La anunciada reforma del sistema fiscal español ha sido mínima y en realidad lo que se producirá entre 2015 y 2016 es un conjunto de rebajas impositivas que afectan principalmente al IRPF y al impuesto de sociedades. Llamar esto reforma es como calificar de nueva repostería a una pastelería que venda más baratas las tartas de toda la vida. En este caso las tartas serán más baratas para la clase media y media baja y para los ricos, a los que también les gusta lo dulce, malditos populistas. Apenas se han rozado los aspectos que convierten estructuralmente al sistema fiscal español en uno de los más deficientes de Europa y gracias al cual se recauda menos y peor, por ejemplo, que en Italia. Sobre el papel el sistema fiscal en España es muy progresivo, pero una pródiga selva de deducciones, reducciones y créditos fiscales, inteligentemente aprovechado, puede conseguir y consigue que las grandes sociedades empresariales – las que pertenecen al IBEX 35 – consigan pagar poco más de un tercio del 30% del tipo nominal que les correspondería.
El Gobierno evalúa en unos 5.000 millones de euros los que dejará de recaudar en 2015 y 2016 con las nuevas medidas fiscales de Cristóbal Montoro y compañía. Lo que persigue, obviamente, es el favor de los electores – y particularmente de sus votantes y simpatizantes – en los próximos comicios autonómicos, locales y generales. Un ciudadano que gane 20.000 euros anuales pasará de tributar el 30% a tributar el 25%. Quizás disponga de unos 120 euros más mensuales y se acuerde agradecidamente de Mariano Rajoy. Las rebajas fiscales – junto a la firma de decenas de miles de contratos basura – sería el aldabonazo del fin de la crisis y los sacrificios en el relato mítico de un Gobierno que ha salvado a España – donde de nuevo comienza a amanecer – de la catástrofe. Una perfecta falsedad que, al mismo tiempo, abre una intrincada incógnita. Han aumentado las sospechas sobre cierta contabilidad creativa – a través del aplazamiento de ciertos pagos – que permitió al Ejecutivo cerrar con un 6,6% el déficit sobre el PIB el pasado año. Pero es que los compromisos con Bruselas establecen que a finales de 2015 dicho déficit debe reducirse al 4,2% y en 2016 al 4,8%. Casi tres puntos porcentuales. Unos 30.000 millones de euros hasta 2017 que serán 60.000 cuando se consiga ese objetivo final del 2,8%. Y solo puede conseguirse aumentando la recaudación o procediendo a nuevos (y feroces) recortes de gasto público.
El Gobierno es un artesano de la chapucería electoralista pero, sobre todo, hace gala de un cinismo gozosamente irresponsable.
