese par de sujetos, sino de la legalidad vigente y de la imagen institucional del Cabildo majorero, donde se han visto y escuchado muchas cosas en el pasado –muchísimas — pero no este atropello autoritario, enloquecido y denigrante, pero al parecer nadie está dispuesto a dar un paso.

La normativa legal establece que el quorum para celebrar consejo de gobierno son tres consejeros. Lloret ha hecho puñetero caso y con el concurso de Cabrera no solo lleva sobre sus hombros hercúleos todas las áreas de gobierno y la gestión de más de 140 millones de euros: también se encarga de amenazar a todo el mundo de la manera más estúpida posible. Cuando el Partido Popular decidió romper su pacto con Lloret y abandonar dignamente el gobierno, el presidente demediado les envió un escrito, advirtiéndoles absurdamente de la responsabilidad patrimonial en la que incurrían si no se materializaban inversiones o se atascaban expedientes. Cuando el propio secretario del Cabildo le remite un informe técnico donde se le advierte al muy  presidente que, de facto, un consejo de gobierno sustentado en dos consejeros deviene ilegal, el Supremo Hacedor le responde con una providencia trufada de amenazas. Lloret actúa como un si fuera un emperador Habsburgo, cuyas infinitas competencias se extienden por tierra, mar y aire sin someterse a otro principio que su soberana voluntad. Los funcionarios están entre asqueados y aterrorizados. Cualquier particular, cualquier empresa, cualquier administración pública puede impugnar judicialmente las decisiones tomadas en los consejos fantasmagóricos de Lloret y Cabrera, mucho menos serios, inteligentes y respetables de Faemino y Cansado: las  modificaciones presupuestarias, las becas de los estudiantes, las ayudas a las pymes, la renovación de los programas sociales de atención a los mayores y a las familias. Es realmente difícil encontrar un sentido de la irresponsabilidad semejante a la de los consejeros de AMF, socios también de Nueva Canarias. Los de Román Rodríguez, en sus incesantes huroneos para buscar aliados, encontraron en esta ocasión y ayudaron con sus votos a dos verdaderas joyas.

 El problema central en esta coyuntura es, por supuesto, acabar políticamente con Lloret antes de empapelarlo en un juzgado, a modo de acción ejemplar para que en el futuro a ningún oportunista se le ocurra repetir esta jugada. La única posibilidad pasaría por una moción de censura que deberían impulsar Coalición Canaria, el PP y el único consejero del PSOE que no participó en la moción que llevó al poder a Blas Acosta  desplazando a la coalicionera Lola García. Más allá de algunos telefonazos y alguna conversación esquinada nada ha prosperado. Y nada ha prosperado porque ningún partido quiere facilitar a los otros despachos, presencia mediática y control presupuestario cuatro meses antes de las elecciones. Particularmente los socialistas sufren temblores imaginando que con su voto García volvería a la Presidencia del Cabildo para cerrar el mandato como el rostro de la estabilidad y el rigor. Por eso puede sostenerse sin ninguna hipérbole que el principal garante de Sergio Lloret al frente del Cabildo de Fuerteventura no es otro que Blas Acosta, que ya prepara su campaña electoral desde la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Plácidos sigilos

Me parece que, en fin, voy a repetir artículo, pero no soy totalmente responsable. En el pleno parlamentario que terminó ayer se coló por un instante una verdad incómoda para la que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres no tenía una respuesta. Ocurrió cuando Vidina Espino citó maliciosamente la apertura de juicio oral a Blas Acosta, viceconsejero de Economía –pero qué guasa – por un presunto caso de corrupción. En realidad sobre Blas Acosta pesaban dos denuncias judiciales desde que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura gracias a un pacto de irás pero no volverás. Acuciado por la pestilencia judicial y por una creciente inestabilidad política abandonó el Cabildo, pero pidió un salvavidas. Acosta controla eficazmente la organización majorera del PSOE, apoyó sin fisuras a Torres como candidato presidencial en 2019,  dispone de información muy desagradable de algún alcalde y algún concejal socialista del sur de Tenerife. Por todas estas razonables razones y alguna más se decidió incorporarlo al Gobierno de Canarias como viceconsejero, aunque el compañero también intentó convertirse en senador por designación autonómica en sustitución del dimisionario Pedro Ramos; por fortuna se prefirió a Santiago Pérez. En la zoología gubernamental el viceconsejero es una especie pacífica, superflua y generalmente invisible que gasta toda su energía en consumir su pienso anual. Acosta ha asumido sin problemas su insignificancia.

Mientras intentaba librarse de las arenas movedizas de los juzgados don Blas ha seguido dirigiendo el PSOE de Fuerteventura y ha conseguido el pasado septiembre que en tan delicada situación su partido lo haya consagrado, de nuevo, candidato a la Presidencia del Cabildo Insular. En realidad cuando es designado candidato para las elecciones de mayo Acosta ya sabía que se le abría en pocas semanas juicio oral por el llamado caso Gesturpa. El código ético del PSOE establece precisamente en la apertura de juicio oral el límite para abandonar el partido o para abrir el expediente de expulsión, pero eso es una fantasía reglamentaria que les trae sin cuidado a Acosta y sus compinches. No es que no dimita: es que lo aclaman como candidato ocho meses antes de las elecciones.

La dirección regional del PSOE no ha pronunciado una sílaba sobre este incumplimiento flagrante de su reglamento, sobre este pequeño pero purulento escándalo. Por supuesto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, guarda un mutismo perfecto. Escuchaba en el Parlamento los pateleos y grititos de los psocialistas y pensaba melancólicamente que hace muy pocos años estaríamos ahí, en los pasillos, esperando la salida del presidente del salón de plenos para que respondiera a la prensa. Pero de nuevo miré alrededor y solo descubrí a una joven incrustada en la pantalla de su diminuto ordenador.  Pensé en todos los compañeros que durante años informaron, preguntaron, explicaron, divulgaron.  Los recordé recorriendo los pasillos en busca de declaraciones y respuestas de presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, portavoces, culiparlantes. Recordé la expresión de horror o nerviosismo de jefes de Gobierno al entrar en una rueda de prensa, las catas en comisiones parlamentarias, la división del trabajo mismo para seguir un pleno parlamentario, en el que alguien le tocaba “hacer pasillos” si no había nada mejor en perspectiva. Recordé una docena de micrófonos alrededor de un consejero, los secretos filtrables, la documentación porfiada, la palpitante verdad de las mentiras, el hedor sobre las alfombras de la mentira en la que desembocaban las verdades. Pero hoy todos los salones, todos los pasillos, todos los silencios y todos los comunicados son suyos y solo suyos y Ángel Víctor Torres pudo salir de la Cámara esmaltados de plácidos sigilos y con las manos en los bolsillos.   

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