Caso Mascarillas

Una historia de cuñados

Uno ha estado esperando en los últimos tres días una declaración, un comunicado, una aclaración del presidente del Gobierno canario sobre el desarrollo último del caso Mascarillas – las filtraciones de la Audiencia de Cuentas, la intervención de la Fiscalía de la UE – con una ingenuidad tan estúpida que me parece lastimosa. Pensé que el presidente había sido mal asesorado (como siempre) por su calamitoso equipo de Comunicación, o que entre viajes y agendas colmatadas no había podido  reflexionar sobre la que se venía encima. Pero no. El Gobierno está actuando en este pestilencial asunto con una combinación de sinvergüencería y estolidez tan notable como insistente. Parecen incapaces de advertir que el silencio tramposo y el avestrucismo político no les va a servir absolutamente para nada. Especialmente al presidente del Gobierno.

Se afirma ahora que la Intervención General de la Consejería de Hacienda aclaró en un informe que no se utilizaron fondos europeos en la compra de mascarillas a la empresa RR7 United .  ¿De cuándo es ese informe?¿Quién lo solicitó? Ahora el caso está bajo secreto sumarial, pero ¿y antes? ¿Por qué se ocultó hasta ahora mismo? ¿Intervino o tuvo conocimiento la Intervención General de este procedimiento? ¿Quién ordenó a la interventora general esperar a ver si las cosas se arreglaban y al menos se recuperaba la pasta? Por supuesto Román Rodríguez –titular de Hacienda – no sabía nada. Su viceconsejero, Fermín Delgado, tampoco. La interventora general, tampoco. En toda la puñetera consejería nadie sabía nada y creen que repetir que no sabían nada los librará de todo mal. La voluntad de ocultamiento es grotesca. Ayer, en una entrevista radiofónica, el consejero de Administraciones Públicas, consejero de Sanidad en funciones cuando se le entrega la millonada a  los (presuntos) estafadores, hablaba del “proyecto de informe” de la Audiencia de Cuentas sobre las contrataciones sanitaria del Gobierno autónomo durante los meses más duros de pandemia. El informe de fiscalización fue rechazado por el pleno de la Audiencia de Cuentas. Es el primer informe rechazado en los últimos treinta años. Y se rechazó por el voto negativo de los consejeros-auditores designados por el PSOE. Al señor Pérez ni siquiera le gusta escuchar esto. “¿Y si yo dijera que ese informe es así porque lo han querido los consejeros propuestos por las fuerzas de la oposición?”. La pregunta mayéutica es solo una rastrera argucia leguleya. Los que redactan los informes no son los consejeros auditores, sino los muy solventes técnicos de la Audiencia de Cuentas. Y debe insistirse en que si se trata de un proyecto de informe no es porque el documento esté inacabado, no por ninguna imperfección denunciada, sino por un motivo meramente formal: porque no lo ha aprobado el pleno del organismo fiscalizador dependiente del Parlamento de Canarias.

Esta apuesta por la desinformación basada en la confianza de la idiotez de los ciudadanos tendrá un precio político y electoral para el PSOE. Porque evidentemente no tienen idea de cómo resolverlo a gusto de todos. Porque no puede resolverse, sencillamente, a gusto de todos los agentes potencialmente afectados por este escándalo. La huida de Conrado Domínguez no ha sido suficiente porque no es un malvado convincente. Porque en este asunto no podía intervenir solitariamente. Mientras tanto se inventan algo para salir intactos el presidente Torres debería explicar esa foto, que se ha reproducido de nuevo a lo largo de esta semana, donde aparece con el cuñado de Raico Rubén González, administrador único de RR/ United, y el asesor fiscal de la empresa que se levantó los cuatro millones de dinero público. El cuñado de una historia llena de cuñados. Una explicación señor presidente. Simplemente una explicación. ¿Por qué sonreía usted tanto?

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

El testigo

De repente las fanfarrias progubernamentales se quedaron silenciosas en las redes sociales.  A media mañana ya todo el mundo sabía que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había sido llamado a declarar por el juez Javier García García-Sotoca en la causa abierta por el llamado caso Mascarillas. Aun así, por la tarde ya comenzaron a oírse algunos rebuznos apologéticos. El más frecuente, la insistencia en que el presidente del Gobierno había sido llamado “simplemente, como testigo”. El propio interesado hizo lo que protocolariamente procede, es decir, repetir que el Gobierno, empezando por él mismo, se ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia. Pero luego (es curioso) agregó algo bastante inexacto: “lo más importante es recuperar los cuatro millones de euros desaparecidos”. Es curioso porque ese no es el objetivo de la investigación judicial abierta, que tiene como finalidad establecer lo que ocurrió para que estos cuatro millones de euros abonados por el Ejecutivo canario se evaporaran y decidir si los responsables gubernamentales implicados en esta operación incurrieron en delitos administrativos, civiles o penales.

Y precisamente para dilucidar este punto el fiscal Anticorrupción, y ahora el juez que ha avalado su solicitud, han llamado a declarar al presidente Torres a principios del próximo mes. ¿Qué hacía Conrado Domínguez – entonces  secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas — en el comité sanitario convocado para analizar la delicada situación sociosanitaria y tomar decisiones en plena pandemia del covid 19? ¿Quién lo fichó? ¿Y cuáles eran sus competencias? ¿En virtud de que decreto o resolución podía firmar u ordenar firmar contratos? ¿De verdad un comité de expertos funcionó como órgano de contratación? ¿Quién conocía los contactos y compromisos adquiridos por Domíngez en nombre del Servicio Canario de Salud y en suma del Gobierno? Estas preguntas –y muchas otras más – se han formulado a cargos y técnicos del Servicio Canario de Salud, además de al propio señor Domínguez, y las contradicciones y vacíos han sido tantos y tan llamativos que ha sido imposible extraer ninguna conclusión. Por eso el juez, a instancias del fiscal, ha llamado al presidente del Gobierno.

Pero, ¿por qué a Torres y no a Julio Pérez, que en este momento era el consejero de Sanidad en funciones? Podría responderse que el presidente del comité extraordinario era precisamente Ángel Víctor Torres, a la vez jefe del Gobierno. La elección del juez y el fiscal, sin embargo, no deja de ser llamativa. Torres es un testigo a través del que se busca delimitar responsabilidades y, muy probablemente, conseguir argumentos para llamar en un futuro inmediato a otros testigos. Tal vez a muchos. Sin duda al propio Julio Pérez. Por eso la situación del presidente es harto delicada. Porque acudirá a los tribunales, en efecto, únicamente como testigo, y a un testigo no se le achaca ninguna responsabilidad jurídica salvo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero con su testimonio definirá su propia responsabilidad política y la de sus subordinados jerárquicos. O Torres tuvo conocimiento de una operación chapucera y apestosa para comprar un millón de mascarillas y la respaldó o no se enteró absolutamente nada y se mamaron cuatro millones de euros bajo sus presidenciales narices. Y no podrá eludir la encrucijada que, una vez despejada, permitirá acercarse a los responsables políticos más directamente ahumados por esta fogata: el exconsejero Pérez y Antonio Olivera, director en funciones en ese vertiginoso instante del Servicio Canario de Salud y antes y ahora el viceconsejero de Presidencia que la traduce a Torres datos y gráficos económicos al dialecto de Arucas. Torres es un testigo que va a dejar sin aliento durante semanas a medio Gobierno.   

 

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