Impuestos

Despedida (regresando de Soria)

No hay nada que discutir contra los que afirman  — eso sí, en voz cada vez más bajita – que José Manuel Soria no dimitió por haber cometido un delito. Es cierto: no existe constancia de ninguna actividad delictiva por parte del señor Soria o de sus empresas familiares. Soria ha dimitido porque mintió una y otra vez sobre su participación en mercantiles plenamente legales pero dedicadas a servirse de complejas ingenierías jurídicas y fiscales para eludir el pago de impuestos. Es sorprendente este empecinamiento en que un político solo debe dimitir cuando un juez decida procesarlo. La dimisión política no es el subproducto de la actividad procesal. Se debe dimitir cuando ha resultado obvio que se ha mentido, engañado o simulado. Soria siempre fue un político con escaso apego a ajustar sus declaraciones con una realidad más o menos objetivable. La verdad lo perseguía, pero gracias a sus largas piernas y al uso de la elíptica nunca lo alcanzó. Lo que ocurre es que si viajar en el avión de un gran empresario para ir a pescan salmón es irritante, andar metido en actividades para disminuir la carga tributaria de tu clan ya resulta insoportable para la gente. Soria intentó dimitir como ministro de Industria y Energía y quedarse en el escaño para defender su ultrajada inocencia  — y continuar aforado – pero se le pidió que entregara todo antes de salir a la calle, como le pasa al Sucio en las películas, que tiene que dejar la placa, la pistola y el tabaco sobre la mesa del jefe.
La orden de dimitir igualmente como presidente del PP de Canarias indica que Rajoy ni quiere una soriasis que contamine las listas isleñas para las elecciones generales del próximo junio ni estaba dispuesto a admitir un posorianismo  gestionado por el ministro dimisionario. Por el momento los dirigentes y cuadros del PP canario se han quedado patidifusos. Soria llevaba cerca de diecisiete años como presidente, sumo sacerdote, juez supremo, canon de belleza masculino y grímpola del Partido Popular de Canarias. Desde que José Miguel Bravo de Laguna – que puede ahora frotarse las manos, aunque sea desde la modestia de un consejero de cabildo — dimitió en 1999 por sus malos resultados electorales en la Comunidad autonómica. Los actuales responsables de la dirección regional del PP llevan tantos años como obsequiosos corifeos que ya se han olvidado hasta de conspirar.  Fíjense en el joven aunque suficientemente innecesario Asier Antona, que no puede reprimir enviar un tuit para comunicar al Universo que sustituirá a Soria hasta el próximo congreso del partido, un gesto pueril que no se le hubiera ocurrido en sus tiempos ni a don Alfonso Soriano. El problema de las organizaciones sometidas a hiperliderazgos casi mesiánicos es que cuando sobreviene el desmoche caen en un estado de postración agónica y orfandad despistada. Madrid nos los dio, Madrid nos lo quitó, bendito sea el nombre de Mariano. María Australia Navarro prepara el asalto y esta misma tarde paseará por Triana buscando un nuevo par de zapatos con taconazos que la pongan por encima de tanta mediocridad gris marengo.
–Me estás pisando  –le dirá Antona.
–No, lo que pasa es que eres demasiado bajito – le explicará ella.

Soria fue construyendo durante años su escultura broncínea de genio del mal, pero esa una exageración. Al menos parcialmente. Maldad ocupacional, toda, pero nunca fue ningún genio. José Manuel Soria jamás tuvo otro objetivo programático que escalar por la pirámide alimenticia del ecosistema político español. Jamás se le ha escuchado una interpretación social, económica o cultural sobre Canarias ni ha expuesto un modelo de desarrollo y cohesión para el archipiélago. Todo lo que había pensado sobre este pequeño país cabía en sus tarjetas de visita y aun sobraba espacio. Canarias era, simplemente, un mapa de relaciones de poder. Madrid otro, más complejo y resbaladizo. Personalmente alérgico tanto al análisis como a la planificación el señor Soria era un político que se justificaba única y exclusivamente en términos de poder: se le votaba porque era poderoso – o simulaba bien serlo – y era poderoso porque se le votaba. No había nada más. Soria, en definitiva, vendía autoridad. Es lo que hizo al comienzo de su carrera política, cuando obtuvo la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria con mayoría absoluta allá por 1995. Después de lustros de gobiernos de coalición, débiles, fragmentados y caóticos, Soria supo espectacularizar con tres o cuatro medidas su compromiso de mandar de una vez en la capital. Esa fue, en realidad, su experiencia decisiva. Con el transcurso de los años aprendió muchas triquiñuelas, pero la lección más formativa fue la municipal. Había que mandar, la gente quería que se mandara, él mandaría, ordenaría, controlaría y sería el único autor de su imagen pública. Esforzarse por encontrar otra cosa en sus múltiples responsabilidades es inútil. Soria no dejó ninguna huella estratégica, organizativa o administrativa en el Ayuntamiento de Las Palmas, ni en el Cabildo de Gran Canaria, estaciones intermedias para alcanzar el cenit de la gloria. Por el contrario evidenció trazas de un gestor de chichinabo absolutamente indiferente a las demandas de modernización de administraciones anquilosadas. Tampoco brilló con particular competencia en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno regional,  que abandonó para presentarse distanciado de su socio (Coalición Canaria) año y medio antes de las elecciones autonómicas. Las jugadas tácticas de Soria resultaban perfectamente predecibles. Para mantener el orden – y la jerarquía — en el PP de Canarias le bastaba con disponer del aval inequívoco de Génova: no era necesaria mayor efusión de inteligencia y astucia. Su única máxima consistía en que los elegidos por su gracia le debieran su ascenso y bienestar. Y que no lo olvidaran.
Por su puesto, nada de esto era comentable. Soria siempre despreció a los medios de comunicación. Como muchos de sus colegas. Pero el ex ministro no lo disimulaba demasiado. Los medios eran tolerables si ordenaban gramaticalmente sus virtudes, sus triunfos, sus anuncios y sus silencios. Si osaban diferenciarse de un escriba egipcio los periodistas se convertían no en críticos, ni en adversarios, sino en enemigos, y la memoria de Soria, tan deficiente para los vaivenes de las empresas familiares, era impecable para cualquier minúsculo desaire, incluso en página par. Insinuó delitos de los competidores electorales, practicó el enchufismo con la elegancia de alto ejecutivo de empresa bananera, humilló a periodistas y declaró la guerra a empresas editoras. Soria no era más que una descarnada ambición de poder para alcanzar más poder. Intelectualmente anodino, periodísticamente fascinante, democráticamente peligroso. Al final la mentira, su principal instrumento retórico, abrió un agujero negro tan intenso, tan oscuro, tan voraz que se lo tragó.

