Ya es más que evidente que todas las fuerzas con representación en el Cabildo de Fuerteventura deben presentar una denuncia contra el presidente de la corporación, Sergio Lloret, quien después de sucesivas crisis no cuenta, en la actualidad, más que con el apoyo de su propio partido político. Ahora mismo, cuando Lloret convoca un consejo de gobierno, se sienta el menda en su despacho, entra su compañero de esa versión lego de AM, las Asambleas Municipales de Fuerteventura, Juan Nicolás Cabrera, y comienza el orden del día. Es una payasada indigna, no de ese par de sujetos, sino de la legalidad vigente y de la imagen institucional del Cabildo majorero, donde se han visto y escuchado muchas cosas en el pasado –muchísimas — pero no este atropello autoritario, enloquecido y denigrante, pero al parecer nadie está dispuesto a dar un paso.
La normativa legal establece que el quorum para celebrar consejo de gobierno son tres consejeros. Lloret ha hecho puñetero caso y con el concurso de Cabrera no solo lleva sobre sus hombros hercúleos todas las áreas de gobierno y la gestión de más de 140 millones de euros: también se encarga de amenazar a todo el mundo de la manera más estúpida posible. Cuando el Partido Popular decidió romper su pacto con Lloret y abandonar dignamente el gobierno, el presidente demediado les envió un escrito, advirtiéndoles absurdamente de la responsabilidad patrimonial en la que incurrían si no se materializaban inversiones o se atascaban expedientes. Cuando el propio secretario del Cabildo le remite un informe técnico donde se le advierte al muy presidente que, de facto, un consejo de gobierno sustentado en dos consejeros deviene ilegal, el Supremo Hacedor le responde con una providencia trufada de amenazas. Lloret actúa como un si fuera un emperador Habsburgo, cuyas infinitas competencias se extienden por tierra, mar y aire sin someterse a otro principio que su soberana voluntad. Los funcionarios están entre asqueados y aterrorizados. Cualquier particular, cualquier empresa, cualquier administración pública puede impugnar judicialmente las decisiones tomadas en los consejos fantasmagóricos de Lloret y Cabrera, mucho menos serios, inteligentes y respetables de Faemino y Cansado: las modificaciones presupuestarias, las becas de los estudiantes, las ayudas a las pymes, la renovación de los programas sociales de atención a los mayores y a las familias. Es realmente difícil encontrar un sentido de la irresponsabilidad semejante a la de los consejeros de AMF, socios también de Nueva Canarias. Los de Román Rodríguez, en sus incesantes huroneos para buscar aliados, encontraron en esta ocasión y ayudaron con sus votos a dos verdaderas joyas.
El problema central en esta coyuntura es, por supuesto, acabar políticamente con Lloret antes de empapelarlo en un juzgado, a modo de acción ejemplar para que en el futuro a ningún oportunista se le ocurra repetir esta jugada. La única posibilidad pasaría por una moción de censura que deberían impulsar Coalición Canaria, el PP y el único consejero del PSOE que no participó en la moción que llevó al poder a Blas Acosta desplazando a la coalicionera Lola García. Más allá de algunos telefonazos y alguna conversación esquinada nada ha prosperado. Y nada ha prosperado porque ningún partido quiere facilitar a los otros despachos, presencia mediática y control presupuestario cuatro meses antes de las elecciones. Particularmente los socialistas sufren temblores imaginando que con su voto García volvería a la Presidencia del Cabildo para cerrar el mandato como el rostro de la estabilidad y el rigor. Por eso puede sostenerse sin ninguna hipérbole que el principal garante de Sergio Lloret al frente del Cabildo de Fuerteventura no es otro que Blas Acosta, que ya prepara su campaña electoral desde la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias.