Vaya. Ahora se descubre que la reforma del tramo autonómico del IRPF voceada por Paulino Rivero no es para que los ricos paguen más, sino para que casi todo el mundo pague un fisquito menos. Ya ni me queda resuello para preguntarme si con esta perpetua tomadura de pelo estamos pagando algún crimen abominable que cometimos en una reencarnación anterior. Me niego que esta imbecilidad siempre indemne me produzca vergüenza ajena; que se avergüence quien corresponda. Porque lo afirmado ahora es justamente lo contrario a lo aseverado por el presidente del Gobierno hace apenas 48 horas. Al parecer (y a reserva de que a Rivero se le ocurra otra tarde otra campanuda patujada, no sé, que queden fiscalmente eximidos los canarios dedicados a los vuelos astronáuticos) aquellos ciudadanos que perciban rentas salariales superiores a los 100.000 euros anuales pagarán lo mismo, y los restantes, abonarán menos a la Hacienda canaria. Los isleños que cobran salarios superiores a los 100.000 euros anuales son muy poquitos, un  centenar acaso de animales mitológicos desconocidos por el vulgo, entre los que se cuentan, por cierto, los felices ocupantes de poltronas incrustadas en empresas públicas del Gobierno autonómico y de algunos cabildos. Por tanto los ingresos de la administración autonómica no van a aumentar, sino a disminuir apreciablemente con la reforma tributaria anunciada en el blog presidencial, y lo harán en un año en el que – según el señor Rivero – Canarias recibirá unos 150 millones de euros menos en los presupuestos generales del Estado para conseguir el endiablado objetivo del déficit presupuestario.
Visto el rigor intelectual y técnico que nos ha ofrecido el mandato de Paulino Rivero – y del cual sus ocurrencias fiscales son solo un ejemplo – uno se echa a temblar por el contenido de los dos decretos aprobados ayer para regular la consulta sobre las prospecciones en busca de hidrocarburos en las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Ambos textos serán inmediatamente escrutados por el Gobierno de Mariano Rajoy y sus servicios jurídicos aprovecharán cualquier distracción, estupidez o demasía que encuentren para impugnar la consulta en los tribunales. Me imagino que al mencey crepuscular este extremo le importa poco. La consulta es un instrumento muy rentable políticamente. Cualquier invocación a las urnas recibe de inmediato un apoyo sacramental bajo un curioso apotegma: en el caso de que sostengas que votar no es siempre el mejor método para resolver un conflicto eres un fascista. Si finalmente resulta paralizada desde Madrid la decisión será un nuevo motivo para encender el discurso del agravio y del maltrato. Con una consulta popular se gana siempre. Salvo que finalmente se celebre y se pierda. Pero no esa la hipótesis que maneja el presidente del Gobierno. Está muy bien informado y aquí, para su suerte, no hay complejidades fiscales por medio.