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Un regalo caro y superfluo

Si el penúltimo acto electoral de Mariano Rajoy consistirá en visitar a María Teresa Campos (por cuyo programa ya han pasado, por supuesto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: el Coletas hasta le cantó algo a la guitarra) uno se pregunta por qué no puede ahora mismo, en sus mítines por toda la España una, grande y libre, sacarse de la barba promesas electorales. Promesas electorales que no forman parte del programa electoral del Partido Popular, pero que Rajoy se ha reservado (así lo dicen, como formidable pachorra, sus adláteres en campaña) para estos días de fiesta de la democracia. Aquí dos, dos que se las quitan de las manos: ni los que quieran prolongar su vida laboral después de los 65 años pagarán el IRPF ni lo harán durante un año los que consigan felizmente un puesto de trabajo. Un guiño amoroso al sector electoral que sabe fiel (los ancianos de clases medias y media bajas) y un saludo al que se le resiste (los jóvenes y en particular los titulados universitarios). Las promesas verbales que se perpetran en los mítines y no figuran en los programas, los deliciosos caramelos que se esparcen cabalgando sobre un mitin a teta brisa, tienen además una ventaja: no es necesario adjuntarles un cuadro económico para precisar los costes de la medida. Los costes: algo relativamente sencillo de calcular. Pero el truco consiste, por supuesto, en obviar tan enojoso asunto. Rajoy lo propone y si el presidente lo propone es que nos lo podemos permitir. Claro que el presidente acaba de meter la mano de nuevo en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo lleva haciendo periódicamente desde que comenzó su mandato. Ha sustraído un total de 37.701 millones desde finales de 2012 para abonar las pagas extraordinarias de los jubilados. A este ritmo el fondo se agotará a mediados de 2018.
Sin duda es una ocurrencia genial dejar exentos del IRPF a los que consigan empleo. Lo malo que ocurre con las rebajas tributarias que promete (de nuevo) el PP es que son incompatibles con el mantenimiento del modesto pero no barato Estado de Bienestar español. Como recuerda Ignacio Conde Ruiz existen países con bajos impuestos y reducido Estado de Bienestar y países con alta tributación y Estados de Bienestar amplios. Pero las dos cosas simultáneamente no. La creatividad contable de los escribas de Cristóbal Montoro estableció para los presupuestos generales del Estado de 2015 una subida del 8% en los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y hasta octubre solo se había incrementado un 0,5%.  Unos 10.000 millones de euros previstos y que no han aparecido por ningún lado. Lo más gracioso, sin embargo, es que más de un 85% de los contratos firmados en los últimos seis meses en España no obligan a los nuevos empleados a presentar la declaración de la renta. Son contratos temporales (por meses, semanas, días) que a menudo no cubren el salario mínimo interprofesional. Rajoy promete regalar algo que muchos cientos de miles de españoles ya tienen: la pobreza suficiente para no abonar el IRPF.

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Mencey crepuscular

Vaya. Ahora se descubre que la reforma del tramo autonómico del IRPF voceada por Paulino Rivero no es para que los ricos paguen más, sino para que casi todo el mundo pague un fisquito menos. Ya ni me queda resuello para preguntarme si con esta perpetua tomadura de pelo estamos pagando algún crimen abominable que cometimos en una reencarnación anterior. Me niego que esta imbecilidad siempre indemne me produzca vergüenza ajena; que se avergüence quien corresponda. Porque lo afirmado ahora es justamente lo contrario a lo aseverado por el presidente del Gobierno hace apenas 48 horas. Al parecer (y a reserva de que a Rivero se le ocurra otra tarde otra campanuda patujada, no sé, que queden fiscalmente eximidos los canarios dedicados a los vuelos astronáuticos) aquellos ciudadanos que perciban rentas salariales superiores a los 100.000 euros anuales pagarán lo mismo, y los restantes, abonarán menos a la Hacienda canaria. Los isleños que cobran salarios superiores a los 100.000 euros anuales son muy poquitos, un  centenar acaso de animales mitológicos desconocidos por el vulgo, entre los que se cuentan, por cierto, los felices ocupantes de poltronas incrustadas en empresas públicas del Gobierno autonómico y de algunos cabildos. Por tanto los ingresos de la administración autonómica no van a aumentar, sino a disminuir apreciablemente con la reforma tributaria anunciada en el blog presidencial, y lo harán en un año en el que – según el señor Rivero – Canarias recibirá unos 150 millones de euros menos en los presupuestos generales del Estado para conseguir el endiablado objetivo del déficit presupuestario.
Visto el rigor intelectual y técnico que nos ha ofrecido el mandato de Paulino Rivero – y del cual sus ocurrencias fiscales son solo un ejemplo – uno se echa a temblar por el contenido de los dos decretos aprobados ayer para regular la consulta sobre las prospecciones en busca de hidrocarburos en las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Ambos textos serán inmediatamente escrutados por el Gobierno de Mariano Rajoy y sus servicios jurídicos aprovecharán cualquier distracción, estupidez o demasía que encuentren para impugnar la consulta en los tribunales. Me imagino que al mencey crepuscular este extremo le importa poco. La consulta es un instrumento muy rentable políticamente. Cualquier invocación a las urnas recibe de inmediato un apoyo sacramental bajo un curioso apotegma: en el caso de que sostengas que votar no es siempre el mejor método para resolver un conflicto eres un fascista. Si finalmente resulta paralizada desde Madrid la decisión será un nuevo motivo para encender el discurso del agravio y del maltrato. Con una consulta popular se gana siempre. Salvo que finalmente se celebre y se pierda. Pero no esa la hipótesis que maneja el presidente del Gobierno. Está muy bien informado y aquí, para su suerte, no hay complejidades fiscales por medio.

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El penúltimo eructo

El presidente del Gobierno autonómico cuelga de su blog el anuncio de una bajada tributaria y entre todos – ya es un ritual – la convertimos automáticamente en una noticia. Cuando lo hace la sede parlamentaria ocurre exactamente lo mismo. El periodismo, que antes se ocupaba de preguntar, ahora queda reducido a modestas labores estenográficas. Porque, claro, si uno se toma la molestia de preguntar, el presidente del Gobierno regional no tiene absolutamente nada que decir, más que regurgitar de nuevo, entre sonrisas condescendientes, el mismo titular precocinado: que está a punto de presentar una rebaja fiscal por la que los ricos – como entiende todo el mundo –pagarán más que los pobres. La sabiduría hacendística de Robin Hood reducida a la mínima expresión verbal.

Paulino Rivero y sus presidenciales colaboradores no han adelantado el contenido específico de su propuesta. Ni siquiera lo ha hecho a su propio partido. Rivero contribuyó decididamente a la construcción y afianzamiento organizativo de Coalición Canaria, pero en cuanto llegó al poder autonómico consideró que su partido debía reducirse a una suerte de coros y danzas para cantar y bailar circunstancialmente sus ocurrencias y guardar un respetuoso silencio el resto del tiempo.  Ha sido su comportamiento en los últimos siete años y medio durante los cuales la reflexión política (y en general cualquier actividad no vegetativa) en la dirección coalicionera ha sido nula. En realidad Rivero ya subió el tramo autonómico del IRPF en el verano de 2012: los perceptores de más de 53.000 euros anuales pasaron de pagar del 21,15% al 22,58%. No supuso un suplemento importante en la recaudación; más relevante, en términos de ingresos, fue la subida del IGIC del 5% al 7%.  Y no la supuso porque los ciudadanos canarios con un salario superior a los 53.000 euros anuales son pocos: unos 18.000 aproximadamente en todo el Archipiélago. Los ricos, y sobre todos los muy ricos, no tienen precisamente en las nóminas su principal vía de aumento económico y patrimonial, como demuestra el aumento de millonarios isleños en el último lustro. Los euros que podrán arrancar Paulino Rivero y Javier González Ortiz son habas muy contadas que no servirán ni para tapar el más modesto agujero presupuestario, pero que quizás afecten al muy esclerótico consumo interno en las islas.

Más o menos da lo mismo. Rivero quería un titular más para su amplia colección de titulares adacadabrantes y, por supuesto, lo ha conseguido. Esa sarta de titulares con la que intenta ocultar desde su primer día de mandato la ausencia de proyecto político, solvencia intelectual y estrategia económica que han caracterizado los últimos y malhadados años de la Comunidad autonómica. Una raquítica reforma tributaria sin contenido, sin previsión de ingresos, sin relación coherente con el resto de la política económica. El nuevo eructo triunfal y ejemplarizante estallando en el vacío.

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